El Banco Mundial viene midiendo desde 1996 a 212 países a nivel mundial –incluido el Perú-, respecto a su situación de gobernabilidad, basados en los parámetros de: Rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción. En el 2009, este organismo financiero internacional publicó los «Worlwide Gobernance Indicators» (Indicadores mundiales de gobernabilidad), que pasaremos a reseñar.

A nivel latinoamericano, el Perú ha sido mesurado con un total de 49,3 –del 1 al 100- en lo que se refiere a sus políticas de control de la corrupción, ubicándonos por debajo de países de la región como Chile que logra un puntaje de 87 en este mismo rubro, Uruguay con un 83,6, Costa Rica con 70 puntos, Brasil alcanza 58,5, Colombia nos supera levemente por un 50,2. Sin embargo, el Perú debería tender a plantearse políticas anticorrupción, que lo lleven a alcanzar niveles como los mostrados en países desarrollados como EE.UU., Suecia o Finlandia, que obtienen mediciones de 91,8, 97,6 y 100 respectivamente.

Nuestro país aún no encuentra el camino para instalar políticas públicas serias que lo encaminen a combatir eficazmente la corrupción, así lo ha mostrado la última publicación del «Barómetro Mundial de la Corrupción 2009», bajo el auspicio de Transparency International, quien al formular la siguiente pregunta: ¿Cómo evalúa las medidas del gobierno actual para combatir la corrupción?, se advierte una lamentable cifra, que desdibuja el papel de nuestras instituciones estatales por combatir este cáncer, pues el 70% de los consultados considera a éstas como inefectivas.

A nivel nacional, también se evalúa el desempeño estatal en materia de anticorrupción, así ha quedado expresado en la «Sexta Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú – 2010», patrocinada en nuestro país por Pro Ética. Una de sus principales conclusiones es la percepción de que la corrupción es vista por los peruanos como el principal problema a abordar, seguidamente se ubican la delincuencia, el desempleo, el consumo de drogas, la pobreza y la inflación.

La temática de la efectividad en la, lucha contra la corrupción está presente en esta encuesta, así lo hace notar la siguiente interrogante: ¿Cuán efectivos cree que son los resultados de las denuncias por casos de corrupción?, y un 42% de los encuestados responde que son nada efectivos. Un resultado que compromete aún más a la institución que me precio en admirar, es aquél que se produjo realizada la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las instituciones en las que usted más confía para la lucha contra la corrupción?, generosamente la población otorga como respuesta lo siguiente: Defensoría del Pueblo con un 53%, seguido por la Iglesia Católica 39%, Fiscalía de la Nación 20%, Fuerzas Armadas 18%, Poder Judicial y la Policía Nacional comparten un 10%. A pesar de estos resultados, considero que debemos lograr que los ciudadanos nos perciban a todas las instituciones comprometidas con acabar con este flagelo.

En consecuencia, luchar contra la corrupción resulta ser la principal tarea que necesita ser abordada por todos los estamentos públicos y privados. Si dilatamos esta tarea nacional, contribuiremos a la vulneración constante de los derechos fundamentales, pues se debe tener claro que toda política pública nacional, regional o local en educación, salud, seguridad ciudadana, trabajo, o cualesquiera otra que se quiera impulsar desde el Estado, debe lograr estar ajena e indemne a situaciones de corrupción, pues si éstas se presentan, se minará considerablemente el ejercicio de los derechos y se afectará la dignidad de las personas.■

Editado del artículo «Políticas Anticorrupción: Una mirada al Perú desde el contexto mundial y nacional» del Dr. ©CÉSAR ORREGO AZULA, Jefe de la Oficina Defensorial de Piura, publicado en El Tiempo el 7 de setiembre de 2010.