Las siguientes observaciones y recomendaciones del Relator Especial pretenden contribuir a la búsqueda de soluciones constructivas a la presente situación, a la luz de las normas internacionales relevantes en la materia.
Al concluir su visita al Perú el 19 de junio de 2009, el Relator Especial compartió con representantes del Gobierno y el público en general las siguientes recomendaciones, que desea reiterar en el presente informe:
Una Comisión Independiente para una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial
El Relator Especial recomienda que se establezca una comisión especial e independiente para el esclarecimiento de los hechos del 5 de junio de 2009 y días posteriores, conformada por varias instituciones que tengan credibilidad para todas las partes involucradas y que cuente con representación indígena. Asimismo, recomienda la participación de actores de la comunidad internacional en el trabajo de esta comisión especial.
Cabe mencionar que esta comisión especial se propone sin prejuicio de las investigaciones que deben desarrollar las instituciones de la administración de justicia para determinar de manera objetiva, exhaustiva e imparcial, las responsabilidades civiles, administrativas y penales que corresponden.
Revisión de imputaciones contra dirigentes indígenas
Como una medida encaminada a generar confianza entre las partes para avanzar en el proceso de diálogo, el Relator recomienda que las autoridades competentes revisen las imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas, cuya participación en el dialogo es indispensable.
Proceso de consulta adecuado
El Relator Especial recomienda que se profundice el proceso de diálogo iniciado. Destaca la necesidad de que el Estado de Perú implemente efectivamente un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas que sea compatible con las normas internacionales pertinentes, incluidos el Convenio Nº 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Este procedimiento debería ser puesto en práctica con la participación de los pueblos indígenas del país, y debería guiar al Estado en el desarrollo de futuros proyectos que afectan a los pueblos indígenas.
En el proceso de diálogo deberían estar representados todos los actores relevantes, en particular, los pueblos indígenas a través de representantes libremente elegidos por ellos mismos. Debería propiciarse un consenso sobre objetivos, procedimientos y cronograma, así como un mecanismo para hacer ejecutables los acuerdos a que se llegue y para resolver las cuestiones que se susciten durante el proceso.
Observaciones adicionales en vista de acontecimientos posteriores a su visita
El Relator Especial reconoce la importancia del acuerdo del 22 de junio de 2009 para la constitución del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, compuesta por cuatro representantes del Poder Ejecutivo; los Presidentes de los Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martin y Madre de Dios; y diez representantes de las comunidades indígenas amazónicas, inclusive representantes de
AIDESEP.
El Relator Especial toma nota que el Congreso ha preparado un proyecto de ley para la regularización del proceso de consulta. Considera que dicho proyecto debe ser consultado con los pueblos indígenas y debe estar conforme con los estándares internacionales aplicables. El Relator valora la contribución que en este sentido aporta la Defensoría del Pueblo en su informe sobre el derecho de consulta de los pueblos indígenas.
Al respecto, el Relator Especial quisiera enfatizar que si bien reconoce la necesidad de que se preserve el orden público y que se investigue y sancione a los responsables de delitos y/o violaciones de derechos humanos, el recurso o utilización de la vía penal no debería ser la vía ordinaria para abordar la conflictividad y protesta social, sino que debería ser el último recurso aplicable (última ratio) y debería estar estrictamente limitado al principio de necesidad social imperiosa en una sociedad democrática. Al mismo tiempo, el Relator Especial reitera que las personas y pueblos indígenas deben siempre asegurar que sus reclamos y manifestaciones siempre sean de forma pacífica, respetando los derechos humanos de otros.
El Relator Especial observa, en general, que la falta de un mecanismo para reivindicar los derechos legítimos de los pueblos indígenas a ser consultados o a proteger sus derechos de tierras y territorios, podría contribuir a que los pueblos indígenas se sientan sin opciones adecuadas para la defensa de sus derechos y, por ende, opten por la protesta social, que en algunos casos, podría resultar en la comisión de actos contrarios a la ley. Asimismo, observa que uno de los efectos colaterales de la criminalización de la protesta, en casos no justificados, es la creación de una dinámica que podría generar una falta de confianza entre los pueblos indígenas y las autoridades estatales, con efectos negativos sobre la convivencia y legitimidad democrática.
Finalmente, el Relator Especial solicita respetuosamente que el presente informe se difunda ampliamente entre los funcionarios relevantes del Gobierno del Perú, así como entre los pueblos indígenas del país y el público en general.
Extractos del Informe del relator Especial de las Naciones Unidas sobre Situación de los Pueblos Indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio en Bagua y Utcubamba-Perú. Ver el Texto Completo del Informe.
