LOS DIARIOS LOCALES dan cuenta de la confirmación en segunda instancia de las sentencias judiciales condenatorias emitidas en primera instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad, suspendida condicionalmente, por ilícitos penales recaídos contra un alcalde distrital y dos regidores de la circunscripción de la provincia de Sullana, quienes han presentado sendos recursos de revisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema para que ésta dicte sentencia absolutoria o, en su defecto, para que ordene un nuevo juicio, pudiendo en este caso darse también la confirmación de la sentencia impugnada.

Sobre el particular, el artículo 330° del Código de Procedimientos Penales estipula que “La sentencia condenatoria se cumplirá, aunque se interponga recurso de nulidad, salvo los casos en que la pena sea la de internamiento, relegación, penitenciaría o expa¬triación”, preceptuando el artículo 365° del mismo cuerpo legal que “La interposición de la demanda de revisión no suspende la ejecución de la sentencia”, criterio legal adoptado en razón de que conforme señala la doctrina penal, la revisión es un proceso autónomo y un medio extraordinario de impugnación contra sentencias firmes de condena.

En este sentido, los funcionarios electos que han sido afectados por estas sentencias confirmatorias de ejecución de pena….

En este sentido, los funcionarios electos que han sido afectados por estas sentencias confirmatorias de ejecución de pena, se encuentran incursos en la causal de suspensión del cargo establecida por la Ley Or¬gánica de Municipalidades (LOM), debiendo abandonar temporalmente el cargo edil hasta que se resuelva en última y definitiva instancia sus recursos de revisión.

Sobre el particular, el numeral 5 del artículo 25° de la Ley N° 27972, preceptúa que el ejercicio del cargo de alcalde y regidor se suspende por acuerdo de concejo, “Por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad”, habiendo el Jurado Nacional de Elecciones sentado reciente jurisprudencia, recaída en la Resolución N° 418-2009-JNE, de 18 de junio de 2009, en el sentido de que “Es menester señalar que los argumentos vertidos por el Alcalde afectado al formular su descargo, que obra de fojas 27 a 36, no tienen asidero legal, en tanto que afirma que no se puede disponer la suspensión hasta que exista la certeza de la existencia de una sentencia firme condenatoria por delito doloso; ante lo cual debemos aclarar que la suspensión por la causal prevista en el inciso 5 del artículo 25° de la Ley Orgánica de Municipalidades sólo requiere que la condena impuesta haya sido materia de pronunciamiento en segunda instancia, ya que si la condena se encuentra consentida o ejecutoriada (sentencia firme) se configuraría la causal de vacancia contemplada en el inciso 6 del artículo 22 de la referida Ley Orgánica”.

Para la suspensión del cargo del alcalde o regidor, no se requiere necesariamente del pedido expreso de algún vecino, siendo responsabilidad del respectivo concejo municipal, previo traslado oportuno del pedido de suspensión del cargo al afectado para que ejerza su derecho a la defensa, declarar la suspensión por las causales establecidas por el artículo 25° de la LOM. Esta norma establece que en el caso de sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso, la suspensión declarada por el concejo municipal tendrá vigencia hasta que no haya recurso pendiente de resolver y el proceso se encuentre con sentencia consentida o ejecutoriada; sin embargo, la suspensión no podrá exceder el plazo de la pena mínima prevista para el delito materia de sentencia. De ser absuelto en el proceso penal, el suspendido reasumirá el cargo, caso contrario, si la Corte Suprema confirma la sentencia, el concejo municipal deberá declarar su vacancia. El alcalde y/o regidor suspendido tiene derecho a impugnar el acuerdo adoptado por el concejo municipal, vía reconsideración y/o apelación.

Por último, es conveniente hacer de conocimiento que el Jurado Nacional de Elecciones en reiteradas ocasiones ha denunciado ante el Ministerio Público a los miembros del concejo municipal que, pese a existir mandato judicial confirmatorio de segunda instancia, no han cumplido con declarar la correspondiente suspensión del cargo del miembro del concejo municipal, o por haber dilatado la decisión a tomar.■

Artículo del abogado José Lombardi Pingo © publicado en el Diario El Tiempo el 18 de Julio de 2009.