Declaratoria de Emergencia. Esa que debiera ser la última estación de la gestión ambiental es normalmente en la experiencia peruana la primera. El reciente Decreto Supremo Nº 030-2008-PCM dictado por el Poder Ejecutivo declarando en dicho estado por 60 días el sistema de alcantarillado de Lima y el Callao es un caso más. ¿Por qué llegamos a dicha situación? Las causas son varias, y entenderlas debiera servirnos para evitar cometer los mismos errores. Sigue leyendo
El proyecto de Ley de creación del Ministerio del Ambiente, elaborado por el Grupo Técnico Multisectorial que constituyó la Presidencia del Consejo de Ministerio, avanza sustantivamente respecto de su similar presentado por el Poder Ejecutivo y mejora algunos aspectos de la propuesta del Congreso. Contamos ahora con un buen documento de partida para una discusión ordenada sobre como construir el nuevo sector.
Sin embargo, durante estos últimos días se han venido produciendo declaraciones que no están ayudando mucho a entender el proyecto presentado, y generando declaraciones que demuestran lapoca comprensión sobre el proceso, y en algunos casos, incluso una lectura errada del proyecto (si es que lo han leído).
Pero pasemos a analizar el proyecto. Sigue leyendo
Recientemente ha sido publicado el libro de mi autoría “El (ausente) Estado Ambiental”, el cual será presentado este miércoles 13 de febrero a las 7.00 p.m. en el Hotel Sol de Oro de Miraflores. La presentación estará a cargo de Sinesio López, y los comentarios correrán a cuenta de Gloria Ramos, Mariano Castro, Augusto Alvarez Rodrich y César Polo.
El título refleja mi interés en justificar la necesidad de una institucionalidad ambiental fuerte como requisito para el buen manejo de los impactos ambientales negativos de las actividades humanas, la promoción de la competitividad y para mejorar la equidad inter e intrageneracional. Pero también muestra las consecuencias de la ausencia del Estado. En el caso peruano, ésta última no es total, sino parcial, concentrada temática y geográficamente. La debilidad de la política ambiental no es por cierto un tema privativo de nuestro país, pero si lo es la ausencia en áreas críticas de la gestión medioambiental.
A continuación reproduzco la reseña de la contracarátula del libro.
Aunque nunca reproduzco artículos de terceros en este espacio, esta vez haré una excepción, pues se trata de una entrevista que me hicieron y que creo merece difundirse. Fue publicada en Domingo, de la Republica, el 10 de febrero de 2008, pp. 8-10. Estoy agregando (en cursivas) algunas notas que ayudarán a entender algunos puntos ahí reseñados.
Mitos que contaminan
Por Milagros Salazar
El experto en temas ambientales Iván Lanegra demuestra en las siguientes líneas cómo el presidente Alan García justifica el deterioro de la gestión ambiental en su gobierno con falacias y medias verdades al presentar a la inversión privada como la panacea de los problemas del país y a sus críticos como “perros del hortelano”. Su reciente libro “El (ausente) Estado ambiental” es clave para entender el costo de la fragilidad de las instituciones involucradas en la defensa del medio ambiente.
Improvisación. Esa es la palabra que define el proceso de creación del Ministerio del Ambiente que conduce el Poder Ejecutivo. ¿Por qué decimos esto?
Primero.- Porque el actual gobierno no tiene una propuesta de Política Nacional del Ambiente. Pero el Presidente de la República si tiene una política con importantes efectos ambientales.
Segundo.- Porque el Poder Ejecutivo no tiene un proyecto de Reforma de la Institucionalidad. Y no cree en verdad en ella.
Tercero.- Porque el Poder Ejecutivo no tiene ningún proyecto serio de creación del Ministerio.
Cuarto.- Porque las entidades del Poder Ejecutivo no han podido dictar en año y medio ni una sola norma de calidad ambiental, no han podido implementar ni el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ni el Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental. Porque no tienen Agenda Ambiental, ni han evaluado la que acabó.
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El anuncio del Presidente de la República de crear un Ministerio del Ambiente aprovechando la delegación de facultades legislativas concedidas al Ejecutivo es sin duda una buena noticia. Pero supeditar su diseño a las necesidades del acuerdo comercial con los Estados Unidos sería un error. La agenda ambiental peruana es mucho más amplia y compleja. Por lo tanto es muy importante entender los principales desafíos que deberá enfrentar esta nueva entidad. ¿Qué necesitamos?:
Como hemos venido sosteniendo en este pequeño espacio de discusión desde hace buen tiempo, la única razón que impulsaría al gobierno a realizar ciertas reformas en la institucionalidad ambiental del país es la implementación de los Tratados de Libre Comercio, en especial el que se ratificará el día de mañana con los Estados Unidos.
La Ministra Mercedes Aráoz anunció, como uno de los temas que requieren de cambios en la legislación, y que justificarían la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, la necesidad de reordenar la gestión del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), incluyendo al OSINFOR (regulación de las concesiones forestales), y a la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). En el caso de INRENA – OSINFOR, el tema está claramente vinculado con la adenda realizada al APC con EEUU, y la obligación de fortalecer la lucha contra la tala ilegal. Pero Araoz deslizó la necesidad de una reforma mayor, indicando que “tenemos que hacer que el sistema ambiental funcione mejor. Hay que definir las funciones y organizarnos y fortalecer las capacidades no sólo normativas sino las de sanción”. Esto implicaría, cambios en las tres instituciones con mayores competencias: CONAM, INRENA, DIGESA. No dijo nada sobre las otras unidades ambientales de los ministerios.
De lo dicho no se puede desprender ninguna propuesta concreta. Pero pareciera que la idea apuntara a realizar las mejoras ya previstas en la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental del año 2004, y de la Ley General del Ambiente del 2005. No estamos hablando, por lo tanto, de una reforma mayor.
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Los actuales responsables de las entidades ambientales del Gobierno Nacional no han podido definir explícitamente la política ambiental del país. Es el Presidente García el que la ha formulado con sus ya célebres artículos. Y debemos agradecerle el gesto. Pues quizás aquellos jamás lo habrían hecho. El problema es el símil entre “ambientalista” y “perro que no come ni deja comer” planteado por García. Por ello, salvo que los funcionarios ambientales quieran aceptar una inesperada naturaleza canina y perversa, deben convertirse en enemigos acérrimos de cualquier ambientalista aguafiestas que sea etiquetado como “anticapitalista”, “enemigo de la inversión” o, peor aún, “comunista encubierto”. El perro es lobo para el perro.
Lima y Callao constituyen, luego de El Cairo (Egipto), el asentamiento humano más grande del mundo edificado sobre un desierto. Por ello no es extraño que las aguas de los ríos que surcan la metrópoli hayan sido insuficientes para atender la demanda de una población que bordea hoy los 8 millones de personas. SEDAPAL ha tenido que utilizar cada vez más las aguas subterráneas lo que ha significado que el nivel de la napa freática haya descendido en promedio 1.50 metros por año entre 1955 y 1997. Este ritmo ha llevado a que en el 2005 se haya superado en 1.1 m3/s el nivel de seguridad en el uso de los pozos en el área del Rímac-Chilón y que la demanda de Lima y Callao haya ya superado a la oferta en 1.61 m3/s en el 2003.
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El Perú pierde cada año aproximadamente el 3.9% de su PBI, mientras que gasta entre el Estado y las empresas privadas apenas el 0.61% del PBI. ¿Podemos reducir esta brecha? Claro que sí. Pero para eso se requiere reformar la institucionalidad ambiental. Pero como en el refrán, no parece fácil ponerle el cascabel al gato.
En todos los países del mundo, los objetivos ambientales deben dar dura batalla frente a otras políticas públicas. El desarrollo económico o las necesidades sociales exigen prioridad, lo cual en ocasiones significa que la variable ambiental simplemente desaparezca al momento de tomar una decisión de importancia. Por dicha razón, se ha buscado generar un conjunto de reglas y organizaciones públicas que le den a lo ambiental mejores herramientas para enfrentar estas presiones y lograr una integración más armónica de los componentes del desarrollo sostenible. Lamentablemente, el actual Gobierno Nacional no parece muy interesado en seguir este camino. Desde luego, esto no es algo nuevo. Ni el primer gobierno de Alan García, ni Fujimori, ni Toledo mostraron un entusiasmo mayor en este tema. Pero al menos se avanzó en la construcción de ciertas bases institucionales que hoy en día se mantienen al menos formalmente. Lo nuevo de la situación actual es que el Gobierno Nacional decidió debilitar la institucionalidad existente y supeditarla abiertamente a los objetivos del desarrollo económico, deteniendo todos los procesos que pudieran afectar esta decisión.