El Ejecutivo ha dictado casi una veintena de decretos legislativos que han creado el Ministerio del Ambiente y otras entidades con funciones que van desde la fiscalización hasta la protección de las áreas naturales protegidas; e introducido cambios en la regulación de los recursos naturales (agua, energías renovables, suelo, recursos pesqueros, flora y fauna silvestre), de la biotecnología, los residuos sólidos, los pasivos ambientales, entre otros.

No obstante, no se ha producido una redistribución significativa de las competencias, ni dentro del gobierno nacional, ni mediante la descentralización de funciones ambientales relevantes a los gobiernos regionales y municipalidades. Así, los ministerios responsables de la producción y la infraestructura seguirán aprobando la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión; y el sector agricultura seguirá gestionando las aguas y la flora y fauna silvestre. Los gobiernos regionales apenas son mencionados y están ausentes de espacios claves como el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional de Aguas.

En resumen, el CONAM es ahora un Ministerio (con un poco más de presupuesto), manteniendo en líneas generales el modelo de gestión sectorial y centralista que no ha logrado una mejora sustancial del desempeño ambiental del país. Carente de instrumentos de gestión claves, el nuevo Ministerio definirá políticas y planes, pero tendrá grandes dificultades para hacer que el Estado y los particulares sigan la senda que marque. La reciente discusión sobre los transgénicos es una muestra del problema. Llama la atención que el financiamiento de la gestión ambiental y el cambio climático no merecieran algún decreto legislativo. Por lo tanto, la reforma que necesitamos sigue pendiente.

Una versión corta de este texto fue publicada en El Comercio, edición del 1° de julio.