Reflexiones sobre la actualidad ambiental

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Rumbo Ambiental

Durante estos últimos meses hemos sido testigos de una presencia permanente de lo ambiental en la agenda pública. Ahí ha estado, como parte de los problemas sin solución que enfrenta la Ciudad de La Oroya. Se ha mostrado como parte de la emergencia ambiental declarada en Huancavelica, o las acciones de limpieza del Río Marañon. Hemos discutido sobre las posibilidades y límites de los estudios de impacto ambiental así como la urgencia de emprender el ordenamiento de nuestro territorio.

Se han destacado las dificultuades que representa la preservación de las áreas naturales protegidas por el Estado. Y también hemos iniciado la discusión, no menos significativa, de una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. No olvidemos, por cierto, la relevancia de la pronta aprobación de la Ley sobre el Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas. Los conflictos socioambientales siguen representando casi la mitad de los conflictos sociales reportados por la Defensoría del Pueblo, los cuales, sin embargo, muestran últimamente una tendencia decreciente.
Es un escenario dinámico, en donde se han expresado opiniones sobre la necesidad de fortalecer la fiscalización ambiental, en particular a su ente rector, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. De otro lado, se ha recordado la conveniencia de trasladar la responsabilidad de la evaluación de impacto ambiental al sector ambiente. Una manera de sintetizar lo dicho es afirmando que la reforma de la autoridad ambiental aún no ha concluido. Es fundamental otorgar mayores atribuciones al Ministerio del Ambiente, que cumplió en mayo dos años de creado. No merece menos atención, la situación del proceso de descentralización, y las debilidades existentes en el nivel regional de gobierno.

Al mismo tiempo, se siguen incorporan nuevas áreas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, incluyendo las privadas. Y proyectos mineros han logrado avances significativos en su desarrollo a partir de estrategias muy atentas a las necesidades específicas de la población vecina y de las preocupaciones medioambientales, dejando experiencias positivas que deben tomarse en cuenta.

Estas señales nos muestran que nos encontremos ingresando a nueva etapa de ajustes respecto de las reglas en materia ambiental. Estos se apoyarán, en buena medida, en la estructura organizacional y de instrumentos ya existentes. Estamos hablando de esfuerzos de fortalecimiento, y de cambio en la adscripción sectorial. Se requerirá completar las normas de calidad ambiental pendientes, incluyendo la actualización aquellas que han quedado ya desfasadas técnicamente. Quizás el cambio más significativo lo constituya el esfuerzo que se realice para aplicar la futura Ley de Consulta.

La necesidad de los cambios se hará cada vez más clara para la opinión pública. Lo importante es dar a este proceso un rumbo claro y ordenado. Y eso dependerá, en gran parte, del liderazgo que ejerza el Ministerio del Ambiente. Su papel rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y de la Política Nacional del Ambiente debe ser un punto de apoyo. Una buena oportunidad para delinear el rumbo de este proceso lo constituye el Plan Nacional de Acción Ambiental, pendiente de aprobación, aunque existen otros instrumentos disponibles. Los meses siguientes serán, por lo tanto, claves.

Ivan Lanegra

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