La falta de regulación ambiental en el pasado nos ha dejado como herencia relaves y otros pasivos mineros en todo el país. Más de 600 se han identificado como abandonados, muchos de los cuales siguen liberando minerales y aguas ácidas, afectando o poniendo en riesgo ríos de la importancia del Rímac o del Mantaro y junto a ellos a los habitantes de dichas cuencas. Ahora se exige un proceso ordenado y responsable de cierre de las operaciones mineras, bajo reglas y procedimientos que deben seguir mejorando.Los esfuerzos realizados para atender este problema son meritorios, y ya son varios los millones de soles que se han invertido en el tema y otros tantos los que se proyecta gastar. Pero el déficit de atención sigue siendo muy grande y los instrumentos aún limitados. En otros países, se han creado fondos orientados a enfrentar este desafío, utilizando recursos que directa o indirectamente aportan las empresas del sector, no sólo para remediar los pasivos, sino también para generar capacidades de gestión y manejo de los mismos, incluyendo las necesarias acciones de supervisión y monitoreo. Esta es una senda a seguir.

La Defensoría del Pueblo viene insistiendo en que una gestión ambiental apropiada debe evitar que algún pasivo pasivo termine generando, como en el caso de Tamboraque, una emergencia. Más, si esto ocurriera, se requieren mecanismos céleres que impidan la concreción de la amenaza, protegiendo la salud de las personas y el ambiente.

Ivan Lanegra

Publicado en El Comercio, edición del 23 de noviembre de 2008. (Se editó una pequeña parte).