Transcurridos los primeros ocho meses del nuevo gobierno, no parecen claros los objetivos que el mismo tiene en materia ambiental. Aspectos fundamentales de política ambiental o no aparecen o son formulados de forma tal que no expresan rumbos claros para los próximos años. Para ilustrar lo anterior desarrollaré cuatro temas: la Reforma de la Autoridad Ambiental, la Descentralización, el TLC con los EEUU y los vacíos persistentes en los Instrumentos de Gestión Ambiental.

Reforma de la Autoridad Ambiental

Se cambió la denominación de OSINERG a OSINERGMIN, pero esto no implicó ningún cambio en el modelo de atribución de funciones en materia de gestión ambiental. El esquema sigue siendo sectorial y centralizado. La posibilidad de la absorción del CONAM por parte del INRENA o al Ministerio de Agricultura sigue latente. Pero ¿Qué modelo de Autoridad Ambiental Nacional tiene el gobierno?, ¿busca mantener el esquema actual?, ¿concentrará las funciones de evaluación ambiental y de fiscalización ambiental en el CONAM?, ¿y si fuera esto último, cuál es el papel que asumiría la sociedad civil?, ¿seguirá participando del Consejo Directivo del CONAM?, ¿qué temas quedarían en el ámbito de la Autoridad Ambiental y cuáles no: el agua, los bosques naturales, las áreas naturales protegidas? En este marco cabe preguntarse si la reciente decisión de sacar las Áreas de Conservación Municipal del SINANPE más que formar parte de algún modelo de gestión en construcción sólo responde a intereses sectoriales, concretos y posiblemente coyunturales.

Descentralización

Hasta el momento la transferencia de funciones a los gobiernos regionales se ha limitado a aquelas vinculadas con la planificación y sólo pocas se encuentran relacionadas con la regulación, limítándose en este último caso a las pequeñas actividades o proyectos o a la actividad artesanal. Pero, ¿hay algún proyecto de descentralización de la gestión ambiental?, ¿existe algún mapa del proceso y metas establecidas de descentralización efectiva para los próximos años?, y si existiera, ¿cuál es el papel que los gobiernos regionales y las municipalidades deben cumplir en la discusión y evaluación de esta propuesta? Desaparecido el CND, el Gobierno podría discutir esta agenda con la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales. Pero ¿estará dispuesto a asumir un esquema de liderazgo compartido?

Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos

Recientemente han aparecido cuestionamientos de representantes democrátas del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica sobre la política forestal peruana y su efectividad. Está claro que muchos representantes y senadores norteamericanos no están dispuestos a tolerar una política respecto de los bosques que termine formalizando el envío de madera obtenida gracias a la tala ilegal de bosques naturales. Pero esto es sólo un aspecto del problema. El APC obligaría al Perú a asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental de nivel nacional. Esto implica el desarrollo de mecanismos de aplicación y cumplimiento de la normativa y la política ambiental. Y desde luego esto no sólo significa dictar normas (desde luego indispensables) sino también mejorar la capacidad real de la gestión ambiental de hacer cumplir sus políticas. ¿Qué políticas están llevándose a cabo para alcanzar estos objetivos?, ¿existe un plan claro y con metas y tareas precisas listo para preparar al país en este campo acompañado de los proyectos respectivos? Desde luego no es posible exigir un nivel óptimo de aplicación y cumplimiento inmediato, pero sí un esquema de mejora paulatina de estas capacidades. Y esto es crucial con miras al apoyo que puede brindar el propio Estados Unidos al fortalecimiento de la gestión ambiental peruana.

Instrumentos de Gestión

Dos instrumentos son especialmente necesarios. El Reglamento de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y el Reglamento del Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental. Los dos se encuentran en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los dos siguen esperando por su aprobación. El caso del Reglamento sobre la EIA es especialmente grave, pues está por cumplirse 6 años de la dación de la Ley. Pero ¿existe voluntad política de mejorar la regulación ambiental? Lo que parece leerse en cambio en medidas como las reducción de las condiciones ambientales a las acciones de exploración minera es una política de promoción de las inversiones en actividades extractivas que reclama no aumentar, sino incluso flexibilizar, la regulación ambiental. Si esto fuera así, la actitud del gobierno en todos los demás puntos cobraría sentido. Ni la reforma de la Autoridad Ambiental, ni la Descentralización constituyen prioridades en este marco. Pero quizás el APC podría significar una corriente contraria a esta política, pues aquí si habría un interés (otra vez foráneo) contracorriente de por lo menos asegurar cierto nivel mínimo de regulación ambiental efectiva.

El gobierno actual tiene una oportunidad única de liderar una reforma profunda de la regulación ambiental en el país, aprovechando los importantes avances alcanzados hasta ahora. Como nunca, la agenda global, en especial la actualidad que han cobrado los efectos del cambio climático, y un nivel mayor de conciencia ambiental ciudadana pueden servir de base para estos cambios. Pero esta ventana de oportunidad puede cerrarse pronto (una crisis económica global, por ejemplo). Ojalá no se desaproveche esta oportunidad. Las futuras generaciones nos lo reclamarán.

Ivan Lanegra