La ley que delega la fiscalización minera al Osinerg –desde el Ministerio de Energía y Minas– y que cambia la denominación del ente especializado a Osinergmin, ha reabierto el debate sobre cómo organizar el Estado para atender la problemática ambiental.
El Osinergmin no altera, en esencia, el modelo actual de distribución de tareas en la regulación ambiental, principal tema en cuestión. Consideramos que lo que se necesita es fortalecer a la autoridad ambiental nacional (el Conam), dejando el modelo de regulación sectorial y centralizado a cargo de los ministerios y organismos supervisores, para pasar a uno transectorial y descentralizado, dándole al Conam la regulación ambiental de las actividades de alcance nacional.
Esto incluye la realización de las evaluaciones de impacto ambiental y la fiscalización del cumplimiento de las normas respectivas. No obstante, funciones normativas y de política, así como de incorporación de la variable ambiental en las políticas sectoriales deben ser mantenidas por los ministerios.
Crear una procuraduría adscrita al Conam y que defienda al Estado ante daños al ambiente agregaría una herramienta de acción frente al deterioro ambiental grave. Finalmente, se le debería asignar las funciones de conservación de los recursos naturales, incluidas las del manejo de las áreas naturales protegidas, y conservación de los recursos hídricos, de los bosques y de la biodiversidad.
La inclusión expresa del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en el proyecto de ley orgánica del Poder Ejecutivo presentado al Congreso es una buena señal. Las funciones de rectoría del sistema a cargo del Conam deben conservarse y fortalecerse, en especial en un escenario de impulso a la descentralización.
Y debemos fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales, transfiriéndoles ordenadamente, con los recursos necesarios, la regulación de actividades pequeñas, medianas, incluida la minería, y, en general, las actividades de impacto regional, considerando la conservación de los recursos naturales.
Las entidades ambientales deben diseñarse a fin de enfrentar en buen pie presiones políticas, sectoriales o particulares, resguardando el interés público. Para ello, debe darse estabilidad de al menos cinco años al titular de la autoridad ambiental nacional y a los responsables de las unidades ambientales de las regiones, asegurando la idoneidad de los funcionarios mediante concursos públicos y mecanismos de selección por cuerpos independientes. En segundo lugar, dar nivel ministerial al Conam. Tercero, crear un mecanismo de financiamiento que garantice el efectivo ejercicio de las funciones nacionales y de las asignadas a las entidades descentralizadas.
Sin los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios, el modelo fracasará. Desde luego, faltan detalles en la propuesta –pero esperamos haber contribuido al debate– mirando no solo al sector minero, sino también al problema de la regulación ambiental en su conjunto.
Ivan Lanegra
El Comercio, Miércoles, 7 de marzo de 2007, B-2