“Usted pone límites a las acciones mineras, o límites a las acciones pesqueras, o límites a las acciones que hace la agricultura, que también destruye el medio ambiente, usted se arriesga a que tenga distorsión de su actividad o hasta otro tipo de cosas.” Estas palabras, dichas hace poco en una entrevista radial por un alto funcionario del actual gobierno refleja el pensamiento de muchas autoridades públicas, empresarios y líderes de opinión respecto de la regulación ambiental.A contrapelo, importantes líderes empresariales globales reunidos en DAVOS, o expertos de fama mundial en materia de competitividad como Michael Porter, coinciden en la necesidad de contar con una mayor y mejor regulación ambiental. De acuerdo con ellos, sólo leyes ambientales más exigentes (por ejemplo, límites máximos permisibles o estándares de calidad ambiental) pueden llevar a una mejora de la competitividad del país. En contraste, la agenda ambiental estuvo ausente en el reciente informe del Presidente de la República sobre los logros en lo que va de su gobierno y respecto de las prioridades del mismo. Ni siquiera los recientes informes sobre el cambio climático global y la situación de especial vulnerabilidad del Perú evitaron esta omisión.

¿Qué necesitamos? La experiencia internacional muestra que una buena regulación ambiental es gradual y flexible, es decir, orientada a los resultados antes que a los medios para alcanzarlos; estricta, estableciendo obligaciones claras, metas ambientales altas, sanciones efectivas e incentivos; y enfocada en alcanzar un alto nivel de cumplimiento y aplicación de las normas, para lo cual fortalece sus capacidades de fiscalización y de vigilancia, promoviendo la participación ciudadana en la misma. De esta manera se logran dos cosas: se promueve la innovación tecnológica y se mejora el ambiente. Sin esto último no podemos ser competitivos. Recientemente Gastón Acurio dejó en claro que nuestra extraordinaria gastronomía depende de la calidad de nuestros insumos, y para esto se requiere aguas y aire limpios, así como un suelo sin contaminación. Y esto lo saben bien, por ejemplo, los agricultores del Valle del Mantaro.

Para implementar un buen modelo regulatorio se requiere de objetivos de política claros, una estructura organizativa adecuada e instrumentos de gestión ambiental eficaces. El importante papel jugado por el Consejo Nacional del Ambiente durante los últimos años, y la dación de la Ley General del Ambiente marcaron un primer paso, pero no son suficientes. Se requiere avanzar en las reformas y para ello es necesario concentrar las funciones de regulación ambiental de las actividades de relevancia nacional (actualmente distribuidas en varios ministerios y entidades) en un solo organismo público, y mejorar la capacidad de los gobiernos regionales y las municipalidades para regular las actividades de alcance regional y local. Además, se debe fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el cual aparece con nombre propio en el proyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Con esta base es posible impulsar proyectos productivos y montar la infraestructura que requerimos para desarrollarnos equitativa y sosteniblemente. Sin ella, muchas inversiones generarán a la larga más costos que beneficios.

Afortunadamente cada día más autoridades gubernamentales, congresistas, empresarios, y líderes de la sociedad civil toman conciencia de la conexión entre competitividad y una buena regulación ambiental. Debemos seguir trabajando para convencer a los que faltan.

Ivan K. Lanegra Quispe