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Delitos tributarios y ambientales se tratarían como crimen organizado

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Como respuesta a la ola de inseguridad ciudadana que se vive en el país, el Poder Ejecutivo presentó a finales del año pasado un proyecto de Ley Penal contra el Crimen Organizado, donde se considera a los delitos tributarios y ambientales como parte de los delitos comprendidos dentro de la norma.

Esta iniciativa, que actualmente se encuentra en la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, ha traído preocupación a los gremios empresariales pues permitiría que los implicados en delitos tributarios y aduaneros sean tratados igual que en los casos de homicidio, secuestro, pornografía infantil, extorsión, genocidio, entre otros.

Esto quiere decir que en las investigaciones a los implicados en delitos tributarios y ambientales se podrá hacer uso del levantamiento del secreto bancario, de la reserva tributaria y bursátil, la interceptación telefónica y postal, seguimiento y vigilancia con agentes encubiertos, entre otras estrategias.

Asimismo, se podrá aplicar medidas de suspensión preventiva durante la etapa investigativa, las cuales permitirán que las autoridades puedan clausurar temporal, parcial o totalmente establecimientos o las actividades que realizan estos, por al menos ocho meses.

En el mismo saco
Frente a esta situación, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que dio la voz de alerta en el tema, mostró su fuerte preocupación porque el gobierno está poniendo en el mismo saco a los delitos ambientales y tributarios junto a crímenes mayores, los cuales exceden el propósito del proyecto de ley presentado.

“Mezclar los delitos no solo constituye un despropósito sino que más bien beneficiaría a los criminales y complicaría el trabajo de la policía”, dijo el presidente del gremio, Samuel Gleiser.

Alertó que la aplicación de las medidas de investigación a las que ahora se regirán los implicados en los delitos en cuestión no solo podrían llevar a la quiebra a cualquier empresario, sino hasta podrían cambiarle radicalmente la vida sin haberse comprobado su culpabilidad.

“Debe tenerse en cuenta que por ser instrumentos del Estado las leyes trascienden a los gobiernos, por lo que podrían ser utilizadas por un gobernante en contra de sus detractores políticos”, anotó.

En ese sentido, la CCL recomendó a que antes de debatir el proyecto en el congreso se recabe la opinión de los expertos y los gremios empresariales.

OPINIONES
“Creemos que se está confundiendo el verdadero espíritu de esta norma. El peligro de una legislación como esta es que desincentive la inversión privada”.
Luis Salazar
Presidente de la SNI

“Si las normas están hechas para atrapar delincuentes no hay problema, pero si lo que buscan es hacerle la vida complicada a las empresas entonces no nos parece”.
Alfonso García Miró
Vicepresidente de la Confiep

LAS CLAVES
Recordaris. Desde un inicio el actual gobierno señaló que aplicaría sanciones más drásticas por delitos tributarios como cometer prácticas de evasión y elusión tributaria.
Meta. El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla estimó que para el 2016 la meta es reducir la evasión tributaria en el IGV, de 35% a 20%, y la del Impuesto a la Renta, de 50% a 30%.

 ROCÍO BARJA MARQUINA
rbarja@diariogestion.com.pe

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