Un paso adelante y dos atrás en Nicaragua: se complica el diálogo
4:00 p m| 10 abr 19 (VATN/EC).- A semanas de cumplirse un año desde que se inició un periodo de tensión y represión comandado por el gobierno de Daniel Ortega, era todo un logro que el oficialismo y la opositora “Alianza Cívica” firmaran acuerdos en materia de restitución de derechos y garantías constitucionales (libertad de expresión y de movilización pública entre ellos). Sin embargo, apenas 24 horas después, el mismo Ortega desató la violencia policial y paramilitar contra manifestantes de la llamada “Sentada nacional”, que dio como resultado varios heridos con arma de fuego y una cifra indeterminada de detenidos.
Y es más preocupante aún, que no se han logrado acuerdos sobre democratización y justicia, relacionados con el adelanto de elecciones (Ortega lleva más de 12 años en el poder) y la investigación de crímenes vinculados al actual régimen. Esto lleva a sospechar sobre las verdaderas intenciones del actual gobierno. La Iglesia sostiene un rol conciliador, con un discurso permanente que clama por el fin de las confrontaciones y que no se detenga el diálogo.
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A menos de 24 horas de haberse suscrito acuerdos entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en materia de restitución de derechos y garantías constitucionales, la policía y paramilitares y manifestantes, se vieron envueltos en hechos de violencia que dieron como resultado varios civiles heridos con arma de fuego. Un número indeterminado de civiles que se expresaban en los centros comerciales de Metrocentro y Galerías Santo Domingo, en Managua, en la llamada “Sentada nacional”, fueron apresados por la policía y posteriormente liberados.
El hecho más grave sucedió en el estacionamiento de Metrocentro, cuando un paramilitar de nombre Germán Félix Dávila Blanco, que se infiltró entre los manifestantes que protestaban pese al asedio y ataque policial, sacó una pistola y disparó a quemarropa, hiriendo a tres jóvenes que fueron llevados a un hospital. El autor de los disparos fue neutralizado por el resto de manifestantes y al momento de registrarle sus pertenencias le encontraron el carné de militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En un principio fue golpeado, pero luego se le dio agua para tomar y fue entregado a la Cruz Roja Nicaragüense, para que lo trasladara a un centro asistencial y recibiera atención médica.
En Galerías, un grupo de manifestantes cantó la canción “Nicaragua, Nicaragüita”, sosteniendo en sus manos la bandera nacional, cuando de pronto una simpatizante del gobierno los agredió, gritándoles vagos y golpistas.
La seguridad del centro comercial hizo un gran esfuerzo para que las turbas desenfrenadas no golpearan a los autoconvocados pacíficos. En este establecimiento no hubo presencia policial, al menos en el lugar donde se realizó la protesta. Las turbas que llegaron directamente a agredir a los manifestantes que se encontraban en Galerías, también agredieron a los periodistas de La Prensa y El Nuevo Diario.
Consternación de parte de la Iglesia
Los arrestados fueron liberados después de algunas horas. Consternación de parte de la Iglesia. La Arquidiócesis de Managua emitió una nota de prensa donde el arzobispo cardenal Leopoldo Brenes lamenta los hechos violentos realizados ayer por la tarde, en donde fueron detenidos varios ciudadanos. En la nota el purpurado pide a los fieles y comunidades parroquiales intensifiquen los momentos de oración pidiendo a Dios por la paz en Nicaragua.
El tuit de Mons. Jorge Solórzano Pérez, obispo de Granada: “Seguimos viviendo momentos de violencia y falta de respeto a la vida humana en nuestra Nicaragua. Que en este tiempo de Cuaresma el Señor conceda fuerzas para luchar contra el mal y retomar el camino del bien”. Mons. Silvio Báez, auxiliar de la Arquidiócesis de Managua denunció el desproporcionado uso de la fuerza contra los manifestantes. Mons. Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa: “Mis oraciones y mi solidaridad cristiana con el pueblo, en ‘sus sufrimientos y dolores’ (Comunicado CEN 8 de marzo 2019). Con cariño de pastor.
Condena de parte de la Alianza Cívica
La Alianza Cívica, tras los actos de represión condenó el incumplimiento de los acuerdos suscritos el viernes y advirtió que el acto de represión pone en peligro el proceso de negociación. “El régimen Ortega y Murillo ha puesto nuevamente en peligro el desarrollo de la Mesa de Negociación y la búsqueda de salidas pacíficas y constitucionales. El régimen pone en peligro a la ciudadanía, el incumpliendo de su obligación de reconocer y proteger los derechos de las y los nicaragüenses”.
“Denunciamos y condenamos esta nueva represión, y el riesgo que el régimen impone a una solución pacífica y democrática ante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, provocando más de 500 asesinados, más de 700 presos políticos, decenas de miles de exiliados, y quiebre de la economía”, expuso la Alianza Cívica.
La policía en un comunicado ha dicho que German Félix Dávila Blanco fue agredido verbal y físicamente por “grupos violentos”. En la nota de prensa se lee que “han sido unas 40 personas que lo golpearon y que al momento de la agresión ocurrieron disparos con arma de fuego.”
Derecho a protestar-libertad de prensa-no más detenciones ilegales
En el acuerdo firmado por la Alianza Cívica y el gobierno se lee, que el gobierno se compromete a “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la materia. Cumplidos los requisitos establecidos por la ley de la materia, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho”, señala el convenio firmado por los doce integrantes de la mesa de negociaciones.
También se destaca que “no requiere de permiso previo el de reunión pacífica, que no afecte la libre circulación de personas y vehículos y que no altere la normal convivencia de la población”. Otro de los puntos reconoce el “derecho irrestricto de todos los nicaragüenses a la utilización respetuosa de la Bandera Nacional” y el cese de las detenciones ilegales en contra de ciudadanos que se han manifestado en contra del Gobierno y que han sido víctimas de secuestros por parte de paramilitares y agentes de la Policía. En este punto, el Estado garantizará que “nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo causas fijadas por la ley”.
Entre las demandas planteadas al gobierno, destaca el respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa, así como la devolución de los bienes confiscados y retenidos a los medios de comunicación independientes.
“El Estado garantiza el irrestricto derecho de libertad de expresión, el derecho de informar no puede estar sujeto a censura, ni los medios de comunicación podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan transgredir lo establecido en la Constitución y la Ley o que puedan limitar el derecho a la información veraz y oportuna”, agrega el documento de cinco páginas, firmado también por el Nuncio en Nicaragua, Mons. Sommertag.
Card. Brenes: Toda protesta se debe realizar en un ambiente pacífico y sin violencia
Ante estas situaciones de confrontación, los obispos y el cardenal expresan su pesar, “para mí es bien triste que entre nosotros los nicaragüenses sigamos enfrentándonos, y sigan situaciones en las cuales se verifique la violencia, que pueda haber heridos, prisioneros”.
El purpurado exhortó a la población, en especial a los fieles católicos, a intensificar sus oraciones para que, hechos de violencia y confrontación, que traigan heridas físicas pero sobre todo espirituales, puedan desaparecer de “nuestra cultura sobre todo en este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de reconciliación, es tiempo de poder mirarnos a los ojos, y evitar todas las tensiones entre los hermanos”.
El cardenal respondió una serie de preguntas del sector de comunicación en la Parroquia San Francisco de Paula, en San Francisco Libre, entrevista que fue publicada por el Canal Católico del país. En primer lugar, ante la pregunta sobre si se debe continuar pidiendo permiso para marchar, el cardenal dijo que las demandas deben hacerse desde un ambiente pacífico y no en un ambiente violento. Y que no se den las confrontaciones. “Toda demanda y protesta se debe realizar en un ambiente pacífico y sin violencia de una u otra parte”.
El periodista del Canal Católico de Nicaragua, le preguntó al purpurado si estos actos de violencia que se presentan cada vez en una manifestación con un intento de hacer un alto a la protesta, ¿complican el trabajo de los Testigos en el diálogo, o sea del Nuncio Apostólico y el delegado de la OEA?
“Pienso que toda situación de violencia. Porque puede ser un paso hacia atrás de las cosas que se están platicando, negociando. El cardenal dijo que aún no se tiene, no se ha publicado, un documento que plasme lo que se está diciendo, “esperamos que todo, como se ha venido diciendo, se haga en beneficio del bien común el Santo Padre lo pide de manera especial, el Papa habla de una urgencia, que esto se haga lo más pronto posible. Así lo decía el Santo Padre en su mensaje del domingo pasado”.
ENLACES: Mensaje completo del cardenal Brenes / del nuncio Mons. Sommertag.
Anotaciones sobre los acuerdos, la violencia y el rumbo del díalogo (Carlos Chamorro)
¿Volver al 18 de abril?
Con los acuerdos alcanzados entre la Alianza Cívica y la dictadura Ortega Murillo, sobre las promesas de liberación de los presos políticos y la restitución de las libertades, en el mejor de los casos el país podría haber regresado al statu quo del 18 de abril de 2018, sin presos políticos y bajo un régimen autoritario que nunca ha respetado la Constitución. Sin embargo, Ortega ni siquiera pudo cumplir ese requisito que le daría credibilidad para avanzar en los aspectos sustantivos del acuerdo.
Veinticuatro horas después, desató la represión policial y paramilitar contra una protesta cívica en un centro comercial y proclamó, a través de sus portavoces, que no aceptará la presencia de la CIDH y la ONU como garantes internacionales de los acuerdos. Así dinamitó las posibilidades de éxito de unas negociaciones “en frío”, cuyo objetivo final nunca fueron los presos y las libertades, sino la justicia sin impunidad y las reformas electorales, para convocar a elecciones anticipadas en el plazo más corto posible.
La posición gubernamental expresada por el canciller Denis Moncada ha dejado claro que los perpetradores de las masacres se rehúsan a someterse a una investigación independiente para que se haga justicia y, además, rechazan la demanda de anticipo de elecciones, que Ortega ya había pactado antes con el Gobierno de los Estados Unidos.
Otra vez, al borde del abismo
Igual que en los meses de mayo y junio del año pasado, durante el primer diálogo nacional, el país se encuentra al borde del abismo porque Ortega y Murillo se niegan a reconocer su responsabilidad en la crisis nacional, y rechazan una salida política para dejar el poder por la vía electoral.
La diferencia radica en que ahora los líderes de las protestas están en la cárcel y en el exilio, y hay muchos más muertos producto de la represión, lo que hace ineludible la demanda de justicia a la par del reclamo democrático. Pero también en estos nueve meses el régimen ha perdido toda su legitimidad política, ante el pueblo, los grandes empresarios, y la comunidad internacional.
Al negarse por segunda vez, en este nuevo diálogo, a permitir justicia sin impunidad y elecciones anticipadas, Ortega está a punto de provocar una mayor condena y sanciones internacionales, que pueden acelerar el colapso de la economía y de su Gobierno, lo que a final de cuentas impondrá una nueva dinámica política y social en la que ni él ni nadie podrán controlar los términos de su salida del poder.
Elecciones anticipadas y sucesión en el FSLN
La exigencia de elecciones anticipadas, en cambio, no solo es legal y constitucional, sino que representa la única posibilidad de una salida política ordenada. Recortar el período presidencial de la dictadura es condición sine qua non para que el país avance, porque Ortega y Murillo ya no pueden seguir gobernando, ni negociando, después de la matanza.
Desde junio del año pasado, Ortega dejó de ser el presidente del país, para convertirse únicamente en el jefe supremo de la Policía y los paramilitares. Dejó de ser el interlocutor del electorado sandinista con la nación, el sector privado, y la comunidad internacional, para quedar reducido a un administrador de los intereses de una cúpula familiar, económica y política, que a su vez está subordinada al mandato de Cuba y Venezuela.
La convocatoria a elecciones anticipadas representa el fin del proyecto de una dictadura dinástica, y a la vez plantea una oportunidad al Frente Sandinista, a los trabajadores del Estado, al Ejército de Nicaragua y a la burocracia gubernamental, para que comiencen a ser parte de una solución nacional, sin Ortega y Murillo.
Durante sus casi cuatro décadas al frente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Ortega nunca concibió un relevo político, o una sucesión fuera del control de su propia familia, y al final de una larga pugna interna por el poder, aceptó en 2016 que su esposa Rosario Murillo se colocara como vicepresidenta en la línea de sucesión. Como corresponsable de la crisis nacional, Murillo ahora también está inhabilitada para ser candidata y, por lo tanto, sería la principal perdedora del adelanto de las elecciones presidenciales. Su oposición cerrada a las elecciones anticipadas resulta por tanto predecible, pero el país no puede seguir pagando los platos rotos de que se prolongue el desgobierno político y económico.
ENLACE: Columna completa del periodista Carlos Chamorro
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Fuentes:
Vatican News / El Confidencial / La Nación
