Filipinas: la nueva región musulmana acerca a Duterte y la Iglesia
9:00 a m| 8 ago 18 (VI).- La nueva Región Autónoma de Bangsamoro, establecida por una norma que acumula varios años de trabajo y diálogo entre grupos rebeldes y el gobierno, será una entidad territorial concebida para recibir a la población islámica que vive en el sur de Filipinas, una consistente minoría de casi seis millones de personas, en el país más católico de Asia (con más de 90% de fieles). La medida aprobada por el Parlamento, y promovida por el presidente, es un paso histórico que crea nuevas esperanzas para nutrir la convivencia interreligiosa y cerrar el paso a los grupos radicales islámicos.
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Lo anunció el presidente Rodrigo Duterte el 23 de julio en su discurso sobre el estado de la nación, prometiendo la emanación de la nueva ley “antes de que pasen 48 horas”. Después de la ratificación del Senado, llegó la de la Cámara de Representantes, que dio luz verde a un texto sobre el que se había llegado a un acuerdo durante las últimas semanas gracias al trabajo de la Comisión bicameral. Con la firma del presidente (una formalidad en este caso, puesto que se trata de un texto promovido por el gobierno mismo) concluyó el recorrido para que entre en vigor.
La nueva entidad administrativa sustituye a la vieja región autónoma musulmana (creada) e incluye seis provincias (Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu y Tawi-Tawi), mientras otras municipalidades, fuera de estas provincias, podrán formar parte de la región mediante un referéndum que será propuesto a la población de Mindanao, la gran isla del sur del archipiélago en donde hay tres grupos sociales y religiosos mayoritarios: los ciudadanos cristianos, los musulmanes (divididos en diferentes grupos étnicos) y los indígenas o lumads, poblaciones que se encuentran desde hace siglos en esas tierras.
El gobierno de Duterte presenta la medida como “piedra angular para construir la paz y la armonía en el sur de la nación”, y, en este contexto, cuenta con el absoluto apoyo de la Iglesia católica que, al respecto, nunca ha ocultado su sintonía con el ejecutivo de Manila, impulsando con toda su influencia para la aprobación de una ley considerada necesaria para construir una paz estable y duradera en las Filipinas meridionales.
La aprobación llega, de hecho, después de por lo menos una década de negociaciones, de coloquios intermitentes con los grupos rebeldes, de amenazas y enfrentamientos, de señales de distensión y de resurgimientos de los grupos islámicos radicales.
Los interlocutores principales son los dos grupos del irredentismo islámico en el sur de Filipinas: el Moro Islamic Liberation Front (Milf) y el Moro National Liberation Front (Mnlf), ambos actores involucrados directamente en la nueva institución política que se presenta con una característica fundamental, necesaria para diferenciarla de los experimentos anteriores: nace después de un proceso de consultaciones verdaderamente incluyente, que tiene en cuenta las diferentes almas y los diferentes elementos que componen a la comunidad islámica y a los diferentes grupos de guerrilleros que, durante los años, han reivindicado la autonomía y la independencia.
Este proceso, según el presidente Duterte, forma parte de una progresiva descentralización del Estado y de un posible replanteamiento del sentido federal de la República de las Filipinas. Pero, más allá de los posibles desarrollos, la nueva ley ha sido saludada con gran entusiasmo en la sociedad filipina y entre las comunidades religiosas: amplio consenso y explícito agrado por esta decisión política del gobierno de Duterte se registra incluso entre los líderes religiosos y en la Iglesia católica.
El cardenal Orlando Quevedo, arzobispo de Cotabato, dijo que la aprobación de la ley de Bangsamoro es “un paso importante para impedir y frenar la proliferación del extremismo y del radicalismo islámico en el sur del país”. Un misionero que vive desde hace más de 30 años en Mindanao, Sebastiano D’Ambra, y que es un profundo conocedor de la zona comprometido en el diálogo entre musulmanes y cristianos, dice que “la nueva región autónoma sale al encuentro de las legítimas exigencias de justicia social y de libertad de las comunidades musulmanas”.
“Ahora será importante proseguir por los senderos del diálogo, de la colaboración y por caminos de cercanía espiritual entre cristianos y musulmanes, para construir una nueva convivencia armoniosa entre las diferentes comunidades de Mindanao”, agregó D’Ambra.
Todavá está vivo en la nación el recuerdo de lo que sucedió hace un año en Marawi, ciudad de la isla de Mindanao ocupada por los yihadistas del llamado Estado Islámico, y que fue destruida después de un asedio de más de tres meses por parte del ejército regular, con el consecuente desplazamiento de más de 300 mil personas. “El EI y sus aliados nunca echarán raíces en nuestro país”, insistió Duterte, recordando que su administración sigue estando dispuesta a acoger a exmilitantes arrepentidos, que “han expresado el deseo de ser reintegrados a la sociedad y de vivir una vida pacífica”.
Este enfoque de Duterte pretende dar una segunda oportunidad a los extremistas y es muy diferente de lo que sucede, por el contrario, en su controvertida campaña antidroga, que ha provocado más de 20 mil ejecuciones extrajudiciales de traficantes y toxico-dependientes. Considerando las diferencias, sobre este presunto “impulso misericordioso”, los obispos católicos (que como todo mundo sabe no están a favor del presidente) no pueden no estar de acuerdo.
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Fuente:
Vatican Insider
