BIBLIOGRAFIA Y MATERIAL AUDIOVISUAL SOBRE LA EDUCACIÓN EN CHILE
Arellano, José Pablo (2001) La reforma educacional chilena. Revista de la CEPAL Nº 73. Abril. Hacer click aquí.
Mella, Orlando. (2003) 12 años de reforma educacional en Chile. Algunas consideraciones en torno a sus efectos para reducir la inequidad.
Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (REICE), Volumen 1, Nº 1. Hacer click aquí.
García Huidobro, Juan Eduardo. (2008) Ley General de Educación: Avances y silencios. Revista Mensaje, julio pp.6-11 Hacer click aquí.
Kremerman, Marco (2008) La privatización de la educación. Estudio del caso chileno. Santiago de Chile: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)-: Foro Nacional de Educación de Calidad para Todos y Todas de Chile. Hacer click aquí
Informe sobre Paro docente contra Ley General de Educación y opinión de representante de docentes, y autoridades (2008) (3 minutos). http://es.youtube.com/watch?v=-TdLtRwNGJc
Opiniones sobre la situación de la educación chilena realizada por la BBC haciendo(4.10 minutos)
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Luego que fuera promulgada Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, 28705, en el 2006 , dos años después se hace definitiva la promulgación de su respectivo Reglamento. Es importante anotar las implicaciones que esta norma tiene para el sector educación, que significará una mayor coherencia institucional para la construcción de ambientes libres de humo, incluyendo en su gestión y planes curriculares aspectos vinculados a la prevención del tabaquismo.
Aquí seleccionamos los artículos más vinculados para las organizaciones educativas:
Artículo 5.- De la prohibición de fumar en lugares públicos
Está prohibido fumar en las áreas abiertas y cerradas de los establecimientos públicos y privados dedicados a la salud y a la educación, en las dependencias públicas, así como en los medios de transporte público.
Artículo 13.- Políticas y estrategias del Ministerio de Educación
13.1 El Ministerio de Educación establecerá políticas y estrategias para la prevención y reducción de los factores de riesgo derivados del consumo de tabaco. Asimismo, incluirá en su sistema curricular (Diseño Curricular Nacional), programas de prevención para evitar el inicio del consumo de tabaco, de enseñanza de estilos de vida saludable y de desarrollo de una vida sin tabaco, en todos los niveles y áreas educativas.
13.2 Los programas promoverán la participación de docentes, alumnos y padres de familia en campañas y movilizaciones nacionales en el “Día Mundial Sin Tabaco” y otras que contribuyan a este fin. Estos programas incluirán la participación de toda la comunidad y no podrán, bajo ninguna modalidad, contar con el auspicio y/o participación de la industria tabacalera.
13.3 El Ministerio de Educación coordinará con universidades públicas y privadas a fin de implementar y desarrollar programas para la prevención y control del tabaquismo en el ámbito universitario.
El último informe anual de la Defensoría del Pueblo sobre las quejas recibidas en el 2007 vuelve a poner al sector Educación (Direcciones regionales; UGEL; escuelas ) en el primer lugar. Del total de ellas, 18.26% corresponden a este sector, es decir, 6000 quejas, de las cuales el 61% fueron declaradas fundadas. Respecto al año anterior se evidencia un incremento de 1,885 más solicitudes de quejas, es decir, un 45.8% más que en el 2006. Podemos sospechar que hay otro tanto de quejas que no llegan a la Defensoría del Pueblo por diversas razones.
Entre las regiones con mayores solicitudes de queja relacionadas al sector educación recibidas por las oficinas descentralizadas de la Defensoría figuran:
Lima (sin El Callao): 917
Junín : 728
Piura : 471
Loreto : 376
Ayacucho : 339
Cusco : 312
Esta situación nos revela que la crisis de la educación peruana necesita ser comprendida y resuelta en tres ámbitos interrelacionados: la
cobertura para ciertos niveles en determinados lugares del país (ed. inicial y secundaria), la calidad de los aprendizajes y otro ámbito donde las cosas son también difíciles: la moralización y eficiencia administrativa del sector. La debilidades en esta última afecta a las anteriores. Es por ello que son tres frentes de una misma lucha: mayor cobertura, mayor calidad, mayor moralidad y eficiencia administrativa.
Por otro lado, es singularmente importante la presencia de la Defensoría como instancia que permita institucionalizar la cultura del reclamo y darle un curso a las quejas basado en el Estado de derecho, de lo contrario lo que veremos es más tomas de colegios y mayor frustración en la población frente a su Estado.
Asimismo, urge una profunda revisión y propuestas sobre el personal de las UGEL y Direcciones regionales: ¿quiénes y cómo llegan allí? ¿cómo se les evalúa? ¿cómo y en qué se los capacita? ¿cuánto invierte el Estado en la capacitación de ese segmento de profesionales? ¿cómo hacer para que lleguen y hagan carrera profesional en esas instancias de orientación local y regional del sistema educativo los mejores? ¿cómo hacer para que los que logran un desempeño relevante en esas instancias puedas transferirla a otras?
En contraste con el pesimismo que han generado los resultados de diversas evaluaciones en el ámbito educativo, los primeros datos de esta encuesta nos presentan una percepción relativamente optimista en un mediano plazo hacia atrás y hacia delante: 43% opina que la calidad de la educación está mucho mejor o algo mejor que hace 10 años, pero este porcentaje asciende a 63 % cuando se opina sobre lo mismo para los siguientes 10 años. Probablemente, el sector educación sea uno de los pocos donde se evidencie un optimismo de mediano plazo en comparación con otros sectores. La crisis educativa es de tal magnitud que aún medidas improvisadas y complejas pero que contienen ciertos aspectos positivos y son realizadas en un mismo periodo, pueden estar generando una expectativa en la población. Pero como sabemos, el optimismo tiene doble rostro: crea un estado un estado de ánimo tanto para apoyar más medidas como también una frustración grande si las expectativas no se llegan a cumplir. Esperamos que este relativo optimismo no se desperdicie en un sector que necesita hoy más que nunca respirar confianza.
También es significativo advertir en la percepción de los encuestados el nivel de identificación de los problemas que enfrenta la educación, entre los cuales compromete a dos actores como los maestros y su mala formación (28%) y, por otro lado, los políticos y su poca voluntad para enfrentar la problemática educativa (21%). Otro problema está en relación con una variable más estructural como es la falta de presupuesto en el sector (25%). Es necesario en estos tiempos en donde se apunta al docente como el gran responsable de la catástrofe educativa, el reiterar la corresponsabilidad entre ambos actores; urge que la clase política deje de ver lo educativo pensando solo en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones.
La encuesta nos aporta una valiosa información para ahondar en uno de los factores más críticos de la educación básica como es el desempeño profesional del docente y del director en función a los aprendizajes. Así, la percepción más cuestionable nos remite a la poca capacidad pedagógica del docente para asegurar que todos en sus clases hayan aprendido. El 75% de los encuestados manifiestan que el docente avanza en sus clases sin esa preocupación. A su vez, el 89% muestra estar de acuerdo con que debe ser obligación del director garantizar que todos los estudiantes aprendan. Por consiguiente, mejorar las competencias profesionales en el aula es crucial para a la vez mejorar la calidad educativa; no obstante, las evaluaciones de lápiz y papel a los docentes no incluyen dicho aspecto así como las últimas capacitaciones; y, sobre ello, cabe preguntarnos qué aportarán los procesos de municipalización educativa. En ese sentido, requerimos empoderar más al usuario de este servicio público para que de alguna forma pueda evaluar el servicio que recibe; por ello, nos parece muy valioso que el 91% de los encuestados estén de acuerdo con que los alumnos evalúen periódicamente la enseñanza que reciben. Llama la atención que hasta ahora se ha invertido en evaluaciones externas para “medir” la calidad educativa a partir de pruebas estandarizadas, pero poco hemos hecho para escuchar las voces de los propios alumnos.
La finalización del periodo de actuación del Consejo Educativo Nacional nos pone no solo ante el problema de su continuidad administrativa, sino sobre todo ante la necesidad de relegitimar su utilidad como instancia política del Estado. Más aún, se convierte en una oportunidad para repensar el Estado desde este tipo de instancias también existentes en otros sectores.
En efecto, tenemos entre otros, Consejos Nacionales en Seguridad Vial, Trabajo, Salud, Ciencia y Tecnología, y Educación; este último inexplicablemente el más recientemente creado para uno de los sectores históricamente más críticos del país. Una mirada de sus respectivas WEBs nos permite advertir la diferencia entre ellos; así, el Consejo de Seguridad Vial creado en 1997, nos muestra referencias muy limitadas sobre su desempeño a comparación de los otros creados después, siendo su campo de acción de gran envergadura para un país tan vulnerable en materia de seguridad vial.
No obstante las limitaciones que podamos encontrar entre ellos, tenemos la necesidad de afianzar nuestro Estado Democrático desde aquellos espacios para la confluencia de actores claves en cada sector. Para un país donde la fragmentación y la discontinuidad han sido parte de su tradición, pues sostener dichos espacios son estratégicamente vitales. El carácter concertador que promueven es, sin duda, un aporte sustancial para la generación de propuestas consensuadas en interacción con los propios Ministerios y Parlamento. Sin el impulso de estas instancias, como lo son los Consejos Nacionales, estamos debilitando el Estado Democrático como la institución articuladora de consensos múltiples, como el optimizador eficiente de los conflictos.
Pero otra característica relevante de estos Consejos para un país como el nuestro radica en su aporte a las políticas públicas desde un enfoque sistémico y prospectivo. Las políticas públicas tienen el riesgo del sectorialismo y el inmediatismo, para ello necesitamos entidades como los Consejos Nacionales: especializadas en su sector y en las sinergias con otros sectores; contribuyendo, además, a anudar el corto con el largo plazo en base a una agenda vinculante de prioridades sectoriales.
Otro riesgo necesario de advertir es el centralismo de las políticas públicas, para lo cual los Consejos Nacionales debieran evaluar cuál ha sido su trabajo descentralizado y hacer esfuerzos para sostener espacios en el ámbito regional que les permitan nutrirse más directamente de las propuestas y experiencias que pueden ser transferibles a otra escala de las políticas públicas. En ese sentido, los Consejos Nacionales le ayudan al Estado a esa lectura fresca de las prácticas sociales que demandan visibilidad.
La medida de solo seleccionar a los docentes ubicados en el tercio superior de su promoción de estudios es sin duda una de las más polémicas del Ministerio de Educación de este régimen. Ciertamente, el país necesita atraer y retener a los mejores maestros, así como contar con mecanismos para su evaluación e incentivos. El gobierno puede creer que la política dada apunta a seleccionar a los mejores y, por ende, a mejorar la calidad educativa; más aún, si las encuestas están arrojando que un 57% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo con dicha medida, entonces, la creencia se reafirma: es la política correcta.
Sin embargo, más allá del controvertido aspecto jurídico de la medida, o los aspectos técnicos de sus complejas implicancias, quisiera llamar la atención en los costos ideológicos de la misma desde su impacto en el magisterio peruano. Mientras que las visiones electoreras de las políticas públicas piensan sobre todo en las próximas elecciones, a su vez una visión excesivamente tecnocrática de las políticas públicas pierden de vista los costos ideológicos y su razonamiento no contempla las historias de los sujetos y los contextos.
El magisterio peruano ha sido uno de los sectores sociales con una intensa actividad ideológica donde se han ido forjando intergeneracionalmente cosmovisiones del Estado, del país y del mundo. Mi hipótesis es que hay un tercio de los docentes que han desarrollado una cosmovisión antisistémica autoritaria, alimentada desde la temprana influencia ideológica de los que a su vez fueron sus profesores en la escuela, y en las instituciones de educación superior, y, por supuesto, nutrida por los propios desaciertos que ha hecho el Estado y el mercado en diversos lugares del país. Esa cosmovisión genera un estado de ánimo en el docente, lo predispone a la crítica lapidaria frente al gobierno de turno y al Estado y a las fuerzas externas (llámese “imperialismo”, etc.), y ese es un estado de ánimo que lleva a sus clases, a sus reuniones con sus pares, a sus coordinaciones en la escuela. Hay otros dos tercios en el mundo docente que configuran visiones críticas frente al Estado, el país y el mundo pero uno de ellos más al medio, que en función a las coyunturas mira y se puede plegar más hacia un lado o hacia el otro tercio más democrático. Espero no se tome estas magnitudes de los tercios de forma matemática sino referencial.
A la luz de esta distinción sobre las tendencias ideológicas es que contemplo el riesgo de la medida dada. Indudablemente, el tercio más antisistémico tendrá un argumento de la coyuntura para reforzar en la subjetividad del docente la “naturaleza” excluyente y discriminatoria de este Estado. Para un país como el nuestro, después de haber vivido la nefasta experiencia de la violencia política, necesitamos aprender del pasado y releer aquel Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación especialmente en su análisis sobre la educación peruana.
No sólo estamos en el sector educación en una batalla entre calidad versus mediocridad, sino también entre ideologías democráticas e ideologías autoritarias.
Hace poco debí renovar mi licencia de conducir y tuve que hacer los trámites respectivos en el Touring. Luego de pasar por el examen clínico y pagar en el Banco de la Nación el monto correspondiente, me acerqué tres días después a dicha oficina y en media hora obtuve mi renovación. Salí contento porque así ya no tendría problemas durante los próximos diez años. Pero luego, al volver a casa y prender la televisión, nuevamente volvía a escuchar las noticias trágicas de un nuevo accidente vial. Definitivamente, no estamos haciendo todo lo que podemos hacer para que las carreteras y las pistas de las ciudades dejen de ser crónicas de muertes anunciadas. Según los datos del Ministerio de Transporte, es lamentable constatar la tendencia de aumento de víctimas de accidentes de tránsito fatales y no fatales en los últimos años: 43,814 en el 2005 y 50, 313 en el 2006. Como bien ya lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud, estos accidentes son una de las nuevas epidemias no trasmisibles: “Cada año, significa más de 20 millones de personas sufren traumatismos graves o encuentran la muerte en las carreteras del mundo. La incidencia es mayor en los países en desarrollo, donde seguirá aumentando debido a la rápida expansión del parque automovilístico” (OMS 2003: 106).
He recordado en estos días la vez que tomé mi primer curso en el Touring hace ya diez años atrás, donde en las clases teóricas, debía escuchar a un profesor que nos recitaba lo que decían las normas que debíamos saber y nos daba algunos tips para aprobar el examen, pero nunca nos habló de las cifras de accidentes, ni de muertos o heridos, ni las causas, ni cómo estábamos en comparación con otros países….en otras palabras no pasé realmente por un curso de educación vial sino por clases para aprobar un examen. No sé si eso haya cambiado, y si eso es así o no en las otras Escuelas de manejo que existen.
Creo que desde hace varias décadas nuestro Estado ha ido renunciando a ser Estado frente al parque automotor. Las fuerzas del mercado impusieron sus intereses y abrimos como nunca el mercado de vehículos a la vez que el Estado retrocedía justo en el momento que necesitábamos más Estado, es decir, más regulación preventiva, más concertación de intereses, más autoridad educadora. Después de más de quince años, hemos vuelto en Lima al chequeo técnico de los vehículos con idas y vueltas y ahora con la incertidumbre sobre cómo continuará esta política luego de los últimos anuncios de la suspensión del contrato entre el Municipio de Lima y la empresa a cargo.
De la mano con el chequeo técnico de los vehículos es imprescindible hacer una verdadera reforma de la educación vial. Esta debe implicar el revisar qué y cómo preparan las Escuelas que “enseñan a manejar” pero que no forman necesariamente un ciudadano más consciente y responsable sobre los problemas y retos que todos tenemos frente al problema del tránsito y sus secuelas negativas. Las cifras del Ministerio de Transporte nos indican que desde 1997 hasta el 2005, ha habido por año entre 238 mil hasta 600 mil licencias de conducir que han sido dadas en sus diversas modalidades. Si el crecimiento económico en el que está el país va a ir aumentando la capacidad adquisitiva de la gente, eso incrementará el mercado de vehículos y, por ende, tendremos más gente queriendo aprender a manejar. Esto es todo un reto desde el punto de vista de políticas de transporte, media ambiental y de educación vial.
Acostumbrados a entender que las políticas educativas empiezan y terminan en la llamada educación formal (escuela e instituciones superiores), debemos asumir con el mismo vigor que ponemos cuando las escuelas de educación básica no enseñan con calidad lo que deben enseñar, las limitaciones de las escuelas llamadas a preparar a los futuros conductores de vehículos. Y, más aún, no desperdiciar aquellos momentos en los cuales los conductores debemos renovar nuestras licencias de conducir para pasar realmente por un curso de educación vial y un llamado de atención para aquellos que hemos infringido alguna norma de tránsito en algún momento. Por supuesto, esto exige un Estado menos burocrático y un Estado más Educador.
Artículo publicado en el libro de FLAPE (2006) Etica, ciudadanía y paz en la Educación. Estudios, análisis y propuestas. Lima: Foro Educativo. (pp. 79-87)
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