Archivo de la categoría: Derechos humanos y paz

Escuelas seguras

Bibliografía sobre escuelas seguras:

Amnistía Internacional (2008). Escuelas seguras: el derecho de cada niña.  Ver aquí

Minedu-Perú (2017).Informe “Escuelas seguras y libres de violencia”. Análisis de la información de la plataforma SíseVe. Ver aquí

Unicef (2018). Iniciativa mundial para escuelas seguras. “En el 2030 toda escuela será segura”. Ver aquí

Unicef (2012). Índice de seguridad escolar. Guía de implementación. Ver aquí

Defensoría del Pueblo-Perú (2019). Derecho a una escuela segura y libre de violencia. Ver aquí

Minedu -Perú (2014).Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar, “Paz Escolar” (2013-2016). Ver aquí

Estanislao Antelo (2007). Alarma en las escuelas. Miedo, seguridad y pedagogía. Ver aquí

Ghiso, A. M. (2012). Algunos límites de las respuestas frente a la violencia y la inseguridad, en las instituciones educativas. Ver aquí

Calle, Franco; Matos, Paulo y Orozco Reegan (2017). Violencia, escuelas y desempeño educativo. Formas y consecuencias de ser víctima de violencia en la etapa escolar. (Perú) Ver aquí

Trucco, Daniela y Inostroza, Pamela (2017). Las violencias en el espacio escolar. (CEPAL) Ver aquí

Furlán Malamud, Alfredo. (2012). Inseguridad y violencia en la educación: Problemas y alternativas. Ver aquí

Pereira, Pauña (2018). Militarização das escolas da rede estadual de Goiás: a nova onda conservadora. Ver aquí

López, Augusto (2015). Pandillas en escuelas públicas de El Salvador. Ver aquí

Ortega, Sylvia (2005).Estrategias para prevenir y atender el maltrato, la violencia y las adicciones en las escuelas públicas de la Ciudad de México. Ver aquí.

 

 

 

 

 

Encuestas sobre participación, ciudadanía y convivencia escolar Perú

Young Voice Perú se realizó en el  2017, impulsado por Save The Children  y fueron 2,617 adolescentes (entre 12 y 17 años)  Temas abordados:                                                                            Conciencia de los derechos del niño y de la Convención
La participación y visión de los adolescentes sobre su rol ciudadano
Seguridad, vulnerabilidad y violencia
Los adolescentes en línea
Influencia de la escuela y la educación en el adolescente
El Perú necesita más…
Mi futuro será…                                                                                                                                        Leer informe aquí

ED Cívica y Ciudadanía ICCS.  Perú participó promovido por el Ministerio de Educación por primera vez en  2015. Informa sobre los aprendizajes de los estudiantes de 2do grado de secundaria en educación cívica y formación ciudadana. Leer informe aquí

La ciudadanía desde la escuela: democracia y ciudadanía.  Estudio de opinión pública realizado en el 2015 por el IEP Instituto de Estudios Peruanos en 6 regiones del país para conocer percepciones y expectativas sobre ciudadanía y formación ciudadana de estudiantes, docentes, y familias. Leer informe aquí

Ai Weiwei – A la deriva: Arte, derechos humanos y refugiados

Venezolanos en Perú: Defensoría del Pueblo rechaza xenofobia hacia extranjeros

Ante a los últimos actos discriminatorios contra las personas de nacionalidad venezolana, la Defensoría del Pueblo, manifiesta su completo rechazo a las manifestaciones de tipo xenófobo que han venido afrontando. Por ello, recordamos al Estado peruano la necesidad de adoptar medidas que permitan afirmar el principio de igualdad y no discriminación en nuestra sociedad.

En el actual contexto de migración venezolana, es importante tener en cuenta que las decisiones adoptadas recientemente por los países de la región evidencian la falta de una adecuada respuesta a la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, y contravienen la recomendación de la CIDH (Resolución 2/18) sobre la adopción de medidas que “garanticen el ingreso al territorio a las personas venezolanas para buscar protección internacional o para satisfacer necesidades humanitarias”.

Cabe recordar que los Estados mantienen compromisos internacionales de protección hacia poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, como son los niños no acompañados o separados, las personas refugiadas, entre otros, por lo que deben adoptar medidas que garanticen los derechos de acceso a la salud y a la educación en los países de destino, independientemente de la condición migratoria, así como implementar mecanismos de regularización migratoria, tal como se señaló en el proceso de negociación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

Habiendo tomado conocimiento que entre los días 17 y 18 de setiembre del presente año se realizará una reunión de Cancilleres en la ciudad de Quito, desde nuestra institución consideramos que es la oportunidad propicia para adoptar decisiones de orden regional que permitan establecer una respuesta articulada y coherente al flujo migratorio que venimos afrontando y que, además reconozcan las obligaciones de los Estados en la protección de los derechos de las personas en el contexto de migración internacional.

De otro lado consideramos pertinente el anuncio realizado por el Presidente del Consejo de Ministro, sobre los criterios de excepcionalidad que vienen contemplando para con los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres embarazadas. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo, esperamos la pronta implementación normativa de dichas excepciones, las mismas que serán supervisadas a fin de proteger los derechos fundamentales de las personas en situación de movilidad internacional.

Para la Defensoría del Pueblo resulta fundamental señalar que, si bien los Estados tienen el poder soberano de diseñar su política migratoria, éste poder tiene límites en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que reiteramos nuestros pedidos de implementar una política de gestión migratoria que logre un equilibrio entre el enfoque de seguridad y de protección de los derechos, facilitando la regularización migratoria. Se debe tomar en cuenta que las políticas migratorias restrictivas promueven la migración irregular, generando el fortalecimiento de redes criminales, como las referidas al tráfico de migrantes y/o trata de personas, así como también exponen a mayor riesgo de formas de violencia, incluida la explotación, el trabajo infantil, el secuestro o la venta de niños.

Reiteramos nuestra convicción de que una sociedad democrática se fundamenta en el respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Ello debe ser tomado en cuenta por el Estado peruano como una cuestión clave para el reconocimiento y la vigencia plena de los derechos de la población migrante.

PRONUNCIAMIENTO N°021DP/2018

SOS NICARAGUA

Para trabajar la discriminación cultural y de género a través del currículo escolar.

Sime, L. y Mendoza, R. (1999). Materiales para trabajar la discriminación cultural y de género a través del currículo escolar. En: Espino, G. (ed.). Educación y Ciudadanía: propuestas y experiencias (pp.197-211). Lima: TAREA.

Leer en libro ed ciuda

La crisis de Siria contada en 10 minutos

Elmer Huerta sobre indulto a Fujimori: “Desde el punto de vista médico, no hay razón”

Elmer Huerta sobre indulto a Fujimori: “Desde el punto de vista médico, no hay razón”

El doctor Elmer Huerta, tras analizar el acta de la Junta Médica que recomendó el indulto a Alberto Fujimori, concluyó que el exdictador tiene enfermedades “que no amenazan su vida”.

Ver aquí

Reino Unido indultará a 65.000 condenados por ser homosexuales

Ver artículo en el PAIS-internacional de MARÍA CONTRERAS del 20 octubre 2016. Leer aquí

DECRETO LEGISLATIVO CONTRA EL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1323  DEL GOBIERNO PERUANO QUE FORTALECE LA LUCHA CONTRA EL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Perú, 5 enero-2017)

“Artículo 323.- Discriminación e incitación a la discriminación

El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.

Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante actos de violencia física o mental, a través de internet u otro medio análogo, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36.”