En estos días aciagos para la República en donde está en juego la gobernabilidad democrática y se revela un gran malestar ciudadano contra la dirigencia política, FORO EDUCATIVO hace un llamado a la ciudadanía a manifestarse por el respeto a los valores éticos y republicanos, la transparencia, la defensa del estado de derecho, la separación de poderes, la estricta observancia del debido proceso y la aplicación de la justicia sin privilegios ni discriminaciones.
Para que nuestra promesa republicana se haga realidad efectiva es necesario superar esta crisis con la fibra moral que aporta la sociedad civil organizada, por eso su presencia y participación es indispensable y urgente. Si bien esta crisis desnuda nuestras debilidades institucionales, también es una oportunidad para demostrar nuestras virtudes como nación capaz de sobreponerse a los problemas más agudos mediante su acción colectiva.
En tal sentido, invocamos a la ciudadanía a defender nuestra democracia e instamos a la movilización social para:
Aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción en todo su espectro y respaldar un sistema de justicia autónomo, que sancione a todos los culpables.
Impedir que intereses corruptos marquen la agenda del país.
Garantizar la vigilancia ciudadana en el cumplimiento de las reglas democráticas.
Hacer de la sociedad un espacio educativo que refuerce el ejercicio de las prácticas democráticas.
Fortalecer la Educación Democrática en todos los niveles y modalidades del sistema educativo peruano.
La movilización para evitar golpes a la democracia también es una manera de Educar.
Ante la situación planteada por la moción de vacancia en contra del Presidente Constitucional de la República, el Rectorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú declara lo siguiente:
1. El Perú requiere que todos los ciudadanos que ejercen cargos de representación política actúen en consonancia con la Constitución. El Presidente de la República tiene el deber de demostrar su inocencia en los actos que se le imputan como incapacidad moral y el Congreso de la República debe actuar de acuerdo a los principios constitucionales del debido proceso y la razonabilidad.
2. El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de razonabilidad implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos y que la razonabilidad adquiere mayor relevancia cuando se trata de despojar de las prerrogativas de determinados funcionarios públicos (Sentencia 00006-2003-AI/TC fundamento 9). En este caso, el Congreso tiene el deber de cumplir con la explicación de la razonabilidad que motiva la trascendental decisión que ha puesto a votación.
3. Declarar la permanente incapacidad moral del Presidente, sin imputación específica de malas conductas, sin derecho de defensa y sin debido proceso es un acto arbitrario de ejercicio del poder y, por tanto, inconstitucional e ilegítimo.La permanente incapacidad moral que se atribuye al Presidente de la República debe ser sustentada en hechos que deben ser conocidos públicamente, y calificados ante la ciudadanía. No basta la opinión del número mayoritario de congresistas.
4. La lucha contra la corrupción debe ser una política de Estado permanente que no admite su utilización para beneficios particulares o partidarios. Todos los poderes del Estado tienen la obligación de demostrar a la ciudadanía, en su ejercicio cotidiano, que cuentan con la capacidad moral de encabezar dicha tarea urgente.
Educación integral e igualdad de género: Consejo Nacional de Educación-Perú
La educación es un proceso de formación de las personas que involucra el desarrollo de saberes, actitudes y valores. En una sociedad democrática, contribuye a formar ciudadanos que demuestran un profundo sentido de respeto hacia los otros y valoran las diferencias, tanto en su discurso como en su comportamiento no discriminatorio hacia los demás.
El Consejo Nacional de Educación, frente a la preocupación y oposición manifestadas por algunos grupos de ciudadanos ante la próxima implementación de un nuevo currículo nacional que incluye entre sus enfoques transversales uno de igualdad de género, y en su rol de órgano especializado, consultivo y autónomo, desea reiterar que la educación no se limita a la formación científica y/o centrada en competencias académicas y cognitivas, sino que involucra, consustancialmente, el desarrollo de valores humanistas y democráticos, como está reconocido en el Proyecto Educativo Nacional. El Consejo desea recordar a la ciudadanía que desde finales de los años noventa el Estado peruano asumió la igualdad de oportunidades y de derechos en todas sus políticas y que, a través de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, promueve la igualdad entre hombres y mujeres. A partir de los marcos mencionados, en los dos últimos currículos nacionales se ha recogido como enfoque transversal la igualdad de género, reconociendo así que las personas, más allá de sus diferencias biológicas, tienen el mismo valor y deben tener oportunidades de desarrollar capacidades para ejercer los mismos derechos fundamentales.
La consideración de la igualdad de género, ya no sólo como tema o principio, sino como enfoque transversal en el nuevo currículo obedece, justamente, a la constatación de la persistencia de brechas de resultados y oportunidades entre varones y mujeres, algunas de las cuales pueden y deben ser cerradas desde la escuela, para lo cual se requiere redoblar y mejorar los importantes esfuerzos realizados y avances logrados en ese sentido. También responde al compromiso que tiene el Perú, como país que apuesta por la democracia, de promover el reconocimiento de la diversidad y la superación de todas las formas de discriminación.
Nos dirigimos a todas las familias peruanas para decirles que estamos convencidos de que son los padres y madres los llamados a ser los primeros educadores de nuestros hijos sobre su sexualidad. Sabemos que muchas familias juegan actualmente un rol muy importante en ese aspecto, así como promoviendo la valoración de la persona por encima de toda diferencia, evitando el desarrollo de prejuicios de cualquier índole y fomentando la no discriminación y la igualdad. Sin embargo, sabemos que no todas actúan de esta manera, por lo cual cabe preguntarse si se podrá lograr una sociedad democrática, solidaria, justa, más humana, si desde el sistema educativo no se contribuye a derribar las barreras y a valorar la diversidad.
Es claro que no es este un asunto exclusivamente circunscrito al fuero privado o al ámbito familiar. Por tratarse de derechos, es un tema público que necesita ser abordado por las políticas educativas. Es imperativo que el sistema educativo peruano promueva en las escuelas un clima de valoración a la persona, de tolerancia a las diferencias, de respeto y de seguridad, y que combata situaciones indeseables como el acoso, la discriminación y la violencia.
Ante la situación de desinformación y de confusión generada, el Consejo Nacional de Educación invoca a docentes y padres de familia a reflexionar sobre esto, poniendo por delante el bienestar de los estudiantes y su derecho a una educación integral, desarrollada en un ambiente libre de violencia, que los haga ciudadanos plenos en una sociedad democrática. Educar es justamente eso: formar personas que libre, autónoma y responsablemente reflexionen sobre los asuntos de interés público y los traten con responsabilidad y de manera respetuosa.
Está en juego el derecho de las niñas y los niños a disfrutar de una educación sin ningún tipo de discriminación, incluyendo la dirigida a aquellos que tienen diferentes orientaciones sexuales y que son víctimas diarias de penosas situaciones de acoso y maltrato en las escuelas. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a ser acogidos, queridos, respetados y protegidos por sus familias y en sus escuelas. El sistema educativo debe poner esto al centro de sus preocupaciones y sus políticas.
Nos encontramos próximos al inicio del año escolar. Es importante contar con un currículo nacional con el cual docentes y directivos puedan desarrollar las acciones educativas de planificación y programación de los aprendizajes. La educación requiere continuidad, claridad y consistencia en sus políticas, y el currículo es uno de los instrumentos más potentes para ello.
Por ello, hacemos también un llamado al Ministerio de Educación y a las instituciones deformación pedagógica para que comuniquen de la manera más adecuada posible los mensajes centrales de estas políticas y para que desarrollen materiales educativos, modelos de sesiones de aprendizaje y capacitaciones que lleven a reflexionar y comprender a profundidad estos temas. Estas acciones deben dirigirse a padres de familia y a docentes de todos los niveles educativos y de todo el país.
Reiteramos que lo más importante es tener siempre presente el principio del interés superior de nuestros niños y niñas, abrazado en numerosos compromisos nacionales e internacionales. Demandamos que el tratamiento de estos temas por todos los actores que influyen en la formación de opinión pública y en los tomadores de decisiones tenga la rigurosidad y la veracidad que exige la educación integral que niños, niñas y adolescentes peruanos merecen.
Lima, 23 de febrero de 2017
Tomado de: https://es.scribd.com/document/340125096/CNE-Educacion-Integral-e-Igualdad-de-Genero?platform=hootsuite
Presentación libro: Ensayos constructivistas; editado por la Prof. del Dpto. de Psicología PUCP y miembro del Comité Directivo del Doctorado en Ciencias de la Educación-PUCP, Dra. Susana Frisancho.
Comentaristas: Prof. Enrique Delgado y Prof. Luis Sime
Martes 26 de julio 7pm. Feria Internacional del libro; auditorio César Vallejo (Parque los Próceres Jesús María-Lima)
“countries use different terminology to describe modern forms of slavery, including the term slavery itself, but also other concepts such as human trafficking, forced labour, debt bondage, forced or servile marriage, and the sale and exploitation of children. While definitions vary, in this report, modern slavery refers to situations of exploitation that a person cannot refuse or leave because of threats, violence, coercion, abuse of power or deception, with treatment akin to a farm animal. For example, their passport might be taken away if they are in a foreign country, they may experience or be threatened with violence or their family might be threatened.”
Nidia García, Andrea Grifoni, Juan Carlos López y Diana Margarita Mejía (2013). La educación financiera en América Latina y el Caribe. Situación actual y perspectivas. Corporación Andina de Fomento.
Por Dr.Luis Sime Docente del Departamento Educación-PUCP
Nuevamente ingresamos a una campaña electoral. Como país, necesitamos aprovechar esta coyuntura para el debate informado sobre las políticas que inciden en nuestro desarrollo. Una de ellas, lamentablemente secundaria en otras coyunturas similares, es la política de investigación en el país. Quisiera plantear cinco puntos para alimentar ese debate público.
FINANCIAMIENTO CON GESTIÓN RESPONSABLE.
Si bien el Estado ha mejorado en los últimos años, su inversión en investigación en organismos como Concytec aún está lejos de consolidar un presupuesto significativo y ascendente, gobierno tras gobierno. Por ello, necesitamos comprometer a las élites políticas a una responsabilidad mayor en la inversión pública en investigación. Resulta sorprendente que habiendo mecanismos para esa inversión, como el uso del canon por parte de las universidades públicas, su uso es menor a la mitad en casi todos los años. ¿Cuáles serán las propuestas para superar este grave problema?
RESPALDO A LA DIVERSIDAD DE INVESTIGACIONES
Es cuestionable que, al debatir sobre investigación, esta se concentre mayormente en ciencia y tecnología, y se deja de lado las ciencias sociales, ciencias humanas, humanidades y arte. Este sesgo expresa una visión reduccionista del conocimiento considerado como relevante y no valora la importancia de las múltiples disciplinas para el desarrollo. ¿Necesitamos otra entidad pública nacional que fomente estas otras investigaciones o ampliamos más la cobertura actual del Concytec para que las incluya?
LA INVESTIGACIÓN EN CADA SECTOR DEL ESTADO.
En cada sector del Estado se requiere una institucionalidad interna que sea capaz de generar y difundir conocimiento que sirva para la toma de decisiones en los diferentes niveles del Estado (local, regional y nacional), y sea referente sustancial para los legisladores y otros actores. En Salud, contamos con el Instituto Nacional de Salud, creado también para fomentar el desarrollo de investigaciones con impacto en salud pública. En el otro extremo, tenemos sectores como
Educación, sin ningún referente institucional (en este año fue anulada la Dirección del Ministerio de Educación encargada de investigación y, a inicios de los 80, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación). ¿Puede el Estado solo tercerizar estudios sin referentes institucionales públicos que le permitan acumular conocimiento relevante no solo para el corto plazo?
CARRERA DE INVESTIGADOR Y POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN.
El plan de gobierno de Gana Perú del 2011 proponía esa carrera, además de crear un Ministerio para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Hasta ahora no se ha cumplido. Para lo primero, solo se avanzó un dictamen de la comisión encargada del parlamento en el 2012; lo segundo fue descartado antes de terminar el primer año de este gobierno. ¿Podemos avanzar hacia una sociedad del conocimiento sin legitimar el estatus de investigador a través de una carrera regulada y sin la presencia descentralizada de grupos activos de investigación? ¿Cómo promover en las universidades la dedicación a la investigación y la participación en grupos de investigación de los docentes? El Estado, a través de Concytec y Pronabec, ha invertido considerablemente en los últimos años en becas integrales para estudios de maestría y doctorado dentro y fuera del país. Esto significa que contaremos con un profesional formado para la investigación pero que cuenta con, aún, limitados estímulos y estructuras para insertarse en procesos de generación de conocimiento a largo plazo.
POSGRADOS ACREDITADOS PARA LA INVESTIGACIÓN.
Sin duda, un lugar de formación para la investigación y de producción de conocimientos son los posgrados, especialmente los doctorados y las maestrías consideradas de investigación por la nueva Ley Universitaria. Sin embargo, los primeros que, según la nueva Ley, “tienen por propósito desarrollar el conocimiento al más alto nivel” han crecido sin las políticas que los acredite, y estimule a procesos de mayor calidad en su gestión y productividad académica. ¿Qué políticas más sinérgicas entre universidades-Sunedu-Concytec pueden contribuir a superar ese tipo de crecimiento de estos posgrados?
Que la investigación peruana sea parte de la agenda electoral actual no solo es problema de los partidos políticos sino también de otras instituciones, como las universidades, que apuestan por un desarrollo nacional no solo basado en extraer materias primas sino también y, cada vez más, en producir conocimientos relevantes y pertinentes.
Publicado en PuntoEdu-PUCP, N363, 23 noviembre 2015 p.7
