El proyecto de Ley de creación del Ministerio del Ambiente, elaborado por el Grupo Técnico Multisectorial que constituyó la Presidencia del Consejo de Ministerio, avanza sustantivamente respecto de su similar presentado por el Poder Ejecutivo y mejora algunos aspectos de la propuesta del Congreso. Contamos ahora con un buen documento de partida para una discusión ordenada sobre como construir el nuevo sector.

Sin embargo, durante estos últimos días se han venido produciendo declaraciones que no están ayudando mucho a entender el proyecto presentado, y generando declaraciones que demuestran lapoca comprensión sobre el proceso, y en algunos casos, incluso una lectura errada del proyecto (si es que lo han leído).

Pero pasemos a analizar el proyecto.
Del proyecto se destaca claramente la creación de tres nuevas entidades públicas que estarían adscritas al futuro Ministerio, y que tendrían el carácter de Organismos Técnicos Especializados (OTE): uno para el la Supervisión y Fiscalización Ambiental, otro para el manejo de las aguas (cuencas y recursos hídricos) y otro para la gestión de las áreas naturales protegidas. Es importante resaltar que las OTE (figura introducida por la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) se crean cuando la aplicación de alguna política multisectorial requiere un alto grado de independencia funcional. Las OTE son dirigidas mediante un Consejo Directivo. Sin embargo no se menciona en el proyecto cómo se conformarían los consejos directivos de estas nuevas entidades. Ahora, de la lectura del proyecto el Organismo de Supervisión y Fiscalización Ambiental tendría como ámbito de competencia todos los sectores. Pero al igual que en el caso de la evaluación de impacto ambiental, no se precisa que estará bajo su competencia y que estará en el ámbito de los gobiernos regionales y municipalidades. Por lo tanto, el Ministerio y sus entidades adscritas asumen competencia sobre la regulación ambiental de todas áreas, dejando de lado esquemas que pretendían excluir la regulación de algunos sectores. ¿Entonces porqué algunas personas hablan de que el Ministerio no regulará la minería, la pesquería y los bosques? Porque el Presidente de la comisión ha declarado con poca precisión sobre el tema. El ha querido distinguir entre lo que es la regulación de la producción (o de las actividades extractivas) y el otorgamiento de concesiones, respecto de la regulación ambiental, diciendo que el Ministerio verá lo último, pero no lo primero, afirmando que la línea entre ambos temas está “claramente marcada”. Esto es por varias razones un error. En primer lugar, no es simple distinguir entre la regulación ambiental y la regulación “de la producción”. De hecho lo primero puede ser visto como parte de lo segundo. En segundo lugar, porque aspectos como el otorgamiento de derechos (concesiones) sobre los recursos naturales constituye una herramienta de gestión con gran impacto sobre lo ambiental. Por ello, no tener control sobre dicha decisión podría terminar por hacer ineficaz los esfuerzos de la política medioambiental. En tercer lugar, porque en el proyecto las líneas no están marcadas con claridad, precísamente por los problemas descritos.

De otro lado, en la esfera de la participación, se incluye el denominado “Consejo de Concertación Ambiental”, que repite en buena medida la estructura del actual Consejo Directivo del Consejo Nacional del Ambiente. También se generan oficinas de coordinación regional y asuntos socioambientales, una comisión ambiental transectorial, y un tribunal de solución de controversias ambientales de carácter administrativo. Todo esto es importante, pero hay que recordar que el propio proceso de dación de este proyecto debiera ser participativo.

El proyecto todavía mantiene algunas deficiencias formales y aspectos que requieren ser precisados o aclarados. Pero más importante son algunos puntos de carácter sustantivo cuya inclusión merece ser considerada seriamente.

En primer lugar, la evaluación de impacto ambiental, requisito para dar luz verde a los proyectos de inversión, se mantiene bajo el control político del Ministerio, y sin ajustar el marco normativo del año 2001, que por cierto nunca fue reglamentado. Dada la necesidad de otorgar las mayores garantías a la ciudadanía sobre el accionar técnico del nuevo sector, es preferible agregar esta función a las que tiene el propuesto Organismo de Supervisión y Fiscalización Ambiental, lo que implicaría también el cambio de denominación de dicha entidad.

En segundo lugar, la gestión de los Bosques Naturales no estaría bajo competencia del Ministerio, quedando en el sector agricultura. Dada la relevancia que se le ha dado en la addenda del TLC con los EEUU., era muy importante que el Ministerio tuviera funciones mucho más precisas respecto del aprovechamiento de dichas áreas, en las cuales se encuentra precisamente gran parte de la biodiversidad del país.

En tercer lugar, no da luces sobre la distribución de competencias entre el nivel nacional, regional y municipal de gobierno. Se requería establecer al menos los criterios generales para repartir las tareas de la regulación ambiental y la gestión de los recursos naturales.

En cuarto lugar, el financiamiento. Se mantienen las fuentes actuales, y no se genera ningún mecanismo adicional. Menos para los nuevos organismos creados, los que sin duda requieren de recursos estables para asegurar su independencia técnica.

Por último, el proyecto hubiera sido una buena oportunidad para crear una entidad del más alto nivel adscrita al Ministerio del Ambiente, a cargo del tema del Cambio Climático. La situación de vulnerabilidad del país y el carácter transversal del tema, son razones de peso que sustentan esta idea.

Toca ahora, en cumplimiento del compromiso asumido por la propia norma que amplió el plazo de funcionamiento del señalado Grupo Técnico, realizar un proceso de consulta con los actores involucrados, incluyendo sin duda a los gobiernos regionales y municipales, la sociedad civil y el sector privado. Ahora tenemos la base sobre la cual dialogar.

Ivan Lanegra