Aunque nunca reproduzco artículos de terceros en este espacio, esta vez haré una excepción, pues se trata de una entrevista que me hicieron y que creo merece difundirse. Fue publicada en Domingo, de la Republica, el 10 de febrero de 2008, pp. 8-10. Estoy agregando (en cursivas) algunas notas que ayudarán a entender algunos puntos ahí reseñados.

Mitos que contaminan

Por Milagros Salazar

El experto en temas ambientales Iván Lanegra demuestra en las siguientes líneas cómo el presidente Alan García justifica el deterioro de la gestión ambiental en su gobierno con falacias y medias verdades al presentar a la inversión privada como la panacea de los problemas del país y a sus críticos como “perros del hortelano”. Su reciente libro “El (ausente) Estado ambiental” es clave para entender el costo de la fragilidad de las instituciones involucradas en la defensa del medio ambiente.

El aire está cargado. En el ruedo ambiental existen dos batallas: la desatada en el campo, en el territorio de los directamente afectados por la contaminación, y la que se libra en la capital, al calor de un debate público donde Alan García y sus ministros se han puesto en primera fila fabricando mitos. El especialista en temas medioambientales Iván Lanegra desmorona una a una las ideas sobre el tema ambiental que el jefe del Estado ha soltado en la agenda política para, según el experto, ocultar “el deterioro de la institución ambiental en este año y medio de gobierno aprista”. El balance de cómo vamos en esta materia aparece en las 193 páginas de su libro “El (ausente) Estado ambiental”. Hoy, como gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de la región Junín, habla del Estado por dentro.

CON EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DEMOSTRAMOS QUE SOMOS RESPONSABLES

¿Este ministerio es una muestra de buena voluntad del gobierno para avanzar en el tema ambiental? Lanegra responde que la propuesta de crear esta entidad no ha surgido por el interés de García de atender los reclamos del país frente al hervidero de conflictos socioambientales relacionados con la actividad minera y otras necesidades del país, sino porque fue una condición de Estados Unidos para dar el préstamo en la segunda parte del proyecto gasífero de Camisea. “El presidente quiere utilizar políticamente esta decisión a la que se ha visto obligado y eso explica por qué, después de una sequía de decisiones, de pronto anuncie la creación de un ministerio”, apunta.

Esta imagen que se pretende difundir de un Estado comprometido con el tema luego de la firma del Tratado de Libre Comercio con EEUU y en un escenario expectante de cumbres internacionales, se derrite cuando se comprueba que a diciembre del 2007 no se aprobó ninguna de las 29 normas sobre Estándares de Calidad Ambiental (ECAS) y Límites Máximos Permisibles (LMP) a las que se comprometió el gobierno. Y también se desvanece, enfatiza Lanegra, cuando el premier Jorge del Castilo le encomienda a Antonio Brack y a un grupo de expertos que en apenas 20 días elaboren una política nacional del medio ambiente, un diagnóstico ambiental y una propuesta de ministerio.

“Esto demuestra que es improvisado y que quien está empujando esto no tiene la menor idea”, agrega. ¿Y Brack es la mejor elección considerando que no sólo es un ecologista reconocido sino que ha trabajado para el sector minero?, pregunto. “Una cosa es ser un experto en ecología y otra en reforma del Estado en materia ambiental. Y sobre su relación con las mineras, es importante que Brack informe desde qué posición está actuando ahora”. (sobre este punto me remito al artículo publicado sobre Antonio Brack y la Minería )

VENDAMOS LA AMAZONÍA PARA GARANTIZAR EMPLEO

“El presidente plantea utilizar la propiedad como una herramienta para atraer inversiones y generar empleo en la Amazonía. Pero de consumarse este propósito lo que en realidad se requiere es la presencia fuerte del Estado para asegurar que estas inversiones sean bien reguladas y no se generen conflictos violentos e inequidad”, opina el especialista ante la iniciativa de García de vender los terrenos eriazos de la selva para reforestación sin tener un catastro de estos territorios, una clara regulación ni medir los impactos sociales y culturales.

En esta propuesta no se ha escuchado la voz de las poblaciones que viven en estos territorios, como los pueblos indígenas.

“El Estado distribuye con sus políticas los riesgos y las cargas ambientales entre la gente. Cuando no considera a los grupos minoritarios, la distribución de estos riesgos termina siendo injusta”, reflexiona.

TENEMOS LAS NORMAS AMBIENTALES, ¿PARA QUE MÁS?

La publicación de Lanegra rompe con el mito de que “tenemos muchas normas en el sector y por lo tando por ahí no va el problema”. En esa línea sostiene que existen vacíos en la legislación, una institucionalidad mal diseñada y una débil capacidad para que la ley se cumpla y se convierta en un instrumento vivo y cotidiano. Por eso considera que la clave no está “en llenarse de leyes” sino en establecer una agenda de prioridades en donde se tenga información precisa del impacto de las actividades de mayor intensidad –como la minería– para que a partir de eso pueda plantearse una regulación efectiva. “Cuanto más desarrollada esté la información en el tema ambiental, mejores decisiones se toman”, advierte. Y eso no sucede en el caso peruano porque los estándares ambientales de calidad en el país están por debajo de las exigencias internacionales.

MEJOR ES LA GRAN MINERÍA QUE LA MINERÍA INFORMAL PORQUE CONTAMINA MENOS

“El gobierno plantea vivir con la gran empresa sin Estado o vivir con las actividades informales también sin Estado. Entonces, el problema es la ausencia estatal”, sentencia. Cuando en setiembre del año pasado el régimen aprista cuestionó que los pobladores de la sierra de Piura rechazaran en una consulta ciudadana la actividad de la minera Majaz en sus territorios, el premier señaló que era preferible que ingresara esta empresa a que los informales explotaran los minerales contaminando los ríos. El primer ministro planteaba la idea del mal menor sin demostrar la presencia de los informales en la zona donde Majaz explotaría cobre y molibdeno.

Y en esta saga de falacias y verdades a medias, el Ejecutivo siguió lanzando ideas al aire como humo negro: “Las ONGs y las regiones no se preocupan de la minería informal”. Al sentirse aludido como funcionario de la región Junín, Lanegra responde que “esa frase es una trampa” porque el gobierno central nunca fue capaz de enfrentar la minería informal durante décadas y ahora que ha transferido el problema a las regiones se queja porque no ve resultados en un año. “Eso es injusto. No es que con el gobierno central se acabó la minería informal y al trasladarse el tema a las regiones se armó el desastre”, contraataca.

LOS QUE SE ENFRENTAN A LA INVERSIÓN SON ENEMIGOS DE LA PATRIA
“Los ambientalistas son enemigos del país”, “los perros del hortelano”, “los comunistas del siglo XXI” que obstaculizan las inversiones, pregona el gobierno sin reconocer que hay, como quien dice, una gama de tonalidades verdes en la comunidad ambiental. “Están desde Al Gore (el ex vicepresidente de Estados Unidos) hasta el padre Marco Arana (militante ambientalista de Cajamarca)”, apunta Lanegra. (Desde luego no estaba ubicando a ambos en los “extremos” sino como muestra de dos trayectorias personales, pero que coinciden respecto de sus esfuerzos por impulsar la agenda ambiental)

La ex titular del Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador Yolanda Kakabatse, en su reciente visita a Lima, señalaba que una forma inteligente de aproximar el tema al mundo diario de los pobladores es preguntarse ¿cuánto menos se enferma la gente con una buena política ambiental? Pero este lenguaje económico de costo y beneficio que permitiría entender por qué ser responsable en el tema ambiental también es rentable para el país, no ha sido desplegado ni por el gobierno ni por los ambientalistas.

El informe del Banco Mundial del 2006 da una idea del tamaño del desafío: el costo de la degradación ambiental en el país es del 3.9% del Producto Bruto Interno (PBI) del año 2003, es decir, alrededor de 8.2 billones de soles, mientras que el Estado invierte apenas 0.3% del PBI en el tema ambiental. O sea, un peruano pierde 100 dólares al año por la contaminación mientras que el Estado sólo dispone 5 dólares de los impuestos que paga cada ciudadano para proteger el ambiente. Un balance que no ha cambiado con García y que lo presenta extraviado en el fuego cruzado de su prédica.

Fotos: La República