¿Cuál es la agenda gubernamental para el período 2011-2016? Luego de cinco años que, más allá de la creación del Ministerio del Ambiente, se han caracterizado por cierta continuidad, o quizá inercia, respecto de los avances realizados durante la primera década del siglo, es evidente que es bastante largo el trecho que se debe recorrer para afianzar una institucionalidad ambiental indispensable para asegurar que el crecimiento económico no genere en el corto, mediano y largo plazo, condiciones de insostenibilidad de gran costo para el país.
Quisiera compartir con ustedes una suerte de agenda mínima, un conjunto de líneas de acción que deberían concentrar la atención de las nuevas autoridades del gobierno nacional. No es todo lo que se requiere, y no incluye las tareas regionales y locales, pero representa lo que consideramos son las prioridades en el actual contexto. Voy a dividir la presentación en 3 secciones. En la primera, apunta a la política ambiental, la segunda a las organizaciones ambientales, y la tercera, a los instrumentos de gestión.
1. La Política
No es posible hacer gestión sin contar con objetivos claramente definidos que la orienten. La aprobación en el 2009 de la Política Nacional del Ambiente constituyó un paso relevante. No obstante se presentan dos problemas. De un lado, lo planteado en la Política Nacional constituye una reiteración de lo ya desarrollado por las principales leyes ambientales. No ayuda a delinear el camino a recorrer, aunque sí, al menos, renueva el compromiso con las metas ya existentes. De otra parte, no nos aporta un conjunto preciso de indicadores y metas que nos permitan entender el contenido y prioridades de la política. Esto podrá corregirse parcialmente con el Plan de Acción Ambiental Nacional, todavía no aprobado. Una tarea urgente, será por lo tanto, definir con claridad dichos objetivos.
Del mismo modo, ayudaría el contar con una Agenda Ambiental Nacional que organice las tareas que los distintos sectores deberán asumir. Con estas herramientas será viable el aprovechar las herramientas de coordinación gubernamental e intergubernamental (gobiernos regionales y municipalidades) y promover la coherencia en la aplicación de las políticas.
Otro aspecto lo constituye la necesidad de articular la política ambiental con otras políticas públicas, para lo cual se deberán reforzar algunos lazos ya construidos con el sistema nacional de inversión público y extenderlo al proceso presupuestario, así como a la planificación y ordenamiento territorial.
2. Las organizaciones
Reforzar el papel del Ministerio del Ambiente como ente rector de la Política Nacional del Ambiente y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental requiere de cambios en la asignación de competencias y de la asignación de nuevos recursos. La Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Forestal previsto en el proyecto de Ley Forestal y la Evaluación de Impacto Ambiental deben convertirse en funciones del Sector Ambiente. Las dos primeras son cruciales para darle fuerza a la implementación de las políticas sobre cambio climático, y las tres permitirán impulsar la aplicación de la política ambiental y los procesos de ordenamiento territorial.
Se debe reformar el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para que pueda cumplir las funciones de fiscalización ambiental que le han sido asignadas. Del mismo modo, requiere reformas con el fin de incluir la función de otorgamiento del certificado ambiental para los proyectos de alcance nacional. Se debe organizar un proceso ordenado de transferencia de las funciones de evaluación de impacto ambiental, acompañándolo de la transferencia hacia los gobiernos regionales, que debiera ser precedida de las acciones de fortalecimiento de las capacidades regionales.
Es crucial garantizar la presencia nacional de los organismos públicos adscritos al Ministerio del Ambiente. Se requiere crear un espacio permanente de coordinación con los gobiernos regionales y facilitar la comunicación interprovincial.
3. Los instrumentos
Aprobar, y actualizar, las normas de calidad ambiental ofrecidas al inicio de la actual administración gubernamental, respecto de la cual se ha avanzado muy poco. Del mismo modo, garantizar la debida aplicación del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, contar un Régimen de Fiscalización Ambiental de alcance nacional, y avanzar con la aplicación de los instrumentos de cierre y de remediación ambiental (pasivos ambientales, planes de descontaminación) son cruciales.
Finalmente, no debe olvidarse la necesidad de corregir el inconexo proceso de otorgamiento de derechos de diverso tipo sobre el territorio. Esto implica tanto un marco apropiado para el ejercicio de estos derechos de forma compatible con la sostenibilidad, como mecanismos que hagan armoniosa el desarrollo de distintas actividades económicas. Para esto será útil el asegurar la debida gestión integrada de las cuencas, lograr el uso efectivo de los instrumentos de planificación que aseguren la sostenibilidad en el aprovechamiento de los bosques, avanzar en las herramientas de ordenamiento territorial, constituyen otras tareas.
Metas claras, gestión flexible
No es posible avanzar en esta agenda sin estar atentos a las dificultades que la misma implica, tanto por las naturales restricciones de la institucionalidad ambiental existente como por los actores que no se encuentran interesados en que se avance en estos temas. Se requerirá mucha comunicación, capacidad de concertación, animar los consensos. Se requiere apostar por la continuidad de muchas de las políticas, pero sin caer en la inercia, promoviendo los cambios que sean necesarios. E identificar las sinergias que permitan a la política ambiental apoyarse en otras políticas, quizá más visibles, quizá más relevantes políticamente.
Gestionar ambientalmente el país sigue siendo un desafío, pero se abren nuevamente oportunidades para lograr avances sustantivos. Ojalá que podamos aprovechar las ventanas que seguramente se abrirán, aunque posiblemente sólo por poco tiempo. Y para eso se requiere una visión clara de lo que se quiere, y gente dispuesta a jugarse por ella. Virtud y fortuna.
Ivan Lanegra