Alcanzo el texto de una entrevista que ha publicado la Revista Minería en su edición de Julio de 2009.

“Faltan capacidades para fiscalizar temas ambientales”

Respecto a las competencias que actualmente tienen los gobiernos regionales para fiscalizar temas ambientales, Iván Lanegra Quispe, Adjunto del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, manifestó que aún no tienen las capacidades para cumplir un rol fiscalizador en el referido tema. Recientemente, el organismo ha emitido un informe sugiriendo asegurar las capacidades de los gobiernos y municipalidades para que puedan realizar un trabajo serio y eficaz.

De acuerdo a la información que maneja la Defensoría del Pueblo, ¿cuántos conflictos socio-ambientales están ligados al sector minero?

Según el último reporte, correspondiente al mes de junio de este año, la Defensoría del Pueblo ha identificado 128 conflictos socio-ambientales, que representan el 47% del total de conflictos suscitados en el país, cifra que se está repitiendo en los últimos meses. Casi el 50% de los conflictos sociales tienen que ver con los temas ambientales.

De esos 128 casos, el 71% corresponde a conflictos vinculados con la actividad minera, que incluyen los conflictos con la pequeña y gran minería. En general, la información vinculada con el tema de la presencia del sector minero es constante y se ha venido presentando de manera muy parecida durante los últimos años.

¿Cómo está trabajando la Defensoría del Pueblo en el tema?

Desde el área que está a mí cargo, realizamos el seguimiento del cumplimiento de las responsabilidades del Estado en materia de gestión ambiental, en aquellas acciones que corresponden a la protección de derechos.

En el caso del Estado, nosotros hemos venido pidiendo el fortalecimiento de las instituciones ambientales para recuperar la confianza de la población. La creación del Ministerio del Ambiente y las nuevas instituciones vinculadas a la gestión ambiental, denotan un esfuerzo para buscar el cambio.

El segundo elemento importante es la percepción de la población sobre la confiabilidad de las autoridades. Entonces hay un esfuerzo de las mismas para generar confianza, pero todavía falta fortalecerlo y hacer algunos cambios, posiblemente en el diseño de la gestión ambiental.

Pero, ¿cómo cambiar la imagen que tiene la población sobre la minería?

Según las últimas encuestas realizadas, hay una percepción general de la población urbana y rural, sobre la relación que existe entre la minería y el ambiente. El sector minero se ve como un sector que genera problemas de contaminación.

Sin embargo, cuando uno va a un ámbito más cercano, a los proyectos mineros, esa percepción es muy diversa, porque hay esfuerzos importantes de empresas mineras que están buscando una mejor relación con la población que rodea al proyecto.

Sin embargo, la minería informal es la que genera contaminación…

Así es. Pero el problema es que, curiosamente, no está en el imaginario de la comunidad como generadora de impactos negativos.

En el contexto de esas visiones, existe un sector de la población que mantiene una mejor relación con la empresa minera, y otro no, generándose conflictos. Por ello, es importante que el Estado cumpla su rol, así como el gobierno regional y las municipalidades.

¿Cuáles son los temas ambientales que generan conflictos?

Una parte de los conflictos están vinculados al tema del agua, especialmente para los grupos sociales que tienen a la agricultura como actividad principal. La zona rural depende del agua, motivo por el cual genera mucha sensibilidad con respeto al manejo de este recurso. Por esta razón, todo discurso que comprometa el tema del agua va a tener el respaldo de la población. También, existen algunos lugares con problemas vinculados a los pasivos ambientales que contaminan el suelo o el aire. Esos son los temas que la gente percibe como elementos negativos de la actividad minera.

Los gobiernos locales y regionales tienen un rol más protagónico en tema de fiscalización ambiental…

Nuestra impresión es que aún los gobiernos regionales no tienen las capacidades para cumplir un rol fiscalizador en el tema ambiental, pero están encaminados a ello.

Recientemente, hemos emitido un informe evaluando el tema, en el que indicamos que todavía no está garantizado que los gobiernos regionales puedan tener todas las capacidades necesarias para llevar delante de manera óptima sus funciones. Evidentemente, se tendría que corregir este sistema para asegurar capacidades de los gobiernos y municipalidades, y puedan en un futuro realizar un trabajo serio y eficaz en esta materia.

¿Considera que falta promocionar la Participación Ciudadana, desde la etapa de exploración?

El reglamento de Participación Ciudadana es un esfuerzo importante. Nos parece correcto que se le dé fuerza al tema de participación y en la etapa más temprana del proyecto. Eso es importante, porque es la única manera que en etapas más avanzadas no se presenten problemas. Me parece una política bastante sensata.

Justamente, el pasado lunes 6 de julio, la Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley para desarrollar el Derecho de los Pueblos Indígenas. Esta norma tiene como objetivo lograr que exista un mecanismo operativo, que facilite al Estado establecer procedimientos de consulta con los pueblos indígenas, si es que una norma pudiera afectar directamente a estos grupos sociales.

Esta consulta buscaría establecer acuerdos a través de un proceso de diálogo intercultural que contribuya a crear un clima de paz, y finalmente le correspondería al Estado decidir.