En un reciente y muy comentado artículo, el Presidente Alan García acaba de establecer la genealogía del ambientalista del siglo XXI. Fue el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX, que se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en este siglo como protector del ambiente. El gen compartido es un anticapitalismo que va en contra de la inversión y que defiende la idea de que con una agricultura pobre se puede dar un salto a un mayor desarrollo, sin explicar cómo.

Sin duda el presidente no conoce mucho de la historia del movimiento ambiental. Este es tan rico y diverso que puede encontrar en él a figuras tan disímiles como el reciente Premio Nobel de la Paz Al Gore, Richard Nixon (sí, el mismo de Watergate) y Rachel Carlson (la autora de la Primavera Silenciosa). Y a nivel nacional, desde Antonio Brack, pasando por Felipe Benavides, hasta Marco Arana. ¿Son todos ellos herederos de Marx? Sin duda serlo no tendría nada de malo. Pero la respuesta es no. En realidad gran parte de los instrumentos ambientales modernos están basados en ideas fuerza tales como competitividad, propiedad, mercado. De hecho, un autor como el famoso Michael Porter (otro que no puede ser acusado de comunista anticapitalista), ha vinculado la competitividad de los países a la existencia en ellos de buenos modelos de regulación ambiental, basados en normas exigentes, en esfuerzos de aplicación progresiva y efectiva.

Pero el centro de la argumentación del Presidente García está en la abundancia de los recursos naturales de que disponemos y en el hecho de no utilizarlos (por culpa, entre otros, de los ambientalistas). Sin duda la abundancia del capital natural puede ser algo muy bueno. El problema es que puede generar incentivos perversos contrarios al desarrollo. Sin un Estado fuerte y efectivo que aproveche esta ventaja, bajo condiciones sostenibles, la competencia por el acceso a los bienes naturales puede parecerse a niños lanzándose sobre los caramelos de la piñata rota. Sin duda los que tienen más recursos terminarán por imponer sus ventajas agravando las inequidades. Frente a ello, el Estado débil busca esconder su impotencia mostrándose como “promotor de las inversiones”, llevando incluso a medidas insostenibles (como la propuesta de reducir Cándamo), o ciegas frente a problemas nuevos como el cambio climático. A cambio del apoyo a la inversión espera lograr algunas ventajas (el aporte voluntario por ejemplo) y la expectativa de obtener los recursos que legitime su estrategia. No hay mejor forma de exponer esta posición que mostrando el argumento que recientemente se utilizó frente al caso de Majaz en Piura y que se repite en el artículo presidencial. Debes elegir entre vivir sin Estado, en donde el narcoterrorismo y la minería informal se impondrán, o vivir igual sin Estado, pero con bienes públicos aportados por la “moderna minería”.

Entonces, antes de pensar en aprovechar nuestros recursos, ¿no sería conveniente tener políticas públicas fuertes para evitar que la bendición se convierta en maldición? Por ejemplo, mejores entidades reguladoras, incluyendo una autoridad ambiental nacional fortalecida y una estrategia que permita que el país obtenga el mayor beneficio posible por sus recursos. Parece que el problema es del hortelano.

Iván Lanegra

(Articulo publicado el 6 de noviembre de 2007 en La Primera -Huancayo-)

Dibujo de Gabriela Barrionuevo
Sin Título, dibujo a tinta y collage