Lima y Callao constituyen, luego de El Cairo (Egipto), el asentamiento humano más grande del mundo edificado sobre un desierto. Por ello no es extraño que las aguas de los ríos que surcan la metrópoli hayan sido insuficientes para atender la demanda de una población que bordea hoy los 8 millones de personas. SEDAPAL ha tenido que utilizar cada vez más las aguas subterráneas lo que ha significado que el nivel de la napa freática haya descendido en promedio 1.50 metros por año entre 1955 y 1997. Este ritmo ha llevado a que en el 2005 se haya superado en 1.1 m3/s el nivel de seguridad en el uso de los pozos en el área del Rímac-Chilón y que la demanda de Lima y Callao haya ya superado a la oferta en 1.61 m3/s en el 2003.
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El Perú pierde cada año aproximadamente el 3.9% de su PBI, mientras que gasta entre el Estado y las empresas privadas apenas el 0.61% del PBI. ¿Podemos reducir esta brecha? Claro que sí. Pero para eso se requiere reformar la institucionalidad ambiental. Pero como en el refrán, no parece fácil ponerle el cascabel al gato.

En todos los países del mundo, los objetivos ambientales deben dar dura batalla frente a otras políticas públicas. El desarrollo económico o las necesidades sociales exigen prioridad, lo cual en ocasiones significa que la variable ambiental simplemente desaparezca al momento de tomar una decisión de importancia. Por dicha razón, se ha buscado generar un conjunto de reglas y organizaciones públicas que le den a lo ambiental mejores herramientas para enfrentar estas presiones y lograr una integración más armónica de los componentes del desarrollo sostenible. Lamentablemente, el actual Gobierno Nacional no parece muy interesado en seguir este camino. Desde luego, esto no es algo nuevo. Ni el primer gobierno de Alan García, ni Fujimori, ni Toledo mostraron un entusiasmo mayor en este tema. Pero al menos se avanzó en la construcción de ciertas bases institucionales que hoy en día se mantienen al menos formalmente. Lo nuevo de la situación actual es que el Gobierno Nacional decidió debilitar la institucionalidad existente y supeditarla abiertamente a los objetivos del desarrollo económico, deteniendo todos los procesos que pudieran afectar esta decisión.

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En un reciente y muy comentado artículo, el Presidente Alan García acaba de establecer la genealogía del ambientalista del siglo XXI. Fue el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX, que se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en este siglo como protector del ambiente. El gen compartido es un anticapitalismo que va en contra de la inversión y que defiende la idea de que con una agricultura pobre se puede dar un salto a un mayor desarrollo, sin explicar cómo.

Sin duda el presidente no conoce mucho de la historia del movimiento ambiental. Este es tan rico y diverso que puede encontrar en él a figuras tan disímiles como el reciente Premio Nobel de la Paz Al Gore, Richard Nixon (sí, el mismo de Watergate) y Rachel Carlson (la autora de la Primavera Silenciosa). Y a nivel nacional, desde Antonio Brack, pasando por Felipe Benavides, hasta Marco Arana. ¿Son todos ellos herederos de Marx? Sin duda serlo no tendría nada de malo. Pero la respuesta es no. En realidad gran parte de los instrumentos ambientales modernos están basados en ideas fuerza tales como competitividad, propiedad, mercado. De hecho, un autor como el famoso Michael Porter (otro que no puede ser acusado de comunista anticapitalista), ha vinculado la competitividad de los países a la existencia en ellos de buenos modelos de regulación ambiental, basados en normas exigentes, en esfuerzos de aplicación progresiva y efectiva.
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