En marzo comentábamos que el Congreso de los Estados Unidos iba a exigir cambios en el Acuerdo de Promoción Comercial entre los Estados Unidos de Norteamérica y el Perú (el llamado TLC) en materia ambiental, en especial respecto del tema forestal. Esos cambios se han producido el mes pasado y han hecho viable la aprobación del Congreso norteamericano de este tratado. Nuevamente, un factor externo define nuestra política ambiental.Pero también indicábamos que esto sólo era un aspecto del problema. Señalábamos que el TLC obligaría al Perú a asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental de nivel nacional, lo cual debería llevar al desarrollo de mecanismos de aplicación y cumplimiento de la normativa y la política ambiental.
No obstante, también plantemos varias dudas. Por ejemplo, nos preguntábamos cuáles eran las políticas que se llevaban a cabo para preparar al país para el cumplimiento de estas nuevas obligaciones. Veíamos que no existía un plan claro y con metas y tareas precisas listo para preparar al país en este campo acompañado de los proyectos respectivos. Hoy podemos afirmar que la situación no ha cambiado mucho. En realidad, lo que ha sucedido es que es el propio proceso de modificación del APC, empujado por los Estados Unidos, es el que ha definido la política forestal y sus instrumentos. Otra vez, en materia ambiental, un factor externo culmina definiendo (o contribuye mucho a) la política ambiental del país.
Quizás uno de los principales retos de la reforma lo constituya el fortalecimiento de la institucionalidad. Actualmente, la distribución de las competencias muestra un gran centralismo y un enfoque sectorial muy fragmentado en la asignación de las funciones. Debido a este último punto, se ha generado en el país un consenso alrededor de la idea de constituir una nueva Autoridad Ambiental Nacional. No obstante, la concentración de las funciones tampoco es suficiente. Los incentivos de los funcionarios para actuar dejando de lado intereses particulares, sean estos políticos, sociales o económicos, son muy pobres.
Ahora, el siguiente problema a enfrentar es la coordinación de políticas, el impacto de lo ambiental sobre otras políticas públicas, y el impacto de estas últimas sobre el ambiente. Instrumentos como la Evaluación Ambiental Estratégica podrían ayudar a entender estas transacciones. En especial nos preocupa el impacto de las reformas económicas y sociales que ocurrirán como consecuencia del TLC. ¿Se alentará el desarrollo de actividades con menores impactos ambientales, o no?, y si la respuesta es sí, a qué costo.
De una vez debemos tomar el liderazgo en las políticas ambientales. Y no esperar nuevos sucesos externos que generen reformas circunstanciales y no las apropiadas (integrales) para el país y su población.
Ivan Lanegra