La experiencia demuestra que nadie puede vivir permanentemente por encima de sus posibilidades. Solo temporalmente se puede vivir con déficit, es decir, con mayores gastos que ingresos, pero esa “magia” solo es posible a costa de consumir nuestros ahorros, de incrementar nuestra deuda, es decir, a costa de reducir nuestro patrimonio neto, nuestra solvencia. Nadie te quitará lo bailado en la fiesta, dirán algunos optimistas.
Sin embargo, el exceso tendrá un límite: o se te acabarán los ahorros, o, en el extremo, ya nadie te querrá prestar más. Es ahí cuando llegará el momento de la verdad, el del inevitable sinceramiento de tu realidad: o incrementas lo suficiente tus ingresos, o bajas en la misma medida tus gastos, o combinas ambas medidas. La temporalidad de la fiesta dependerá de la solvencia con la que partiste: cuán grandes eran tus ahorros y cuán pequeña era tu deuda.
Si solo malgastaste tus ahorros, bastará con que ajustes tu nivel de vida en una magnitud suficiente como para reducir tu déficit a cero. Sería el menos malo de los escenarios. En cambio, si además te endeudaste, el ajuste será mayor: deberás reducir tus gastos todavía más, lo suficiente como para generar un superávit que te permita pagar los intereses de tu deuda… y amortizarla. Obviamente el peor escenario sería dejar de pagar: sería la crisis total.
En el caso del estado peruano, desde hace ya varios años se nos ha venido repitiendo que no debíamos preocuparnos porque las finanzas públicas en el Perú eran sólidas, que había suficiente fortaleza fiscal. Y como muchas veces ocurre con temas espinosos en política, cuando los altos funcionarios repiten con extraña vehemencia que todo “está bien”, usualmente es porque está ocurriendo todo lo contrario. Corrección política algunos le llaman ahora: no se dice lo que se piensa, sino lo que se considera conveniente para la ocasión. Pero no solo no quieren ser vistos como “aguafiestas”, sino que tampoco quieren que otros agüen la fiesta.
En el último quinquenio, el único ministro que se atrevió a decir que los ingresos del estado peruano necesitaban ser incrementados, para asegurar la provisión de mejores servicios del estado, renunció en apenas 2 meses, luego de aprobar un ligero incremento de impuestos (https://www.lavanguardia.com/politica/20180605/444102444578/renuncia-el-ministro-de-economia-y-finanzas-de-peru-david-tuesta.html). Y es que, ante la sorpresa de todos, el propio presidente de la república anunció que derogaría la subida de impuestos en caso que éstos “afectaran” a la ciudadanía. Obviamente el problema se había gestado más atrás.
En 2015 había entrado en vigencia una serie de modificaciones legales a las reglas fiscales. Los cambios no solo permitieron incrementar los gastos públicos, con diferentes motivos, sino que redujeron los ingresos estructurales del estado. Es decir, se permitió la posibilidad de romper significativamente el moderado nivel de equilibrio financiero que había permitido al Perú conseguir incrementos sostenidos en la calificación de riesgo soberano hasta 2014 (“A-” en moneda nacional y “BBB+” en moneda extranjera): grosso modo los gastos fiscales no debían superar a los ingresos fiscales en más del 1% de PIB.
Así, entre 1995 y 2005 el déficit fiscal promedio había alcanzado casi los S/ -4,000 millones anuales, solo en la crisis de 2009 el déficit se disparó hasta casi los S/ -6,000 millones. No obstante, gracias al milagroso súper ciclo de las materias primas, y a pesar de las diferentes campañas mediáticas para que las entidades públicas aumenten su capacidad para ejecutar el presupuesto del gasto a como dé lugar, entre 2007 y 2013 el superávit fiscal promedio casi llegó a los S/ +5,000 millones anuales. De esta manera, la deuda pública hasta 2013 se mantuvo por debajo de los S/ 100,000 millones, e incluso se acumularon algunos ahorros.
Sin embargo, como consecuencia de las modificaciones legales que entraron en vigencia, entre 2015 y 2019 el déficit fiscal subió fuertemente y se ubicó en torno a los S/ 18,000 millones anuales en promedio. Es decir, desde 2015 el déficit anual entre ingresos y gastos fiscales ha sido como si se soportara el embate equivalente a tres crisis financieras de 2009 cada año, en promedio. Pero vivir por encima de nuestras posibilidades tuvo un costo: en apenas 6 años, la deuda pública se duplicó y cerró 2019 en unos S/ 204,000 millones. En ese mismo periodo los ingresos fiscales apenas subieron en un 23%.
Esto significa que ya desde antes de la crisis del coronavirus del 2020, la famosa fortaleza fiscal no era la misma que hacía 6 años. ¿Por qué entonces las calificaciones de riesgo soberano se mantuvieron prácticamente sin cambios desde 2014? Una explicación internacional, poco difundida a nivel local, dice que la paradoja se podría deber al color político de los partidos que se hicieron con el gobierno en 2016. Y es que los dos partidos políticos que pasaron a segunda vuelta electoral en el Perú eran abiertamente de derecha e incluso tenían el mismo programa económico, algo prácticamente nunca vista en el país.
En tal sentido, una investigación de la OCDE, sobre la relación entre deuda pública, ciclos políticos y mercados de capitales en América Latina, recordó en 2009 que la política es crucial para el mercado de deuda soberana en los países emergentes. Y es que efectivamente la paradoja se produciría en función del color político de la democracia: no solo el costo de la deuda (y el tipo de cambio) tendería a incrementarse cuando aumenta la probabilidad de victoria de un partido de izquierda, sino que la calificación de la deuda se reduciría si los gobiernos son de izquierda, incluso cuando se verifican resultados económicos adecuados (https://read.oecd-ilibrary.org/development/perspectivas-economicas-de-america-latina-2009/deuda-publica-ciclos-politicos-y-mercados-de-capitales_leo-2009-5-es#page16).
Y al parecer la paradoja podría no limitarse al costo de la deuda y las calificaciones de riesgo soberano, sino también podría ocurrir con las valoraciones de competitividad. En 2018 el economista jefe de un organismo financiero internacional renunció luego de haber señalado (¿con poca corrección política?) que habría habido un sesgo sistemático en el informe de competitividad de un país sudamericano, justamente en función del color político de sus gobernantes (https://www.dw.com/es/banco-mundial-y-chile-el-gran-esc%C3%A1ndalo/a-42158119).
Más allá de las paradojas, el escenario concreto que se ha materializado desde inicios de 2020 hace inviable que en el Perú se siga dejando de discutir abiertamente el tema del déficit fiscal y la deuda pública. Ya no se puede seguir desafiando a ley de la gravedad. Que todos los países están mal y estarán peor, pues sí, pero en adelante la competencia en los mercados de capitales será por cuáles países estarán menos mal (o peor). A raíz de la emergencia sanitaria del coronavirus, hasta las ya bastantes condescendientes reglas fiscales que prevalecieron entre 2015 y 2019 han tenido que ser suspendidas para 2020 y 2021. La consecuencia de esto es que se ha dejado al déficit fiscal y la deuda pública prácticamente sin ningún freno, con la agravante que el actual gobierno está de salida y no enfrentará las consecuencias.
Así, según las propuestas de política macroeconómica que el gobierno ha publicado para 2021-2024, se está previendo que el gasto público se siga incrementando al mismo ritmo que en años anteriores, como si nada hubiera pasado (https://www.mef.gob.pe/pol_econ/marco_macro/MMM_2021_2024.pdf). Se insiste en alimentar una expectativa insostenible para no ser aguafiestas. Se dice que los ingresos fiscales se recuperarán más rápido que antes de la crisis sanitaria, creciendo 40% entre 2018 y 2024 en lugar del 23% al que creció entre 2013 y 2019. Y, a pesar de ese increíble supuesto, la deuda pública casi se duplicaría, hasta superar los S/ 360,000 millones, evidenciando la audacia que se está proponiendo.
¿Esperaremos una situación peor para aplicar las medidas necesarias y de las que nadie ha querido discutir estos últimos años? ¿Se aprobará el presupuesto del gasto fiscal para 2021 con estos lineamientos para la política fiscal? El endeudamiento del gobierno del Perú pudiera parecer que aún es uno de los más bajos de la región, cuando se lo mide respecto del PIB, pero el PIB no pagará la deuda pública, la tendrá que pagar los ingresos fiscales. Entre 2013 y 2014 el Perú se encontró entre los 60 países con menor nivel de ingresos públicos tenían, considerando los más de 180 países para los que reportó datos el FMI, pero en 2015 rápidamente subió al puesto 54, en 2016 al puesto 46 y en 2017 al puesto 42. Ya no se puede dejar de discutir el tema.
