En la historia del pensamiento económico, buena parte de los siglos XIX y XX estuvo marcada por dos posiciones ideológicamente antagónicas: capitalismo y comunismo. El capitalismo había surgido en el siglo XVIII con las ideas de François Quesnay y de Adam Smith, quienes propugnaban un orden económico sin la intervención del Estado. El comunismo emergió en Francia en el siglo XIX, como crítica al capitalismo, aunque existieron versiones primitivas del comunismo en la antigua Grecia (la República de Platón), así como con los primeros cristianos (el Libro de los Hechos), entre otros.
Para simplificar, se podría decir que en un extremo estaban los capitalistas, quienes propugnaban que el sistema económico debía estar basado en la propiedad privada de los medios de producción, lo que implica que las rentas del capital predominan sobre las rentas del trabajo como generadoras de riqueza. Desde este extremo, el modo de alcanzar el bienestar general se lograría a través del mercado, como mecanismo de asignación de todos los recursos escasos, es decir, a través de una ‘economía de mercado’.
En el otro extremo estaban los comunistas, quienes propugnaban que era necesario un sistema económico basado en la propiedad común de todos los medios de producción. En dicho sistema, la economía sería transitoriamente controlada por el Estado, el que desaparecería más adelante. Para este otro extremo, el modo de alcanzar el bienestar general se lograría a través de un sistema de planificación centralizada de todos los aspectos de una sociedad, es decir, a través de una ‘economía planificada’.
De ahí que, desde el punto de vista económico, el debate estaba en si era mejor aplicar una ‘economía de mercado’ o una ‘economía planificada’. Lo cierto es que ninguno de los dos sistemas económicos se ha llegado aplicar en forma exclusiva, lo que no implica que no haya habido países que lo hayan intentado, o incluso que alguno diga que lo sigue intentando. Quizás, la Unión Soviética estuvo más cerca de implementar una ‘economía planificada’ (Estado al 100%) que los Estados Unidos o el Reino Unido de lograr una real ‘economía de mercado’ (Estado al 0%).
Más bien, lo que en realidad se ha tenido en casi todos los países del mundo son ‘economías mixtas’, donde el gasto público no es ni 100% ni el 0% del PIB. Y es que la historia no solo ha probado que ambos extremos son muy difíciles de alcanzar, sino que ambos son muy imperfectos para proveer un bienestar general. Por un lado, es materialmente imposible planificar todos los aspectos de una sociedad y, por otro lado, es imposible mercantilizar todos los aspectos de las vidas de las personas, menos si no todos tienen equiparable riqueza (‘capital’) para negociar en cada mercado. Incluso las diferentes fallas de mercado son bastante reconocidas y estudiadas (ver aquí).
De ahí que, en lugar de actuar prospectivamente por azar, como muchos, por prueba y error, al menos un país decidió analizar científicamente ambos extremos para determinar cuál debería ser la ‘mezcla’ exacta entre mercado y Estado que lo podría llevar más rápido al desarrollo. En 1945 ese país estaba completamente destruido, tras perder dos guerras mundiales. Era Alemania y no podía darse el lujo de esperar que el desarrollo surgiera espontáneamente a partir del ‘libre mercado’ que propugna la ‘economía de mercado’.
Por eso, en 1949 el jefe de gobierno elegido por el congreso, Konrad Adenauer, aceptó implementar el modelo económico que había venido promoviendo su ministro de Economía, Ludwig Erhard. Un modelo elaborado sobre la base de múltiples estudios de otros científicos: la ‘economía social de mercado’. Para ello, no se basó en la ‘libre competencia’ a secas, sino en lo que él llamó ‘competencia funcional’. Esto implicaba implementar una oficina antimonopolio para vigilar la intensidad de la competencia en los mercados. Y a ello le añadió el factor de ‘seguridad social’: salud, pensión, desempleo, etc.
Para el diseño del nuevo modelo partió de no incurrir en los defectos de los dos extremos: la ideología capitalista se equivocó al creer que la economía podía dar buenos resultados a la sociedad sin un Estado eficiente y la ideología comunista se equivocó al creer que un Estado fuerte por sí solo podía garantizar una economía que provea un bienestar general. Y es que todos los actores de la economía (Estado, empresarios, trabajadores y grupos de la sociedad civil) necesitan de un marco de referencia claro y confiable a largo plazo, pero también flexible.
El nuevo orden económico debía combinar de modo óptimo la búsqueda e introducción de innovaciones tanto para la actividad económica como para la justicia social. La preocupación por la justicia social había surgido a partir del análisis de Karl Marx en El Capital, de las medidas de política social del Canciller Bismark en el siglo XIX y de las doctrinas sociales de la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana.
El problema, por tanto, era diseñar un sistema en donde: (i) predomine la iniciativa privada y la actividad estatal se limite a la producción de bienes públicos, (ii) predomine la propiedad privada y se respete la responsabilidad social en su uso, (iii) predomine la libre competencia sin que se autoelimine por su tendencia a concentraciones monopolísticas, (iv) predomine la responsabilidad individual para alcanzar el bienestar, pero el Estado compense las debilidades sociales causadas por las circunstancias, y (v) predomine la libertad contractual dentro del marco legal establecido.
Por consiguiente, en ese enfoque, llamado ordoliberalismo porque combina la máxima libertad individual con un orden social aceptable para la mayoría de la población, de antemano se sabía que siempre tendría que mantenerse un proceso de ajuste periódico. Se requiere observar, analizar y controlar todos los procesos, castigar los excesos y adecuar las normas cada vez que las condiciones cambien. Es decir, en el plano económico la ‘economía de mercado’ no era la solución, pues, los precios de mercado tienen serias limitaciones no solo en situaciones de precios monopólicos, sino en precios sociales, información imperfecta y precios del trabajo.
Y ese proceso no se lograría sin un consenso social entre todos los actores económicos, sociales, políticos y científicos sobre tres aspectos cruciales: (i) la autorresponsabilidad, (ii) la solidaridad, y (iii) la subsidiaridad. En primer lugar, no se puede confiar solo en la autorresponsabilidad porque algunos miembros de la sociedad siempre tienen mejores posibilidades por educación, salud o riqueza. En segundo lugar, no se puede exigir demasiado a la solidaridad, donde cada uno contribuye a la comunidad según su capacidad intelectual, financiera o física, porque hay que evitar el problema de los polizones. Y en tercer lugar, tampoco se debería pedir que el Estado sea demasiado generoso en cuanto a la subsidiaridad porque esto reduciría los incentivos de solidaridad (especialmente de impuestos).
De ahí que, en una ‘economía social de mercado’, la propiedad privada, la libre competencia y la apertura comercial son tan prioritarias como la necesidad de protección y compensación social para alcanzar el bienestar común. Y los resultados de cuán bien se logró después se pueden y deben fiscalizar en la evolución de los diferentes niveles de ingreso, su distribución, el crecimiento, el empleo, la inflación, etc., tanto a nivel nacional como regional.
Por esa razón, la’ economía social de mercado’ es imposible de ser concebida sin una democracia participativa, es decir, sin un sistema de elección de parlamentarios o congresistas que permita responsabilizar a cada parlamentario o congresista elegido, de manera individual y de manera partidaria, en las siguientes elecciones (premio y castigo). Una democracia participativa no se logra con un voto sobre listas congresales cuyo orden preferencial ha sido decidido por el partido ni con un sistema de distrito electoral múltiple o plurinominal, donde no existe un único candidato para cada partido.
¿Cuál es la mezcla entre mercado y Estado en Alemania, la cuna de la ‘economía social de mercado’? Entre 2018 y 2019, últimos años normales anteriores a la pandemia, el gasto en bienes y servicios efectuado por el Estado rondó el 45% del producto interno bruto (PIB), concepto que mide el total de bienes y servicios producidos por toda la economía en un año. Si se analiza desde 1991, el gasto público fluctuó entre 44% y 49% del PIB en esas casi tres décadas y durante ese mismo tiempo su desarrollo, medido por el índice de desarrollo humano (IDH), mejoró del puesto 11/12 hasta alcanzar los puestos 3, 4 y 6 entre más de 200 países
Lo paradójico es que Estados Unidos, un país que tradicionalmente se ha erigido como paradigma de la ‘economía de mercado’, en el mismo periodo de 2018 y 2019 tuvo un gasto público que rondó el 35% de su PIB y el Reino Unido, el país que incluso fue la cuna del propio capitalismo, tuvo un gasto público equivalente al 41% del PIB. En ambos casos, claramente el tamaño del Estado está muy lejos del 0%. En cambio, entre los países que sí se acercan un poco más cerca al 0% se halla la mayoría de lo países más pobres de África, Asía y América. Claramente, en el discurso ideológico del capitalismo sobre la ‘economía de mercado’ algo no cuadra.
Nota: Se han usado extractos parciales adaptados del artículo de Benecke, Dieter W. (2003).”Economía Social de Mercado: ¿Puede imitarse el modelo alemán en América Latina” (recuperado de https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=ad88aa4f-ea5e-5f4b-a289-630861c03ff0&groupId=252038).
