Las redes sociales están cada vez más inundadas con diferentes protestas y arengas a los nuevos congresistas para que cumplan sus promesas de aprobar el retiro del 100% de los fondos de pensiones. Algunos partidos políticos lo habían incluido dentro de sus promesas de campaña. Uno de los que más levanta la voz ha dicho que, por ahora, buscarán aprobar una ley para permitir retirar el 25% dentro de un plazo de 30 días contados desde que acabe el estado de emergencia de 90 días vigente. El gobierno reaccionó aprobando el retiro de hasta S/ 2,000 para aquellos que no hayan hecho ningún aporte en los últimos 6 meses.
Dentro de los argumentos más furibundos de los que protestan se encuentran frases como… “no estamos pidiendo limosnas”, “soy desempleado, necesito sobrevivir”, “¿por qué el estado me discrimina?”, “nos están robando a manos llenas”, “¿dónde está invertido el dinero de cada afiliado?, “mi fondo, mi dinero, mi derecho a decidir”, “las AFP ganan, pero los fondos de pensiones pierden”, “el robo no da para más”…
En medio de toda esta inesperada organización de protesta, los afiliados al sistema público de pensiones (los que aportan a la ONP) se han quedado sin palabras, no han tenido la misma capacidad para organizarse y plantear la problemática desde su propia perspectiva, porque a ellos también les afectarán estas decisiones. Han aportado a un sistema solidario, pero el gobierno está haciendo concesiones que solo favorecen al sistema egoísta (¡!). Muchos políticos ya aprovecharon para sumarse a la marea populista y ahora ensayan argumentos como que la aprobación del retiro dinamizaría la economía nacional por la mayor contratación de bienes y servicios (sic), apoyando tácitamente a que se ‘gaste’ hoy lo ahorrado ayer, ¿y mañana?
Las administradoras de fondos de pensiones (AFP), por su parte, apenas han podido responder que aprobar el retiro tendría un impacto negativo para la economía del país, pues, agravaría la inminente recesión económica que se vendrá tras la cuarentena. Dicen que los fondos de pensiones son la única fuente de ahorro interno para afrontar la recesión y que su retiro abrupto significaría descapitalizar a los bancos y las empresas del país en donde están invertidos los fondos, justamente cuando lo que más requieren esas entidades es liquidez y crédito.
El estado, por su parte, no ha logrado articular una respuesta coherente en todos estos largos años. Todos los ministros que se han hecho cargo del Ministerio de Economía y Finanzas hasta ahora, en la práctica lo único que han hecho al respecto ha sido designar comisiones varias para estudiar el tema, sin que se sepa qué propuestas concretas hicieron para el debate nacional.
Todos parecen haber perdido la brújula en este asunto. El norte de cualquier sistema de pensiones en el mundo es el mismo: preservar el bienestar de las personas cuando sean ancianas, no antes. De hecho, varios sistemas en el mundo ya se encuentran en apuros porque la expectativa de vida no hace sino subir, incluso en países que no se ha desarrollado tanto como el Perú. La paradoja es que precisamente una buena parte del mayor bienestar que se persigue con el desarrollo es precisamente lograr una mayor longevidad, pero ¿y cómo vivirán los longevos ese mayor futuro?
Los políticos nuevos y antiguos, que hoy atizan desesperadamente la miopía de un reducido grupo privilegiado, olvidan que su principal responsabilidad es velar por el bienestar de todos los peruanos, por su bienestar en el presente y en el futuro. Los que hoy reclaman, precisamente, ganaron más que sus contemporáneos que pertenecen al sistema público de pensiones, por no hablar de la gran mayoría que se encuentra en la informalidad sin afiliación a ningún sistema de pensiones.
¿Por qué el que ganaba en promedio más de S/ 3,000 mensuales (afiliado promedio del sistema privado) puede pedir que le adelanten toda su pensión, de golpe y en efectivo, mientras que el que ganaba menos de S/ 1,000 (afiliado promedio del sistema público) no puede, si los dos hoy están desempleados? Dicen que tienen que sobrevivir, pero si realmenten no pueden sobrevivir con menos de 65 años, cómo sobrevivirán cuando tengan más de 65 años sin pensión. ¿Van a solicitar un subsidio como el de “Pensión 65”, en perjuicio de sus contemporáneos que se jubilen en el sistema público de la ONP? Porque del mismo cuero salen, y saldrán, todas las correas, del Tesoro. El Tesoro debe de aportar la diferencia entre los aportes recaudados y las jubilaciones a pagar. El estado peruano cada vez recauda menos, no más, por eso el déficit fiscal y la deuda han venido subiendo estos últimos años.
La cantidad aproximada de beneficiarios de Pensión 65 es de casi 560,000, donde casi la tercera parte son mayores de 80 años. Según el gobierno, hoy hay más de 3’750,000 afiliados que no han hecho aportes en los últimos 6 meses y no califican para una jubilación anticipada. Y de esos, hay como 1’400,000 que no tienen ahorrado ni siquiera S/ 2,000 ahorrados en su fondo de pensiones.
El oligopolio de las AFP tampoco se queda atrás. No es cierto que el retiro del 25% necesariamente tenga que tener un impacto negativo en los bancos y empresas del país, ni mucho menos en el sistema financiero doméstico. Casi el 50% de los fondos de pensiones están invertidos en el exterior. Por tanto, teóricamente el 25% del “retiro” podría hacerse solo desinvirtiendo parte de ese 50%, sin afectar en nada a la economía nacional. Cualquier efecto negativo sobre el tipo de cambio, por la remesa de divisas, podría ser gestionado por el banco central. No obstante, asustar apelando a la inestabilidad del país es un truco viejo que ha funcionado para presionar a la opinión pública, especialmente en las épocas electorales.
El problema inmediato es que el 100% de los fondos de pensiones hoy muchas veces apenas equivale al 70% de los que valía hace unas semanas antes de crisis epidemiológica. Es decir, la crisis ya “retiró” un 30% del valor del fondo. Obviamente los que más han perdido son los que más riesgo decidieron asumir, yéndose al fondo 3 y en menor medida a los que se quedaron en el fondo 2. Era previsible que eso pasara, pero también se suponía que esos afiliados tenían tiempo y tolerancia para esperar a que eso se revierta. Es sabido que en finanzas todo revierte a la media. ¿Si los que protestan fueron de los que decidieron eso, por qué se desesperan ahora?
Por tanto, el problema no se soluciona dejando que los más privilegiados retiren antes de los 65 años lo acumulado en su fondo de pensiones, pero tampoco permitiendo que continúe el actual oligopolio de las AFP que ganan exorbitantes beneficios, independientemente de lo que pase con los fondos de pensiones que administran. El perjuicio por riesgo fiduciario que enfrentan los afiliados es cada vez peor, por no hablar de las acusaciones de eventuales abusos de poder con el propósito de obtener beneficios para su propio grupo con la inversión en empresas relacionadas.
¿Cuál podría ser la solución? En el caso de los afiliados al sistema público de pensiones, en el que están los afiliados a la ONP que no han logrado organizarse para protestar, lo que habría que hacerse es que el Estado les permita jubilarse con menos de los 20 años aporte y con una pensión proporcional a los años efectivamente aportados. Esto alinearía los incentivos de aporte, de la misma manera que se hace muchos países desarrollados: cada peruano sabría qué pensión recibiría por los años de aporte efectuados y, precisamente por ello, se preocuparía por aportar más independientemente de su modalidad de trabajo.
En cambio, en el caso del sistema privado de pensiones, lo primero que habría que hacerse es restituir la obligación de que las AFP garanticen con su propio patrimonio una rentabilidad real positiva para los fondos que gestionan, es decir, que paguen con su dinero si no consiguen una rentabilidad mayor que la tasa de inflación más una tasa fija de largo plazo, que podría rondar el 4% efectivo anual en promedio medido en moneda nacional.
Además, para eliminar el abuso de la posición de dominio oligopólico actual, ninguna AFP debería poder tener más del 12.5% del mercado, por lo que habría que obligar a escindirse en dos a las más grandes, de manera análoga a como lo haría cualquier legislación antimonopolio. Incluso sentado en sus consejos a representantes de los afiliados, para garantizar un mejor gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno respecto de los intereses de sus afiliados, los verdaderos dueños de los fondos de pensiones. Y en tanto no haya en el mercado al menos 8 AFP con propietarios distintos que realmente compitan, se debería permitir que los afiliados que deseen puedan gestionar, bajo su propia cuenta y riesgo, su fondo. ¿Cómo? A través de un fideicomiso que le impida a cada afiliado “canibalizar” su fondo.
Si un afiliado cree que podría obtener una mejor rentabilidad en otras inversiones, ya sea ahorrando en depósitos a plazo, comprando un inmueble, o invirtiendo directamente en los bonos o acciones de su preferencia, se le debería permitir hacerlo, ahorrándose la comisión de la AFP. No obstante, lo debería poder hacer a nombre de un fideicomiso intangible, de manera análoga a las herencias intestadas que quedan bajo una sucesión indivisa, pero más ágil. Para generar más competencia, las agencias de bolsa y las notarías también deberían poder gestionar este tipo de fideicomisos, cobrando comisión solo por cada transacción que se le ordene, como ya ocurre hoy con sus operaciones normales en el mercado.
Solo al cumplir los 65 años, el afiliado podría hacer retiros parciales no mayores al de una pensión anual análoga, desde su fideicomiso a su titularidad personal, para que lo consuma. Muy grosso modo, actualmente con un fondo de pensiones de S/ 100,000, las AFP dicen que un afiliado podría aspirar a una pensión mensual de más de S/ 550. Así, cada afiliado podría plantearse su propia meta de jubilación. La reforma no puede esperar más.
