El principal problema que enfrentan las empresas públicas en el Perú es que la normatividad no las trata como empresas. Incluso sus resultados económicos son utilizados para disminuir el déficit del gobierno. En general, se supone que una empresa se crea como algún tipo de sociedad con el fin de generar lucro para sus accionistas. Sobre la forma cómo mejor se gobiernan las empresas, a nivel internacional se han formulado varios estándares de buen gobierno corporativo, los cuales reflejan las mejores prácticas reconocidas en el mercado. ¿Son aplicables estos mismos estándares para las empresas públicas?
Según la experiencia de los países más desarrollados, como la de los países que pertenecen a la OCDE, a las empresas públicas no se les debería exigir menos que a las empresas privadas cotizadas en bolsa. Es decir, las empresas públicas también deberían cumplir los Principios de Gobierno Corporativo del G20 y la OCDE e incluso, de ser el caso, deberían observar las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales, el Marco de Políticas para la Inversión de la OCDE y las Herramientas para la Evaluación de la Competencia de la OCDE. ¿Por qué? Porque las empresas públicas deberían ser, al menos, igual de responsables ante los ciudadanos en general como las empresas cotizadas deberían serlo ante sus accionistas.
Por consiguiente, según la OCDE, los estados también deben garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia y transparencia, rindiendo cuentas de su actividad, y al mismo tiempo deben evitar las disfunciones que generan ya sea la pasividad burocrática o el exceso de intervención estatal en ellas. Por eso, en 2005 dichos países aprobaron una adecuación de las directrices de gobierno corporativo para las empresas públicas. Esto tuvo el fin expreso de: (a) profesionalizar al estado como propietario, (b) hacer que las empresas públicas funcionen con similar eficacia, transparencia y responsabilidad a la de las empresas privadas con buenas prácticas, y (c) velar porque la competencia entre empresas públicas y privadas se desarrolle en igualdad de condiciones.
Nada de eso se ha aplicado en el Perú. A las empresas públicas no solo no se les deja competir libremente, sino que además se les condiciona a que sus actividades empresariales deban de tener un papel subsidiario. Más aún, se ha interpretado, erróneamente, que la subsidiariedad mencionada en la Constitución significa que una empresa pública solo puede operar como agente del mercado cuando no existe una iniciativa privada capaz de atender determinada demanda. ¿Qué significa eso? Que una empresa pública solo puede operar cuando ninguna empresa privada ingresa al mercado. Y si no lo hacen no lo hacen porque no hay lucro. De modo que las empresas públicas solo pueden operar en mercados donde no se lucra: ¿cómo entonces se sostendría una empresa pública?, ¿con asignaciones del presupuesto público como lo hacen las unidades de gobierno? Si ese fuera el caso, las empresas públicas no serían empresas, serían parte del gobierno y deberían recibir su respectivo crédito presupuestario.
Por tanto, mientras no se cambie el marco normativo en el que operan las empresas públicas en el Perú, poco se puede lograr modificando la participación accionaria que podría tener el sector privado en las empresas públicas. ¿Qué interés inversionista podría haber en participar en el accionariado de empresas que no pueden competir en el mercado? Da igual si el límite mínimo en el accionariado es de 20% o 30%. Da igual si ya no deben de cumplir las normas de administración financiera del gobierno. Más bien lo que algunas veces atraen dichas empresas son extraños incentivos que impiden maximizar el beneficio para la sociedad: compran instrumentos derivados con los que pierden dinero, mantienen precios que no les permiten ampliar su oferta de servicios, o conceden créditos que no cobran y sus expedientes extrañamente se pierden, y todo sin importar la ideología del gobierno de turno.
Fuente:
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2016). Directrices de la OCDE para el gobierno corporativo de las empresas públicas, edición 2015. Paris: Éditions OCDE. DOI:10.1787/9789264258167-es
