Durante el proceso electoral de 2001 se volvió a discutir la idea generalizada de que el otorgamiento de crédito bancario era la gran solución para los problemas del agro y por ello, se dijo, que se necesitaba de un banco agrario. La idea era positiva en la medida que dicha nueva entidad financiera pudiera colaborar con el desarrollo de las zonas rurales que eran las más pobres y deprimidas del país o que fomentara aquella agricultura que estuviera destinada a la exportación.

Sin embargo, la mayoría de las ideas planteadas eran poco realistas porque en primer lugar, primaban los objetivos políticos sobre los criterios técnicos y en segundo lugar, afirmaban que el agro no progresaba solo porque no tenía acceso al crédito de la banca comercial. El primer argumento (los criterios técnicos debían primar sobre los criterios políticos) no requería de mayor sustento, pero el segundo argumento (el crédito es la solución y por ello se necesita de un banco agrario) era falaz porque asumía implícitamente que los pocos afortunados que sí tenían acceso al crédito habían progresado o podían progresar o, en el peor de los casos, se encontraban en esos años igual que el resto de la economía luego de casi 4 años de recesión continua.

Si se observaba con detenimiento los indicadores de la cartera bancaria por sectores económicos publicados por la SBS, se podría comprobar fácilmente que la mayor parte de los créditos otorgados al sector agrícola estaba en mal estado, con elevada morosidad y cartera pesada. A excepción de los créditos bancarios dirigidos a la exportación de productos agrícolas, los demás créditos de este sector venían siendo renovados, no como oportunidad de negocio bancario, sino como mal menor, con la finalidad de poder ser recuperados en algún momento del futuro. Por ello, el otorgamiento de nuevos créditos a este sector estaba restringido en la banca comercial.

Por tanto, era políticamente irresponsable ofrecer acceso al crédito a un sector de la economía cuando aún no se habían determinado las causas de los elevados niveles de morosidad y de cartera crediticia pesada asociada a ese sector. Y esa era la situación de los créditos otorgados al sector agrícola, en contraste con la de los otros sectores que sí eran sujetos de crédito y, por tanto, tenían un menor riesgo relativo hasta ese momento.

Más aún, la banca comercial y los supervisores habían venido tratando tratado al crédito agrícola como a cualquier crédito comercial y no habían establecido lineamientos de política específica especial para estos créditos: no había mecanismos adecuados de financiamiento que comprendan y minimicen los riesgos particulares que están involucrados en este tipo de créditos. Por el contrario, al no formar parte de un conjunto integral de medidas de política financiera, un crédito mal concebido o mal supervisado ha solido agravar los problemas, tanto del agricultor como de las mismas entidades financieras.

Los gobiernos de turno hasta entonces no habían hecho una evaluación seria y técnica de la problemática porque, por el contrario, el tema había sido “utilizado” con otros fines: se lo había aprovechado por su gran potencial de clientelismo político y de mercantilismo, tanto con las clases bajas como con las clases altas.

Nota: Artículo basado en extractos parciales de Jiménez-Sotelo, R. (2001). Mejora de prácticas y políticas para créditos agrícolas en el Perú. Lima: Universidad del Pacífico. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75307/