Ante a los últimos actos discriminatorios contra las personas de nacionalidad venezolana, la Defensoría del Pueblo, manifiesta su completo rechazo a las manifestaciones de tipo xenófobo que han venido afrontando. Por ello, recordamos al Estado peruano la necesidad de adoptar medidas que permitan afirmar el principio de igualdad y no discriminación en nuestra sociedad.
En el actual contexto de migración venezolana, es importante tener en cuenta que las decisiones adoptadas recientemente por los países de la región evidencian la falta de una adecuada respuesta a la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, y contravienen la recomendación de la CIDH (Resolución 2/18) sobre la adopción de medidas que “garanticen el ingreso al territorio a las personas venezolanas para buscar protección internacional o para satisfacer necesidades humanitarias”.
Cabe recordar que los Estados mantienen compromisos internacionales de protección hacia poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, como son los niños no acompañados o separados, las personas refugiadas, entre otros, por lo que deben adoptar medidas que garanticen los derechos de acceso a la salud y a la educación en los países de destino, independientemente de la condición migratoria, así como implementar mecanismos de regularización migratoria, tal como se señaló en el proceso de negociación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.
Habiendo tomado conocimiento que entre los días 17 y 18 de setiembre del presente año se realizará una reunión de Cancilleres en la ciudad de Quito, desde nuestra institución consideramos que es la oportunidad propicia para adoptar decisiones de orden regional que permitan establecer una respuesta articulada y coherente al flujo migratorio que venimos afrontando y que, además reconozcan las obligaciones de los Estados en la protección de los derechos de las personas en el contexto de migración internacional.
De otro lado consideramos pertinente el anuncio realizado por el Presidente del Consejo de Ministro, sobre los criterios de excepcionalidad que vienen contemplando para con los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres embarazadas. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo, esperamos la pronta implementación normativa de dichas excepciones, las mismas que serán supervisadas a fin de proteger los derechos fundamentales de las personas en situación de movilidad internacional.
Para la Defensoría del Pueblo resulta fundamental señalar que, si bien los Estados tienen el poder soberano de diseñar su política migratoria, éste poder tiene límites en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que reiteramos nuestros pedidos de implementar una política de gestión migratoria que logre un equilibrio entre el enfoque de seguridad y de protección de los derechos, facilitando la regularización migratoria. Se debe tomar en cuenta que las políticas migratorias restrictivas promueven la migración irregular, generando el fortalecimiento de redes criminales, como las referidas al tráfico de migrantes y/o trata de personas, así como también exponen a mayor riesgo de formas de violencia, incluida la explotación, el trabajo infantil, el secuestro o la venta de niños.
Reiteramos nuestra convicción de que una sociedad democrática se fundamenta en el respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Ello debe ser tomado en cuenta por el Estado peruano como una cuestión clave para el reconocimiento y la vigencia plena de los derechos de la población migrante.
