Textos escolares….¿cuál es la política en educación en derechos humanos?
Luis Sime Poma
El reciente cuestionamiento de algunos políticos a un texto de secundaria distribuido por el Ministerio de Educación por incluir contenidos ambiguos o tendenciosos sobre el conflicto armado interno que vivió el país, debiera llevarnos no solo a pensar en lo dicho o no en una página o en otra de un solo texto relacionado con una sola área del currículo de un nivel educativo. La cuestión es preguntarnos más a fondo, si queremos asumir con más responsabilidad el debate suscitado: ¿cuál es la política del Estado sobre la educación en derechos humanos?
Entre la diversidad de contenidos a incluir en el currículo, nuestras dos últimas Constituciones le dan un alto estatus a la educación en derechos humanos, algo muy difícil de encontrar en las Constituciones de otros países (Art. 14: “La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar”). A pesar de esta norma dada en 1993, y antes en 1979, perdimos varias décadas para desarrollar una intensa política en educación en derechos humanos, mientras el conflicto interno se extendía y luego cuando fue disminuyendo nos olvidáramos como prevenirlo desde el lado educativo.
El análisis del factor educativo que hace la Comisión de Verdad y Reconciliación en el 2003 sobre su implicancia en el conflicto interno, así como sus propuestas (“Establecer un Plan de Estudios…para lograr una formación integral y alejamiento a la proclividad de la violencia; reformulación de visiones simplistas y distorsionadas de la historia y realidad peruana”.), daban las mejores condiciones tanto para relanzar un plan nacional de derechos humanos como un plan educativo específico y la institucionalidad necesaria que los sostenga en el futuro. Sin embargo, volvimos a perder la oportunidad; los esfuerzos han sido hasta ahora parciales.
Si bien es cierto, la Ley General de Educación vigente (2003) retoma lo planteado en la Constitución para hacer obligatoria la enseñanza de los derechos humanos, agregando que ésta deba impartirse en castellano y otros idiomas, y el Consejo Nacional de Educación alude en el Proyecto Educativo Nacional (2007) tener en cuenta aquellos aprendizajes que contemplen los derechos humanos, lo cierto es que no contamos ni desde esta instancia, ni desde el Ministerio de Educación, con políticas y planes nacionales para la educación en derechos humanos. ¿Lo tendremos alguna vez?
Lo lamentable es que existen en el seno de nuestra sociedad, y en otras que han tenido también conflictos internos graves, prácticas educativas e instituciones que han venido desarrollando experiencias de educación en derechos humanos en diversos ámbitos y desde las cuales se pueden construir políticas de mayor envergadura y pertinentes para las distintas regiones. Detrás de esta debilidad se expresa una vez más la crisis de encuentro entre las prácticas e iniciativas de la sociedad y las políticas públicas del Estado.
Esperamos que esta coyuntura polémica sirva, más allá de las dobles intenciones que puedan contener los cuestionamientos que han surgido, para no quedarnos solo en la discusión de una página en un texto escolar sino para abordar temas de mayor perspectiva que aún no los hemos resuelto: ¿cuál es la política del Estado Peruano en educación en derechos humanos? ¿qué tipo de política en educación en derechos humanos necesitamos para un país con una historia como la nuestra? ¿cómo articular las políticas por evaluar y mejorar la educación con la educación en derechos humanos?
