La finalización del periodo de actuación del Consejo Educativo Nacional nos pone no solo ante el problema de su continuidad administrativa, sino sobre todo ante la necesidad de relegitimar su utilidad como instancia política del Estado. Más aún, se convierte en una oportunidad para repensar el Estado desde este tipo de instancias también existentes en otros sectores.
En efecto, tenemos entre otros, Consejos Nacionales en Seguridad Vial, Trabajo, Salud, Ciencia y Tecnología, y Educación; este último inexplicablemente el más recientemente creado para uno de los sectores históricamente más críticos del país. Una mirada de sus respectivas WEBs nos permite advertir la diferencia entre ellos; así, el Consejo de Seguridad Vial creado en 1997, nos muestra referencias muy limitadas sobre su desempeño a comparación de los otros creados después, siendo su campo de acción de gran envergadura para un país tan vulnerable en materia de seguridad vial.
No obstante las limitaciones que podamos encontrar entre ellos, tenemos la necesidad de afianzar nuestro Estado Democrático desde aquellos espacios para la confluencia de actores claves en cada sector. Para un país donde la fragmentación y la discontinuidad han sido parte de su tradición, pues sostener dichos espacios son estratégicamente vitales. El carácter concertador que promueven es, sin duda, un aporte sustancial para la generación de propuestas consensuadas en interacción con los propios Ministerios y Parlamento. Sin el impulso de estas instancias, como lo son los Consejos Nacionales, estamos debilitando el Estado Democrático como la institución articuladora de consensos múltiples, como el optimizador eficiente de los conflictos.
Pero otra característica relevante de estos Consejos para un país como el nuestro radica en su aporte a las políticas públicas desde un enfoque sistémico y prospectivo. Las políticas públicas tienen el riesgo del sectorialismo y el inmediatismo, para ello necesitamos entidades como los Consejos Nacionales: especializadas en su sector y en las sinergias con otros sectores; contribuyendo, además, a anudar el corto con el largo plazo en base a una agenda vinculante de prioridades sectoriales.
Otro riesgo necesario de advertir es el centralismo de las políticas públicas, para lo cual los Consejos Nacionales debieran evaluar cuál ha sido su trabajo descentralizado y hacer esfuerzos para sostener espacios en el ámbito regional que les permitan nutrirse más directamente de las propuestas y experiencias que pueden ser transferibles a otra escala de las políticas públicas. En ese sentido, los Consejos Nacionales le ayudan al Estado a esa lectura fresca de las prácticas sociales que demandan visibilidad.
Luis Sime Poma
