Como hemos venido sosteniendo en este pequeño espacio de discusión desde hace buen tiempo, la única razón que impulsaría al gobierno a realizar ciertas reformas en la institucionalidad ambiental del país es la implementación de los Tratados de Libre Comercio, en especial el que se ratificará el día de mañana con los Estados Unidos.

La Ministra Mercedes Aráoz anunció, como uno de los temas que requieren de cambios en la legislación, y que justificarían la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, la necesidad de reordenar la gestión del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), incluyendo al OSINFOR (regulación de las concesiones forestales), y a la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). En el caso de INRENA – OSINFOR, el tema está claramente vinculado con la adenda realizada al APC con EEUU, y la obligación de fortalecer la lucha contra la tala ilegal. Pero Araoz deslizó la necesidad de una reforma mayor, indicando que “tenemos que hacer que el sistema ambiental funcione mejor. Hay que definir las funciones y organizarnos y fortalecer las capacidades no sólo normativas sino las de sanción”. Esto implicaría, cambios en las tres instituciones con mayores competencias: CONAM, INRENA, DIGESA. No dijo nada sobre las otras unidades ambientales de los ministerios.

De lo dicho no se puede desprender ninguna propuesta concreta. Pero pareciera que la idea apuntara a realizar las mejoras ya previstas en la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental del año 2004, y de la Ley General del Ambiente del 2005. No estamos hablando, por lo tanto, de una reforma mayor.

Esto es, desde luego, coherente con nuestras hipótesis sobre las condiciones de esta reforma. Nada lleva a ir más allá de lo estrictamente necesario para el TLC. Por lo tanto, es el momento para plantear ideas concretas sobre como realizar una verdadera reforma, que construya sobre lo ya avanzado y que permita generar condiciones para una buena gestión ambiental más allá de lo que requiere el TLC.

Por ejemplo, retirar las funciones de regulación ambiental de los ministerios promotores de la inversión es crucial. También el generar mecanismos que permitan a los responsables de las entidades ambientales manejar de mejor manera las presiones que sufren de parte de intereses particulares, sean económicos, sociales o políticos.

Otro tema central tiene que ver con los recursos asignados a la materia, la necesidad de generar incentivos para la constitución de una burocracia ambiental eficiente y moderna (meritocrática y estable), y el desarrollo de una nueva forma de relacionarse con la comunidad y la sociedad civil en general, sobre la base de la transparencia y de un enfoque de derechos.

Algo que podría pedir el Congreso son ciertos lineamientos básicos de lo que se quiere hacer con la delegación de funciones. Quizás esto ayude a clarificar el proyecto de reforma ambiental del Poder Ejecutivo y ver si es lo que necesitamos o si sólo es lo que necesita el TLC (que, aunque en estos tiempos puede parecer contracorriente, no es lo mismo).

Ivan Lanegra

Foto: fuente MINCETUR (portal web)