Los actuales responsables de las entidades ambientales del Gobierno Nacional no han podido definir explícitamente la política ambiental del país. Es el Presidente García el que la ha formulado con sus ya célebres artículos. Y debemos agradecerle el gesto. Pues quizás aquellos jamás lo habrían hecho. El problema es el símil entre “ambientalista” y “perro que no come ni deja comer” planteado por García. Por ello, salvo que los funcionarios ambientales quieran aceptar una inesperada naturaleza canina y perversa, deben convertirse en enemigos acérrimos de cualquier ambientalista aguafiestas que sea etiquetado como “anticapitalista”, “enemigo de la inversión” o, peor aún, “comunista encubierto”. El perro es lobo para el perro.

La política ambiental tiene tres fundamentos. En primer lugar corrige las limitaciones de los mercados para tomar decisiones socialmente eficientes. Lamentablemente (o quizás por fortuna) muchos de los bienes ambientales carecen de precio, y no es posible ejercer derechos de propiedad efectivos sobre ellos. Además, y esto es lo más importante, la lógica del corto plazo y la ausencia de un valor económico del ambiente, generan fuertes incentivos para su explotación irracional. De otro lado, si un país dicta una política ambiental adecuada, puede promover la innovación. Las empresas y demás actores sociales, estarán interesados en invertir en investigación y en el desarrollo de tecnología que les permitan ser ambientalmente más eficientes. De esta manera, en el mediano y largo plazo, la producción termina siendo más competitiva. Ahorra agua, energía, materias primas, etc.; además de disminuir los impactos sobre la salud de las personas y sobre la productividad de los ecosistemas, lo cual en conjunto tiene un efecto positivo para la economía. Finalmente, un tercer elemento lo constituyen los problemas de la distribución justa de las cargas y riesgos medioambientales. Detrás de determinada política ambiental existe también una decisión sobre cómo deben repartirse los costos ambientales dentro de la sociedad. Un esquema injusto, cargará en los más pobres el peso de la contaminación, y permitirá que quienes más tienen terminen asumiendo menos responsabilidades.

¿Encara estos temas la política ambiental delineada por el Presidente García? Pareciera que se quisiera enfrentar el problema del deterioro ambiental afirmando derechos de propiedad (y concentrándola). Esto sin duda resolvería uno de los problemas del mercado para funcionar adecuadamente. Pero la propiedad no es sólo un asunto jurídico o económico, es también un tema político. Sin un Estado capaz de protegerla y regularla, puede ser fuente de conflictos. Y tampoco pareciera que la política gubernamental tuviera mucha claridad sobre los mecanismos de protección de la diversidad biológica. El Presidente García, dejando a relucir su también célebre machismo, se preguntaba en el reciente CADE ¿quién ha dicho que a una virgen (la selva) no se le toca? Habría que informarle al Presidente que las políticas ambientales hace mucho tiempo que han superado este tema. Lo que se propone es un aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, y la protección de ciertas áreas que guardan un enorme potencial en biodiversidad, y en donde podría estar nuestro seguro de vida en el largo plazo (como país y como especie). Tampoco el Presidente parece ver los problemas equidad. Es más, ha hablado del mito de las comunidades campesinas, haciendo de sus vínculos coloniales la justificación para su irrelevancia. Bajo este argumento, el Perú sería irrelevante, en tanto Estado creado por virreyes, y con una estructura que parece no querer dejar su pasado colonial. Las comunidades campesinas (y desde luego las nativas) son depositarias de tradiciones invaluables que expresan también su capacidad de adaptación a los vaivenes de la historia del país. Sólo por ello deberían merecer nuestro más profundo respeto.

En resumen, la política explícita es el mantenimiento del status quo de la regulación ambiental, e inclusive en algunas áreas, francos retrocesos a lo avanzado durante las últimas décadas. Paradójicamente, son los EEUU., el viejo enemigo imperialista del APRA, quien le pondrá al actual gobierno cierta agenda ambiental mínima a través del TLC y sus enmiendas, y lo llevará a impulsar algunas reformas en el área. Por ahora, no somos los dueños de nuestro destino ambiental.

Ivan Lanegra

Publicado en el Diario La Primera (Huancayo), el 5 de diciembre de 2007

La caricatura es de Carlín, publicada en la República el 13 de noviembre de 2007.