Cada día aumenta la preocupación por el impacto ambiental negativo de las actividades humanas. El 82.2% de los encuestados considera que el problema es muy importante, lo cual se explica en parte por la creciente relevancia, y cobertura mediática, del cambio climático global (el 82% menciona los cambios en el clima como uno de los factores que están dañando el ambiente). Pero dicha preocupación queda rezagada al lado del desempleo, la pobreza, la inseguridad ciudadana o la corrupción[2]. Por ello, a pesar de que el país pierde el 3.9% de su PBI por deterioro ambiental[3], gasta, en sus tres niveles de gobierno, apenas 150 millones de dólares anuales para reducirlo, detenerlo o revertirlo[4].
De otra parte, dado que sólo el 14.6% de los encuestados declara haber participado en alguna actividad “ambiental”, y apenas el 27.6% indica que compra muchas veces productos “no contaminantes”, debe tomarse con reserva el apoyo que brindan a los impuestos y subsidios que favorezcan las actividades ambientalmente adecuadas (85.7% a favor), a la sanción severa a los vehículos que emitan gases contaminantes (93.7% a favor) o la prohibición de su circulación (85% a favor). La razón de este respaldo se encontraría en que los encuestados asumen que dichas medidas no los afectarán ó, como en el caso de los “focos ahorradores” (el 75.7% declara utilizar estos sistemas), podrían favorecerlos.
En este contexto, la entidades del gobierno nacional (34.4%) y los gobiernos regionales y locales (22.1%) aparecen como quienes deben tener, de acuerdo con la opinión de los encuestados, el papel más importante en la lucha contra la contaminación. Esto puede interpretarse como el reclamo de una autoridad ambiental nacional eficaz, sin olvidar el papel de las entidades descentralizadas de gobierno, lo que explica el apoyo a la propuesta de crear un Ministerio del Ambiente (86.4%).
En síntesis, la ciudadanía reclama mayor atención a la política ambiental, sin que ello signifique desatender otros problemas considerados, relativamente, más importantes. Sólo sí la población llegara a percibir lo ambiental como condición para la protección de los derechos fundamentales, del desarrollo y la competitividad del país, aquella, y su Estado, darán mayor prioridad a la mejora de las políticas medioambientales.
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[1] Artículo publicado en Estado de la Opinión Pública: Medio Ambiente. Año II / Mayo de 2007, p. 10.
[2] Ver por ejemplo la Encuesta Nacional sobre corrupción encargada por Proetica, de setiembre de 2006, en donde la contaminación ambiental ocupa el noveno lugar en la prioridad de la solución de los problemas más graves del país.
[3] Giugale, Marcelo M.; Fretes-Cibilis, Vicente y Newman, John, L. Perú. La oportunidad de un país diferente. Próspero, equitativo y gobernable. Lima, Banco Mundial, 2006. p. 472.
[4] Abugattás, Javier. El gasto medio ambiental en Perú: exploración inicial. Santiago de Chile, CEPAL, 2005.