¿Cómo explicar la existencia de los botaderos que ha identificado la DIGESA? Simplemente porque hay basura recolectada por las municipalidades que no se lleva a los rellenos sanitarios. Usarlos tiene un costo y muchas de ellas prefieren ‘ahorrárselo’, usando (directa o a través de terceros) los botaderos. Además los recolectores informales llevan la basura a estos mismos lugares. El ‘ahorro’, además de ilegal, es una ilusión: la factura llegará en forma de enfermedades y contaminación ambiental.
Si le exigiéramos a cada municipalidad que certificara la cantidad de residuos que entrega a los rellenos sanitarios cada mes, se vería que hay basura generada que ‘desaparece’ sin destino conocido. Pero si el gobierno nacional redujera a las municipalidades las transferencias presupuestales (como el FONCOMUN) en un monto superior a lo que les habría costado disponer legalmente esa basura ‘desaparecida’, promovería la adecuada disposición final: saldría más caro usar un botadero que un relleno. Al mismo tiempo, el reciclaje informal se reduciría conforme la gestión de residuos amplíe su cobertura y mejore su calidad. Hay que dejar el financiamiento vía arbitrios de limpieza pública. Solo cuatro de cada diez contribuyentes los pagan, pues a nadie se le puede cortar el servicio de limpieza por falta de pago. Podemos volver a incluir el costo de este servicio en otros, como la luz eléctrica (que sí puede cortarse).

El cierre de los botaderos y los nuevos rellenos se deben financiar con un fondo que se alimente de los recursos que se obtengan de la reducción de las transferencias presupuestales, de las multas y con parte de los ingresos por el servicio de limpieza. La sanción penal debe ser una última opción, cuando el daño a las personas o al ambiente es muy grave.
Publicado en El Comercio, 31 de mayo de 2007, p. a2.