La decisión de dedicar este nuevo número de la Revista Politai a la política ambiental, o quizá, dicho de manera más precisa, a la relación entre la ciencia política con la agenda medioambiental, constituye un acierto. No sólo por la importancia del tema en la coyuntura actual, sino por que apunta a enriquecer la mirada sobre un tema de gran com
plejidad apoyándose en las herramientas que ofrecen las ciencias sociales y la politología en particular. Una buena introducción sobre lo que esto último implica la ofrece el artículo de Enrique Leff [Sustentabilidad y racionalidad ambiental: hacia ‘otro’ programa de sociología ambiental, p. 127-154], enfocándose en particular en la sociología.
Voy a ordenar mis comentarios a la revista haciendo alusión a cuatro preguntas que me parecen pueden resumir buena parte de la agenda de discusión sobre el tema desde la ciencia política.
La primera pregunta, que además es objeto de constante mención pública, refiere a cómo debe abordarse la cuestión ambiental, ¿cómo un asunto “técnico” o como uno “político”? En el ámbito público, la referencia a la necesidad de dejar de lado la política en el cambio ambiental apunta a evitar que “intereses u objetivos políticos” se entrometan en decisiones que deberían ser evaluadas bajo criterios “económicos o científicos”.
Se trata de una interrogante que requiere ser atendida en varios planos. Si por técnica entendemos la necesidad de acudir al conocimiento científico para determinar cuáles son las condiciones ambientales existentes, o para determinar los impactos provocados por una actividad humana, no hay duda de su relevancia e importancia. Esta información será crucial, además, para construir posibles escenarios de riesgo e incertidumbre. Pero aquí se revela la natural limitación del conocimiento humano para comprender la complejidad de los ecosistemas de nuestro planeta, razón por la cual siempre existirá un inevitable componente de falta de certeza científica en el abordaje de la temática medioambiental.
Pero la comprensión técnica, con sus límites, es sólo el antecedente de un segundo proceso. Se trata de discutir la distribución y redistribución de los costos y riesgos que implican las decisiones que adoptamos. Este proceso puede ser definido por los particulares sin la presencia del Estado, pero en condiciones de asimetría o de altos costos de información y transacción, lo cual, a su vez, puede conllevar situaciones claramente injustas.
Hay en este nivel una discusión de evidente naturaleza política. Esto se encuentra además ligado a los problemas de acción colectiva y las posibilidades de los actores de influir en las decisiones que definen la señalada distribución de cargas ambientales. Y también expresa una dimensión ética, como la expone Arbulú [Ética ambiental y gestión de los recursos naturales: entendiendo la base de la problemática económica. p. 63-73], que muestra como ella explica la manera en que distintos actores abordan la política ambiental a partir de las responsabilidades que se asumen, dentro y fuera de nuestra especie.
Existe, además, un tercer nivel. Y se trata de un elemento aún más complejo, que trata de las distintas valoraciones que los actores dan a los distintos bienes ambientales. La forma como se estructura el poder está ligada también a la manera como valoramos los recursos naturales. El artículo de Burneo y Huamán [Lógicas privadas y lógicas locales, una mirada a la presencia de las industrias extractivas desde las historias comunales. p. 75-87] toca el caso de una comunidad campesina en la costa norte peruana, y los avatares que enfrenta al momento de lidiar con la presencia de la actividad petrolera, lo que se suma a los ya difíciles problemas que enfrenta internamente la comunidad respecto de sus tierras, lo cual posee además, identifican las autoras, una dimensión política. Y esta situación puede ser aún más difícil de abordar en escenarios de diversidad cultural. Se trata, entonces, de mirar la política desde esos espacios locales.
Mirando las cosas desde estos distintos planos, es evidente que lo ambiental posee una dimensión política, y ello también implica que será contrapuesta frente a múltiples intereses, así como a valoraciones diferentes sobre su contenido. El artículo de la Comisión de Investigación de Politai [Los límites de la articulación de los movimientos antimineros en el Perú. p. 89-111] analiza, desde esta mirada, las limitaciones que enfrentan los denominados “movimientos anti-mineros” para articular una acción de conjunto, que permita trascender del ámbito de las protestas locales. Y desde otros actores, las comunidades nativas de nuestra amazonía, Aída Gamboa explora en su tesis de licenciatura [Movimientos indígenas amazónicos y acción colectiva en conflictos socioambientales: los casos de la reserva comunal amarakeiri y la cuenca del río Curaray. p. 113-125] las experiencias de acción colectiva de dichas poblaciones, y las dificultades que enfrentan.
La segunda pregunta que quiero compartir es la siguiente: ¿Qué tipo de incentivos genera para el Estado y para el régimen político democrático, una economía que depende –aún– en buena medida del aprovechamiento de los recursos naturales?
Los textos de Orihuela [Instituciones y cambio institucional: repensando la maldición de los recursos naturales desde los nuevos institucionalismos y la experiencia peruana. p. 47-61], así como el que escribimos junto con Verónica Hurtado [Estado, recursos naturales y política ambiental: notas para el caso peruano. p. 17-31], buscan dar un marco para intentar algunas respuestas. Una primera conclusión, de ambos artículos, es que una provisión generosa de recursos naturales de gran demanda económica no es necesariamente una mala noticia –una maldición, como señala una teoría–.
El asunto crucial es entender que va a generar un conjunto de presiones, tensiones y desafíos que requieren ser entendidos en sus contextos específicos –en particular en un país de gran diversidad como el nuestro- a fin de contribuir a generar los mejores arreglos institucionales posibles, de tal manera que se aprovechen sus beneficios y se atenúen sus incentivos perversos. La evidencia empírica revela que dichas oportunidades existen, y que los países tienen posibilidades reales de aprovecharlas.
Nuestra tercera pregunta alude a entender ¿cómo nacen y se desarrolla el marco regulatorio ambiental?, ¿por qué avanza en ciertos aspectos y tiene dificultades en otros?
Esta es una pregunta compleja. Pues en el Perú ha aparecido un conjunto de instrumentos y políticas en materia ambiental, aun cuando su desarrollo y aplicación posterior muestra cierta irregularidad y altibajos. Las respuestas aluden tanto a factores externos, algunos de ellos ligados a las exigencias que tienen las inversiones en un escenario global, como a factores internos, en donde se ha identificado en particular la relación entre los procesos conflictivos y las innovaciones institucionales, tal como relata la reseña de Quiñones sobre el reciente libro de Anthony Bebbington [Industrias extractivas: conflicto social y dinámicas institucionales en la región andina. Anthony Bebbington, editor.]
Finalmente, cabe preguntarse si el deterioro de ciertas condiciones ambientales puede poner en riesgo la “gobernabilidad” de nuestro país.
Esta es una preocupación que en un escenario de cambio climático g lobal, tendrá cada vez mayor atención. En particular el agua y los bosques naturales serán asuntos de la mayor relevancia. El texto de Hinojosa [Elementos para el debate sobre gobernanza ambiental en los Andes con especial mención al agua y minería en Perú. p. 33-45] introduce algunos elementos de dicha discusión alrededor de los conceptos de “gobernanza” y gestión de los recursos hídricos, en donde identifica potenciales tensiones y conflictos, prestando particular atención a los derivados de la competencia por el acceso dichos recursos con las actividades extractivas.
Desde luego todo lo señalado es solo un punto de partida de una agenda de investigación que es impostergable, dadas sus consecuencias para las actuales y futuras generaciones.
Muchas gracias
Lima, 14 de junio de 2013