Durante los últimos 8 años se ha discutido ampliamente la necesidad de modificar la Ley General de Aguas, vigente desde el año 1969. Una norma que fue diseñada como un instrumento de la Reforma Agraria, y bajo condiciones políticas, económicas y sociales que hoy en día ya no existen, requiere sin duda de una revisión. Aunque son varios los temas que requerirían de reforma (ver “Para que la Ley no haga Agua“), el tema organizaciones fue siempre una preocupación central. En la reciente discusión sobre el Agua y el Ministerio del Ambiente parece haberse olvidado los consensos logrados, y se están proponiendo “soluciones” que van contracorriente a las necesidades reales de la gestión de los recursos hídricos.
Una de las preocupaciones centrales era el alto nivel de fragmentación de las funciones ambientales. Para empezar una división, derivada de la propia Ley General de Aguas, entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud. Luego, responsabilidades sectoriales respecto del control de la contaminación ambiental de cuerpos de agua. De otro lado, responsabilidades en el manejo de las aguas para el consumo humano, así como en su aprovechamiento energético. Como si esto no fuera suficiente, la descentralización incorporó a las gobiernos regionales dentro de esta compleja estructura institucional.

Otro aspecto crítico era la necesidad de darle un enfoque multisectorial (e integral) a la gestión de los recursos hídricos. El manejo de las aguas a través de entidades sectoriales, como el Ministerio de Agricultura, llevaba a una preocupación sesgada sobre aspectos sectoriales, que por muy importantes que fueran, no reemplazan la necesidad de una mirada de conjunto.

Finalmente, se consideró fundamental generar estructura de gestión por cuencas, con capacidades (legales y en recursos) suficientes para manejar con eficiencia y eficacia los recursos hídricos. En esta esfera, la presencia de actores locales resulta fundamental, así como la conformación de mecanismos que aseguren una mirada multisectorial.

¿Constituye la creación de la Autoridad Nacional de Aguas, la creación del Ministerio del Ambiente, y la propuesta de dividir la gestión entre ambas entidades, una respuesta a estos desafíos? La respuesta es no. En primer lugar, esta solución no reduce la fragmentación sino incluso la aumenta. Además, en un país con ausencia de una cultura de rectoría y planificación estratégica, la capacidad de una entidad de incidir en los actores a partir de simples planes y políticas, sin instrumentos directos de gestión, es bastante limitada.

De otro lado, el esquema propuesto también ratifica el manejo sectorial del sector agricultura. Es precísamente el sector en donde se dan las mayores ineficiencias, y en donde los incentivos para generar reformas en el status quo actual son limitados, el encargado de asumir e impulsar los cambios en la gestión de las aguas.

En tercer lugar, no existen aún precisiones sobre el manejo a nivel de cuencas. Por el contrario, la fragmentación se expresa en la gestión de las cuencas, donde muchas decisiones no responden a criterios compartidos, sino simplemente a las necesidades particulares o sectoriales.

Es por ello que debemos insistir en impulsar un esquema que asegure la existencia de una Autoridad Nacional del Agua con todas las competencias sobre la materia (incluyendo los instrumentos de regulación directa, y no sólo la planificación), adscrita al Ministerio del Ambiente, para evitar los sesgos sectoriales, y con Autoridades de Cuenca como el verdadero corazón del modelo, con funciones directas en la asignación de recursos y de velar por la conservación de las aguas.

Corresponde al Ministerio del Ambiente liderar este proceso, y defender un importante consenso que lamentablemente hasta la fecha no se ha convertido en política del Estado.

Ivan Lanegra