Declaratoria de Emergencia. Esa que debiera ser la última estación de la gestión ambiental es normalmente en la experiencia peruana la primera. El reciente Decreto Supremo Nº 030-2008-PCM dictado por el Poder Ejecutivo declarando en dicho estado por 60 días el sistema de alcantarillado de Lima y el Callao es un caso más. ¿Por qué llegamos a dicha situación? Las causas son varias, y entenderlas debiera servirnos para evitar cometer los mismos errores. 1. La ausencia de una política ambiental real en el sector saneamiento. Las inversiones, como es natural, han priorizado la cobertura de los servicios de agua potable y el alcantarillado, pero con muy poca atención a los problemas de la contaminación generada por las ciudades, y menos aún por las condiciones ambientales de las cuales dependen las fuentes de los recursos hídricos. Por eso, tenemos muy bajos índices de cobertura de tratamiento de las aguas residuales (bordeando apenas el 14% segun cifras de CEPIS/OMS). Sin definiciones claras en este tema, era muy difícil avanzar. Además, instrumentos claves como la evaluación de impacto ambiental, o límites máximos permisibles no han sido regulados en el sector, y su unidad ambiental es todavía débil. Por eso tienes problemas ambientales que han afectado o se han considerado en infraestructuras de la importancia del Proyecto Mesías en San Bartolo o el Proyecto Interceptor Norte en el Callao.

2. Una empresa pública como SEDAPAL que no puede contar con los recursos necesarios para financiar este tipo de inversiones. Recordemos que finalmente todos los proyectos requieren recursos, y en este caso el Estado no ha podido hasta el momento diseñar un esquema que le asegure a este empresa el financiamiento que requiere para cubrir todas estas necesidades. Recordemos que al final, si queremos un mar limpio, los que usan el sistema (los usuarios) deben pagarlo. Eso además no es políticamente muy atractivo.

3. La ausencia de autoridades ambientales reguladoras efectivas. ¿Es posible que ninguna autoridad de las aguas o el mar hayan previsto esto con tiempo y hayan actuado oportunamente? Debemos recordar que ya en octubre del 2006 se quizó utilizar el interceptor norte y que entonces una decidida acción de la Comisión Ambiental Regional del Callao impidió el despropósito. En dicha oportunidad, las autoridades de SEDAPAL y del Ministerio de Vivienda indicaban que a) no iban a utilizar el interceptor, b) que sin embargo, Taboada era una mejor opción que San Miguel, porque podía haber mayor dispersión, c) que la opción de un “pretratamiento” estaba descartada, d) que se iban a construir plantas provisionales para atender el tema y poder usar el interceptor en un año.

4. La torpeza de las propias autoridades. Un año y medio después, las autoridades de SEDAPAL y el nuevo ministro de Vivienda sostenían a) que no había otra que usar el interceptor norte, b) que Taboada no es lo mejor por las corrientes, por lo que hay que usar el colector de La Perla, c) que había que ver el tema del “pretratamiento” (aunque después “volvieron” a descartarlo), d) que hay que esperar hasta construir la planta definitiva. Y para colmo, señalando que no habrá daños, pero ofreciendo dar 1,000 soles mensuales por las molestias.

5. Población capaz de movilizarse para exigir el respeto de derechos muy cercanos. Esto ha ocurrido tanto en San Miguel, en Ventanilla y en La Perla. Este es el factor que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno Nacional. A diferencia de otros temas más difusos (típicos en materia ambiental) aquí si ha habido la posibilidad de movilización, pues los problemas son visibles y se huelen.

Ojalá que el Ministerio del Ambiente pueda contribuir a corregir esta situación, y genere las condiciones para evitar tener que ir a situaciones de emergencia, que luego se convierten en lo cotidiano. Hasta que la cosa se pone mucho peor.

Ivan Lanegra

Foto: La República, edición del 4 de abril.