Improvisación. Esa es la palabra que define el proceso de creación del Ministerio del Ambiente que conduce el Poder Ejecutivo. ¿Por qué decimos esto?
Primero.- Porque el actual gobierno no tiene una propuesta de Política Nacional del Ambiente. Pero el Presidente de la República si tiene una política con importantes efectos ambientales.
Segundo.- Porque el Poder Ejecutivo no tiene un proyecto de Reforma de la Institucionalidad. Y no cree en verdad en ella.
Tercero.- Porque el Poder Ejecutivo no tiene ningún proyecto serio de creación del Ministerio.
Cuarto.- Porque las entidades del Poder Ejecutivo no han podido dictar en año y medio ni una sola norma de calidad ambiental, no han podido implementar ni el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ni el Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental. Porque no tienen Agenda Ambiental, ni han evaluado la que acabó.
Por eso, el anuncio presidencial ha obligado a:
a) Funcionarios ambientales y Ministros de Estado, que decían hace apenas algunos meses que no se requería un Ministerio del Ambiente, hablen ahora de su importancia; y que fueron incapaces de plantear una verdadera reforma desde sus instituciones.
b) Pretender mediante la RM N° 025-2008-PCM, publicada el día de hoy y que crea un Grupo de Trabajo Multisectorial (en donde solo se nombra a una persona) resolver en veinte días las ineficiencias e incompetencias de año y medio de gestión. Este grupo deberá establecer un diagnóstico de la problemática ambiental, una propuesta de Política Nacional del Ambiente, y el proyecto de creación del Ministerio. Casi nada. Casi todo.
c) Negociar con intereses sectoriales y particulares a fin de asegurar su “tranquilidad”.
d) Establecer un proceso de participación restringida, que evite echar muchas luces sobre las debilidades gubernamentales.
Pero, ¿qué requiere una verdadera reforma?
a) Una Política Ambiental seria, producto de un proceso participativo, y que recoja los consensos fundamentales de los principales actores del país
b) Una Agenda para la Reforma de la Institucionalidad Ambiental, que mire al Estado en su conjunto.
c) Una propuesta de Ministerio del Ambiente que apunte a resolver los problemas reales de la gestión pública ambiental, y no sólo las exigencias externas (préstamo para Camisea y en menor medida el TLC), y sin avanzar más allá en las necesidades internas.
d) Una sociedad civil que empuje este proceso, pues es el único actor capaz de incorporar la agenda interna en la discusión.
¿Y como culminará la historia? No lo sabemos, pero sí podemos describir el escenario más probable.
1) Es muy difícil que el gobierno acepte mecanismos que limiten su control sobre ciertas decisiones críticas (en especial porque perciben un potencial “enemigo político ambiental”), como el visto bueno ambiental a los proyectos de inversión y la fiscalización ambiental.
2) Algunos temas de interés ministerial no serán transferidos. Los bosques y el agua no saldrán del Ministerio de Agricultura. Se buscará mantener en lo posible el status quo en la fiscalización minera, dejando en OSINERGMIN dicha tarea.
3) Se permitirá cierta discusión pública, pero al final el Poder Ejecutivo buscará mantener el control del proceso.
4) Se mantendrá el status quo de la descentralización de la gestión ambiental.
5) Se designará a un ministro(a) de cierto prestigio, acompañado de personas de confianza del gobierno que aseguren que las políticas reales del mismo no sean afectadas.