El anuncio del Presidente de la República de crear un Ministerio del Ambiente aprovechando la delegación de facultades legislativas concedidas al Ejecutivo es sin duda una buena noticia. Pero supeditar su diseño a las necesidades del acuerdo comercial con los Estados Unidos sería un error. La agenda ambiental peruana es mucho más amplia y compleja. Por lo tanto es muy importante entender los principales desafíos que deberá enfrentar esta nueva entidad. ¿Qué necesitamos?:
Como hemos venido sosteniendo en este pequeño espacio de discusión desde hace buen tiempo, la única razón que impulsaría al gobierno a realizar ciertas reformas en la institucionalidad ambiental del país es la implementación de los Tratados de Libre Comercio, en especial el que se ratificará el día de mañana con los Estados Unidos.
La Ministra Mercedes Aráoz anunció, como uno de los temas que requieren de cambios en la legislación, y que justificarían la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, la necesidad de reordenar la gestión del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), incluyendo al OSINFOR (regulación de las concesiones forestales), y a la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). En el caso de INRENA – OSINFOR, el tema está claramente vinculado con la adenda realizada al APC con EEUU, y la obligación de fortalecer la lucha contra la tala ilegal. Pero Araoz deslizó la necesidad de una reforma mayor, indicando que “tenemos que hacer que el sistema ambiental funcione mejor. Hay que definir las funciones y organizarnos y fortalecer las capacidades no sólo normativas sino las de sanción”. Esto implicaría, cambios en las tres instituciones con mayores competencias: CONAM, INRENA, DIGESA. No dijo nada sobre las otras unidades ambientales de los ministerios.
De lo dicho no se puede desprender ninguna propuesta concreta. Pero pareciera que la idea apuntara a realizar las mejoras ya previstas en la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental del año 2004, y de la Ley General del Ambiente del 2005. No estamos hablando, por lo tanto, de una reforma mayor.
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Los actuales responsables de las entidades ambientales del Gobierno Nacional no han podido definir explícitamente la política ambiental del país. Es el Presidente García el que la ha formulado con sus ya célebres artículos. Y debemos agradecerle el gesto. Pues quizás aquellos jamás lo habrían hecho. El problema es el símil entre “ambientalista” y “perro que no come ni deja comer” planteado por García. Por ello, salvo que los funcionarios ambientales quieran aceptar una inesperada naturaleza canina y perversa, deben convertirse en enemigos acérrimos de cualquier ambientalista aguafiestas que sea etiquetado como “anticapitalista”, “enemigo de la inversión” o, peor aún, “comunista encubierto”. El perro es lobo para el perro.