El Viceministro de Minas acaba de delinear con mediana claridad la política del Gobierno en el tema minero. El centro de su interés es que el Perú tiene proyectos mineros que implicarían inversiones de 14,000 millones de dólares. Frente a ello se ha señalado que el Ministerio de Energía y Minas se ha comprometido con dos grandes objetivos en el sector minero: la recuperación de la confianza como condición de la gobernabilidad del sector y el desarrollo sostenible.

Se ha reconocido que la minería “es un sector que hoy día tiene cierto grado de conflictividad social”, por lo que se tiene que “recuperar la percepción del ministerio como una autoridad imparcial”. El Gobierno Nacional busca que las “actividades mineras se realicen en el marco de la excelencia ambiental y social” y poner “énfasis en la percepción de la minería no como un fin en si mismo, sino como un medio de derrotar la pobreza y lograr el desarrollo social”, así como “generar las condiciones para que no se pierda el alto atractivo de Perú en relación a la inversión nacional y extranjera” en minería.

El Ministerio de Energía y Minas estaría buscando que se “creen herramientas estándares que permitan que en todo el país se trabaje con los mismos criterios, adecuados de acuerdo a las demandas sociales”. La estrategia del Gobierno “Nacional es que todas esas demandas sociales sean canalizadas a través de una agresiva campaña de inversiones en infraestructura”, precisó Isasi.
El viceministro agregó que considera que existe “un problema de conocimiento y educación” para hacer que “la población pueda tomar conciencia del potencial minero de su región”. “No queremos que en el futuro nos digan por qué no se aprovechó esa oportunidad”, enfatizó. También aseguró que “en el país se sancionan los incumplimientos” a las leyes medioambientales en minería y que “los que incumplen impunemente (esas leyes) son casos aislados”. Consideró, al respecto, “un falso dilema decir que no es posible la coexistencia entre la minería y la agricultura”.

En resumen, la minería es muy importante, porque es una fuente principal de ingresos (14,000 millones de dólares). Hay cierta conflictividad, pero el Ministerio de Energía y Minas puede ser percibido como “autoridad imparcial”, si educa e informa a la gente sobre lo bueno que puede ser la minería. Y no hay problemas de aplicación de las leyes ambientales.

Esto refleja una mala lectura del problema y de las soluciones. El problema no es la desinformación y la falta de educación de las personas. El problema es el Estado. Los países que han logrado desarrollarse aprovechando los recursos naturales se han caracterizado por políticas públicas fuertes. Esto es así porque la explotación de los recursos naturales generan incentivos perversos que termina generando conflictos. Sólo como un dato, los países ricos en recursos naturales tienen el doble de probabilidad de sufrir una guerra civil.

Entonces, no se trata de “mejorar la percepción sobre una autoridad imparcial”. El Ministerio de Energía no es imparcial, pues su objetivo central es lograr que estos 14,000 milones de dólares se conviertan en realidad. Esto no es malo. Es lo lógico. Por dicha razón debe corresponder a otra institución el asegurar que los objetivos ambientales y sociales estén garantizados.

El otro tema es que la minería, con todo lo importante que es, no es la única actividad económica viable. Hay otras. Donde sea posible hacerlas compatibles, perfecto. Pero si no es posible, se deben tomar decisiones a partir de criterios claros. La oposición de muchos representantes del sector minero al Ordenamiento Territorial y a la Zonificación Ecológica Económica muestra poco interés en establecer un marco más ordenado para la toma de decisiones. Y claro, también debemos elegir (como dijo hace poco un importante funcionario en Colombia) que no debe ser tocado (por ejemplo, Candamo).

Estas reformas son precísamente las que permitirán que hagamos que esos 14,000 millones de dólares se conviertan efectivamente en una oportunidad. Sino, seguiremos reproduciendo los errores que nos llevarán a Tambogrande y Majaz. Sí la reforma debe defenderse, el Gobierno Nacional ha agregado 14,000 millones de razones. Aunque el bienestar de la gente es una razón que vale más.

Ivan Lanegra