A continuación ACI Prensa reproduce el texto íntegro del comunicado:

“La Santa Sede, con Decreto del Emmo. Secretario de Estado, en base a específico mandato Pontificio, ha decidido conforme a la legislación canónica retirar a la Pontificia Universidad Católica del Perú el derecho a usar en su denominación los títulos de ‘Pontificia’ y de ‘Católica’.

La renovación requerida por la Santa Sede hará que la Universidad responda con más eficacia al cometido de llevar el mensaje de Cristo al hombre, a la sociedad y a las culturas, según la misión de la Iglesia en el mundo”.

Para ver una copia del decreto de la Secretaría de Estado del Vaticano sobre la pérdida de los títulos de “Católica” y ” Pontificia”, haga click en:
http://www.aciprensa.com/Docum/decretopucp.pdf

El comunicado señala que el texto lo recibieron de manos del Nuncio Apostólico, Monseñor James Green a las 4:00 p.m. (hora local).

“El Rectorado informa que habiendo sido programada con antelación una sesión de Asamblea Universitaria para el lunes 23 de julio, este documento será presentado, en dicha reunión, para que la Asamblea Universitaria sea informada y debata al respecto”, concluye el texto.

Vaticano 11 de julio de 2012

Señor Rector:

La Santa Sede ha seguido con particular atención la evolución de la situación de la Pontificia Universidad Cató1ica del Perú. (PUCP), especialmente tras la Visita canónica del Emmo. Card. Peter Erdo y su visita a Roma el pasado 21 de febrero.

Durante la conversación que mantuvimos en aquella oportunidad, por mandato del Santo Padre le comuniqué, en sustancia, la ‘exigencia legal’ de adecuar los Estatutos de esa Universidad a la legislación canónica de la Constitución Apostó1ica Ex Corde Ecclesiae, como debería haberse hecho ya desde 1990.

Ese ha sido en todo momento el claro requerimiento que la Santa Sede les ha hecho como obvio requisito para que sean reconocidas y garantizadas adecuadamente la identidad y la misión específicas de esa Universidad.

He sido informado detalladamente par el Nuncio Apostó1ico en el Perú, Su Excelencia Monseñor James Green, de las reuniones que han tenido en la sede de la Nunciatura Apostó1ica, así como de sus propuestas. Atendiendo al pedido que Usted le hizo, se amplió el plazo para la adecuación de los Estatutos desde el 8 al 18 de abril último.

Debo comunicarle ahora la notable decepción con que esta Secretaria de Estado ha ido percibiendo la orientación que ese Rectorado daba a la problemática, particularmente en la carta N. 068/12.R del 13 de abril de 2012 y en la sorprendente carta N. 095/12.R, del 9 de mayo de 2012, publicada como ‘Aviso’ en el Diario ‘La Republica’ el 11 de mayo de 2012. Llama particularmente la atención el modo de presentar en ella las indicaciones recibidas de la Santa Sede y el papel desempeñado por el Arzobispo de Lima. Esa interpretación ha sido causa de desinformación para la comunidad universitaria, para los fieles y los ciudadanos en general.

Como he tenido modo de expresarle antes, la situación irregular que viene atravesando la Universidad no es reciente y ha sido materia de seria preocupación de los tres últimos Arzobispos de Lima, no solamente del actual. La Universidad ha venido incumpliendo las disposiciones legales establecidas, que se ha advertido reiteradamente por escrito.

Consta en nuestros archivos que los últimos Estatutos de la PUCP fueron aprobados, como corresponde a una Universidad Pontificia, por la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades en 1946 y a ellos se han ido incorporando modificaciones aprobadas por la misma Congregación en los años 1957, 1964 y 1967.

Desde la última fecha, las Autoridades de la mencionada Universidad, sin previa y necesaria aprobación de la Santa Sede, han realizado múltiples y sustanciales modificaciones de los mismos perjudicando gravemente los derechos de la Iglesia. A la luz del Acuerdo vigente entre Perú y la Santa Sede y del Derecho Canónico consideramos que dichas modificaciones son ilegítimas y que a través de ellas se está ocasionando un expolio a la Iglesia.

Habiendo recibido de su parte una respuesta negativa al requerimiento de la Santa Sede, debo constatar que en las Autoridades de la Universidad que Usted regenta no hay voluntad de corregir esa arbitrariedad, y que pretenden que la Iglesia renuncie a sus legítimos derechos al servicio de la educación católica.

Esta actitud no reconoce la legítima autonomía de que goza la Iglesia para organizar sus instituciones educativas, como es el caso de la PUCP, en total observancia de las leyes civiles vigentes en el País y del Acuerdo entre el Estado peruano y la Santa Sede. La autonomía de las Universidades Católicas ha sido siempre plenamente reconocida por la Iglesia, dentro del ámbito de sus normas, porque el necesario aporte de la libertad es imprescindible para una sana actividad de estudio e investigación comprometida en la búsqueda de la Verdad, empeño que debe presidir todo esfuerzo por ampliar las múltiples dimensiones del conocimiento y del saber.

Por el contrario, dejando de lado el requerimiento que ha sido hecho a esa Universidad de acomodarse a la ley canónica, del todo compatible con la legislación peruana, ese Rectorado responde que, como ‘premisa’ para adecuarse a la ley de la Iglesia es necesaria una ‘negociación’ con el Arzobispado de Lima que impida el control de este sobre la administración del patrimonio de la Universidad.
Sobre este punto se han pronunciado los tribunales del Perú. Se trata de un derecho-deber a favor de la Iglesia de Lima, que busca sólo garantizar la transparencia y ejemplaridad en dicha administración patrimonial y su adecuación a los fines fundacionales de esa Universidad. Son objetivos que interesan por igual a todos los fieles de esa comunidad eclesial.

Sorprende aun, el hecho que ese Rectorado anteponga un problema ‘que, al fin y al cabo, es exclusivamente un asunto de bienes materiales’, como decía Usted en su carta del pasado 13 de abril, al deber que esta Secretaria de Estado le recordaba de observar la legalidad eclesial.

Ambas cuestiones poseen su propia autonomía. Una ‘solución integral’, como Usted dice, que no respete los elementos de justicia que hay en una cuestión y en la otra, representa una solución contraria a la justicia. La primera exigencia, incondicional, que esa Universidad tiene que cumplir es la de ajustarse al Derecho y adecuar sus Estatutos a la legislación canónica.

A la luz de cuanto he escrito y después de tantos años de diálogo y tentativos para restablecer la legítima autonomía propia de una Universidad Católica, la Santa Sede se ve obligada a adoptar las necesarias medidas en relación con esa Universidad.

A la presente carta le adjunto el Decreto de la Santa Sede al respecto. A Usted, Sr. Rector, le incumbe una concreta responsabilidad en la presente situación ya que, por razón del cargo, tiene la misión de hacer cumplir en la comunidad universitaria las leyes y disposiciones de la Iglesia.

Con todo el respeto le saluda atentamente y le encomienda

Tarcisio Cardenal Bertone
Secretario de Su Santidad

“La situación irregular que viene atravesando la Universidad no es reciente y ha sido materia de seria preocupación de los tres últimos Arzobispos de Lima, no solamente del actual. La Universidad ha venido incumpliendo las disposiciones legales establecidas, que se ha advertido reiteradamente por escrito”, afirma.

El Cardenal Bertone precisa que desde 1967 las autoridades de la universidad “sin previa y necesaria aprobación de la Santa Sede, han realizado múltiples y sustanciales modificaciones” de los estatutos “perjudicando gravemente los derechos de la Iglesia”.

“A la luz del Acuerdo vigente entre Perú y la Santa Sede y del Derecho Canónico consideramos que dichas modificaciones son ilegítimas y que a través de ellas se está ocasionando un expolio a la Iglesia”, denuncia.

“Habiendo recibido de su parte una respuesta negativa al requerimiento de la Santa Sede, debo constatar que en las Autoridades de la Universidad que Usted regenta no hay voluntad de corregir esa arbitrariedad, y que pretenden que la Iglesia renuncie a sus legítimos derechos al servicio de la educación católica”, explica el Cardenal.

La autoridad vaticana también aclara que es el rectorado de la exPUCP quien condiciona el tema de los estatutos a “una ‘negociación’ con el Arzobispado de Lima que impida el control de este sobre la administración del patrimonio de la Universidad”.

El Cardenal Bertone recuerda a Rubio que el tema de los estatutos no está vinculado a los procesos judiciales por la herencia de Riva Agüero entre la PUCP y el Arzobispado de Lima.

“Ambas cuestiones poseen su propia autonomía. Una ‘solución integral’, como Usted dice, que no respete los elementos de justicia que hay en una cuestión y en la otra, representa una solución contraria a la justicia. La primera exigencia, incondicional, que esa Universidad tiene que cumplir es la de ajustarse al Derecho y adecuar sus Estatutos a la legislación canónica”.

El Purpurado también expresa “la notable decepción” del Vaticano por la forma como el rectorado trató la negociación en los medios de comunicación desinformando a la comunidad universitaria, los fieles y los ciudadanos en general.

“A la luz de cuanto he escrito y después de tantos años de diálogo y tentativos para restablecer la legítima autonomía propia de una Universidad Católica, la Santa Sede se ve obligada a adoptar las necesarias medidas en relación con esa Universidad”, concluye la carta.

Aquí puede leer el texto completo de la carta del Cardenal Bertone al rector Marcial Rubio:
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=37663

El decreto del Vaticano señala que la PUCP está sometida al derecho canónico y que su patrimonio posee la condición de bien eclesiástico, ¿cuál es su opinión al respecto?
Es una afirmación inexacta. La PUCP es una institución peruana, constituida en el Perú, inscrita como asociación civil y domiciliada en el Perú, que se rige por la legislación peruana y no por el derecho canónico. Por lo tanto, los bienes de la PUCP son propiedad de la PUCP y están protegidos por la Constitución y las leyes peruanas. Esto está claro hasta para el mismo Arzobispado de Lima que litiga contra nosotros en los tribunales peruanos pretendiendo administrar bienes que son nuestros y no de la Santa Sede.

¿Cómo queda, entonces, la relación de la PUCP con la Iglesia?
La PUCP es respetuosa de los valores católicos que han guiado por 95 años su existencia y todo el país es testigo de los esfuerzos que hemos hecho para hallar, mediante el diálogo, una solución integral a nuestras diferencias con la Iglesia. Lamentablemente, la gravedad de los términos planteados por el reciente decreto nos obligará a revisar la relación estatutaria que mantenemos con ella.

¿Cuál es su mensaje a la comunidad universitaria de la PUCP?
De tranquilidad. Todos los derechos y atribuciones de la PUCP están plenamente vigentes y todas nuestras actividades académicas y administrativas se seguirán conduciendo con absoluta normalidad. La Constitución y las leyes peruanas nos protegen. La PUCP otorga sus grados y títulos a nombre de la nación peruana porque así lo dispone la ley universitaria peruana. Nuestros profesores, estudiantes y trabajadores continuarán esforzándose por impulsar la excelencia académica puesta al servicio del país. A quienes somos autoridades, nos toca seguir defendiendo la autonomía y los legítimos derechos de la comunidad universitaria de la PUCP frente a cualquier intento externo de afectarlos.

En un comunicado dado a conocer al final de su sesión realizada este lunes 23 de julio, la ex PUCP señaló que el decreto de la Secretaría de Estado del Vaticano “contiene diversos aspectos que se oponen a los derechos reconocidos en la Constitución Política y en la legislación peruana –como el derecho a la identidad–, al pretender prohibir el uso de los términos ‘Pontificia’ y ‘Católica’”.
Asimismo indican que tienen el “compromiso” de “hacer respetar su denominación oficial, la cual goza de reconocido prestigio nacional e internacional, y está expresada en los grados y títulos que otorga a nombre de la Nación”.

El comunicado concluye indicando que los miembros de la Asamblea Universitaria de la ex PUCP “expresan su reconocimiento y respaldo a la gestión que viene realizando el Rectorado de la Universidad en la conducción de las relaciones con la jerarquía de la Iglesia, en conformidad con los acuerdos adoptados previamente por la Asamblea Universitaria”.

La respuesta de la ex PUCP, que desde mucho antes de las negociaciones no ha querido acatar las disposiciones de la Iglesia para adecuar sus estatutos a la Ex Corde Ecclesiae, conduce este tema hacia el ámbito legal del derecho internacional.

Como explicó ayer el experto en derecho eclesiástico y miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Dr. Gustavo Flores Santana, “a la Santa Sede le asiste el derecho de prohibir el uso del título de ‘Pontificia’ y ‘Católica’ por los fundamentos que en el mismo decreto se señalan muy claramente”.

Entre otras cosas, el decreto de la Secretaría de Estado del Vaticano señala que el Concordato, tratado entre el Estado Peruano y la Santa Sede, permite a la Iglesia regir las normas de las instituciones vinculadas a ella.

Flores dijo además que el hecho que la ex PUCP no pueda usar los títulos antes indicados “no trae como consecuencia que haya dejado de ser una universidad fundada por la Iglesia y que no se deba seguir sujetando al régimen canónico”.

En su opinión, “sería lo mejor para la referida universidad (y para todos en general) que sus autoridades acaten lo dispuesto por la Santa Sede (lo que implica ya no emitir títulos con ese nombre), o mejor aún, decidan adecuar sus estatutos a la Ex Corde Ecclesiae”.

Dado que la ex PUCP ha decidido seguir en rebeldía, ahora el caso debe resolverse “directamente conforme a las reglas de los tratados internacionales según la Convención de Viena, por ser un asunto de naturaleza internacional”.

En este caso, precisó el experto, el poder judicial peruano no tiene competencia y es posible que la Nunciatura Apostólica realice gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el decreto del Vaticano “sea respetado por las instancias públicas” como la Asamblea Nacional de Rectores.
Sobre el comunicado de la ex PUCP, la Agrupación Universitaria Riva Agüero, que reúne a estudiantes y profesores de esa universidad, rechazó los “términos empleados para aludir a los documentos oficiales emitidos por la Santa Sede”.

“Resulta incongruente que autoridades y alumnos miembros de la Asamblea Universitaria, pertenecientes a una universidad que dice ser católica, ‘deploren’ un decreto emitido bajo la autoridad del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI”.

Por ello, lamentan “la ausencia de honestidad y seriedad de parte de las autoridades de la ex PUCP al referir que nuestros esfuerzos y, directamente, nuestra Carta Pública a la Asamblea Universitaria respondan a un ‘pánico’ y ‘desinformación’ frente al ‘ataque’ del Vaticano”.

La Agrupación Universitaria Riva Agüero precisa luego que “es contrario a la verdad afirmar que la universidad se rige únicamente bajo la normativa nacional, desconociéndose deliberadamente la naturaleza jurídica con la que se originó al ser una institución de la Iglesia Católica, ya que la legislación internacional garantiza la aplicación conjunta del derecho canónico y la legislación nacional de cada país a las diversas instituciones de la Iglesia Católica”.

Esta agrupación ha lanzado una petición en línea para que la universidad acate lo ordenado por la Santa Sede. Hasta el momento lleva más de 1300 firmas. Ayer entregaron más de 800 a la asamblea que se reunió para tratar el tema.

Para verla y firmarla, puede ingresar a:
http://www.ipetitions.com/petition/carta-publica-a-la-asamblea-universitaria-de-la/

A continuación ACI Prensa reproduce la nota editorial en su integridad:

Todos los nombres
No es solo la identidad de la PUCP la que está en juego en el conflicto en torno de su nombre
En este Diario no coincidimos con la opinión que concibe a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) como una institución sectaria abocada a la creación de alumnos de una determinada tendencia política. Muchos de quienes trabajamos aquí hemos sido alumnos y profesores de esa universidad y podemos dar fe del amplio respeto por la libertad de cátedra que prima en la misma y de la elevada calidad de la enseñanza que se imparte en buena parte de sus cursos.

No creemos, sin embargo, que esta loable labor pueda realizarse pasando por sobre terceros, incluyendo, ciertamente, el derecho que cada cual tiene sobre su nombre. Más en concreto, pensamos que la respuesta (cuyo sentido ha sido confirmado luego por la Asamblea Universitaria) que ha dado el rector al decreto del Vaticano retirando a la PUCP el permiso a usar los nombres de “católica” y “pontificia” va más allá del campo de lo errado para bordear el del cinismo.

Y es que, al margen de todos los tecnicismos jurídicos que comenzarán a esgrimirse de ambos lados, ¿es coherente que alguien pueda decir que el explícito rechazo del Papa es indiferente a su derecho a llamarse “pontificia” –literalmente, “perteneciente o relativo al pontífice”–?

Similarmente, ¿tiene sentido que uno insista en publicitarse como “católico” contra la declarada opinión del pontífice, siendo la religión católica, para bien o para mal, una religión organizada y jerárquica, donde este tiene la última palabra? ¿No es hasta una falta de pudor insistir en llamarse con el nombre de una organización que no obliga a nadie a afiliarse a ella cuando al mismo tiempo uno está haciendo saber públicamente que no está dispuesto a cumplir sus reglas?

Más aún, si los miembros de esta organización ponen gran valor en tener bien marcada su esencia y sus diferencias sobre la base de estas reglas, ¿no es también esta insistencia una falta de respeto hacia ellos?

Las autoridades de la PUCP no pueden tratar como una pura forma, vacía de significado y por lo tanto asignable a cualquier contenido, a un nombre que una institución lleva casi 2000 años llenando.

Especialmente considerando cómo ha marcado a la historia de la Iglesia Católica su incesante esfuerzo por definir –en infinidad de debates, concilios, decisiones papales y demás– lo que la representa y lo que no.

Naturalmente, todos podemos discrepar de todas las decisiones que ha tomado en este sentido, pero no tenemos el derecho de quitarles a los católicos la libertad de definirse y diferenciarse por medio de ellas.

Hablar, por lo demás, de una “universidad católica” no es, como se ha dicho, el equivalente de, por ejemplo, hablar de una eventual farmacia llamada “católica”. Las universidades católicas son un tipo de “producto” específico que tiene la Iglesia Católica alrededor del mundo: son universidades que están regidas por el derecho canónico con una serie de reglas determinadas (en la que figura, entre otras, la ya famosa institución del Gran Canciller).

Por eso la PUCP no tomó simple y unilateralmente el nombre de “católica” y de “pontificia”, inscribiéndolos bajo legislación peruana, como hoy quieren dar a entender sus autoridades. No. Recibió el permiso eclesiástico para constituirse como una “universidad católica” al momento de su fundación en 1917, siendo reconocida como tal ese mismo año por el Estado Peruano, y luego recibió del Vaticano el título de “pontificia” en 1942.

Por el mismo motivo presentó todos sus estatutos para revisión al Vaticano hasta 1967, cuando dejó de cumplir con esta obligación, pretendiendo desde esa fecha seguir con la franquicia, por así decirlo, sin cumplir con sus reglas. Algo que, sea quien sea la franquiciadora, es un acto de prepotencia.

Ni Enrique VIII, en fin, pese a lo decidido que estaba a enfrentar a Roma, pretendió seguir llamando a la Iglesia de Inglaterra “católica” cuando rompió con el Papa y decidió crear una Iglesia con sus propias reglas. Y vaya que hubiera podido hacerlo “bajo ley inglesa”: era un monarca absoluto, la ley inglesa la hacía él.

Si hubiese querido que esta ley hiciese como que el término “católica” no identificase a la Iglesia romana, que llevaba desde el siglo II llamándose así, hubiera podido hacerlo. Pero por lo visto tenía algo que parece estarle faltando, para pesar de los que la queremos, a las autoridades de la PUCP: sentido del absurdo.

Para leer la nota original puede ingresar a:
http://elcomercio.pe/actualidad/1445883/noticia-editorial-todos-nombres

En una carta enviada por el Cardenal al Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), con copia a los demás obispos del Perú, se ruega evitar que esta institución “sea instrumentalizada por el rectorado de la universidad”.

En el texto dada a conocer el domingo 22 de julio por el diario peruano El Comercio, el Cardenal Bertone exhorta al también Arzobispo de Ayacucho a apoyar la posición de la Santa Sede y el Arzobispado de Lima yrechazar “con vigor cualquier intervención contraria”.

La misiva del Vaticano también “considera inapropiada la participación de cinco miembros de la Conferencia Episcopal, que además no habían sido elegidos por la Asamblea Plenaria de los Obispos del Perú, en un organismo previsto por unos estatutos que no han sido legítimamente aprobados”.

Este pedido de la Santa Sede se da luego de que el pasado 17 de abril los obispos respaldaran a la universidad, a través de un comunicado, en su pedido de buscar una “solución integral”, que ponía como condición que el Arzobispado de Lima deje de lado los juicios por la herencia Riva-Agüero.

En su testamento, don José de la Riva Agüero, el intelectual católico que donó las tierras en las que está la ex PUCP, puso como condición para ello que, a perpetuidad, hubiera un representante de la Iglesia en la junta administradora.

“Ese comunicado ha contribuido a la desinformación y por eso será conveniente que la conferencia repare la desinformación”, afirma el Cardenal Bertone.

El texto de abril al que se hace alusión en la carta del Cardenal Bertone fue firmado por Mons. Salvador Piñeiro, Mons. Miguel Cabrejos, Arzobispo de Trujillo; Mons. Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo; Mons. Norberto Strotmann, Obispo de Chosica; y Mons. Gaetano Galbusera, Vicario Apostólico de Pucallpa.

La carta del Cardenal Bertone también señala: “no quiero por último dejar de manifestar también la perplejidad” que han causado algunas iniciativas promovidas por la ex PUCP como los reconocimientos a Gregorio Peces-Barba, ideólogo anticatólico español y uno de los autores intelectuales de la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía en España, y al Padre Gastón Garatea, sacerdote impedido de ejercer su ministerio sacerdotal en la arquidiócesis de Lima por sus posturas contrarias a la doctrina católica.

La misiva del Cardenal Bertone también se refiere a la programación del ciclo de lectura del libro “Teología de la Liberación: perspectivas” del padre de la teología marxista de la liberación, el sacerdote Gustavo Gutiérrez, con el respaldo del Departamento de Teología de la ex PUCP.

El Comercio señala finalmente que buscó a Mons. Piñeiro pero no tuvo respuesta.

Durante una conferencia de prensa, realizada esta tarde en la sede de la CEP, con ocasión del lanzamiento de la Cadena Interreligiosa de Oraciónpor el Diálogo y la Paz, el Prelado reconoció y apoyó la decisión de laSanta Sede en el caso de la ex PUCP.

“Si la Santa Sede después de estudiar los documentos ha dado esta resolución hay que aceptarlo. Hay que aceptar la normativa de la Iglesia. Hemos insistido mucho para que la Universidad Católica se adecuara a los estatutos que da la Iglesia”.

El Presidente de la CEP se refirió así al Decreto de la Secretaría de Estado del Vaticano con fecha 11 de julio, con el que la Santa Sede decidió retirar a referida universidad los títulos de “Pontificia” y “Católica”.

Mons. Piñeiro señaló que el mismo Decreto todavía deja una posibilidadpara que la ex PUCP se ponga a derecho. “Hay en el documento que da la Santa Sede en el tercer acápite una posibilidad de encontrar unasolución y un diálogo”.

El tercer párrafo del decreto dice textualmente que: “Se declara al mismo tiempo que la citada Universidad, como persona jurídica publica que es de la Iglesia, sigue sometida a la legislación canónica en las materias en que está actualmente vinculada, aunque por las razones indicadas haya sido privada del derecho de utilizar en su denominación los títulos de “Pontificia” y de “Católica” y que la Santa Sede seguirá empeñándose en el pleno respecto de la disciplina canónica”.

Puede ver el íntegro del decreto aquí:
http://www.aciprensa.com/Docum/decretopucp.pdf

Al referirse a la participación de algunos obispos en la Asamblea universitaria de la ex PUCP, el Prelado dijo que “los estatutos no estaban aprobados. Entonces los cinco obispos que nos faculta el estatuto actual de la Universidad Católica para participar en la Asamblea fuimos nombrados de buena voluntad. No hemos ido de una manera imperativa sino para buscar el diálogo”.

Sobre la posible decisión de la ex PUCP de mantener el nombre de Católica y Pontificia, Mons. Piñeiro manifestó que ese problema “lo tendrá que resolver los peritos”.

El Presidente del Episcopado concluyó diciendo que está situación de la ex PUCP “es una llamada de atención para que sepamos obedecer. Nos cuesta obedecer y por eso hay que estar atentos a la voz de quienes tienen mayores responsabilidades en la Iglesia”.

En declaraciones a ACI Prensa, el también miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa dijo que “a la Santa Sede le asiste el derecho de prohibir el uso del título de ‘Pontificia’ y ‘Católica’ por los fundamentos que en el mismo decreto se señalan muy claramente”. (Puede ver el decreto aquí:http://www.aciprensa.com/Docum/decretopucp.pdf )

Entre otras cosas, el decreto de la Secretaría de Estado del Vaticano señala que el Concordato, tratado entre el Estado Peruano y la Santa Sede, permite a la Iglesia regir las normas de las instituciones vinculadas a ella.

Flores dijo además que el hecho que la ex PUCP no pueda usar los títulos antes indicados “no trae como consecuencia que haya dejado de ser una universidad fundada por la Iglesia y que no se deba seguir sujetando al régimen canónico”.

En su opinión, “sería lo mejor para la referida universidad (y para todos en general) que sus autoridades acaten lo dispuesto por la Santa Sede (lo que implica ya no emitir títulos con ese nombre), o mejor aún, decidan adecuar sus estatutos a la Ex Corde Ecclesiae”.

Flores señala además que si la universidad insiste en rebelarse “estaremos en un escenario en el que la Santa Sede a través de la Nunciatura, realizará coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que lo que ha decretado sea respetado por las instancias públicas”.

Una de esas instancias sería la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), “al amparo de lo dispuesto por el Tratado Internacional entre el Perú y la Santa Sede, que establece que la Iglesia Católica es autónoma e independiente y el Estado garantiza el respeto a su régimen canónico”.

Ante la pregunta sobre la probable dilatación del proceso, Flores dijo que “por el comportamiento rebelde” de la universidad “sería posible (y también muy lamentable) que sus autoridades decidan realizar acciones dilatorias como tratar de acudir al poder judicial y buscar obtener resoluciones que impidan momentáneamente que la ANR acate lo dispuesto por la Santa Sede (este escenario no es imposible debido al poder judicial que tenemos)”.

Flores precisó además que el Poder Judicial del Perú “no sería competente para tratar este asunto porque el Estado peruano le ha garantizado a la Iglesia inmunidad jurisdiccional, en aquellos asuntos que estén regulados por el Tratado que han celebrado entre ellos”.

El experto resaltó que “lo que correspondería es que este tema (insisto en caso la universidad se siga rebelando) debe resolverse directamente conforme a las reglas de los tratados internacionales según la Convención de Viena, por ser un asunto de naturaleza internacional”.

“Por lo antes indicado, aun en el escenario más descabellado (que el poder judicial se arrogue una competencia que no tiene), tarde o temprano este tema se resolvería a través de los mecanismos establecidos en el derecho internacional”, concluye el Dr. Flores que es también exalumno de la ex PUCP.