El martes 27 de setiembre se realizó en el auditorio de CCSS de la PUCP el seminario internacional sobre minería y desarrollo sostenible en el que participaron Pablo Heidrich (Instituto Norte-Sur), Roque Benavides (CEO de Minas Buenaventura), Gerardo Damonte y Manuel Glave (PUCP), y el moderador será Alan Fairlie, coordinador del Nodo Andino de la LATN y Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP.

En síntesis Heidrich trató de las particularidades de la actividad minera y actuación internacional de las compañías canadienses poniendo énfasis en su alta competividad y agresividad empresarial, características que ha permitido que empresas consideradas junior, en comparación con las grandes compañías transnacionales, se ubiquen como inversores directos fuera de su territorio no solo como extractores de minerales, sino también como proveedores de equipos y servicios de excelente calidad. Hizo referencia también al eslabonamiento de la industria extractiva con otras actividades económico productivas, señalando por ejemplo que la explotación de hierro o cobre favorecen mejor el desarrollo de industrias básicas para el desarrollo de otras de mayor valor agregado (eslabonamiento hacia adelante); a diferencia de lo que ocurre con la explotación del oro y los metales preciosos cuyos impactos pueden medirse mejor en la generación de servicios locales y el empleo directo e indirecto que generan (eslabonamiento hacia atrás).

Algunos datos:
• La minería es la mitad de las inversiones extranjeras directas de Canadá (30 mil millones de dólares aproximadamente), y la mayor parte de ella viene a América Latina. Esto genera condiciones especiales de relación entre éstos países.
• La minería canadiense representa el 4% de su PBI, el mismo que puede llegar al 15% si se consideran las actividades conexas.
• Tiene importancia para el sistema privado de pensiones al que aportan el 20% de sus recursos.

Gerardo Damonte reflexionó sobre la sostenibilidad en el largo plazo y desde la perspectiva de lo que ocurre con la institucionalidad local, teniendo como referencia lo que pasa en los andes peruanos. En este sentido la sostenibilidad está dada por la capacidad de las instituciones para adaptarse en función de los ciclos extractivos que a lo largo del tiempo pasan de épocas de auge y buenos precios a otras de restricción por bajos precios, e incluso cierre por extinción del recurso o de pérdida de rentabilidad por cambios tecnológicos. Dicho de otra manera ¿qué pasa con la comunidad cuando a la mina le va mal, o se va?

Lo que sabemos es que de un lado las sociedades rurales se urbanizan, y con ello cambian sus instituciones, o aparecen nuevas, como ocurrió con la aparición de sindicatos obreros y campesinos en las zonas de enclave durante la primera mitad del siglo XX. Estos cambios sin embargo no previenen a las sociedades locales de las consecuencias de una crisis extractiva, los mineros desempleados no vuelven al campo y muchas veces se convierten en mendigos en las ciudades; los que regresan encuentran un campo sin capacidad de reabsorberlos. Y en consecuencia lo que se produce es una enorme acumulación de energía conflictiva.

Hoy hay una minería distinta tanto en sus formas tecnológicas, como en sus efectos y relaciones con el entorno social y ambiental. Su tamaño es mayor y la cantidad de empleo requerido es menos y se trata de mano de obra más calificada; pero por sus características también demanda más tierra y agua. Ya no genera sindicatos, y el trabajo deja de ser el medio de distribución de recursos a los pobladores locales. Ahora es el canon, y las transferencias directas de las empresas a las comunidades el medio de retribución por la cesión de sus derechos de tierra y agua. Esto transforma las instituciones comunales que ahora se convierten en instrumentos de negociación para la redistribución de los nuevos beneficios.

En el caso peruano esta relación y cambio institucional no está mediado por el estado, sino que depende de las condiciones de los actores, de un lado las comunidades (rondas campesinas, asociaciones, etc.), y del otro la empresa de que se trate. De esta manera en lugar de preverse y reducirse los conflictos, aumentan y se manifiestan de formas muy diversas y muchas veces violentamente. Y qué pasará en una crisis extractiva, es muy probable que esta nueva institucionalidad no tenga de nuevo capacidad para absorber el impacto de una caída en los recursos externos disponibles.

Entre las salidas para enfrentar esta situación Damonte mencionó la de ser proactivos en la creación de una institucionalidad que vaya más allá de las comunidades, quese asiente sobre diferentes sectores de la economía local para generar capacidades nuevas y sostenibles. De otra parte es necesaria una mayor intervención del Estado no solo estableciendo reglas de negociación sino actuando directamente.

Manuel Glave hizo varios comentarios sobre diversos tópicos de la relación entre minería y sociedad en el Perú. Comenzó diciendo que la importancia de la minería es innegable en la organización del espacio andino desde la época prehispánica, y también en términos económicos, de manera que casi podría afirmarse que los ciclos económicos nacionales (bonanza-crisis) han estado ligados a los de la industria extractiva incorporando en ellas no solo laminería, sino el petróleo o las relacionadas con recursos renovables como el guano la pesca.

De otra parte comentó que esta relación no debía concebirse necesariamente como una maldición de los recursos naturales, ya que había experiencias como las de Canadá que parecían señalar que pueden jugar un rol positivo en el desarrollo de un país. En gran medida el éxito de las políticas parece resumirse en las diversas estrategias para reponer el capital extraído de los recursos naturales renovables y no renovables. En el primer caso la discusión se centra en el balance entre seguridad de la tenencia y los modelos de derechos de propiedad, concesiones, cuotas individuales transferibles. En el segundo, además de lo anterior el tema más importante es “la puja distributiva” entre el capital y el estado, o dicho de otra manera, las reglas de asignación del gasto público de la renta extractivista.

En términos del impacto de la minería indicó que había varias dimensiones que había que tener en cuenta, por ejemplo desde el punto de vista marcoeconómico éste se mide en la balanza comercial o en la tributación, mientras que desde el punto de vista mesoeconómico lo importante es la capacidad de gestión regional y las formas de representación, es decir de los gobiernos regionales y locales. Finalmente desde el punto de vista microeconómico tiene que ver con el impacto en la agricultura y ganadería; aunque a este nivel debe agregarse la demanda de la empresa por el desarrollo científico y tecnológico que le permita un encadenamiento hacia adelante.

Los desafíos políticos según Glave son (continúan siendo) los de: a) Participación, es decir la definición de la propiedad sobre la asignación de los derechos exploración y las condiciones de los Estudios de Impacto Ambiental; b) la zonificación que asegure un marco y una guía para el desarrollo de las inversión y aumente credibilidad entre los actores; y c) la distribución del canon y de los impuestos de manera que se conviertan en instrumentos ara el desarrollo.

Roque Benavides, resaltó las ventajas de la gran minería como fuente de recursos para el estado, las regiones y las comunidades locales, señalando que los problemas no se ubican en la falta de recursos, sino más bien en las dificultades para usarlos de manera adecuada. El problema es de gestión insistió. La minería –señaló- tiene un fuerte componente nacional a diferencia de Chile u otros países latinoamericanos, aquí las empresas cotizan en bolsa, y son importantes como fuente de inversión de los capitales de las asociaciones privadas de pensiones, por ejemplo 5% de las inversiones de las AFP están en Buenaventura.

En términos macroeconómicos su importancia es relevante, contribuye con el 9% del PBI, 60% de las exportaciones y 20% de los ingresos tributarios, y en términos locales las empresas son la primera fuente de inversión y desarrollo, especialmente en aquellas que están por sobre los 3,500 metros de altura.

Cuestionó que su impacto sea bajo en términos de empleo, diciendo que aunque directamente se emplean 126 mil trabajadores, se generan 500 mil indirectos, llegando a impactar en el bienestar de 3 millones de personas. Asimismo, respecto de los eslabonamientos señaló que además de los mencionados por otros expositores hay que considera que hoy las inversiones en manejo de los recursos naturales, especialmente el agua, está generando nuevas condiciones de producción no solo para el sector, son también para el desarrollo agrario.

En términos de perspectivas a futuro señaló que la situación no era del todo auspiciosa, ya que la producción venía disminuyendo y las dificultades para la exploración, y por tanto el tiempo para la maduración de nuevos proyectos, aumentaban. Ello también se veía en el cambio de posición de la minería peruana en los rankings de competividad internacional. Hemos pasado del puesto 28 en atractivo de inversión del puesto 11 al 48.

Finalmente, señaló que las empresas son socialmente responsables no solo porque cumplen con sus compromisos con el estado, las comunidades, y el ambiente, sino porque además invierten en ellas recursos adicionales con una eficacia cuatro veces mayor que la del estado; y llamó la atención sobre la necesidad de que las organizaciones campesinas y el Estado también lo sean, dado que la competitividad y el desarrollo depende de todos.

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Entre las cosas interesantes que encontré en la página de Semana Económica con videos sobre PERUMIN, la reciente feria de la floreciente industria minera en nuestro país . Los videos muestran que las empresas canadienses y australianas suelen ser en sus territorios muy conscientes respecto del ambiente en gran medida por las regulaciones allí existentes, y que en lo que se refiere a su manejo con las comunidades su experiencia es menor porque por lo general actúan en espacios de baja densidad poblacional en los que las comunidades están lejos. Esto a su vez las convierte en esas zonas en un espacio de desarrollo y modernización de la infraestructura local que no parece tener similitud con lo que ocurre en otros lados.

Sobre los problemas de la minería, parece haberse desarrollado entre las empresas la convicción de que los estados y gobierno débiles y corruptos son fuente de inconvenientes para el desarrollo de las actividades extractivas que por su naturaleza son proyectos de largo plazo. Más conveniente es invertir en países con mayor gobernabilidad y con instituciones sólidas. Sin embargo, a mí como al entrevistador le llamó la atención que el Sr. Fred McMahon del instituto Fraser, considera que el Perú tiene instituciones fuertes y una baja corrupción. Puede tratarse de una frase diplomática, pero si en realidad lo cree, los estándares empresariales en este terreno están dejando mucho que desear.

José Luis López Follegatti de CARE comentó que son muchas las comunidades que están de acuerdo con la minería, sino no habría cada vez mas proyectos. Lo que pasa señala es que para ellas es algo que prefieren no publicitar, lo mismo le ocurre a las empresas que no lo comunican porque un acuerdo es conveniente para uno, pero no necesariamente lo es para todos los caso. Menciona Lopéz el caso de la comunidad de Mollebamba que tiene un contrato de alquiler de tierras por 30 años en beneficio de Buenaventura, Rio Tinto ha propuesto a la comunidad de Camilaca una sociedad si se encuentra mineral en sus tierras, en Cajamarca los ronderos tienen con las empresas convenios de exclusividad para provisión de servicios (transportes, caminos, construcción de ostas, alquiler de equipo, etc.), hay más de 300 empresas de este tipo señala.

De acuerdo con López el problema surge cuando la empresa ya no puede darles trabajo a estos nuevos empresarios. Y es aquí donde plantea que el estado las asuma contratándolas para el desarrollo de los proyectos públicos. Esta sería al parecer una estrategia para convertir el emprededurismo social, en empresarial o económico, de modo que los líderes de hoy sean los empresarios de mañana.

Otro tema que preocupa a los empresarios es el de la “mala prensa” de las grandes empresas frente a la sociedad, y en el “que han perdido por goleada” como señala Santillana. Se las acusa de explotadoras, contaminadoras y propiciadoras de desastres económicos de escala nacional y local, fuente de corrupción y de malas prácticas institucionales en su relación con las comunidades y pueblos indígenas. Sobre esto, señalan que han sido muy malos en comunicar lo que hacen en los diferentes niveles, y el impacto que esto tiene sobre el desarrollo y el bienestar. Sobre el punto contrasta además lo poco crítico que se puede ser con la minería informal (ilegal) cuyos efectos catastróficos se esconden tras la careta de la pobreza. Sobre esto último las presentaciones de Antonio Brack, ex ministro del Ambiente, y de Nicole Bernex señalaron que el daño ambiental no proviene de la gran minería responsable, sino de los más de 100 mil mineros informales que como plagas bíblicas destruyen todo a su paso.

Hubo también alguna nota de preocupación en torno a la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, no por contrarios a que ocurra ello, sino por la forma como se implemente. Lo mismo ocurre con el acuerdo de aportes adicionales al estado en los próximos cinco años, cuyo marco legal esta por establecerse, como se traduce en el comentario del Ministro de Energía y Minas.

Pero en general el evento puede considerarse un éxito por su convocatoria, la calidad de los participantes, los temas tratados, las relaciones entre los participantes y muestra el creciente interés de las empresas transnacionales dedicadas a la extracción y servicios para la extracción de minerales por ampliar su presencia en el Perú. “Las inversiones mineras en Perú marcaron en el 2010 un récord histórico al sumar 4,025 millones de dólares, y para el presente año se espera que totalicen 5,390 millones, lo que significa un incremento de 33.91 por ciento.” Según el MINEM
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Revenue Watch Institute (RWI) ha publicado recientemente un texto sobre las Tendencias en el Sector Extractivo en América Latina en el 2010. Se trata del inicio de un conjunto de reportes anuales para la región que se basa en información recopilada por las instituciones contrapartes de RWI en América Latina, como Fundación Jubileo, de Bolivia; Ibase, de Brasil; Foro por Colombia; Grupo Faro, de Ecuador; Fundar, de México; y Grupo Propuesta Ciudadana, de Perú.

Primera parte: el análisis de los temas en debate en el 2010
1. Inversión, producción y mercados en la región
2. El descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos en Brasil
3. La distribución de la renta
4. La migración a contratos de servicios
5. Los conflictos socioambientales
6. La sostenibilidad de la economía basada en actividades extractivas

Segunda parte: la industria extractiva en América Latina
1. Producción boliviana de petróleo y gas mantiene tendencia a la baja (Fundación Jubileo, Bolivia)
2. El boom de las industrias extractivas en el Brasil
(IBASE, Brasil) 3. Regalías del sector hidrocarburos y minería 2010 (Fundación Foro Nacional por Colombia, Colombia)
4. Mayor manejo centralizado de los recursos provenientes de las industrias extractivas en el Ecuador (Grupo FARO, Ecuador)
5. Nuevos proyectos estratégicos y cambios al régimen fiscal de Pemex (FUNDAR, México)
6. Tendencias y perspectivas de la industria extractiva en el Perú 2010 (Grupo Propuesta Ciudadana, Perú)

Reflexiones finales
Bajar aquí Tendencias en el Sector Extractivo en América Latina en el 2010
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PROFESORES

Armando Mendoza Economista e investigador especializado en temas de recursos naturales, impacto de la globalización, y políticas de integración económica y comercial en el Perú y la Región Andina.
Ha publicado diversos estudios sobre el impacto de los Acuerdos Comerciales (TLC) Perú-EE.UU. y Perú – Unión Europea en el campo del régimen para inversiones extranjeras y manejo de los recursos naturales. Colabora regularmente con diversos medios informativos nacionales, con artículos de análisis económico y social.

Carlos Monge S. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es Antropólogo de la misma universidad y también Doctor en Historia Latinoamericana, Universidad de Miami, Estados Unidos. Actualmente es investigador asociado de DESCO, integrante del Área de Vigilancia del Grupo Propuesta Ciudadana y consultor del Revenue Watch Institute. Ha sido también Director de Programas Ambientales del Banco Mundial en Lima, Perú.

Edgardo Cruzado Silverii Candidato a Doctor en Competitividad Empresarial y Desarrollo Económico por la Universidad de DEUSTO – País Vasco – España. Experiencia en finanzas públicas, descentralización fiscal, vigilancia & monitorio, políticas de descentralización, evaluación de políticas públicas y desarrollo regional. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo Territorial por la Universidad de Deusto (País Vasco – España) y la Universidad de Palermo (Sicilia – Italia). Ha trabajado e investigado en temas de gestión presupuestal, descentralización fiscal, monitoreo participativo, industrias extractivas y programas sociales. Participa en procesos de negociación con autoridades a nivel nacional, regional y local y coordinación de proyectos en materia de descentralización y desarrollo. A nivel regional ha trabajado en temas de competitividad regional y local, elaborando proyectos e instrumentos de gestión, como Planes de Competitividad y de Desarrollo Regional, gestión de recursos naturales, y negocios agrarios. Ha sido Gerente en el Gobierno Regional de Piura y trabajo en para el Congreso de la República para modificar la Ley del canon.

Gerardo Castillo Antropólogo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestrías en Desarrollo Internacional por la Universidad de Bath y en Geografía por la Universidad de Oklahoma. Profesor en el Diplomado de Industrias Extractivas, Vigilancia y Desarrollo Sostenible y en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido también profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene amplia experiencia como consultor senior en desarrollo social e industrias extractivas en PETRO-TECH PERUANA, SOCIAL CAPITAL GROUP, Grupo Propuesta Ciudadana, Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES, GRADE, entre otras organizaciones.
Ha publicado entre otros textos, Minería y sociedad en el Perú: un balance tras dos décadas de iniciado el boom (2010), Instituciones financieras internacionales, Estado y movimientos indígenas en América Latina de la década de 1990, Cambio climático, desastres naturales y pobreza rural (2010), Participación ciudadana en la minería peruana: concepciones, mecanismos y casos (2009). Concepciones de participación ciudadana en la minería peruana (2009), Memoria y olvido en el huerto de mi amada, de Abe (2004).

Gerardo Damonte Valencia Doctor en Antropología por la Universidad de Cornell. Se desempeña como Investigador en el Área de Recursos Naturales del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), siendo además Profesor del departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Gerardo conduce proyectos en tres áreas temáticas interrelacionadas: industrias extractivas y sociedad rural; conocimiento local y cambio climático, y; territorios y movimientos sociales. Su trabajo está geográficamente enfocado en Latinoamérica, en particular en los Andes Centrales. Entre sus publicaciones figura el libro The Constitution of Political Actors. Peasant Communities and Mobilization in Bolivian and Peruvian Andes (2008), así como varios artículos referidos a las consecuencias sociales del desarrollo extractivo en los Andes. Gerardo es miembro de varias asociaciones y redes académicas, siendo actualmente presidente el Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA).

Guillaume Fontaine
Doctor en Sociología, titular de una Maestría en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas con mención en Sociología por la Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris 3, (Francia) y graduado del Institut d´Etudes Politiques de Grenoble (Francia). Desde 2001, anima el Observatorio Socio Ambiental de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador. En 2006 y 2007 fue coordinador del programa de Estudios Socioambientales. Es actualmente Profesor Investigador y Coordinador de investigación de la FLACSO. Está llevando a cabo una investigación sobre el rol de la sociedad civil en la gobernabilidad democrática, a través de los conflictos generados por la extracción de hidrocarburos en la región andina. Sus principales publicaciones son: – El Precio del petróleo. Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la región amazónica. Quito: FLACSO-IFEA-Abya Yala. 2003. – Petróleo y desarrollo sostenible en el Ecuador. Quito: FLACSO (3 tomos). 2003; 2005; 2006. – Políticas ambientales y gobernabilidad en América Latina. En coordinación con Geert van Vliet y Richard Pasquis. Quito: FLACSO-CIRAD-IDDRI. 2007. – Yasuní en el siglo XXI: El Estado ecuatoriano y la conservación de la Amazonía. En coordinación con Iván Narváez. Quito: FLACSO-IFEA-Abya Yala-Petrobras-CEDA-WCS. 2007. – La guerra del fuego: Políticas petroleras y crisis energética en América Latina. En coordinación con Alicia Puyana. Quito: FLACSO-Ministerio de Cultura. 2008.

Humberto Campodónico Consultor de la CEPAL, es catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima. Ha sido Investigador Principal, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Director de la Unidad de Postgrado, Facultad de Economía, de Lima. En 1999 sobresalió como el investigador más destacado de la Facultad de Ciencias Económicas y del Área Económico- Empresariales. Estudió Ingeniería Industrial y Sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería y obtuvo su grado de magíster en Desarrollo Económico en la Universidad de París I Francia. Su producción científica engloba temas actuales como el proceso de globalización y los intereses nacionales. Asimismo, ha realizado diversos análisis sobre los organismos multilaterales y su relación con la pobreza de inicios de la década. Además escribe sobre petróleo y políticas empresariales en América Latina.

Javier Arellano Y. Es investigador del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Doctor en Estudios de Desarrollo por el Institute of Development Studies (IDS) de la Universidad de Sussex, su trabajo reciente se centra en el área de la gobernanza y el desarrollo, con especial interés en la gobernanza de los recursos naturales, conflictos sociales, procesos de descentralización, papel político de la sociedad civil y los movimientos sociales, política indígena, y la relación entre políticas fiscales y desarrollo. Sus investigaciones están centradas en los países andinos. Con formación académica interdisciplinaria y grados en estudios de desarrollo, agronomía, filosofía y estudios teológicos. Tiene una Maestría en Gobernabilidad y Desarrollo en la IDS. Ha trabajado tanto en España como en el extranjero, incluyendo tres años de trabajo con los pueblos indígenas en la amazonia peruana.

Juan Luis Dammert Licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente se desempeña como profesor de la PUCP y como investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), donde trabaja en temas vinculados a la conservación, el desarrollo sostenible, con énfasis en los impactos socioambientales de proyectos de inversión como los monocultivos de palma aceitera, la extracción de hidrocarburos y los proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas.. Ha publicado sobre estas materias distintos textos académicos, como por ejemplo El conflicto municipal en Pucará, Puno (2004-2006) (IEP, 2010) y Biocombustibles en el Perú: elementos en juego (con Elisa Canziani, SPDA 2009).

Manuel Glave T. Es Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor en Economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Investigador Principal de GRADE, especialista en desarrollo rural, economía ambiental y recursos naturales, y análisis de la política pública agraria y ambiental. Ha sido profesor de economía ambiental y de los recursos naturales en Ecuador y Paraguay, como parte del Programa SPEAL (Seminario de Políticas Económicas para América Latina). Se encuentra investigando el impacto social de la gran minería en el desarrollo rural en los Andes peruanos, y, junto con J. Kuramoto, fue coordinador nacional del proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible (MMSD) en el año 2001. Entre sus principales investigaciones destacan las realizadas sobre sistemas de producción campesinos en ecosistemas de montaña, participación comunal en áreas naturales protegidas y valoración económica de la diversidad biológica y los servicios ambientales.

Manuel Pulgar Vidal Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado y ocupa el puesto de Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ejerció durante los años 2000 – 2001 un puesto como Profesor Visitante en la Universidad de Miami, trabajando como investigador en el Centro Norte – Sur y en la Escuela Rosenstiel de Conservación Marina y Ciencias Atmosféricas, ambas de la misma Universidad. Antes desempeñó el cargo de Gerente Legal de un grupo de empresas mineras (1986-1989). Está especializado en legislación y política ambiental con especial énfasis en asuntos relativos a prevención de la contaminación en sectores productivos y la promoción del diálogo con el sector privado. Fue asimismo Director del Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado – PROFONANPE y Director del Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal – FONDEBOSQUE, así como asesor de distintas entidades públicas con competencias ambientales y conferencista en distintos foros; y realizado distintas investigaciones en el campo del derecho ambiental.

Patrick R. P. Heller Analista legal de Revenue Watch Institute, donde investiga y analiza los regímenes legales y contractuales relacionados con los ingresos de petróleo y minerales.
Patrick has worked on governance and anti-corruption initiatives in the developing world for more than ten years, for organizations including USAID, the U.S. State Department, the Asian Development Bank, Creative Associates International, and the International Center for Transitional Justice. He is a Research Affiliate with the Program on Energy and Sustainable Development at Stanford University, where he focuses on the political economy of National Oil Companies, with special attention to Angola and Nigeria.
Patrick ha trabajado por más de diez años en diversas iniciativas vinculadas con las políticas de gobernabilidad y anticorrupción en países en desarrollo, a través de organizaciones como USAID, el Departamento de Estado, el Asian Development Bank, Creative Associates International, y el International Center for Transitional Justice. Es también un investigador afiliado al programa de Energía y Desarrollo Sustentable de Stanford University.
Además de ser un conocedor de las empresas petroleras estatales, Heller ha trabajado con Revenue Watch, en diversos aspectos relacionados con la industria petrolera, reformas legislativas y contratos, transparencia y promoción del diálogo gobierno-ciudadanía. Ha trabajado estrechamente con sus colegas del African Center for Economic Transformation y el programa del gobierno Noruego de apoyo a los gobiernos africanos en el fortalecimiento de sus capacidades de gestión efectiva de sus recursos extractivos

Paul Anthony Consultor. Ha pasado más de 27 años en el negocio de petróleo y gas, en varias funciones técnicas, comerciales y de gestión. Actualmente es consultor independiente, y brinda asesoría sobre estrategia y desarrollo empresarial para los sectores de energía, comercio electrónico y otros sectores gubernamentales. Él es un destacado defensor de la necesidad de contar con un desarrollo sostenible y con en el sector energético y es un analista muy respetado en muchos aspectos de la industria, desde la política y la regulación al progreso técnico y comercial.
Ha trabajado, en Trinidad y Tobago, con el Ministerio de T & T de la energía (como Director de Geología y Geofísica), Petrotrin (la petrolera estatal integrada y gas -como geofísico principal) y BP Trinidad y Tobago (como Gerente de Exploración y Desarrollos Sostenible Manager), en Houston, Texas, con Exxon, en Houston (como geofísico principal) y en Londres, con BP plc (como consultor de estrategia global de e-Business).
Es miembro de las Juntas de importantes empresas locales, que cotiza en bolsa en Finanzas y TI, instituciones públicas y asociaciones empresariales, y tambien del Revenue Watch Institute . También dirige y contribuye a los esfuerzos de varias en la educación superior y desarrollo de negocios, a través de su participación voluntaria en asociaciones industriales y profesionales.
Obtuvo una Licenciatura (con honores), en Geología en el Imperial College de Ciencia y Tecnología, Universidad de Londres (1978) y una maestría, Geofísica, de la Universidad de Houston de 1985.

Sergio Mauricio Medinaceli M. Economista, con Maestría en economía. ILADES – Georgetown University. Santiago – Chile, y estudios en Economía de la Regulación, Programa HIID – Universidad Católica Boliviana; y en la Summer School 2001: Social Justice in a Market Economy. Ibero America Institute for Economic Research. University of Göettingen. Göettingen – Alemania.
Medinaceli ha sido Ministro de Hidrocarburos en Bolivia entre noviembre 2005 – enero 2006, y Coordinador de Hidrocarburos – Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Quito – Ecuador. Tiene además una amplia experiencia como consultor de diversos organismos en diferentes países de América Latina. Ha sido consultor del Banco Mundial, GTZ, la Corporación Andina de Fomento, el BID, 24. Prisma Energy América do Sul Ltda., 30. EFECE & Asociados, entre otros organismos.
El profesor Medinaceli es además profesor en la Universidad Católica Boliviana, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Privada Boliviana y FLACSO-Quito.
Entre sus publicaciones figuran: La Nacionalización del Nuevo Milenio: Cuando el Precio fue un Aliado. Fundemos. Primera Edición. Marzo 2007. La Paz – Bolivia. Marcos Regulatorios: Empresas Estatales Eficientes de Hidrocarburos. OLADE, University of Calgary y CIDA. Abril 2009. Quito – Ecuador. Generación, distribución y uso del excedente de hidrocarburos en Bolivia, en conjunto con Del Granado H., Mokrani L. y Gumucio J. Fundación PIEB. Mayo 2010. La Paz – Bolivia.

Vanessa Chavarry Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios de Postgrado en Derecho de la Energía por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y con una especialización en manejo de conflictos socio-ambientales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO Argentina.
Ha sido comisionada para la investigación del Centre National de la Recherche Scientifique de la République Française, en temas de manejo y aprovechamiento de recursos naturales por parte de comunidades campesinas; y se ha desempeñado como asistente de docencia del curso Derecho del Medio Ambiente en la PUCP. Ha sido miembro de THEMIS – Revista de Derecho de los estudiantes de la PUCP; y ha publicado algunos artículos vinculados a conflictos socio-ambientales en las actividades mineras y a fiscalización ambiental en revistas y periódicos nacionales.
Con experiencia en la asesoría ambiental de los sectores energía y minas. Con la ONG Proterra, ha asesorando a gobiernos locales, en temas de gestión ambiental. Actualmente, se desempeña como comisionada de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo; y se desempeña además como coordinadora del Proyecto “Apoyo al fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para la supervisión de la gestión socio-ambiental de las actividades extractivas y la intervención defensorial en los conflictos socio-ambientales”.

Raquel Zonia Yrigoyen Fajardo Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, Especialización en Derecho Consuetudinario Indígena en Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad San Carlos de Guatemala. Tiene un Diploma en Estudios antropológicos y es licenciada en Derecho en la PUCP.
Desde el 2002 es Presidenta del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS/ International Institute on Law and Society-IILS. Y tiene una amplia experiencia en consultorías internacionales con el PNUD, PROGECO y Unión Europea en Colombia, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional-ASDI, Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Universidad de Lund y Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala-PDH. Entre otras organizaciones.
Ha publicado: Pathways to justice. Access to justice in Cambodia with a focus on the poor, women and indigenous peoples. PNUD y Ministerio de Justicia de Camboya (coautores: Kong Rady y Phan Sin) (2005); Justicia y Multilingüismo en Guatemala. Guatemala: Programa de Justicia Checchi/ USAID (2001); Pautas de Coordinación entre el Derecho Indígena y el Derecho Estatal. Guatemala: Fundación Myrna Mack (1999); Derechos de Pueblos Indígenas Vinculados a Actividades Extractivas. Material de trabajo. Abril 2008. Ottawa: Fondation Canadienne pour les Ameriques-FOCAL.
Es profesora de la PUCP y ha dado cursos en la Universidad San Martin de Porras, Santo Tomás, y del Rosario, en Colombia; Deusto la de Carlos III en España; y en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Bolivia.

Gustavo Avila Palomino Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con experiencia laboral en elaboración de instrumentos de gestión e investigación en aspectos sobre desarrollo regional, gestión presupuestal, monitoreo participativo y desarrollo sostenible y gestión de recursos naturales. Además, ha realizado consultorías en temas de competitividad regional y local, recursos naturales y negocios agrarios. Ha trabajado como Coordinador de Industrias Extractivas del Sistema de Vigilancia del Proceso de Descentralización del Perú.
Tiene además un diploma en Cuestiones de Política de las Industrias Petroleras, Gasíferas y Mineras en América Latina, así como en Descentralización y Gobiernos Locales pro la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Ha salido el primer número de la revista Punto de Vista de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (Bájela aquí)

La demanda por recursos naturales impulsada por el enorme dinamismo de la economía mundial se ha traducido en una demanda creciente de recursos naturales no renovables. América Latina es el subcontinente que ha ofrecido enormes ventajas para proveer al mundo como precio para salir del estancamiento de sus economías de fines de los 90. Junto con las facilidades de acceso, brinda capacidades tecnológicas y humanas que permiten el desarrollo de estas industrias. Crecientemente son Asia y África los espacios alternativos para la expansión de esta industria, hasta que la riqueza de los fondos marinos les sea accesible.

Como señala Epifanio Baca, esto genera daños colaterales que afecta a las comunidades locales que viven en la superficie de los yacimientos, o que afecta de manera -muchas veces- irreversible la ecología adyacente. La expansión del bienestar de parte del mundo se vive de otro lado como subversión de las condiciones de vida cotidiana.

Los recursos generados no solo producen enormes ganancias para las compañías públicas o privadas, sino que parte de estas se redistribuyen al estado o a las localidades en las que se encuentran los yacimientos. Esto ha puesto sobre la mesa la discusión respecto de las ganancias extraordinarias que resultan del incremento de precios de los recursos a velocidades superiores al incremento de sus costos de producción. Pero también trae en la bolsa la discusión sobre lo que hay que hacer con el dinero que deja a nivel local y nacional.

Lo que hacen las compañías con las ganancias tiene diferentes historias según éstas sean públicas o privadas, y de cómo siéndolo se someten a políticas de corto o largo plazo. Pueden como en el caso de PEMEX resolver hasta la inanición las angustias del estado por ingresos que no recaudan mediante tributos, y así los recursos naturales terminan favoreciendo políticas populistas de subsidio encubierto a las empresas privadas, y de subsidio directo (distribuidos central o des centralizadamente) a favor de los más pobres como ocurre en el caso boliviano o peruano. De otro lado encontramos empresas públicas (o semipúblicas) funcionando como empresas privadas “sanas” empresarialmente, pero que cumplen roles similares frente a los usos que el Estado hace de la renta, como parece ser el caso en Latinoamérica de PETROBRAS, o CODELCO. Al lado de ellas encontramos a las privadas, entre las que incluimos a las públicas que operan en territorio no nacional, cuyas ganancias se consideran como recursos estratégicos para su desarrollo a escala global.

Vale la pena detenerse en los procesos que han llevado a esta situación. En un extremo está la enorme pobreza de muchos de los espacios en los que se encuentran los recursos naturales, y que parece condenar de manera irremediable a las sociedades o culturas que allí se encuentran; es el síndrome del que gana la lotería y se condena por exceso de incertidumbre. En otros la angustia frente a la posibilidad de un pronto alivio de los males que lo aquejan, o la posibilidad de realización de un sueño que parecía imposible. Los campesinos dejan los ciclos agrícolas por los del ritmo salarial de las inversiones. Los comerciantes llegan como proveedores de los nuevos habitantes. Pero en ninguno de los casos la posibilidad se asienta sobre lo que existe, sobre lo que se hacía. La realidad cambia para siempre.

Como señala Epifanio Baca este número avanza sobre estos problemas tocando particularmente el “tema de las concesiones y contratos en los siguientes países: Bolivia, Ecuador, Perú y México.”

CONTENIDO

Editorial
Epifanio Baca Tupayachi – pág. 3
Concesiones mineras en el Perú y sus contratos: análisis de debilidades
Paola Lazarte (Grupo Propuesta Ciudadana) – pág. 4
Los nuevos contratos de servicios en Ecuador
Adriana Viteri y Andrea Ordóñez (Grupo FARO de Ecuador) – pág. 8
Contratos petroleros en Bolivia
Raúl Velásquez (Fundación Jubileo) – pág 12
México: nuevos retos para hidrocarburos, viejos debates y ¿transparencia?
Aroa de la Fuente (Centro de análisis de investigación FUNDAR) – pág. 15
Concesiones y contratos, transparencia y control social: la emergencia de una nueva agenda para la sociedad civil
Carlos Monge, Claudia Viale y Felipe Bedoya (Revenue Watch Institute) – pág. 18

Revista Punto de Vista de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (Bájela aquí)
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Un tema de creciente debate sobre la renta minera y el desarrollo del Perú a ido creciendo con motivo de las próximas elecciones presidenciales. Muchos pueden pensar que hubo razones para establecer condiciones extremamente favorables a la inversión extranjera cuando corrían los tiempos del fin de la guerra contra el terrorismo, pero han pasado 20 años y la situación es muy distinta no solo en el Perú, sino en el mundo. De otra parte, el debate sobre cómo convertir el crecimiento en desarrollo será un tema que nos acompañará en los próximos años, y de las decisiones que tomemos hoy depende en gran medida el futuro del país.

Por esta razón reproducimos el artículo e Waldo Mendoza “Humala, PPK y la minería” publicado en El Comercio del 13 -01- 2010, que a nuestro entender define con claridad las razones de por qué los peruanos debemos obtener mayores rentas de la explotación de nuestros recursos naturales no renovables.

“Una de las pocas propuestas atendibles de Humala es el del tratamiento tributario que debe darse a la minería. Su propuesta ha tenido tanta pegada que hasta PPK se la ha comprado, matizándola. Más candidatos prometerán cobrar más a las mineras, aunque algunos, como García en el 2006, lo harán solo para la foto.

Hay razones que justifican el tratamiento discriminatorio a la minería.

Primero, porque el mineral es un recurso no renovable. Solow y Stiglitz plantearon en 1974 que la explotación de minerales reduce el stock de capital natural de la economía. En 1977, Hartwick, en la regla que lleva su nombre, propuso que el Estado tome parte o la totalidad de la renta o ganancia extraordinaria y la invierta, para mantener el capital total intacto.

Segundo, porque el mineral es del Estado, tal como lo establece el artículo 66 de nuestra Constitución. Solo por ser dueño, el Estado debe recibir un pago por el derecho a explotar el recurso, adicional al pago del impuesto común a otros sectores.

Tercero, porque dada la dificultad del ingreso de nuevas firmas a este tipo de industrias, considerando que el recurso natural es un factor fijo, existe renta, incluso en el largo plazo.

El carácter no renovable de los recursos y la propiedad estatal de los mismos, justifican, por sí solos, la aplicación de un impuesto por encima de lo que pagan los otros sectores, al margen de si existe o no renta. Es decir, aun cuando no haya renta, el Estado debe recibir un pago por ser propietario y porque necesita renovar el stock de capital destruido por la explotación de recursos no renovables.

En esa dirección, debe considerarse la creación de un impuesto específico para la minería, similar al de Chile, como un porcentaje de la renta imponible. La tasa a aplicar debiera permitir alcanzar un monto de ingresos para el Estado, que, incluyendo las regalías, permita financiar la inversión en capital físico y humano necesario para reponer el stock de capital natural perdido por la explotación minera. Para reparar el defecto del canon y el óbolo minero, estos recursos debieran gastarse en las zonas pobres del país que no gocen de la bonanza minera.

Con una contribución mayor de la minería al fisco y el buen uso de esos recursos, el actual modelo de desarrollo, que triplicó el PBI en los últimos 10 años, puede quedarse a vivir en el Perú.”

(*) Jefe del Departamento de Economía de la PUCP
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Los tres países tienen una amplia tradición minera, sin embargo sus sistemas políticos, marcos legales e institucionalidad son muy distintos. En breve podríamos decir que en Chile hay una mayor estabilidad institucional, mientras en Bolivia ocurre todo lo contrario. Por su parte el Perú es un caso especial si tenemos en cuenta que recién a mediados de los 90 culmina una etapa de crisis y guerra interna y empieza una reinstitucionalización primero autocrática y luego democrática.

Paralelamente habría que señalar que la última década del siglo XX fue de precios estables y bastantes más bajos que los posteriores al 2000 (Index Mundi). Crecimiento además asociado con el extraordinario desarrollo de la economía China, la nueva fábrica del mundo.

De otro lado los datos proporcionados por los Institutos de Estadística de cada país no son del todo compatibles, pero vistos como tendencia permiten hacer algunas apreciaciones comparativas.

La producción minera en Chile parece poco afectada por los cambios en los precios internacionales. Hay una tendencia constante de incremento de la producción que en todo caso parece haberse estabilizado al final de la última década. Es probable sin embargo que en los próximos años, con los cambios que opere el gobierno de Piñera haya una recuperación de la producción.

El Perú muestra una primera recuperación de la producción minera, luego de una baja como consecuencia de la crisis y la guerra de los 80, que puede considerarse como una vuelta a los niveles de producción previos. Es posible sin embargo, que esta recuperación haya sido acelerada por las enormemente favorables condiciones que el gobierno de Fujimori dio para las inversiones mineras, y que en lo básico continuaron vigentes en los años siguientes. Al igual que Chile, y en la medida que los proyectos mineros tienen un ciclo temporal más amplio, su sensibilidad a los precios aparece como inexistente.

En el caso de Bolivia el gráfico del índice de cantidad de minerales extraídos muestra un estancamiento de la producción hasta prácticamente el 2004, y un despegue a partir de ese año. Efecto que resulta interesante si se tiene en cuenta que los gobiernos neoliberales tuvieron menos incidencia en el impulso a la producción que el gobierno socialista de Evo Morales. Habría que ver si los proyectos de la era Morales maduraron en los gobiernos de Banzer y Sánchez de Lozada; pero aun así la tendencia creciente no ha cesado.

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De acuerdo con el atlas sobre el medioambiente publicado por el PUNMA en diciembre de 2010, la minería ha contribuido fuertemente al daño de la naturaleza en el Perú. Este es un resultado de la irresponsable actividad minera que trabajó en los últimos cinco siglos en el país. Este pasivo ambiental es pues también social. La minería está relacionada con la muerte de miles y quizá millones de personas durante la era colonial. ¿Cuántos astrólogos, arquitectos, ingenieros, médicos, y personas corrientes murieron en los socavones, en las empresas militares al servicio de nuevos incas? Nunca lo sabremos.

Incontables días y monedas toma hacer el balance de las almas y tierras perdidas por la codicia. Hoy cuando la razón y los pueblos encuentran el descanso para preguntar y las minas se multiplican, nadie se preocupa por reparar el pasado.
Una foto, la de Cerro de Pasco es suficiente para dar cuenta de las heridas del pasado reciente. Los agujeros del cerro de Potosí son otra muestra. Las manchas que sobre la piel de la selva, como la uta, infringen los buscadores de oro en Madre de Dios son otra muestra. “La mayoría de dichos pasivos es resultado de operaciones mineras anteriores en el país -antes de 1993- cuando recién Perú introdujo una legislación destinada a controlar la contaminación ambiental provocada por la actividad minera, se lee.” en el informe del Ministerio de Energía del 2006.

El cerro lunar en Puno, frontera con Bolivia, 5000 metros o más sobre el nivel del mar, es otro ejemplo de lo que puede hacer la mezcla entre pobreza y sed de oro para producir un infierno. Y que pese a los esfuerzos de organizaciones solidarias sigue siendo una miseria. Los jornaleros de la ciudad de fango y oro de Pataz leen los avisos que dicen “busco un socio estrategico que quiera invertir en explorar, explotar una mina de oro y plata, buena ley, tiene acceso de carretras, agua y mas de 30 mil plantas de eucalipto para durmientes , tiene denuncio actual de 400 hectares” (sic), y emprenden camino.
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Revenue Watch Institute y Transparencia Internacional han elaborado un índice de transparencia de la gestión de petróleo, gas y minerales en la que participan 41 países. El índice se elabora teniendo en cuenta la información publicada a nivel gubernamental respecto de:

1. El acceso a fuentes: disponibilidad de información detallada sobre los contratos, concesiones, licencias, y sus procedimientos; así como los mecanismos legales y reglamentarios relacionados con la accesibilidad de la información.
2. Generación de ingresos: disponibilidad de información publicada por diferentes instituciones públicas sobre la producción, precios, costos; así como una evaluación de la accesibilidad y la frecuencia con la que se elaboran.
3. Marco institucional: las normas, roles y responsabilidades de los principales actores involucrados en la gestión y generación de ingresos, así como la presencia de sistemas de auditoría, control interno y de otras mecanismos similares.
4. Las empresas de propiedad estatal: la disponibilidad de información sobre las estructuras de gobierno de las entidades estatales y las prácticas de presentación de informes relacionados con sus actividades.
5. Los fondos obtenidos de la extracción de los recursos naturales: las normas que rigen el funcionamiento de los fondos creados con los ingresos generados por la explotación de los recursos naturales, y sus prácticas de información.
6. Las transferencias subnacionales: las leyes que regulan el reparto de ingresos entre los diferentes niveles de gobierno y la divulgación de información sobre cómo compartir los ingresos.
7. Cumplimiento de los criterios EITI (Iniciativa de transparencia de la industria extractiva): en la medida en que los países miembros han cumplido los criterios de la EITI (es decir, la publicación de los informes de la EITI, auditorías independientes de pago y conciliaciones, y la información sobre los pagos y los ingresos de las empresas de propiedad estatal).

Sobre esta base presentamos un resumen de los resultados para Latinoamérica:

Para analizar esta información hay que tener en cuenta la subrepresentación de Europa (solo Noruega), Oceanía (solo Nueva Guinea), Norteamérica (solo USA). Países tan importantes como Australia, Canadá, o India, no figuran en esta primera fotografía. Pese a ello, si vemos la ubicación de Latinoamérica, y en particular del Perú, queda claro que hay una mayor transparencia en el manejo de las Industrial extractivas (IE) en esta parte del mundo que lo que puede decirse de otras partes del mundo.

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Manuel Marticorena, a través del comercio expone su púnto de vista en El Comercio sobre el tema de las regalías mineras.

Lunes 13 de Diciembre del 2010

Los pedidos legislativos para imponer mayores impuestos a las ganancias del sector minero son usualmente recurrentes en los procesos electorales. Habría que hacer un poco de memoria y trasladarnos a la campaña electoral del 2006, cuando el ahora presidente Alan García consideró necesaria la imposición de mayores regalías o impuestos a las sobreganancias de este sector, aspecto que formó parte de las promesas de su campaña electoral.

Tras ser elegido, García dejó de lado su promesa y esperó a que los propios mineros plantearan un mecanismo de contribución para compartir con la población las extraordinarias ganancias obtenidas por el alza de los metales durante esos años. De esta coyuntura salió el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo o aporte voluntario.

Hoy, después de cinco años, los precios de los metales han seguido incrementándose por el denominado ‘superciclo de los commodities’, las empresas mineras tienen más ganancias y nuevamente hay un proyecto de ley en el Congreso (N°4492) para que la minería pague más impuestos.

La propuesta fue hecha por la propia bancada aprista que no cree en el aporte voluntario. El congresista José Carrasco Távara, autor del proyecto de ley, indica que el aporte voluntario minero no ha mostrado eficiencia y ha recaudado menos de lo que se podría haber conseguido con una mayor regalía. Carrasco justifica el proyecto de ley porque se trata de ganancias obtenidas por el alza de los precios de los metales y no por una mayor eficiencia o inversión. “Es justo que el país también se beneficie de sus riquezas. ¿Por qué solo los mineros tienen que tener buenos ingresos?”, señala.

A los empresarios una mayor imposición de tributos no les hace gracia. Hans Flury, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, indica que ya es usual que cada vez que se quieran obtener recursos se apunte al sector minero para castigarlo, esto pese a que ya tendrían una tasa impositiva que llegaría al 53%.

En la actualidad, el sector minero paga una escala de regalías entre 1% y 3% dependiendo de sus ventas. La propuesta de ley no solo duplica este porcentaje sino que castiga la producción aurífera con una regalía de 10% y a la cuprífera con 5%.

PARA TODOS
En la actualidad, no todas las empresas mineras pagan regalías. Las que han logrado obtener contratos de estabilidad jurídica con el Estado, como Antamina, Cerro Verde y Yanacocha están exentos de este impuesto. Carrasco señala que el pago de una mayor regalía debe ser tomado como una contraprestación, algo que el Tribunal Constitucional ha reconocido en el 2006 como una aplicación justa por lo que el proyecto de ley 4492 alcanzaría a todas las mineras.

Las ganancias de las mineras, según Carrasco, han sido tan extraordinarias que desde el 2004 a la fecha, han tenido una tasa de rentabilidad por encima del 50% gracias al diferencial entre los precios internacionales y sus costos internos de producción, recuperando así rápidamente sus inversiones.

Según justifica el proyecto de ley, entre el 2005 y 2009 las mineras tuvieron utilidades netas por US$19.500 millones y de aplicarse el sistema de regalías planteado en el Congreso, se tendrían ingresos por US$1.462 millones, cifra que superaría los US$616 millones recaudados por el “aporte voluntario” entre el 2007 y el 2010.

Flury indica que un nuevo impuesto perjudicaría la competitividad alcanzada por el sector minero. Señala que en este rubro los países compiten por más inversiones y una nueva carga impositiva en el Perú haría fugar parte de los US$43.000 millones de inversiones que se desembolsarían en nuevos proyectos mineros en los siguientes diez años.

Carlos Adrianzén, director de la Escuela de Economía de la Universidad San Martín de Porres, señala que elevar la carga tributaria en el sector minero puede tener un efecto efímero porque inicialmente podría elevar la recaudación, pero luego que los agentes involucrados –y los potencialmente involucrados– interioricen el nuevo castigo tributario, las inversiones se comprimirían y la producción y recaudación tributarias asociadas a dicha actividad se minimizarán gradualmente.

“Pretender cambiar las reglas de juego porque al inversionista que confió en las reglas del país le fue muy bien, no solo es una barbaridad sino que es una opción políticamente suicida”, dice.

Asimismo, indica que los que proponen este planteamiento suelen creer que a mayores impuestos hay mayor progreso económico, lo cual no es valedero pues no consideran la eficiencia del gasto. “El hecho de que hayan más recursos para la educación no servirá de nada si no hay profesores preparados”, señala.

El investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, indica que a aquellos que señalan que la competitividad del sector minero caerá por culpa de mayores regalías están equivocados. Así, señala que en Chile el Estado de ese país tiene una mayor participación sobre las ganancias mineras que el Perú, y siguen ingresando inversiones. En ese sentido, no solo plantea que las mineras paguen una nueva regalía los próximos años, sino que también lo hagan por las ganancias obtenidas entre el 2004 y 2009, lo cual es un planteamiento que podría ser legalmente cuestionable e inconstitucional.

MÁS PRESIÓN
El proyecto de ley de la bancada aprista no es el único. Hay un segundo proyecto presentado por la congresista Gloria Ramos (Bloque Popular), que pide crear un impuesto específico a las ganancias extraordinarias mineras gravándolas con un 7,5% a sus utilidades.

De otro lado, Juan José Córdova, especialista en minería de la empresa auditora KPMG, calcula que este año las mineras obtendrían US$4.500 millones en ganancias y podrían aportar un poco más al Estado. En ese sentido, cree que lo justo sería llegar a un acuerdo como el que se logró con el “aporte voluntario”.

El proyecto de ley ha sido puesto en stand-by por el Congreso de la República para que sea la próxima legislatura la que evalúe su pertinencia. De cara a la próxima campaña electoral, sin duda este será un tema ampliamente debatido. Habrá que esperar una salida justa y competitiva.

DEFINICIÓN EN EL PERÚ DE CANON Y REGALÍAS PARA LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

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