Archivo por meses: noviembre 2011

Para mejorar los Estudios de Impacto Ambiental

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Hoy en el Perú el tema de los Estudios de Impacto Ambiental esta en plena discusión. Hay problemas de credibilidad relacionados con la forma en la que se contrata, así como con los requisitos mínimos que se solicitan tanto a nivel técnico, como en los de participación ciudadana. Sobre estos últimos asuntos, y en la idea de contribuir a mejorarlos es que Kely Alfaro Montoya, del Instituto de Propuesta y Gestión para el Desarrollo Sostenible, nos presenta el siguiente documento: LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL OBSERVACIONES Y PROPUESTAS (Documento de discusión abierta).

Para bajar el documento completo haga click aquí

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A continuación presentamos sus principales conclusiones:

Entre las principales conclusiones/sugerencias, queremos destacar las siguientes ideas-fuerza:

– Los EIA, actualmente, no son herramientas de decisión: son herramientas de comunicación a la autoridad competente (MINEM) respecto a las interpretaciones de los impactos ambientales, elaborados teniendo como precedente un trabajo de campo cubriendo ámbitos físicos, biológicos, socioeconómicos y arqueológicos (o de interés humano). Por tanto, cumplen con su propósito, pues el mismo no es servir para la toma de decisiones: he allí su principal problema, comunican las estimaciones de los impactos (magnitudes y extensiones) elaborados por dos actores principales: consultoras y clientes (interesados en que se elabore el proyecto).

– Los EIA son instrumentos muy poco rigurosos, desde el punto de vista científico. La línea de base física y biológica, por ejemplo, no parte de investigar todo un ciclo anual completo, lo que ocasiona importantes vacíos de información. La línea de base social, por su parte, muchas veces se hace sin un adecuado trabajo de campo o incluso sin trabajo de campo de ningún tipo, basándose en data previamente disponible o “cortando y copiando” estudios anteriores.

– Los EIA se están evaluando por separado, proyecto por proyecto, pero no hay ningún tipo de análisis de conjunto, y no se toma en cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas ni los impactos acumulados de varios proyectos o de varias ampliaciones de un mismo proyecto.

– La clasificación de los impactos como “significativos”, “moderados” o “bajos” se hace utilizando metodologías subjetivas, que responden más a las necesidades del cliente que a la realidad. – El EIA se adapta al diseño de ingeniería definido por el cliente de acuerdo a sus cálculos de costo-beneficio, en vez de lo que, pensamos, debería ocurrir: que el proyecto y su ingeniería se adapten al ecosistema utilizando para ello la herramienta del EIA.

– La Valoración Económica de Impactos no debe ser tomada como un criterio para la “compensación” monetaria por los impactos causados, sino de una manera más amplia como parte del cálculo costo-beneficio del proyecto, es decir, como un criterio a la hora de decidir si el mismo es viable o no. Para ello, debe valorarse con metodologías más apropiadas, que consideren no sólo los valores de cambio de acorde a contextos ajenos, sino los valores de cambio con precios reales locales, y todos los valores de uso deben también contabilizarse.

– El proceso de participación ciudadana de los EIA no está cumpliendo con sus objetivos. Hay mucha manipulación, incluyendo el uso de “portátiles” y el impedimento de ingreso a ciudadanos considerados “incómodos”. Además, no hay una metodología pedagógica ni mucho menos indicadores para asegurarse de que la población haya entendido lo que se ha expuesto en el taller o audiencia. Demás está decir que dichos talleres o audiencias no constituyen un proceso de consulta.

– El Ministerio responsable de la aprobación de los EIA tiene una relación cercana y no-formal con las empresas consultoras y con las empresas interesadas, al punto de aprobar EIA con informes pendientes, y planteando observaciones que, lejos de buscar la mayor rigurosidad posible, buscan evitar obstáculos “peligrosos” para la actividad extractiva.

– Los EIA, actualmente, son instrumentos que responden a las necesidades de la empresa que busca explotar un recurso; la óptica debería cambiar y deberían convertirse en herramientas que respondan a las necesidades de la comunidad, en un marco de respeto y horizontalidad entre ambos actores, eliminando todo tipo de racismo implícito, discriminación o relaciones de poder. En ello, el Estado tiene un rol protagónico que cumplir.

Para contactarse directamente con la autora: kalfarom@uni.pe
Foto: Universidad de Cadiz

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“La mayoría de conflictos no rechaza a la minería”

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Transcribimos aquí la entrevista a Javier Arellano realizada para la Revista Domingo del diario La República el 20 de noviembre de 2011.

Un mito se derrumba. El daño ambiental que provocan las mineras no es la principal causa de los conflictos sociales en el país. Una reciente investigación del español Javier Arellano, publicada en su libro ¿Minería sin fronteras?, concluye que la mayoría de los conflictos es ocasionada por el crecimiento de la rentabilidad de las minas y, por consiguiente, de los ingresos por canon de las regiones. En otras palabras, la gente no se opone a las mineras. Lo que les exige es que compartan sus ganancias.

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El tema de esta investigación se le apareció de súbito. Arellano regresaba a Lima luego de haber pasado la Navidad de 2006 con el líder indígena Santiago Manuin y otros viejos amigos de la comunidad awajún, en Amazonas, cuando un grupo de pobladores bloqueó la carretera a la altura de Jaén para protestar por las exploraciones mineras en su territorio. Al llegar a la capital conversó sobre el episodio con un par de amigos. Obtuvo dos visiones distintas. Uno le dijo que la minería era fundamental para el desarrollo del país. El otro se mostró muy preocupado por su impacto negativo en las comunidades.

Fue así que Javier Arellano, investigador del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto (Bilbao, España), unido al Perú afectivamente desde inicios de los 90, cuando vivió como misionero en la comunidad de Santa María de Nieva, se propuso descubrir cuál era el origen de los conflictos sociales mineros. Entre 2007 y 2010 analizó exhaustivamente bases de datos oficiales (Defensoría del Pueblo, INEI, ONPE, MEF, etc.), entrevistó a más de 200 personas (entre dirigentes sociales, autoridades locales y del Ejecutivo, directivos de mineras, expertos, políticos) y efectuó largas investigaciones de campo en Pasco, Ancash y Moquegua.

Su libro ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú (que acaba de ser editado por el IEP, la PUCP y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya) es el fruto de este trabajo. Lo que descubrió derriba viejos mitos asentados como verdades absolutas a la hora de explicarnos a qué se debe el descontento de las provincias con la minería (como el que se vive por estos días en Andahuaylas, Ancash y Cajamarca). El más importante, aquel que dice que la principal causa de los conflictos mineros es el rechazo de las poblaciones a la minería por el temor a que destruya su medioambiente.

–Muchos pensamos que el temor al daño medioambiental que podrían causar las mineras era la principal razón de los conflictos mineros. Según su investigación, no lo es.

–Es una de las razones y es una razón importante, pero no es la única, y en el periodo que yo estudio –del 2002 hasta el 2008– esa razón deja de tener peso y los temas de distribución de la minería pasan a ser más importantes.

–La distribución de la renta minera se convierte en la principal causa de los conflictos.

–Se vuelve central. Los análisis muestran que hasta 2005, 2006, los conflictos se debían a cuestiones de pobreza, y había algunos casos emblemáticos de conflictos medioambientales. Pero a partir del 2006, cuando los precios de los minerales suben y hay más dinero en las zonas mineras, los conflictos mineros se disparan y muchos tienen que ver con la distribución.

–¿Cómo surge un conflicto de este tipo?

–Hay que entender primero las políticas que se siguieron a inicios de los 2000 para enfrentar los conflictos…

–Aquellas que usted llama la Nueva Estrategia de las Industrias Extractivas (NEIE).

–Así es. A finales de los 90 surgieron un conjunto de conflictos mineros muy importantes –Tambogrande, Quilish, el primer Quellaveco– y la solución a la que las mineras y el gobierno recurrieron fue aumentar el canon minero, con el fin de que las poblaciones entendieran que la minería también les podía traer beneficios.

–Esa fue la primera respuesta.

–La primera respuesta. Y después, a lo largo de los 2000, lo que siguió fue que las mineras intentaron posicionarse como promotoras del desarrollo. Pero estas políticas son un atajo para no abordar las reformas en serio. Es pensar que se puede solucionar conflictos solo con dinero.

La única forma de negociar

Lo que Arellano descubrió fue que al ver las montañas de dinero que ganaban las mineras, muchas comunidades consideraron que había llegado el momento de recibir más beneficios de los que habían obtenido inicialmente por sus tierras. Como no había, ni hay, ningún instrumento legal que las ayudara a negociar en condiciones mínimamente equilibradas, recurrieron al conflicto. El investigador descubrió algo más. Se dio cuenta de que mientras más radicalizaban su discurso, y actuaban como si estuviesen totalmente en contra de la minería, más poder de negociación obtenían.

Arellano dividió los conflictos en tres tipos. 1) Aquellos en los que la gente rechaza la minería porque defiende su medioambiente, que son los más emblemáticos (Tambogrande, Quilish y, hoy, Conga). 2) Aquellos en los que la gente sí acepta a la minera, pero quiere una mayor participación en los beneficios (por ejemplo, las protestas contra Antamina). Y 3) los que enfrentan a poblaciones versus autoridades, o a estas últimas entre sí, por el reparto del canon minero. Aunque los conflictos del primer tipo suelen concitar la mayor atención de la prensa, los del segundo y tercer tipo son los más frecuentes. “La mayoría de la gente que entrevisté no rechaza a la minería; lo que quiere es que le dé más beneficios”, dice.

No exculpa a mineras

No fue un trabajo fácil el del experto. Sabía que su traza de “gringo” generaría desconfianza durante la labor de campo así que, para no parecer un empleado de las mineras, decidió viajar en transporte público y hospedarse en alojamientos modestos. Recuerda, entre sonrisas, las largas horas pasadas en antesalas, aguardando a alcaldes de distritos alejadísimos, o en paraderos de taxis colectivos, esperando que el vehículo se llenara para partir.

En el camino también se encontró con los prejuicios de algunos amigos, miembros de movimientos sociales, que cuestionaron su tesis porque parecía exculpar a las empresas y sus malas prácticas corporativas. Él les explicó que con su investigación no intentaba confirmar una convicción personal o defender una postura ideológica determinada. Lo único que quería era entender lo que estaba pasando con los conflictos realmente.

–¿Qué lecciones deja su investigación?

–Uno, que más plata no es automáticamente más desarrollo. Para generar desarrollo se requiere instituciones que regulen el sector, tomarse en serio a la gente, y una presencia del Estado más fuerte. Plata sin Estado, y dejando que las poblaciones se arreglen solas con las mineras, es una receta segura para los problemas.

–¿Del 2008 hasta ahora la situación que describe ha mejorado?

–No ha habido un cambio muy grande. Los cambios que ha habido en la regulación son muy recientes. El tema de la consulta previa también.

–¿Son buenas medidas?

–Yo creo que sí. La reforma fiscal traslada a la opinión pública la idea de que el Estado tiene un interés en captar una mayor parte de la renta y eso creo que le da una mayor legitimidad ante la población. Presenta un gobierno que se preocupa más que el anterior por el bien común.

–¿Humala está dando los pasos correctos para solucionar los conflictos mineros?

–Todavía es pronto para saberlo. Algunas de las políticas, como el tema fiscal, la consulta, van en la buena dirección.

Uno de los pasajes más interesantes del libro de Arellano reseña algunos de sus encuentros con ejecutivos de las empresas mineras. Algunos llegaron a admitir que hay compañías que maquillan el real impacto de las operaciones mineras, que amenazan a las poblaciones y que, en general, no las respetan. Un momento curioso fue cuando, en abril de 2010, un funcionario le dijo en privado que esperaba la paralización del proyecto Tía María: “Si el proyecto continúa ciertas compañías mantendrán su manera inescrupulosa de hacer las cosas”. Un comentario excepcional que podría derribar otro mito: ese de que no hay empresario minero que tenga corazón.
hay más plata pero todo sigue igual

Entre el 2005 y el 2008 los gobiernos regionales y municipales recibieron por canon casi 10 mil millones de soles. Ninguna región en el Perú había recibido tanta plata en su historia. Sin embargo, en ese periodo, analizado por Javier Arellano en su investigación, el nivel de bienestar material y social de la población de las regiones mineras no mejoró significativamente. ¿Por qué?

El discurso oficial, dice Arellano, sostenido por el gobierno anterior y por las compañías mineras, culpa a la “ineficiencia técnica” de las autoridades regionales y municipales y a la corrupción. Esa fue la explicación que le dieron empleados del MEF y ejecutivos de mineras y de agencias de cooperación internacional en las numerosas entrevistas que sostuvo con ellos.

Pero el investigador analizó la capacidad técnica de las 18 municipalidades más ricas de las tres regiones que estudió (Áncash, Moquegua y Pasco) y la comparó con sus niveles de gasto, y descubrió que un factor no siempre guarda correlación con el otro. La “incapacidad técnica” no necesariamente tiene que ver con un gasto reducido.

La verdadera razón de la falta de inversión social adecuada es mucho más compleja y tiene que ver con lo que Arellano denomina en su libro “presiones políticas”.

En primer lugar, la desconfianza de la población hacia sus autoridades ocasiona que les exijan que usen de forma inmediata sus recursos. Con la posibilidad de ser revocados pendiendo sobre sus cabezas todos los años, los alcaldes se apresuran en gastar para mostrar resultados inmediatos. La gente también los presiona a hacerlo temiendo que se apropien ilegalmente del dinero o que este, a fin de año, retorne inevitablemente al Tesoro Público.

En segundo lugar, el gobierno central y las mineras suelen culpar a las autoridades locales de los conflictos y las conminan públicamente a gastar para solucionarlos.

“Lo que vi en mi investigación fue que esos factores llevan a las autoridades a gastar rápido y muy mal”, dice Arellano.

Durante el periodo analizado, el canon se gastó poco en inversiones de proyectos sociales y mucho en estadios, monumentos, calles embaldosadas y mobiliario urbano. De esa manera todos parecen estar contentos. Pero las condiciones de vida no mejoran sustancialmente.
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Uno, dos y tres conflictos otra vez…

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Los conflictos socioambientales están de regreso y han comenzado a “pulsear” con el gobierno que ha comenzado la partida anunciando consulta previa (falta el reglamento), una megaconsulta para tratar el tema de ordenamiento territorial, y en una reciente entrevista en Honolulu en la que el presidente Humala dijo “se respeta lo contratos firmados ”Lo que se está orientando es a la minería ilegal [al emitir el acta]. Acá lo que hemos señalado bien claro es que se defiende el principio de autoridad. En segundo lugar, se respeta lo firmado y, en tercer lugar, vamos a hacer todo lo necesario para absolver las dudas legítimas que pudiera tener la población con respecto a determinadas concesiones mineras o inversiones mineras que, por cierto, no las hicimos nosotros. En cuarto lugar, abrimos el campo, el puente al diálogo y creemos que esa es la mejor forma de solucionar los problemas, pero respetando la legalidad y respetando el orden público.” (El Comercio, 13-11-11)

La región Apurímac ha dado las concesiones frente a las que su pueblo protesta en estos días ¿Qué papel debe cumplir a la hora de los conflictos? Es cierto que al trasladar las competencias de concesión para pequeñas y medianas industrias extractivas fue una especie de presente griego para algunas regiones, como señala Fernando Romero ( SER Noticias)), pero también es cierto que la ignorancia no exime a nadie de su responsabilidad, y es importante que la asuman en lo que les toca para precisamente fortalecerse institucionalmente. Son parte del problema y parte de la solución.

También es cierto que el gobierno central durante los periodos anteriores dejó “florecer” todas las iniciativas sin tratar de regularlas, pese a que muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales llamaron la atención respecto de la necesidad de una política de ordenamiento territorial, elevar los parámetros de cumplimiento de estándares ambientales teniendo en cuenta el cambio climático, particularmente en lo que se refiere al tema de los recursos hídricos, para no hablar de las demandas por la ley de consulta previa cuyo reglamento está por salir.

Los conflictos en torno a la gran minería son efectivamente el resultado de una política deliberada consistente en conceder lo máximo a las empresas a cambio de que ellas se encarguen de todos los problemas, casi sin importar las consecuencias, y si bien algunas empresas actuaron con mayor responsabilidad que otras, en realidad terminan metiéndose en asuntos que no les corresponden. Nuevamente falta Estado que regule, que se compromete con la región, que cobra más impuestos y hace su trabajo cuidando del bienestar de sus ciudadanos en primer lugar.

A su vez las regiones deben usar sus recursos para fortalecer sus capacidades de gestión y gobierno, de manera que al mismo tiempo que crece su autoridad a nivel interno, se convierte en interlocutor del gobierno central, tal como propone el Gobierno Regional de Arequipa y lo remarca Romero en su artículo.

Es difícil que sin una fuerte voluntad política detrás estos instrumentos se produzcan un cambio en el corto plazo. El problema de la poca institucionalidad regional es reflejo también de una escaza capacidad del Estado central. Los pasos que hay que dar en este sentido los resume Martín Tanaka en un reciente artículo publicado en el Diario La Republica “Las soluciones de fondo exigen crear una institucionalidad encargada del monitoreo de la conflictividad de naturaleza intersectorial y que articule niveles de gobierno, que actúe con una lógica de prevención; una nueva normatividad minera y ambiental, que eleve los estándares en cuanto a la participación y consulta a la población, y que haga creíble el proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y la fiscalización en torno a su cumplimiento; que articule las iniciativas de desarrollo que promueven las empresas y las autoridades locales y regionales a planes de desarrollo concertados que incluyan el ordenamiento territorial; que asigne los recursos públicos que genera la actividad minera privilegiando los objetivos de inclusión social; y que fortalezca y articule a los actores sociales y políticos involucrados.”
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Para entender el territorio antes de ordenarlo

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Gerardo Damonte, Profesor de Antropología en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP, es Investigador Principal de GRADE, acaba de publicar su nuevo libro “Construyendo territorios: narrativas territoriales aymaras contemporáneas” (Lima: GRADE; CLACSO, 2011. 147 p.). Esta es una publicación que nos llega en un momento importante por varias razones. La primera tiene que ver con la necesidad de reconstruir nuestra visión respecto de las formaciones nacionales en Latinoamérica formadas sobre construcciones territoriales previas cuya vigencia no podemos ignorar, uno puede mirar las fronteras de nuestros países y darse cuenta de que las comunidades amazónicas y andinas en realidad desbordan los espacios nacionales, tal como ocurre con el altiplano hoy separado en cuatro estados (*). Segundo por la importancia que tiene la memoria colectiva, el espacio y la cultura en la definición de un territorio siempre cambiante como la sociedad misma que lo construye y reconstruye, y que hoy nos importa para incluir a las poblaciones indígenas en el diseño e implementación de políticas de consulta y de ordenamiento territorial.

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En fin más allá de estas inquietudes, y de recomendar su lectura, adjuntamos en este post parte de la introducción, y les damos la dirección desde donde puede bajarse el texto completo.

Los territorios son tan antiguos como las sociedades. Todo grupo social ha tenido y tiene un espacio en el que se desarrollan sus actividades cotidianas y se expanden sus redes sociales. Cuando los espacios se pueblan de símbolos se convierten en lugares: espacios reconocibles para las personas que los habitan o al menos los identifican. Cuando los espacios son apropiados y delimitados socialmente (económica, política o culturalmente) nacen los territorios. Las comunidades andinas tienen una larga historia de creación y defensa de territorios, los que se han fragmentado y reconstituido a través de décadas y siglos, en contextos de cambios y permanencias sociales.

En las últimas décadas el tema territorial se ha convertido en algo central en la discusión académica, principalmente en lo relativo a procesos de descentralización y dinámicas territoriales. En Latinoamérica el tema ha merecido múltiples estudios y publicaciones donde resaltan el análisis económico, institucional y político, generalmente ligado a la problemática del desarrollo y la desigualdad social(1). Sin embargo, el tema territorial no ha sido tratado con igual intensidad desde un enfoque sociocultural que priorice una mirada local. En este sentido surgen preguntas simples, pero importantes como: ¿Cómo constituyen territorios los actores sociales? ¿Qué territorios se identifican desde lo local?
El presente libro busca responder a estas interrogantes a través de un estudio comparativo en comunidades andinas aymaras peruanas y bolivianas. Nuestro estudio enfatiza tres aproximaciones: la histórica, la económico-política y la cultural. l espacio de reproducción social sea más amplio que el territorio en cuestión.

(*) Como el altiplano podemos encontrar que el territorio y cultura guaraní excede al estado paraguayo, el mapuche al chileno, el jíbaro al ecuatoriano, solo para mencionar algunos cercanos en mi memoria
(1) Existe una amplia bibliografía sobre temas ligados a la descentralización y desarrollo territorial, como ejemplo podemos mencionar a Alimonda (2002), Schejtman, A., y Berdegué, J. (2007), Manzanal, Arzeno y Nussbauer (2007

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El tira y afloja de la minería peruana, Conga y Tambopata

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Esta semana comenzó el operativo Aurum I, señal de que habrá un Aurum II y hasta MMXVI, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que nos traen las noticias son 126 dragas destruidas a la fecha de 250 que se calculan operan en la zona. Como era de esperar, la reacción de la población es mayoritariamente contraria dado que están vinculados a esta actividad informal, pero la de los nativos y pobladores más antiguos es de apoyo a la medida. Los mineros informales han quemado 25 negocios en Puerto Maldonado y han tomado la carretera transoceánica.

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El Ministro del Ambiente Ricardo Giesecke y el Presidente de la Región Madre de Dios se reunieron hace algunos días, e informaron que además de combatir la minería informal se requiere de un plan de inversiones para cambiar de rumbo en el desarrollo de la Región “…queremos ser reconocidos como la capital de la biodiversidad y no como la capital de las actividades informales e ilegales”, recalcó Luis Aguirre, Presidente Regional.

Si la operación tiene éxito 32 toneladas de mercurio dejaran de verterse cada año en los ríos de esta región y será posible evitar un mayor deterioro de los bosques y de la biodiversidad.

Este es un duro golpe para la minería ilegal, sin embargo es predecible que los intereses que los respaldan seguirán tratando de revertir la situación actual aumentando los niveles de violencia y tratando de sobornar a cuanta autoridad sea posible para detener el operativo. Veremos qué pasa en los días siguientes. De otro lado esta intervención, respaldada por los ambientalistas y la mayor parte de los medios de comunicación, es un aviso para otras zonas como las de Ananea en Puno, las de la sierra de La Libertad, o de Piura.

En el otro extremo del país, al norte en la sierra de Cajamarca el proyecto Conga enfrenta la resistencia de parte de la población luego de haber aprobado los requisitos legales previos. Se trata aquí de otro enfrentamiento que terminará de definir la orientación de la política del gobierno frente a las industrias extractivas. Lo que enfrenta a pobladores con empresarios no es la minería, sino el acceso al agua.

El proyecto está en una cabecera de cuenca y ha previsto contar con agua de las lagunas aledañas, que de acuerdo con el proyecto de ingeniería aprobado permitirá, con los acondicionamientos del caso, satisfacer plenamente la demanda de agricultores, pobladores urbanos y mineros. Los pobladores -por su parte- argumentan que como se deduce de las nuevas leyes promulgadas recientemente los niveles de consulta deben ser ampliados, y añaden que hay un riesgo respecto de las reservas y calidad del agua que obligan a reconsiderar las posibilidades del proyecto.

Los pobladores se encuentran divididos. El gobierno Regional se opone y convoca a un paro, los comuneros de Huasmin (zona del proyecto) están en “pie de lucha” contra la explotación minera Y de otro lado, “32 comunidades de la zona de influencia del proyecto no se plegarán al paro de mañana” si hay algo que mejorar que se haga, pero que el proyecto no se detenga agregaron los representantes de los campesinos reunidos en la PCM.

En este entredicho el gobierno intervine desde distintos puntos. De una parte el presidente, y el Acuerdo Nacional hacen hincapié en la necesidad de concordar políticas de ordenamiento territorial, y en particular aquellas relativas al manejo del agua. Es necesario prepararse para la adaptación al cambio climático, añade el Ministro del Ambiente, lo que supone cuidar los acuíferos y las cabeceras de cuenca para garantizar los ciclos del agua. Sea como sea ha sido éste último quién ejerciendo su derecho a revisión aleatoria de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ha pedido el proyecto para su evaluación. De su lado el Premier y el Ministro de Energía y Minas, buscan una salida que satisfaga a las partes, y algo deben haber conversado Descalzi con Benavides en el viaje de Cajamarca a Lima en la avioneta de este último.

Se trata de una inversión cuantiosa que redundará también en mayores recursos para el Estado, las comunidades de Celendían, y la Región de Cajamarca. Se calcula que entre “regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Un estimado de 2,230 millones entre regalías y canon en la vida útil.” Señala Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)

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Todo parece indicar que de un lado el gobierno mostrará mano dura con la ilegalidad minera, y exigirá mejor manejo ambiental a las empresas formales. Esto puede traducirse en cierta renegociación del Estado con las empresas involucradas en el proyecto Conga para crear las condiciones de su funcionamiento, pero las actividades mineras continuarán. Mientras el estado no tenga parámetros adicionales de negociación cederá, es decir mientras no entre en funcionamiento la consulta previa, no se tengan criterios claros de ordenamiento territorial, y falte capacidad institucional para generar bienestar sostenible en las zonas mineras, los conflictos solo crecerán.
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