Archivo por meses: julio 2011

2011-2012 Profesores Diplomado latinoamericano en extractivas y desarrollo

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PROFESORES

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Armando Mendoza Economista e investigador especializado en temas de recursos naturales, impacto de la globalización, y políticas de integración económica y comercial en el Perú y la Región Andina.
Ha publicado diversos estudios sobre el impacto de los Acuerdos Comerciales (TLC) Perú-EE.UU. y Perú – Unión Europea en el campo del régimen para inversiones extranjeras y manejo de los recursos naturales. Colabora regularmente con diversos medios informativos nacionales, con artículos de análisis económico y social.

Carlos Monge S. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es Antropólogo de la misma universidad y también Doctor en Historia Latinoamericana, Universidad de Miami, Estados Unidos. Actualmente es investigador asociado de DESCO, integrante del Área de Vigilancia del Grupo Propuesta Ciudadana y consultor del Revenue Watch Institute. Ha sido también Director de Programas Ambientales del Banco Mundial en Lima, Perú.

Edgardo Cruzado Silverii Candidato a Doctor en Competitividad Empresarial y Desarrollo Económico por la Universidad de DEUSTO – País Vasco – España. Experiencia en finanzas públicas, descentralización fiscal, vigilancia & monitorio, políticas de descentralización, evaluación de políticas públicas y desarrollo regional. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo Territorial por la Universidad de Deusto (País Vasco – España) y la Universidad de Palermo (Sicilia – Italia). Ha trabajado e investigado en temas de gestión presupuestal, descentralización fiscal, monitoreo participativo, industrias extractivas y programas sociales. Participa en procesos de negociación con autoridades a nivel nacional, regional y local y coordinación de proyectos en materia de descentralización y desarrollo. A nivel regional ha trabajado en temas de competitividad regional y local, elaborando proyectos e instrumentos de gestión, como Planes de Competitividad y de Desarrollo Regional, gestión de recursos naturales, y negocios agrarios. Ha sido Gerente en el Gobierno Regional de Piura y trabajo en para el Congreso de la República para modificar la Ley del canon.

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Gerardo Castillo Antropólogo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestrías en Desarrollo Internacional por la Universidad de Bath y en Geografía por la Universidad de Oklahoma. Profesor en el Diplomado de Industrias Extractivas, Vigilancia y Desarrollo Sostenible y en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido también profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene amplia experiencia como consultor senior en desarrollo social e industrias extractivas en PETRO-TECH PERUANA, SOCIAL CAPITAL GROUP, Grupo Propuesta Ciudadana, Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES, GRADE, entre otras organizaciones.
Ha publicado entre otros textos, Minería y sociedad en el Perú: un balance tras dos décadas de iniciado el boom (2010), Instituciones financieras internacionales, Estado y movimientos indígenas en América Latina de la década de 1990, Cambio climático, desastres naturales y pobreza rural (2010), Participación ciudadana en la minería peruana: concepciones, mecanismos y casos (2009). Concepciones de participación ciudadana en la minería peruana (2009), Memoria y olvido en el huerto de mi amada, de Abe (2004).

Gerardo Damonte Valencia Doctor en Antropología por la Universidad de Cornell. Se desempeña como Investigador en el Área de Recursos Naturales del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), siendo además Profesor del departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Gerardo conduce proyectos en tres áreas temáticas interrelacionadas: industrias extractivas y sociedad rural; conocimiento local y cambio climático, y; territorios y movimientos sociales. Su trabajo está geográficamente enfocado en Latinoamérica, en particular en los Andes Centrales. Entre sus publicaciones figura el libro The Constitution of Political Actors. Peasant Communities and Mobilization in Bolivian and Peruvian Andes (2008), así como varios artículos referidos a las consecuencias sociales del desarrollo extractivo en los Andes. Gerardo es miembro de varias asociaciones y redes académicas, siendo actualmente presidente el Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA).

Guillaume Fontaine
Doctor en Sociología, titular de una Maestría en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas con mención en Sociología por la Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris 3, (Francia) y graduado del Institut d´Etudes Politiques de Grenoble (Francia). Desde 2001, anima el Observatorio Socio Ambiental de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador. En 2006 y 2007 fue coordinador del programa de Estudios Socioambientales. Es actualmente Profesor Investigador y Coordinador de investigación de la FLACSO. Está llevando a cabo una investigación sobre el rol de la sociedad civil en la gobernabilidad democrática, a través de los conflictos generados por la extracción de hidrocarburos en la región andina. Sus principales publicaciones son: – El Precio del petróleo. Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la región amazónica. Quito: FLACSO-IFEA-Abya Yala. 2003. – Petróleo y desarrollo sostenible en el Ecuador. Quito: FLACSO (3 tomos). 2003; 2005; 2006. – Políticas ambientales y gobernabilidad en América Latina. En coordinación con Geert van Vliet y Richard Pasquis. Quito: FLACSO-CIRAD-IDDRI. 2007. – Yasuní en el siglo XXI: El Estado ecuatoriano y la conservación de la Amazonía. En coordinación con Iván Narváez. Quito: FLACSO-IFEA-Abya Yala-Petrobras-CEDA-WCS. 2007. – La guerra del fuego: Políticas petroleras y crisis energética en América Latina. En coordinación con Alicia Puyana. Quito: FLACSO-Ministerio de Cultura. 2008.

Humberto Campodónico Consultor de la CEPAL, es catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima. Ha sido Investigador Principal, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Director de la Unidad de Postgrado, Facultad de Economía, de Lima. En 1999 sobresalió como el investigador más destacado de la Facultad de Ciencias Económicas y del Área Económico- Empresariales. Estudió Ingeniería Industrial y Sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería y obtuvo su grado de magíster en Desarrollo Económico en la Universidad de París I Francia. Su producción científica engloba temas actuales como el proceso de globalización y los intereses nacionales. Asimismo, ha realizado diversos análisis sobre los organismos multilaterales y su relación con la pobreza de inicios de la década. Además escribe sobre petróleo y políticas empresariales en América Latina.

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Javier Arellano Y. Es investigador del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Doctor en Estudios de Desarrollo por el Institute of Development Studies (IDS) de la Universidad de Sussex, su trabajo reciente se centra en el área de la gobernanza y el desarrollo, con especial interés en la gobernanza de los recursos naturales, conflictos sociales, procesos de descentralización, papel político de la sociedad civil y los movimientos sociales, política indígena, y la relación entre políticas fiscales y desarrollo. Sus investigaciones están centradas en los países andinos. Con formación académica interdisciplinaria y grados en estudios de desarrollo, agronomía, filosofía y estudios teológicos. Tiene una Maestría en Gobernabilidad y Desarrollo en la IDS. Ha trabajado tanto en España como en el extranjero, incluyendo tres años de trabajo con los pueblos indígenas en la amazonia peruana.

Juan Luis Dammert Licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente se desempeña como profesor de la PUCP y como investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), donde trabaja en temas vinculados a la conservación, el desarrollo sostenible, con énfasis en los impactos socioambientales de proyectos de inversión como los monocultivos de palma aceitera, la extracción de hidrocarburos y los proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas.. Ha publicado sobre estas materias distintos textos académicos, como por ejemplo El conflicto municipal en Pucará, Puno (2004-2006) (IEP, 2010) y Biocombustibles en el Perú: elementos en juego (con Elisa Canziani, SPDA 2009).

Manuel Glave T. Es Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor en Economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Investigador Principal de GRADE, especialista en desarrollo rural, economía ambiental y recursos naturales, y análisis de la política pública agraria y ambiental. Ha sido profesor de economía ambiental y de los recursos naturales en Ecuador y Paraguay, como parte del Programa SPEAL (Seminario de Políticas Económicas para América Latina). Se encuentra investigando el impacto social de la gran minería en el desarrollo rural en los Andes peruanos, y, junto con J. Kuramoto, fue coordinador nacional del proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible (MMSD) en el año 2001. Entre sus principales investigaciones destacan las realizadas sobre sistemas de producción campesinos en ecosistemas de montaña, participación comunal en áreas naturales protegidas y valoración económica de la diversidad biológica y los servicios ambientales.

Manuel Pulgar Vidal Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado y ocupa el puesto de Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ejerció durante los años 2000 – 2001 un puesto como Profesor Visitante en la Universidad de Miami, trabajando como investigador en el Centro Norte – Sur y en la Escuela Rosenstiel de Conservación Marina y Ciencias Atmosféricas, ambas de la misma Universidad. Antes desempeñó el cargo de Gerente Legal de un grupo de empresas mineras (1986-1989). Está especializado en legislación y política ambiental con especial énfasis en asuntos relativos a prevención de la contaminación en sectores productivos y la promoción del diálogo con el sector privado. Fue asimismo Director del Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado – PROFONANPE y Director del Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal – FONDEBOSQUE, así como asesor de distintas entidades públicas con competencias ambientales y conferencista en distintos foros; y realizado distintas investigaciones en el campo del derecho ambiental.

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Patrick R. P. Heller Analista legal de Revenue Watch Institute, donde investiga y analiza los regímenes legales y contractuales relacionados con los ingresos de petróleo y minerales.
Patrick has worked on governance and anti-corruption initiatives in the developing world for more than ten years, for organizations including USAID, the U.S. State Department, the Asian Development Bank, Creative Associates International, and the International Center for Transitional Justice. He is a Research Affiliate with the Program on Energy and Sustainable Development at Stanford University, where he focuses on the political economy of National Oil Companies, with special attention to Angola and Nigeria.
Patrick ha trabajado por más de diez años en diversas iniciativas vinculadas con las políticas de gobernabilidad y anticorrupción en países en desarrollo, a través de organizaciones como USAID, el Departamento de Estado, el Asian Development Bank, Creative Associates International, y el International Center for Transitional Justice. Es también un investigador afiliado al programa de Energía y Desarrollo Sustentable de Stanford University.
Además de ser un conocedor de las empresas petroleras estatales, Heller ha trabajado con Revenue Watch, en diversos aspectos relacionados con la industria petrolera, reformas legislativas y contratos, transparencia y promoción del diálogo gobierno-ciudadanía. Ha trabajado estrechamente con sus colegas del African Center for Economic Transformation y el programa del gobierno Noruego de apoyo a los gobiernos africanos en el fortalecimiento de sus capacidades de gestión efectiva de sus recursos extractivos

Paul Anthony Consultor. Ha pasado más de 27 años en el negocio de petróleo y gas, en varias funciones técnicas, comerciales y de gestión. Actualmente es consultor independiente, y brinda asesoría sobre estrategia y desarrollo empresarial para los sectores de energía, comercio electrónico y otros sectores gubernamentales. Él es un destacado defensor de la necesidad de contar con un desarrollo sostenible y con en el sector energético y es un analista muy respetado en muchos aspectos de la industria, desde la política y la regulación al progreso técnico y comercial.
Ha trabajado, en Trinidad y Tobago, con el Ministerio de T & T de la energía (como Director de Geología y Geofísica), Petrotrin (la petrolera estatal integrada y gas -como geofísico principal) y BP Trinidad y Tobago (como Gerente de Exploración y Desarrollos Sostenible Manager), en Houston, Texas, con Exxon, en Houston (como geofísico principal) y en Londres, con BP plc (como consultor de estrategia global de e-Business).
Es miembro de las Juntas de importantes empresas locales, que cotiza en bolsa en Finanzas y TI, instituciones públicas y asociaciones empresariales, y tambien del Revenue Watch Institute . También dirige y contribuye a los esfuerzos de varias en la educación superior y desarrollo de negocios, a través de su participación voluntaria en asociaciones industriales y profesionales.
Obtuvo una Licenciatura (con honores), en Geología en el Imperial College de Ciencia y Tecnología, Universidad de Londres (1978) y una maestría, Geofísica, de la Universidad de Houston de 1985.

Sergio Mauricio Medinaceli M. Economista, con Maestría en economía. ILADES – Georgetown University. Santiago – Chile, y estudios en Economía de la Regulación, Programa HIID – Universidad Católica Boliviana; y en la Summer School 2001: Social Justice in a Market Economy. Ibero America Institute for Economic Research. University of Göettingen. Göettingen – Alemania.
Medinaceli ha sido Ministro de Hidrocarburos en Bolivia entre noviembre 2005 – enero 2006, y Coordinador de Hidrocarburos – Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Quito – Ecuador. Tiene además una amplia experiencia como consultor de diversos organismos en diferentes países de América Latina. Ha sido consultor del Banco Mundial, GTZ, la Corporación Andina de Fomento, el BID, 24. Prisma Energy América do Sul Ltda., 30. EFECE & Asociados, entre otros organismos.
El profesor Medinaceli es además profesor en la Universidad Católica Boliviana, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Privada Boliviana y FLACSO-Quito.
Entre sus publicaciones figuran: La Nacionalización del Nuevo Milenio: Cuando el Precio fue un Aliado. Fundemos. Primera Edición. Marzo 2007. La Paz – Bolivia. Marcos Regulatorios: Empresas Estatales Eficientes de Hidrocarburos. OLADE, University of Calgary y CIDA. Abril 2009. Quito – Ecuador. Generación, distribución y uso del excedente de hidrocarburos en Bolivia, en conjunto con Del Granado H., Mokrani L. y Gumucio J. Fundación PIEB. Mayo 2010. La Paz – Bolivia.

Vanessa Chavarry Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios de Postgrado en Derecho de la Energía por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y con una especialización en manejo de conflictos socio-ambientales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO Argentina.
Ha sido comisionada para la investigación del Centre National de la Recherche Scientifique de la République Française, en temas de manejo y aprovechamiento de recursos naturales por parte de comunidades campesinas; y se ha desempeñado como asistente de docencia del curso Derecho del Medio Ambiente en la PUCP. Ha sido miembro de THEMIS – Revista de Derecho de los estudiantes de la PUCP; y ha publicado algunos artículos vinculados a conflictos socio-ambientales en las actividades mineras y a fiscalización ambiental en revistas y periódicos nacionales.
Con experiencia en la asesoría ambiental de los sectores energía y minas. Con la ONG Proterra, ha asesorando a gobiernos locales, en temas de gestión ambiental. Actualmente, se desempeña como comisionada de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo; y se desempeña además como coordinadora del Proyecto “Apoyo al fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para la supervisión de la gestión socio-ambiental de las actividades extractivas y la intervención defensorial en los conflictos socio-ambientales”.

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Raquel Zonia Yrigoyen Fajardo Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, Especialización en Derecho Consuetudinario Indígena en Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad San Carlos de Guatemala. Tiene un Diploma en Estudios antropológicos y es licenciada en Derecho en la PUCP.
Desde el 2002 es Presidenta del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS/ International Institute on Law and Society-IILS. Y tiene una amplia experiencia en consultorías internacionales con el PNUD, PROGECO y Unión Europea en Colombia, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional-ASDI, Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Universidad de Lund y Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala-PDH. Entre otras organizaciones.
Ha publicado: Pathways to justice. Access to justice in Cambodia with a focus on the poor, women and indigenous peoples. PNUD y Ministerio de Justicia de Camboya (coautores: Kong Rady y Phan Sin) (2005); Justicia y Multilingüismo en Guatemala. Guatemala: Programa de Justicia Checchi/ USAID (2001); Pautas de Coordinación entre el Derecho Indígena y el Derecho Estatal. Guatemala: Fundación Myrna Mack (1999); Derechos de Pueblos Indígenas Vinculados a Actividades Extractivas. Material de trabajo. Abril 2008. Ottawa: Fondation Canadienne pour les Ameriques-FOCAL.
Es profesora de la PUCP y ha dado cursos en la Universidad San Martin de Porras, Santo Tomás, y del Rosario, en Colombia; Deusto la de Carlos III en España; y en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Bolivia.

Gustavo Avila Palomino Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con experiencia laboral en elaboración de instrumentos de gestión e investigación en aspectos sobre desarrollo regional, gestión presupuestal, monitoreo participativo y desarrollo sostenible y gestión de recursos naturales. Además, ha realizado consultorías en temas de competitividad regional y local, recursos naturales y negocios agrarios. Ha trabajado como Coordinador de Industrias Extractivas del Sistema de Vigilancia del Proceso de Descentralización del Perú.
Tiene además un diploma en Cuestiones de Política de las Industrias Petroleras, Gasíferas y Mineras en América Latina, así como en Descentralización y Gobiernos Locales pro la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas – Revista Nº 1

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Ha salido el primer número de la revista Punto de Vista de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (Bájela aquí)

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La demanda por recursos naturales impulsada por el enorme dinamismo de la economía mundial se ha traducido en una demanda creciente de recursos naturales no renovables. América Latina es el subcontinente que ha ofrecido enormes ventajas para proveer al mundo como precio para salir del estancamiento de sus economías de fines de los 90. Junto con las facilidades de acceso, brinda capacidades tecnológicas y humanas que permiten el desarrollo de estas industrias. Crecientemente son Asia y África los espacios alternativos para la expansión de esta industria, hasta que la riqueza de los fondos marinos les sea accesible.

Como señala Epifanio Baca, esto genera daños colaterales que afecta a las comunidades locales que viven en la superficie de los yacimientos, o que afecta de manera -muchas veces- irreversible la ecología adyacente. La expansión del bienestar de parte del mundo se vive de otro lado como subversión de las condiciones de vida cotidiana.

Los recursos generados no solo producen enormes ganancias para las compañías públicas o privadas, sino que parte de estas se redistribuyen al estado o a las localidades en las que se encuentran los yacimientos. Esto ha puesto sobre la mesa la discusión respecto de las ganancias extraordinarias que resultan del incremento de precios de los recursos a velocidades superiores al incremento de sus costos de producción. Pero también trae en la bolsa la discusión sobre lo que hay que hacer con el dinero que deja a nivel local y nacional.

Lo que hacen las compañías con las ganancias tiene diferentes historias según éstas sean públicas o privadas, y de cómo siéndolo se someten a políticas de corto o largo plazo. Pueden como en el caso de PEMEX resolver hasta la inanición las angustias del estado por ingresos que no recaudan mediante tributos, y así los recursos naturales terminan favoreciendo políticas populistas de subsidio encubierto a las empresas privadas, y de subsidio directo (distribuidos central o des centralizadamente) a favor de los más pobres como ocurre en el caso boliviano o peruano. De otro lado encontramos empresas públicas (o semipúblicas) funcionando como empresas privadas “sanas” empresarialmente, pero que cumplen roles similares frente a los usos que el Estado hace de la renta, como parece ser el caso en Latinoamérica de PETROBRAS, o CODELCO. Al lado de ellas encontramos a las privadas, entre las que incluimos a las públicas que operan en territorio no nacional, cuyas ganancias se consideran como recursos estratégicos para su desarrollo a escala global.

Vale la pena detenerse en los procesos que han llevado a esta situación. En un extremo está la enorme pobreza de muchos de los espacios en los que se encuentran los recursos naturales, y que parece condenar de manera irremediable a las sociedades o culturas que allí se encuentran; es el síndrome del que gana la lotería y se condena por exceso de incertidumbre. En otros la angustia frente a la posibilidad de un pronto alivio de los males que lo aquejan, o la posibilidad de realización de un sueño que parecía imposible. Los campesinos dejan los ciclos agrícolas por los del ritmo salarial de las inversiones. Los comerciantes llegan como proveedores de los nuevos habitantes. Pero en ninguno de los casos la posibilidad se asienta sobre lo que existe, sobre lo que se hacía. La realidad cambia para siempre.

Como señala Epifanio Baca este número avanza sobre estos problemas tocando particularmente el “tema de las concesiones y contratos en los siguientes países: Bolivia, Ecuador, Perú y México.”

CONTENIDO

Editorial
Epifanio Baca Tupayachi – pág. 3
Concesiones mineras en el Perú y sus contratos: análisis de debilidades
Paola Lazarte (Grupo Propuesta Ciudadana) – pág. 4
Los nuevos contratos de servicios en Ecuador
Adriana Viteri y Andrea Ordóñez (Grupo FARO de Ecuador) – pág. 8
Contratos petroleros en Bolivia
Raúl Velásquez (Fundación Jubileo) – pág 12
México: nuevos retos para hidrocarburos, viejos debates y ¿transparencia?
Aroa de la Fuente (Centro de análisis de investigación FUNDAR) – pág. 15
Concesiones y contratos, transparencia y control social: la emergencia de una nueva agenda para la sociedad civil
Carlos Monge, Claudia Viale y Felipe Bedoya (Revenue Watch Institute) – pág. 18

Revista Punto de Vista de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (Bájela aquí)
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Políticas sobre conflictos sociales (1)

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En el diario El Comercio, Manuel Marticorena publica hoy -Lunes 4 de Julio del 2011- un artículo sobre los “Conflictos en cuestión” que nos parece importante compartir. Nuestro interés es contribuir a la discusión de políticas públicas.

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El tratamiento de los últimos conflictos sociales ha demostrado la falta de una estrategia para enfrentar este tema por parte del Gobierno. La pérdidas productivas también cuentan

Pese a que, según la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales están disminuyendo, los que subsisten son cada vez más notorios y violentos. Gran parte de ellos están relacionados con el actuar de empresas mineras y petroleras. Las comunidades temen que sus fuentes de agua sean contaminadas; que las empresas invadan sus territorios afectando su medio ambiente y cultura; mientras que en otros casos, buscan un pago justo por el uso de sus suelos.

La solución de estos conflictos, en los últimos años, ha tenido una constante: la imposición de las condiciones de las comunidades. En la minería, han logrado suspender proyectos ya en camino de desarrollo (como el de Tía María, en Arequipa); detener concesiones mineras o incluso cancelarlas, como es el caso del proyecto minero Santa Ana, en Puno.

Según una fuente del Ministerio de Energía y Minas, las comunidades han logrado bloquear proyectos por alrededor de US$3.800 millones en los últimos diez años, siendo el caso de Tía María el mayor de ellos. Se trata de un proyecto minero donde Southern Copper espera invertir US$1.000 millones.

TENSA RELACIÓN
Carlos Gálvez, gerente de finanzas de la Compañía de Minas Buenaventura, recuerda que en noviembre del 2004 una marcha pacífica de un grupo de personas contra el campamento del proyecto minero La Zanja (en Cajamarca) concluyó con la toma y destrucción del campamento y resultó incluso una persona muerta.

Tras casi seis años de sucedido este incidente y luego de muchos acuerdos con las comunidades, la minera logró culminar la construcción de la mina y está lista para empezar a operarla.

Carlos Gálvez señala que el hacerlo le llevó mucho esfuerzo a la empresa para convencer a las comunidades de que la minería les traerá beneficios. Gálvez señala que desde el inicio de los desa-cuerdos entre la empresa y la comunidad no intervino el Gobierno y su presencia solo se circunscribió al incidente. Nada más.

“Nos demoró quince años desarrollar el proyecto, todo eso tiene un costo que la empresa tuvo que pagarlo, cuando era labor del Gobierno mantener la tranquilidad social en la zona”, dice.

Gisell Huamaní, especialista en el tema de manejo y gestión de conflictos y consultora del Consorcio de Investigación Económica y Social, indica que el Estado solo atiende estos casos cuando se ha incendiado la pradera, pues no hay una perspectiva de prevención en estos temas.

“Cuando conocen el problema lo hacen muy tarde. Varias de estas demandas tienen años y solo son tratadas cuando hay desestabilización social”, refiere.

Los especialistas señalan una evidente falta de estrategia para enfrentar los conflictos, pues estos son atendidos cuando las comunidades solicitan la formación de una comisión de alto nivel, que atienda sus discrepancias con las empresas, cuando esto pasa las comunidades tienen ya poca disposición a la negociación.

Si bien hay una Oficina de Gestión de Conflictos adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, poco ha podido hacer en materia de prevención, pues cuenta con apenas una veintena de personas para atender los 227 conflictos sociales en todo el país, reportados por la Defensoría del Pueblo.

Huamaní agrega que casi todos los ministerios tienen algún tipo de oficina o equipo que atiende los conflictos relacionados con su sector. Lo extraño es que ninguno de ellos tiene el mismo rango y rol, lo que les impide hacer coordinaciones, trabajar eficientemente y ser dinámicos para atender los conflictos en la medida en que se van suscitando.

“En el Ministerio del Ambiente el agente que está trabajando es un asesor y está al costado del ministro; en la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura, la oficina está en el sótano y tiene poca capacidad de impacto en las políticas del sector, y en el Ministerio de Energía y Minas hay una Oficina de Gestión Social que atiende todos los problemas del sector”, explica.

Ricardo Morel, director del Instituto de Desarrollo Social, manifiesta que la única estrategia conocida e implementada por el Estado es la de formación de comisiones de alto nivel, la cual ha sido un fracaso. Asimismo, concuerda que la prevención casi no ha existido y las oficinas relacionadas con este tema en los distintos ministerios no han realizado un trabajo descentralizado para articular puentes, conocer a los protagonistas y trasladar con mayor velocidad la información y los reclamos.

El presidente Alan García ha defendido la actuación de su gestión frente a los conflictos sociales indicando que en muchos casos han sido impulsados por intereses políticos; sin reconocer que muchas veces la falta de prevención respecto a estos temas ha dado como resultado actos violentos y la paralización de las inversiones. Ronald Ibarra, jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM, por su parte, prefirió no comentar el tema.

Lo cierto es que muchas veces para solucionar el problema el Gobierno se ha saltado la institucionalidad jurídica para tranquilizar los reclamos sociales perjudicando a las empresas, aspecto que podría llevar incluso a arbitrajes internacionales. Bear Creek, la dueña del proyecto Santa Ana en Puno, ha indicado que iniciará un arbitraje contra el Estado por haberle levantado la concesión a su proyecto. Mientras Southern Copper ha deslizado la posibilidad de interponer un recurso de amparo para no perder la concesión de Tía María.

PÉRDIDA MUTUA
La falta de un enfoque preventivo y de un trabajo más articulado está haciendo que no solo pierdan las empresas, sino la población. En el caso de Tía María, se suspenderá la construcción de una represa que permitiría disponer de más agua para los agricultores de la zona.

Morel sostiene que si bien el próximo gobierno deberá desarrollar una estrategia eficaz para la solución de los conflictos, muchas empresas tampoco han hecho bien su trabajo de articularse socialmente, pese a que hay buenos ejemplos a seguir, como en las minas Cerro Verde, Tintaya, Minas Conga y la propia La Zanja, las que han visto que ganan más invirtiendo en la tranquilidad social, antes que ponerse a esperar que el Estado solucione el tema. Sigue leyendo