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Petrolera estatal chilena Enap suscribió acuerdo para ampliar operaciones en Ecuador

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Artículo tomado de: Análisis de las Industrias Extractivas en América Latina, Octubre y Noviembre 2011. producido por RWI.

El Ministerio de Recursos Naturales no Renovables ecuatoriano, anunció el lunes 3 de octubre que la petrolera estatal chilena Enap la_empresa/mundo.php, suscribió un contrato con el gobierno de Ecuador por medio de la Secretaría de Hidrocarburos y la filial chilena Sipetrol, para ampliar sus operaciones de exploración y explotación de petróleo y gas natural en la costa sur del país, en el Golfo de Guayaquil.

La petrolera chilena prevé invertir alrededor de USD 45 millones en actividades que comprenden estudios sísmicos y perforación de pozos exploratorios durante cuatro años en el bloque 3 Jambelí, el cual tiene una extensión de 400 mil hectáreas, y donde según el ministerio, “no han sido perforados pozos exploratorios ni productores de hidrocarburos”, y por tanto se desconoce su potencial. El monto de inversiones incluso será mayor si se llegara a obtener los resultados esperados, pues en caso de que Enap encuentre crudo, puede explotarlo durante 20 años. En caso de encontrar gas, si deberá firmar un contrato adicional.

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Cabe recordar que hace un año, Enap negoció con el gobierno ecuatoriano otro acuerdo, que permite la petrolera chilena extraer crudo en la selva ecuatoriana, unos 15 mil barriles promedio por día. El nuevo acuerdo representa pues, para los gobiernos de Ecuador y Chile, una alianza estratégica en torno a los hidrocarburos, implementada a través de sus empresas públicas.

El potencial de hidrocarburos en Chile es modesto. A la fecha, la Cuenca de Magallanes, región ubicada al sur del país donde se explota hidrocarburos hace 50 años y que está llegando a su etapa “madura”, sigue siendo la única región en donde la explotación de hidrocarburos ha sido comercialmente viable. La producción anual de crudo nacional solo alcanza para abastecer al 2 por ciento de la demanda interna. En efecto, Chile importa alrededor de 98% de petróleo crudo, el cual la mayor parte proviene de Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Reino Unido, y 75% de gas natural, que proviene principalmente desde Argentina.

Debido a esto, Enap adoptó como estrategia invertir en el exterior en actividades de producción y exploración a través de su filial Sipetrol, en países como Argentina, Ecuador, y más recientemente, en Egipto, De ahí la importancia del acuerdo suscrito con Ecuador para extender sus operaciones en ese país. Así mismo, y en respuesta a los menores suministro de gas desde Argentina, Chile puso en marcha la provisión de gas natural a través de dos plantas regasificadoras de gas natural licuado, ubicadas en las bahías de Quintero y Mejillones, ubicadas en la V y II Región, al norte de Chile, las cuales son abastecidas con embarcaciones que transportan gas natural licuado proveniente de Trinidad y Tobago, Egipto y Nigeria, entre otros países productores.

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La empresa estatal de petróleo Enap ha logrado mantener dos líneas de negocios en el sector que la han convertido en la principal abastecedora de energía en Chile, puesto que entre el 70 y 80 por ciento de la demanda interna es cubierto por Enap, a pesar de que tan solo produzca 2 por ciento. Por un lado, explora y produce petróleo en otros países, y lo que produce es refinado y distribuido en el mercado nacional, pero también es ofertado a otros mercados, de tal manera que asegura una presencia importante a nivel internacional y cumple con abastecer al consumo interno al mismo tiempo. Los puertos regasificadores de Quintero y Mejillones, que suministran gas regasificado a Chile, también le han permitido convertirse en una opción de provisión de gas a nivel internacional. Por otra parte, Enap también realiza actividades de refinación, logística y comercialización. No obstante, cabe señalar que la importación de hidrocarburos mantiene a Enap en una situación vulnerable frente a la volatilidad de los precios en el mercado internacional, y a las interrupciones o retrasos en el sumi
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Codelco y Anglo American disputan compra de operaciones de Anglo American Sur en Chile

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Artículo tomado de: Análisis de las Industrias Extractivas en América Latina, Octubre y Noviembre 2011. producido por RWI.
El 12 de octubre la minera estatal chilena Codelco suscribió un acuerdo con la japonesa Mitsui, para financiar, mediante un crédito de USD 6,750 millones, la compra del 49% de las operaciones de Anglo American Sur, sucursal de la minera inglesa Anglo American. AAS es actualmente propietaria de las minas Los Bronces y El Soldado, la fundición de cobre Chagres y los proyectos de exploración Los Sulfatos y San Enrique Monolito, entre otros.

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CODELCO

El préstamo otorgado por Mitsui permitiría a Codelco ejercer su derecho a compra próximo a vencer en enero del 2012 y que está vigente desde el año 2008, año en que la Empresa Nacional de Minería (Enami) designó a Codelco como titular del derecho. Con la compra de las operaciones de Anglo American Sur, Codelco esperaba aumentar su producción de cobre anual en 400 mil toneladas, casi un 10 por ciento de su producción actual, lo cual consolidaría a la estatal chilena como la mayor productora de cobre en el mundo.

El acuerdo de préstamo con Mitsui establecía que Codelco tenía la posibilidad de pagar parte del mismo con la venta de la mitad del porcentaje comprado a Anglo American Sur, a un precio que valoraba el 49% de las operaciones de AAS en aproximadamente en USD 9,760 millones. Es decir, Codelco podía vender a Mistui el 24.5% de las operaciones a USD 4,880 millones. Además, el préstamo no comprometía el plan de inversiones de Codelco para el periodo 2011‐2015, puesto que se pagaría únicamente con los ingresos que genera la participación en Anglo American Sur, y también incluía una cláusula de compra por parte de Mitsui a Codelco de 30 mil toneladas de cobre a precio de mercado por 10 años. Por estas razones, el acuerdo de préstamo suscrito con Mitsui – que haría posible una de las mayores inversiones en la historia de la minería chilena‐ fue considerado por el gremio minero como muy conveniente.

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Anglo American

Cabe señalar además que era la primera vez que Codelco compraría de terceros un activo minero operativo, pues antes había desarrollado proyectos nuevos por cuenta propia, o con la participación de otros socios.

No obstante, a inicios de noviembre, la minera Anglo American anunció que vendió el 24.5% de las operaciones de Anglo American Sur a la japonesa Mitsubichi Corporation por un valor de USD 5,390 millones.

Con la venta de Anglo American, Codelco quedó imposibilitada de adquirir el 49% de las operaciones Anglo American Sur, que además se revalorizaron en USD 10,780 millones, de tal manera que el valor del 100% de las operaciones de Anglo American Sur ascendió a USD 22 millones. Como resultado de la compra, Anglo American mantiene un 75,5% de las operaciones de Anglo American Sur y Codelco tan solo la posibilidad de ejercer su compra sobre el 24.5% restante.

Frente a este hecho, Coldeco reclamó a Anglo American por impedirle ejercer su derecho a compra. Sin embargo la minera inglesa respondió que Codelco recién puede ejercerlo a partir de enero de 2012 y no antes. Codelo ha anunciado que insistirá en proteger sus derechos y de esta manera, se ha dado inicio a lo que lo que será una de las batallas legales más importantes en la industria minera a nivel internacional.

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Mitsui & Co

La disputa por la compra de las operaciones de Anglo American Sur ha llevado a que ambas partes a acusarse mutuamente de incumplimiento de contrato ante tribunales internacionales. Por lo pronto, Codelco ha hecho uso de su derecho a interponer un recurso de protección, el cual impide a Anglo American realizar alguna venta adicional al 24.5% ya ejecutado y espera además poder exigir algún tipo de reparación por dicha venta. Por su parte Anglo American señala que este recurso no se aplica para diferencias contractuales y acusa a la minera chilena de impedirle ejercer su derecho de venta a terceros. El tema de fondo será la interpretación del derecho de compra de Codelco, pues para la minera chilena este era ejecutable desde julio de este año cuando acordó con Anglo American los términos de la compra, mientras que para Anglo American este es ejecutable a partir del 2012. Sigue leyendo

Minería y desarrollo regional: alternativas al sistema de canon actual

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La versión original de este artículo la puede encontrar en la página de SOCIETAS (1)

Por, Gerardo Castillo Guzmán (2)

Tal vez la promesa más importante, y uno de los puntos de mayor disputa, del promover proyectos mineros en el país es su contribución al desarrollo social y económico de los territorios y las regiones donde se realizan.

En un extremo, algunas voces sostienen que el crecimiento económico alto y sostenido que ha mostrado el país en la última década se debe principalmente a la inversión minera, la cual ha dinamizado al resto de la economía nacional, además de ser la principal fuente de ingresos de divisas y de recaudación para el Estado. En el otro, se ubican posiciones que cuestionan estos beneficios al señalar que la contribución económica es mucho menor en tanto las actividades extractivas generan poco empleo y no aportan significativamente a la generación de producto interno. Asimismo, el balance sería negativo si se contabilizan los costos ambientales y sociales que el desarrollo de los proyectos mineros ocasiona.

Como suele suceder, la realidad es más compleja y no se resume en posiciones tipo blanco y negro. La primera posición tiene la virtud de enfatizar la importancia del ingreso al país de masivos capitales para la estabilización macro económica y para que el Estado cuente con superávits que puedan –y deban— ser utilizados en cubrir las enormes brechas sociales que presenta el país. En contraposición, la segunda mirada tiene la ventaja de resaltar las dinámicas que se producen en el ámbito nivel local –muchas de las cuales acentúan la desigualdad entre las poblaciones—e insistir en que los marcos regulatorios existentes son insuficientes para asegurar adecuados estándares ambientales y procesos sostenibles de bienestar económico para las poblaciones rurales en las áreas de influencia de los proyectos mineros.

Un componente central en estas posiciones es el papel que juegan –o deberían de jugar— los recursos financieros obtenidos por los impuestos pagados por las empresas mineras y su distribución en las regiones productoras del mineral. Efectivamente, la distribución y el uso del canon es eje principal en los debates sobre cómo promover el desarrollo regional.

Existe cierto consenso en que tal como funciona actualmente el sistema de canon minero tiene fallos gruesos. A nuestro parecer tres son los mayores:

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Es inequitativo. Según un reciente estudio del Grupo Propuesta Ciudadana(3), cinco regiones –Ancash, Tacna, Moquegua, Arequipa y Cajamarca— concentraron cerca del 65% de los recursos distribuidos en el país por concepto de canon y regalías mineras entre los años 2007 y 2010. Además, al interior de las regiones, la distribución del canon repite esta desigualdad. Por ejemplo, en la Región Cajamarca, la municipalidad provincial de Cajamarca y las municipalidades distritales de Baños del Inca y La Encañada concentraron alrededor del 40% del total de transferencias a las municipalidades de la región en el mismo período.

En contrapartida, en regiones como Lambayeque, Loreto o Ucayali los fondos que reciben por canon minero son nulos.

De esta manera, el sistema actual del canon minero genera enormes desigualdades al interior del país y de las regiones. Además, es una importante causa de conflicto al promover disputas limítrofes entre gobiernos locales por la apropiación del canon, tal es el caso de Moquegua, Puno y Tacna.

Es ineficiente. Salvo el mandato de que los recursos provenientes del canon deben ser empleados casi exclusivamente en obras de infraestructura no existe ningún criterio ni meta que guíe el gasto.

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Foto: James Rodriguez

Por ello, acaso, los resultados son desastrosos. De un lado, el impacto de obras de poca envergadura y sin parámetros de desarrollo claros realizadas por gobiernos locales con pocas capacidades técnicas es bajísimo(4). De otro, las obras son mayoritariamente orientadas hacia las zonas urbanas pues es ahí donde se concentran los electores. Por ello, el gasto de canon no se ha dirigido primariamente a reducir la pobreza, la cual es prevalente en las áreas rurales.

Además de ello, cabe destacar que no existen indicadores actualizados para medir avances en la calidad de vida de las poblaciones. Los datos estadísticos disponibles no se encuentran en el ámbito de distritos y están sumamente desactualizados.

Asimismo, existe una fuerte presión desde el Gobierno Central que encuentra eco en gran parte de los medios de comunicación para que los gobiernos regionales y locales gasten la totalidad del presupuesto. A decir verdad, a pesar de todas las trabas de un sistema mal diseñado de transferencia de fondos y aprobación de gasto, los gobiernos regionales tienen niveles de gasto similares al gobierno central. El gran problema no es la rapidez del gasto(5) sino la calidad del mismo.

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Es discrecional en demasía. Si no existen parámetros claros y precisos que guíen el gasto, los fondos del canon podrán ser utilizados desde lozas deportivas hasta el asfaltado de calles, lo cual puede ser importante para algunos sectores, pero poco contribuye a lidiar con temas cruciales como lucha contra la pobreza, mejoras productivas y eslabonamientos económicos, cerrar brechas de infraestructura, combate a la desnutrición o transformación educativa y tecnológica. Ciertamente, urge decidir qué se busca lograr con la inversión proveniente del canon minero.

Adicionalmente, este sistema ha promovido la creación de un fortísimo clientelismo. Varios gobiernos locales, que manejan importantes fondos del canon, se han convertido en principales empleadores de sus territorios a través de programas de empleo temporal, como es el caso de los municipios de San Marcos en Ancash o los involucrados en las operaciones de Southern Peru Copper Corporation en Tacna y Moquegua. Los resultados son problemáticos: el empleo generado no está ligado a actividades productivas y compite por mano de obra con actividades agrícolas (tal es el caso de los cultivos de café en Echarate, Cusco), no es sostenible, produce alta inflación local y tiende a crear las ya mencionadas relaciones clientelistas. Además, ha surgido la poca transparente figura del funcionario municipal–empresario, quien forma empresas que brindan servicios a los municipios para la ejecución de obras. Las denuncias de corrupción son innumerables.

Finalmente, el ingreso de grandes cantidades de recursos provenientes del canon a los municipios distritales no ha fortalecido el tejido político y social. Por ejemplo, en el distrito de San Marcos, de tan solo algo más de 13,500 habitantes, el número de candidatos al municipio aumentó de cuatro a diez entre 1998 y el 2002. La pugna por el acceso a recursos nunca antes experimentados ha fragmentado aún más la sociedad local.

Ante esta situación, ¿qué alternativas de mejora del sistema de canon existen? Delineamos tres opciones:

La opción conservadora. En este esquema, el sistema general del canon minero se mantiene, pero se procuran mejoras en las capacidades técnicas de los gobiernos locales y regionales para incrementar la capacidad de gasto y pasar las vallas exigidas por el Gobierno Central. La mayor ventaja de esta opción es que presenta poca resistencia política regional, la enorme desventaja es que no enfrenta ninguno de los fallos indicados y los tiempos necesarios exceden los cinco años del actual gobierno.

La opción radical. Esta opción implica la eliminación del canon y que la dirección de las inversiones sea asumida por el Gobierno Central. Ello podría, por ejemplo, dirigir de manera masiva inversiones productivas y sociales bien articuladas hacia zonas rurales aledañas a los proyectos. Recordemos que en países como Chile, Noruega o Botsuana –casos exitosos de promoción de industrias extractivas que contribuyen al desarrollo económico y social— no existe un sistema de canon. Es el Gobierno Central el que asume la tarea de dirigir la inversión de acuerdo a ciertos criterios nacionales. La gran ventaja de este modelo es que facilita la inversión social y productiva de manera rápida y con criterios unificados; su desventaja es la gran resistencia política que encontraría en la administración regional, que considera el canon como un derecho adquirido.

La opción intermedia. Ella concilia el establecimiento de criterios, indicadores y metas unificadas de inversión social y productiva con un manejo descentralizado y el fortalecimiento de los gobiernos sub-nacionales. Así, por ejemplo, los ministerios de economía y de desarrollo social podrían establecer metas de desarrollo, metodologías de intervención, indicadores, etc., en un esquema de inversión compartida con los gobiernos sub-nacionales, de la cual estos últimos son los responsables políticos. Para ello, se debería fortalecer el sistema de planificación nacional y alinear los planes regionales con uno nacional.

En una siguiente entrega se procurará ofrecer un panorama acerca del debate sobre la relación entre industrias extractivas y desarrollo económico y social. En esta oportunidad, lo que buscamos señalar es la urgencia de reformar seriamente el sistema del canon si es que se quiere una relación más positiva entre minería y desarrollo regional. De no tomarse medidas prontas y urgentes, las poblaciones seguirán percibiendo que la actividad minera no genera mejoras sustantivas en sus localidades.

Notas:

(1) Publicado en el blog: http://societasconsultora.wordpress.com/
(2) Director general de Societas Consultora de Análisis Social.
(3) GPC (2011) Para corregir la desigualdad generada por el canon la descentralización fiscal es la mejor opción. Nota de información y análisis.
(4) Para una estimación de los bajos impactos alcanzados, véase el capítulo “Canon minero y desarrollo local” en Arellano (2011) ¿Minería sin fronteras?: Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú. Lima: IEP / PUCP.
(5) No se ha debatido, por ejemplo, la necesidad de crear fondos de estabilización o inter-generacionales que permita contar con ingresos en el largo plazo, cuando los proyectos extractivos hayan disminuido.
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La inversión China presente ¿y futuro?

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China se ha convertido en un referente para estimar las posibilidades de desarrollo futuro en el mundo. Desde hace más de una década este gigante no ha hecho sino crecer económicamente y aumentado su voracidad por tomar una tajada cada vez mayor del mercado mundial. Los chinos no están acostumbrados a dejarse llevar por el mercado, los vientos de la economía global pueden ser impredecibles pero, bien manejados, pueden ser una ventaja para una nave bien organizada. Tampoco ocultan sus ambiciones, más bien las muestran en un plan quinquenal, que sabemos marca el paso y peso de sus acciones, aún cuando poco sabemos de sus evaluaciones y sistemas de corrección. Pero no importa, si uno quiere saber cómo le irá con los chinos hoy casi basta leer su plan y ver lo que han hecho en distintas partes del mundo, en teoría ello supone que al menos podemos planificar nuestras relaciones con ellos, aunque poco podamos negociar respecto de sus acuerdos.

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Un ejemplo de ello puede observarse en las discusiones sobre el cambio climático. En Durban (COP 17) no se han movido de sus posición inicial, son aún un país con derechos a emitir GEI porque consideran que no han alcanzado un nivel de desarrollo suficiente como para incorporar políticas de estabilización (y menos de reducción) de sus emisiones cuando aún la mitad de su población es rural y las dos terceras partes viven en una dura austeridad. Eso sin embargo no les impide colocar metas en su plan 2011-2016 metas importantes de aumento de su cobertura forestal, producción de madera, mejor uso del agua e introducción se tecnologías que permitan ahorro de energía y uso de combustibles fósiles. Aunque hay también que decir que no están dispuestos a que la comunidad internacional supervise tales avances. Tal vez otra característica de los chinos en el mundo de hoy es que su juego se desarrolla mirando el largo plazo.

Sobre el último plan quinquenal y en general sobre la dinámica económica china hay muchas especulaciones en la actualidad, aunque crecientemente se nota un paso de la mirada optimista a otra más pesimista. Con la mayoría de los países de la OCDE en crisis, la sombra de un derrumbe del Asia aparece como la peor de las películas de terror. Si China deja de crecer y no “cumple” con su meta de hacerlo a un 7% por año, que será de los metales, de las metas de producción de las fábricas instaladas por los capitalistas occidentales, del comercio internacional, del ahorro interno y la compra de bonos del tesoro norteamericano; de las inversiones chinas en todo el mundo, etc.

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Hay que agregar que el comportamiento internacional de china no reviste mayores misterios: primero china, segundo china y tercero china. Pero al mismo tiempo es pragmático, allí donde encuentra mejores posibilidades para penetrar lo hace como comprador de mercancías, productor de materias primas, constructor de infraestructura, prestamista, productor de tecnología, etc. Y lo hace a través de sus propias empresas directamente, o en asociación con otras que ya operan en el país. No hay negocio pequeño parecen opinar, en el largo plazo todos los mercado cuentan, pero en lo inmediato es su mercado y su capacidad productiva lo más importantes. Para hablar solo de América Latina, con Brasil negocian con China en sus propias monedas independizándose del dólar (estrategia recientemente extendida en sus relaciones con Tailandia y Japón), con Ecuador son prestamistas e inversionistas en el sector hidroenergético, al Perú le compran solo materias primas, y con Costa Rica tiene comercio tecnológico.

Pero, dónde invierte más el gigante asiático. Si uno analiza las tendencias a partir de los datos presentados por Heritage Foundation entre el 2005 y junio de 2011 (Excel con añadidos aquí), y considerando a las grandes regiones del mundo, la distribución es relativamente homogénea, con excepción de la que se da en los países del CEI (ex URSS), y algo mayor en África.

Y en qué sectores de la economía se concentra. Aquí la misma fuente nos muestra como tres quintas partes y algo más (77%) de la actividad económica exterior de China se ubica en los sectores de energía, metales (actividades básicamente extractivas), transporte y finanzas. Y es con relación a ellos que aparecen los distingos regionales. La inversión en materias primas para producción de energía (gas, petróleo, carbón) se concentra en los países productores de petróleo y gas, es decir en las regiones del CEI y en Medio Oriente (MO), incluso en Norteamérica (NA) está sobre el promedio. En cambio la producción de minería metálica se concentra en Oceanía 44% de las inversiones en este rubro, y en segundo lugar en América Latina y el Caribe. Los capitales financieros van a Norteamérica (NA) y Europa (UE).

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Como hemos visto una quinta parte de la inversión China viene a América Latina y el Caribe, para ubicar a nuestras propias economías vamos como se distribuye por cada uno de los países en los que la segunda economía más grande del mundo tiene presencia. Para comenzar son 12 los países que atraen la inversión China, en algunos se concentra en uno o dos sectores (Bahamas, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Perú y Trinidad Tobago), y en otros es más diversificada (Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela). El 80% de los intereses chinos se ubican en energía, metales y transporte.

Las mayores inversiones están en Brasil, Perú, Argentina y Venezuela, entre los 4 concentran el 51% de la inversión China. Para Brasil ello se concreta en alianzas con otras empresas como Petrobras, Repsol o Peregrino que están en el negocio de los combustibles e hidrocarburos, así como en capitales para la soya, industria del acero, energía eléctrica, tecnología y producción de automóviles.

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En el caso de Argentina la inversión se concentra en petróleo (57%) y se abre camino en el sistema ferroviario, la agricultura, la química y las finanzas. De acuerdo con un informe de la FAO China es uno de los mayores compradores de tierras en Argentina, y tiene un proyecto para poner en producción más de 300 mil hectáreas en la provincia de Rio Negro.

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Venezuela también recibe inversión China para infraestructura y equipo ferroviario, petróleo, construcción, industria automotriz, construcción y agricultura. En el Perú, que aparece como uno de los grandes beneficiarios la inversión está concentrada en la minería de cobre y hierro. De ahí el llamado del gobierno peruano en la última cumbre empresarial China América Latina, para que este país diversifique sus inversiones en el Perú. Es interesante anotar que en el caso de ambos países no hay inversión conjunta con otras empresas sean estas del país o transnacionales.

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Tanto para los países mencionados las relaciones con China son importantes para su futuro. De acuerdo con un informe de la CEPAL, “si se mantiene el actual ritmo de crecimiento de la demanda de nuestros productos en los Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del mundo y la demanda de China crece solo a la mitad del ritmo registrado en esta década, este país superaría a la Unión Europea en 2014 y pasaría a ser el segundo mayor mercado para las exportaciones de la región. En el caso de las importaciones se prevé un comportamiento similar y que China supere a la Unión Europea en 2015. Esta tendencia podría rezagarse en función del dinamismo que aporte el comercio bilateral en función de los acuerdos de asociación de la Unión Europea con Centroamérica, el Caribe, la Comunidad Andina y, eventualmente, el MERCOSUR.” (CEPAL, 2011)

Flavio Figallo Sigue leyendo

Conga en la prensa, data para armar

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12 de octubre
Aparecen doce nuevos conflictos sociales

13 de octubre
$ 4 mil millones de inversión

15 y 16 de octubre
Autoridad ambiental para proyecto minero Conga
Pobladores bloquean carretera a Yanacocha
Un acuerdo que nos inunda sin avisarnos
Manifestantes queman equipos de Yanacocha

18 de octubre
Suspenden operaciones de Yanacocha por protestas
Yanacocha suspendió operaciones

19 de octubre
Bloquean vía en Cajamarca
Yanacocha no participará en mesa de diálogo
Suspenden protesta en Cajamarca

20 de octubre
Pobladores suspenden paro y dialogarán con Yanacocha
Mineros de Cajamarca rechazan la violencia

2 de noviembre
Se establece diálogo en torno a Conga
“La población no quiere minería en las cabeceras de cuencas”
Tres ministros llegan hoy a Celendín para revisar zona del proyecto Conga
Ejecutivo se reúne hoy con alcaldes de Cajamarca para ver caso Conga
Conga: Esperan a ministros antes de que se cumpla plazo para retiro de la minera

3 de noviembre
Conga deberá garantizar el respeto al medio ambiente
Ministros dialogaron sobre la viabilidad del proyecto Conga
Yanacocha paraliza el proyecto Conga
Ministerio del Ambiente revisa impacto ambiental de Conga
4 de noviembre
Temor paraliza por varias horas operaciones en minera Conga
Ministerio del Ambiente critica estudio de impacto del proyecto Conga
En 15 días se sabrán resultados de revisión del EIA de Conga
Cajamarca se opone a otros dos proyectos mineros
Suspenden Minas Conga por temor a invasión

5 y 6 de noviembre
Humala sugiere megaconsulta para reordenamiento territorial
Gobierno fijará su posición sobre Conga en quince días
Plantean una “megaconsulta” para el ordenamiento territorial

7 de noviembre
Conflicto. Presidente regional de Cajamarca viene a Lima
Fluor construirá Conga

8 de noviembre
Presidente de Cajamarca reiteró rechazo a mina Conga

9 de noviembre
Lerner afirmó que preservará estado de derecho
Comuneros paralizan Cajamarca
Gregorio Santos: “No queremos más minería en Cajamarca”
Cajamarca está paralizada en contra de minera

10 de noviembre
Tres regiones protestan por minería: se acabó la tregua
Piden a Humala cumplir oferta electoral de defender el agua
“La minería es columna vertebral de la economía”
“Es necesario adecuar el marco jurídico minero”

11 de noviembre
Conspiración anti minera
Desmanes en Andahuaylas dejan al menos 38 heridos
La Defensoría registra 217 conflictos sociales en todo el país
Celendín prepara huelga indefinida

14 de noviembre
Todo lo que tienes saber sobre el proyecto Minas Conga
Continúa la protesta de los pobladores contra mineras
Ordenamiento territorial de Cajamarca estará listo en un año
Provincia de Hualgayoc se une al paro
Lerner: Inversión minera debe incluir fondo social

15 de noviembre
Minerías
Protestas en Ayacucho dejan doce heridos
Reglamento para implementar
Conflictos sociales: ¿Cuál debería ser la estrategia del gobierno de Humala?
El triángulo imposible y la gobernabilidad
Hacen importante aporte para solucionar conflictos
Para resolver conflictos no se debe dejar de dialoga

16 de noviembre
Paralización de Conga significa US$350 mil diarios en pérdidas
Acreedores y Doe Run presentan planes alternativos para La Oroya
Director de asuntos ambientales
Petroperú cotiza desde abril 20% de sus acciones
Crece la producción de minerales
Atkins exige nueva consulta vecinal
Esperan decreto contra toda minería
Producciones de cobre y oro subieron en setiembre

17 de noviembre
Humala: Conga es importante para el Perú
Humala dice que no aceptará ultimátum de nadie en minería
Detienen a 5 chinos en zona de minería ilegal
Decomisan más de 44 mil galones de combustible
Desarticulan emisoras piratas que promovían minería ilegal
Zonas en conflicto
Humala no acepta ultimátum de regiones que se oponen a la minería
Por el oro y el agua
18 de noviembre
Se busca equilibrio en minería
La minería como fuente de riqueza
Regiones exigen cumplir las leyes para respetar los recursos y el medio ambiente
Recuperando el liderazgo nacional
Pobladores reiteran su rechazo a Río Blanco
Usan óbolo minero para intercambio vial
País min…
(Editorial) Minería sí, pero con licencia social y ambiental
“Regiones sin canon deben recibir las sobre ganancias”
Lerner: “Fondo de garantía no es un gravamen más para mineras”

21 de noviembre
Estudios sin impacto
“No se administra bien el canon”
“El proyecto Conga tiene licencia social”
Planean inventario hídrico en regiones
Comuneros de Vinchos y Perú LNG llegaron a acuerdos parciales
Identifican 12 proyectos sostenibles y productivos
Regiones que reciben canon minero advierten que no lo pueden compartir
Mesa de diálogo analizará Plan de Desarrollo Regional
Conga dice que con reservorios habrá más agua; cajamarquinos no le creen
Hualgayoc, Bambamarca y Celendín marcharán el 24
Renta minera debe promover actividades productivas

22 de noviembre
Presidente regional de Cajamarca dice que Yanacocha estaría armando a los mineros
Apoyarán a los mineros formales
Santos advierte que habrá infiltrados en paro del 24

24 de noviembre
¿Oro o agua? ¿Qué quiere cada actor del conflicto minero en Cajamarca?
Cajamarca: paro provocará pérdidas de un millón de dólares diarios
Hay 6 proyectos para redistribuir el canon

28 de noviembre
“El Estado no puede estar atado”
Anuncian más movilizaciones
Estudios de impacto ambiental para la paz social
La hipótesis del calentamiento minero
Protestas contra Conga se extienden
Gobierno regional detrás del financiamiento del paro
El oro, el agua, la plata y la rabia
Por estudios de impacto ambiental confiables
Ministro Giesecke afirmó que informe sobre Conga les permite negociar
Buscan proteger medio ambiente
Catedráticos de EEUU exhortan a Humala a detener Conga
Estado recaudaría US$ 1.400 mlls
Cajamarquinos señalan que informe les da la razón
Cajamarca: Otras seis concesiones mineras esperan su licencia social
Poder Ejecutivo no puede suspender las concesiones
Canon minero divide a alcaldes
Proyecto para la redistribución del canon minero
“Informe del MINAM no afecta al proyecto Conga”
“En el caso de la mina Conga, estoy de acuerdo con Humala”
29 de noviembre
(Editorial) Se debe agilizar la consulta previa
Ministro de Economía niega desavenencias en el Gabinete
Viceministro del Ambiente presentó su renuncia
Suspenden vuelos en Cajamarca
Vías bloqueadas y escasez marcan el sexto día de paro en Cajamarca
Defensoría busca facilitar diálogo en paro por Conga
Cajamarca solo espera a Ollanta Humala
José de Echave renunció al viceministerio del Ambiente
Total, ¿y ahora a dónde la Conga va?

30 de noviembre
Minería, ingeniería y comunicación
Piden la cancelación de petitorios mineros en zonas castañeras
Suspenden las operaciones del proyecto Conga
Conflicto por Conga dejó ayer 20 heridos, 8 de ellos por impacto de bala
Zonas en conflicto
Cajamarca reitera que no levantará su paro hasta que el Gobierno emita resolución
Yanacocha suspende proyecto en mina Conga y da paso al diálogo
Cancelan millonario proyecto minero

1 de diciembre
Newmont no descarta otros destinos para su inversión minera
Inversión minera y medio ambiente
Conga: obligación de dialogar y restaurar el orden y la autoridad
Efectos se sentirán el próximo año
Conga y los espíritus animales
Autoridades no saben qué hacer
Cajamarquinos insisten con las protestas pese a la suspensión del proyecto Conga
Conga: Anatomía de un conflicto I
Más allá del manejo de cuencas
Minera Barrick asegura que no usará lagunas en La Libertad

2 de diciembre
Paro es acatado por completo en toda la región hasta que se conozca respuesta del gobierno
Autoridades y dirigentes de Cajamarca remiten al Premier acta con 16 acuerdos
Peripecias de un Caballero nomás en el Paro de Cajamarca
Humala cancela sus viajes a Venezuela y México por conflictos
El presidente debe afrontar la coyuntura crítica y garantizar la gobernabilidad del país
Por la retaguardia
Lo que no se le puede negar a Cajamarca
Imponen horarios para ingreso de vehículos y atención en mercados
Levantan paro tras llegar a acuerdo con Gobierno
Autoridad Nacional del Agua hará estudio de laguna Parón
Problema sin solución hace tres años
5 de diciembre
Fuerte movimiento policial y militar se observa en Cajamarca hace varios días
Tras no llegar a un acuerdo, Humala anuncia estado de emergencia por 60 días en Cajamarca
Regiones deben participar en entrega de concesiones
Declaran estado de emergencia en Cajamarca
Sorprendió presencia policial y militar
“Un mal estudio ambiental es delito”
El punto de quiebre de Santos
Lerner inicia hoy diálogo en Cajamarca
“Los beneficios con Conga son importantes para el país”
Conga impactaría sobre unas 100 mil personas
Convertir el EIA en estudio y estrategia de compensación
La tensa defensa de los guardianes de El Perol
AMPE pide uso racional de recursos naturales
Lerner y 4 ministros se reúnen hoy con las autoridades por el conflicto Conga
Alcaldes del país exigen la reglamentación de la Ley de Consulta Previa
Revisarán todos los proyectos mineros que generen conflictos

6 de diciembre
El ‘Llanero Solitario’ de Cajamarca
Dirigentes no dan marcha atrás y deciden continuar con paro indefinido
Cajamarca: en defensa del principio de autoridad
La agonía de Conga
Dirigentes de Cajamarca acuerdan mantener una resistencia pacífica
Pese a los conflictos sociales, la inversión en minería creció más de 67%
Ministro y líder de regiones chocan por mal uso de recursos
Posiciones encontradas por Estado de Emergencia en provincias de Cajamarca
“Se pudo revisar el EIA en el caso específico del agua”
Presidente forma comisión ministerial para recuperar la confianza de Cajamarca
Ronderos harán un plantón en lagunas contra minera Barrick
El oro representa el 71.9% de exportaciones de Cajamarca
El conflicto social en Cajamarca afectará la bolsa local

7 de diciembre
Dirigente de paro anti minero pasó 9 horas en la Dircote
Por control de identidad intervinieron a dirigente
“Hay un plan de detenciones contra los dirigentes y el presidente regional”
Gobierno regional en punto muerto
Presidente Humala afirmó que debe fortalecerse principio de autoridad
Viceministra critica que Cajamarca declare inviable el proyecto Conga
En Cajamarca las actividades públicas y privadas se realizaron con total normalidad
Dirigentes de Cajamarca sufrieron absurda detención de diez horas
Presidentes regionales sugieren levantar estado de emergencia en Cajamarca
Alejandro Toledo: “Conflicto en Conga es bomba de tiempo que dejó el gobierno de Alan García”
Ronderos citan a alcalde por denuncia de Barrick
En el Día de la Policía, Humala reafirma que el subsuelo es de todos los peruanos
Gobierno busca legislar sobre minería

9 de diciembre
Los rostros de las protestas: frentes de defensa bajo la lupa
“Gobierno ha dado un golpe de Estado a Cajamarca”
El crecimiento caería hasta 3,9 puntos si se para inversión minera
La Libertad: comuneros anti mineros agredieron a ingenieros
Newmont defendió el Proyecto Conga y aseguró que agua está garantizada
“Sí se puede pedir una revaluación técnica de los EIA en la minería”
Habrían liberado fondos de la región de Cajamarca
Gobierno construirá presa para garantizar el agua en Cajamarca por 30 años

12 de diciembre
Cambios en gabinete hacen temer endurecimiento para tratar conflictos
Sancionan a dos mineras por uso irregular de agua
Exportaciones de minerales registraron suma de US$ 2,248 millones en octubre

Fuente: RWI
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Conga, para entender las causas del conflicto

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Reproducimos en esta ocasión el documento de Gerardo Castillo Guzmán, Director de Societas, sobre el conflicto en torno al proyecto Conga en Cajamarca, y que fuera publicado en su blog institucional.

Buena parte del debate sobre el conflicto provocado por la realización del proyecto Conga en Cajamarca se centra en explicar su origen y naturaleza. En un polo se ubican aquellos que sostienen que en el origen del conflicto se encuentra una lucha entre quienes defienden el medio ambiente y aquellos que solo procuran el enriquecimiento de unos pocos. En el otro aquellas personas que consideran el conflicto es producto de los intereses políticos de algunos personajes locales que buscan desestabilizar al gobierno y desinformar y manipular a una población ignorante. El primer caso es una reedición de la lucha contra el sistema capitalista de la anticuada izquierda, ahora tamizada por un ropaje ecológico. El segundo corresponde a las posiciones más duras de la derecha que ven complots comunistas en todo conflicto y añoran una mano dura que envíe los tanques a las calles y declare en emergencia las regiones.

No sorprende que estas caracterizaciones se produzcan en la mayor parte de la prensa. Sí sorprende que casi ningún analista se esfuerce en presentar algo más que opiniones. Mucho más preocupantes son las declaraciones de los funcionarios del gobierno central, pues ello habla de una escasa capacidad de análisis, de la inexistencia de una estrategia con respecto a las inversiones mineras, de la poca preparado para enfrentar los conflictos sociales –más aún, si es que supuestamente varios operadores del gobierno provienen o son cercanos a los movimientos de base— y así como de una nula articulación entre sus diferentes organismos. Aunque poco publicitadas, sorprenden las declaraciones del ministro de Comercio Exterior y Turismo José Luis Silva, quien afirmó que “la violencia en Cajamarca desalienta a potenciales inversionistas; hay que ver qué intereses están detrás; las ONG que dicen defender a las comunidades son financiadas por mineras de otros países con los que competimos” (Diario Gestión, jueves 1 de noviembre 2011, página 4). No solo muestra ignorancia sino que también lanza acusaciones sin prueba alguna; ¡sería la industria extractiva mundial la causante de su propio sabotaje!

Como suele suceder, las causas del conflicto son variadas y él ha encontrado su punto más álgido cuando se logra articular un frente amplio compuesto por actores con diversos intereses, pero con coincidencias mínimas. Así, las principales causas inmediatas son: i) un extendido y arraigado rechazo hacia la compañía Yanacocha entre buena parte de las poblaciones cajamarquinas producto de un pésimo manejo social y de bajos estándares sociales y ambientales por parte de la empresa a lo largo de más de una década de presencia en la región; ii) reclamo de pobladores rurales alrededor del proyecto por ser incluidos dentro del área de influencia directa y, de esta manera, poder ser partícipes de los beneficios propuestos; iii) preocupación por los impactos ambientales –especialmente en la calidad y la cantidad de agua disponible— que el proyecto generaría, más aún sabiendo que el estudio de impacto ambiental (EIA) fue aprobado siguiendo procedimientos poco transparentes; y iv) estrategias políticas que encuentran en el enfrentamiento al proyecto una manera eficaz de lograr presencia, legitimidad y liderazgo en la región a la par de posicionarse en contra del gobierno central.

Como se observa, los actores involucrados son diversos, poblaciones rurales, grupos medio ambientales, y activistas políticos ligados a Patria Roja, a remanentes del MRTA y a un etnocacerismo radical seguidor de Antauro Humala.

El clima social en Cajamarca empezó a enrarecerse con la inminente expansión de las operaciones de la compañía Yanacocha con el proyecto Conga, azuzado por las declaraciones del vicepresidente de operaciones en Sudamérica de Newmont Carlos Santa Cruz de iniciar operaciones en el Cerro Quillish el 2016, proyecto cuya oposición causó el mayor enfrentamiento que ha tenido la compañía con la población cajamarquina y que supuso su paralización el 2004.

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Mina Yanacocha en Cajamarca

En este contexto, el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca liderado por el ex-emerretista Wilfredo Saavedra, logró aglutinar el descontento existente, muy especialmente en las zonas rurales. Ante la fuerza que tomaba la convocatoria, y para no quedar fuera de ese frente de lucha, el Gobierno Regional de Cajamarca, presidido por Gregorio Santos del partido Patria Roja, decidió apoyar el paro y oponerse al proyecto minero.

La reacción del gobierno central para gestionar el conflicto fue torpe: el ministro de energía y minas habría tratado con suma displicencia al Presidente Regional de Cajamarca en su despacho en Lima, tuvo muestras públicas poco aceptables de parcialización con la compañía Yanacocha y realizó declaraciones sobre la corrección del EIA que luego fueron desmentidas por el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM); diferentes funcionarios del gobierno se enfrentaban públicamente entre sí, incluyendo a miembros de la Unidad de Resolución de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); y el propio Presidente establece una posición de enfrentamiento innecesario al anunciar que “Conga va” y “no aceptaré ningún ultimátum”.

Ante esta situación, cabe preguntarse por qué soluciones apostar. Señalo tres puntos que considero centrales.

– Un primer y central tema consiste en, creando un horrísono neologismo, “descongalizar” el debate y las acciones del gobierno. Es decir, la pregunta central no es cómo sacar Conga adelante sino cómo convertir la minería en uno de los ejes centrales del desarrollo nacional. El proyecto Conga deberá ser revisado exhaustivamente y de manera independiente y si no encuentra sostenibilidad ambiental y social el gobierno debe de asumir que las proyecciones de inversión minera serán 4 mil millones de dólares menos y prepararse para ello. Lo que no se debería permitir es que la oposición a Conga arrastre a otros importantes proyectos de compañías con estándares muchísimos más altos como son Antamina, Anglo American, Barrick, Rio Tinto o Xstrata.

– Un segundo punto estriba en tornar creíble y efectivo el balance entre desarrollo minero y cuidado ambiental; el anunciado “oro y agua” del Presidente. Pero más allá de esta aparente buena voluntad los signos no son alentadores: en vez de transferir las responsabilidades de control ambiental y revisión de los EIA al MINAM y fortalecer su institucionalidad y recursos humanos y financieros, se procura colocar esa responsabilidad en la PCM, órgano no especializado en la materia e íntimamente ligado a la discrecionalidad del poder ejecutivo. Asimismo, en vez de fortalecer la labor de los organismos reguladores, como el OSINERGMIN, se transfieren parte de sus funciones ministerios no especializados y con pocos recursos como es el Ministerio de Trabajo. Además, el gobierno no tiene ningún plan serio de remediación de los más de seis mil pasivos ambientales existentes.

– Un tercer aspecto sería el crear una fuerte y positiva relación entre desarrollo minero y desarrollo social. El modelo seguido desde la década de 1990 hasta ahora es desastroso: a cambio de extraer recursos minerales de áreas rurales el gobierno central transfiera el 50 por ciento del impuesto a la renta pagado por las compañías mineras a las regiones donde se ubican los proyectos sin mayor criterio de desarrollo salvo que el dinero debe ser casi exclusivamente gastado en infraestructura. Los resultados son esperados: de un lado, el impacto de esas obras de poca envergadura realizadas por gobiernos locales con pocas capacidades técnicas es bajísimo.

De otro lado, las obras son mayoritariamente orientadas hacia las zonas urbanas pues es ahí donde se concentran los electores. De esta manera, las poblaciones rurales donde se localizan los proyectos mineros tienen muy bajas probabilidades de recibir impactos positivos a través del sistema del canon. Las posibilidades de mejora se ven limitadas a los programas de responsabilidad implementados directamente por las empresas, pero ello disminuirá aún más con la eliminación del Fondo de Solidaridad con el Pueblo.
En una próxima entrega se procurará ofrecer alternativas al sistema actual del canon y de inversión social y productiva. Lo que quisiera resaltar es la necesidad de generar una visión de desarrollo nacional, regional y rural a partir de la inversión minera. Los cuatro gobiernos anteriores nunca la tuvieron, ahora es indispensable.

Gerardo Castillo Guzmán

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Uno, dos y tres conflictos otra vez…

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Los conflictos socioambientales están de regreso y han comenzado a “pulsear” con el gobierno que ha comenzado la partida anunciando consulta previa (falta el reglamento), una megaconsulta para tratar el tema de ordenamiento territorial, y en una reciente entrevista en Honolulu en la que el presidente Humala dijo “se respeta lo contratos firmados ”Lo que se está orientando es a la minería ilegal [al emitir el acta]. Acá lo que hemos señalado bien claro es que se defiende el principio de autoridad. En segundo lugar, se respeta lo firmado y, en tercer lugar, vamos a hacer todo lo necesario para absolver las dudas legítimas que pudiera tener la población con respecto a determinadas concesiones mineras o inversiones mineras que, por cierto, no las hicimos nosotros. En cuarto lugar, abrimos el campo, el puente al diálogo y creemos que esa es la mejor forma de solucionar los problemas, pero respetando la legalidad y respetando el orden público.” (El Comercio, 13-11-11)

La región Apurímac ha dado las concesiones frente a las que su pueblo protesta en estos días ¿Qué papel debe cumplir a la hora de los conflictos? Es cierto que al trasladar las competencias de concesión para pequeñas y medianas industrias extractivas fue una especie de presente griego para algunas regiones, como señala Fernando Romero ( SER Noticias)), pero también es cierto que la ignorancia no exime a nadie de su responsabilidad, y es importante que la asuman en lo que les toca para precisamente fortalecerse institucionalmente. Son parte del problema y parte de la solución.

También es cierto que el gobierno central durante los periodos anteriores dejó “florecer” todas las iniciativas sin tratar de regularlas, pese a que muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales llamaron la atención respecto de la necesidad de una política de ordenamiento territorial, elevar los parámetros de cumplimiento de estándares ambientales teniendo en cuenta el cambio climático, particularmente en lo que se refiere al tema de los recursos hídricos, para no hablar de las demandas por la ley de consulta previa cuyo reglamento está por salir.

Los conflictos en torno a la gran minería son efectivamente el resultado de una política deliberada consistente en conceder lo máximo a las empresas a cambio de que ellas se encarguen de todos los problemas, casi sin importar las consecuencias, y si bien algunas empresas actuaron con mayor responsabilidad que otras, en realidad terminan metiéndose en asuntos que no les corresponden. Nuevamente falta Estado que regule, que se compromete con la región, que cobra más impuestos y hace su trabajo cuidando del bienestar de sus ciudadanos en primer lugar.

A su vez las regiones deben usar sus recursos para fortalecer sus capacidades de gestión y gobierno, de manera que al mismo tiempo que crece su autoridad a nivel interno, se convierte en interlocutor del gobierno central, tal como propone el Gobierno Regional de Arequipa y lo remarca Romero en su artículo.

Es difícil que sin una fuerte voluntad política detrás estos instrumentos se produzcan un cambio en el corto plazo. El problema de la poca institucionalidad regional es reflejo también de una escaza capacidad del Estado central. Los pasos que hay que dar en este sentido los resume Martín Tanaka en un reciente artículo publicado en el Diario La Republica “Las soluciones de fondo exigen crear una institucionalidad encargada del monitoreo de la conflictividad de naturaleza intersectorial y que articule niveles de gobierno, que actúe con una lógica de prevención; una nueva normatividad minera y ambiental, que eleve los estándares en cuanto a la participación y consulta a la población, y que haga creíble el proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y la fiscalización en torno a su cumplimiento; que articule las iniciativas de desarrollo que promueven las empresas y las autoridades locales y regionales a planes de desarrollo concertados que incluyan el ordenamiento territorial; que asigne los recursos públicos que genera la actividad minera privilegiando los objetivos de inclusión social; y que fortalezca y articule a los actores sociales y políticos involucrados.”
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El tira y afloja de la minería peruana, Conga y Tambopata

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Esta semana comenzó el operativo Aurum I, señal de que habrá un Aurum II y hasta MMXVI, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que nos traen las noticias son 126 dragas destruidas a la fecha de 250 que se calculan operan en la zona. Como era de esperar, la reacción de la población es mayoritariamente contraria dado que están vinculados a esta actividad informal, pero la de los nativos y pobladores más antiguos es de apoyo a la medida. Los mineros informales han quemado 25 negocios en Puerto Maldonado y han tomado la carretera transoceánica.

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El Ministro del Ambiente Ricardo Giesecke y el Presidente de la Región Madre de Dios se reunieron hace algunos días, e informaron que además de combatir la minería informal se requiere de un plan de inversiones para cambiar de rumbo en el desarrollo de la Región “…queremos ser reconocidos como la capital de la biodiversidad y no como la capital de las actividades informales e ilegales”, recalcó Luis Aguirre, Presidente Regional.

Si la operación tiene éxito 32 toneladas de mercurio dejaran de verterse cada año en los ríos de esta región y será posible evitar un mayor deterioro de los bosques y de la biodiversidad.

Este es un duro golpe para la minería ilegal, sin embargo es predecible que los intereses que los respaldan seguirán tratando de revertir la situación actual aumentando los niveles de violencia y tratando de sobornar a cuanta autoridad sea posible para detener el operativo. Veremos qué pasa en los días siguientes. De otro lado esta intervención, respaldada por los ambientalistas y la mayor parte de los medios de comunicación, es un aviso para otras zonas como las de Ananea en Puno, las de la sierra de La Libertad, o de Piura.

En el otro extremo del país, al norte en la sierra de Cajamarca el proyecto Conga enfrenta la resistencia de parte de la población luego de haber aprobado los requisitos legales previos. Se trata aquí de otro enfrentamiento que terminará de definir la orientación de la política del gobierno frente a las industrias extractivas. Lo que enfrenta a pobladores con empresarios no es la minería, sino el acceso al agua.

El proyecto está en una cabecera de cuenca y ha previsto contar con agua de las lagunas aledañas, que de acuerdo con el proyecto de ingeniería aprobado permitirá, con los acondicionamientos del caso, satisfacer plenamente la demanda de agricultores, pobladores urbanos y mineros. Los pobladores -por su parte- argumentan que como se deduce de las nuevas leyes promulgadas recientemente los niveles de consulta deben ser ampliados, y añaden que hay un riesgo respecto de las reservas y calidad del agua que obligan a reconsiderar las posibilidades del proyecto.

Los pobladores se encuentran divididos. El gobierno Regional se opone y convoca a un paro, los comuneros de Huasmin (zona del proyecto) están en “pie de lucha” contra la explotación minera Y de otro lado, “32 comunidades de la zona de influencia del proyecto no se plegarán al paro de mañana” si hay algo que mejorar que se haga, pero que el proyecto no se detenga agregaron los representantes de los campesinos reunidos en la PCM.

En este entredicho el gobierno intervine desde distintos puntos. De una parte el presidente, y el Acuerdo Nacional hacen hincapié en la necesidad de concordar políticas de ordenamiento territorial, y en particular aquellas relativas al manejo del agua. Es necesario prepararse para la adaptación al cambio climático, añade el Ministro del Ambiente, lo que supone cuidar los acuíferos y las cabeceras de cuenca para garantizar los ciclos del agua. Sea como sea ha sido éste último quién ejerciendo su derecho a revisión aleatoria de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ha pedido el proyecto para su evaluación. De su lado el Premier y el Ministro de Energía y Minas, buscan una salida que satisfaga a las partes, y algo deben haber conversado Descalzi con Benavides en el viaje de Cajamarca a Lima en la avioneta de este último.

Se trata de una inversión cuantiosa que redundará también en mayores recursos para el Estado, las comunidades de Celendían, y la Región de Cajamarca. Se calcula que entre “regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Un estimado de 2,230 millones entre regalías y canon en la vida útil.” Señala Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)

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Todo parece indicar que de un lado el gobierno mostrará mano dura con la ilegalidad minera, y exigirá mejor manejo ambiental a las empresas formales. Esto puede traducirse en cierta renegociación del Estado con las empresas involucradas en el proyecto Conga para crear las condiciones de su funcionamiento, pero las actividades mineras continuarán. Mientras el estado no tenga parámetros adicionales de negociación cederá, es decir mientras no entre en funcionamiento la consulta previa, no se tengan criterios claros de ordenamiento territorial, y falte capacidad institucional para generar bienestar sostenible en las zonas mineras, los conflictos solo crecerán.
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El oro se va como el agua entre los dedos…

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De acuerdo con la información con la que contamos, el oro ilegal se produce en 17 de las 25 regiones del Perú, y según los estimados se trata de 24 toneladas por un valor de más de 900 millones de dólares. Dinero suficiente como para comprar unos 4,500 súper camiones de carga, o adquirir una pequeña flota de Boeing 727, cada año; para no hablar de los servicios que podría universalizarse, o los km de carretera.

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Pero cómo se comporta el oro en la sociedad peruana, ciertamente no como una fuente de bienestar o de generación de empresas y de empleo formal. Lo hace como cualquier droga.

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Miguel Santillana en una entrevista reciente señala que el oro en particular, y la minería en general, pueden explicar en gran medida las olas migratorias de los setenta a Madre de Dios, en los ochenta al sur medio (Ica, Nazca, Palpa, Acarí, Puquio, Caravelí), en los noventa hacia Puno (Ananea, Rinconada, Sandia) y hacia las provincias orientales de La Libertad, y agregaría que en la del dos mil hacia Piura (Piura y Ayabaca). Manuel Glave sostenía en el seminario internacional de industrias extractivas, que la minería funciona y funcionó como el articulador del espacio andino con el mercado internacional y nacional, en ese orden.

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Poco se ha explorado sin embargo su relación con la cadena criminal vinculada a las mafias, la droga y la violencia. Hay evidencias si de su relación inmediata como testimonian los diversos informes periodísticos sobre lo infernal de la vida en las zonas de extracción, pero a nuestro entender el tema va más allá. En Puno por ejemplo se relaciona con “la culebra” del contrabando y con las rutas de la cocaína que crecientemente van hacia Bolivia camino Brasil. La costa articula la extracción interandina cercana a la cordillera occidental, y la vincula con las rutas marinas del narcotráfico que blanquea su dinero adquiriendo oro. Las bandas armadas brindan protección a los productores, multiplicando de esta manera la violencia y ampliando su dominio del territorio.

La producción de cocaína genera una primera logística de provisión y control armado de los espacios de producción de hoja de coca y de cocaína, tal como ocurre hoy en el VRAE. Una segunda logística se relaciona con el traslado de la cocaína para su venta al mercado internacional, o para el aprovisionamiento del mercado local, cuya demanda crece y se asocia con la bonanza urbana y con las zonas de extracción ilegal de oro, estableciendo un canal de ida y vuelta.

La ruta de la costa, la Panamericana acopia oro desde Tacna hasta Piura. El metal baja a pie, en mula o en camión de las cabeceras de los esporádicos ríos costeños, se vende, trafica y pasa a la cadena de acumulación del narcotráfico que controla puertos y el comercio ultramarino.

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PUNO, la maldición de los hijos del Muki

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Ricardo Uceda en La República del lunes 3 de octubre “Las horas difíciles de Walter Aduviri” donde cuenta la secuela de las marchas antimineras en Puno, el resultado es que hay más preguntas que respuestas, más problemas que soluciones, y no parece haber nadie encargado del “control de daños” en la zona.

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Nuevas preguntas

La minería ilegal, como es bien sabido se nutre de otras actividades delictivas que van desde la corrupción de pequeños funcionarios, hasta las redes de contrabandistas y traficantes armados y sin escrúpulos. Pero el arma principal de esta actividad es la codicia, la idea de un enriquecimiento mágico, el cuento de la lámpara maravillosa. Y, como también se sabe la codicia enfrenta a todos contra todos. Uceda deja ver que en el fondo del “levantamiento” hay la intención de unos de apoderarse de las tierras ricas en plata de la comunidad de Huacullani, y que el discurso ambientalista e indigenista sirve de escudo y medio para ganarse el apoyo de incautos y de avispados políticos.

Los contrabandistas son valientes en la victoria y cobardes en la derrota. Una vez que sus objetivos que apoyaron inicialmente el movimiento, hoy se resisten a entrar en una nueva aventura de resultados contraproducentes con su actividad principal. La culebra y las hormigas no pueden dejar de moverse (La culebra del contrabando). De todas maneras lograron algo con la quema de la SUNAT, Aduanas, la Gobernación y la Contraloría ¿Cuántas pruebas se habrán perdido? ¿Cuántos inocentes sin ser reivindicados? ¿Cuántos culpables sin castigo?

Queda pendiente también el tema de la relación con la empresa minera que cumplió con todos los requisitos, obtuvo los permisos, y hoy está en el mundo de la incertidumbre esperando el resultado del juicio contra el Estado.

Finalmente nadie sabe las consecuencias de los movimientos sociales que parecen seguir las reglas de los sistemas dinámicos complejos, y que si bien de pronto van en un sentido, éstos terminan transformándose en otros. El ruido del sur llegó al norte, pero aquí en esta parte del departamento de Puno cerrar minas si tiene sentido. En las alturas de la provincia de San Antonio de Putina está el infierno. En medio del glaciar frío la explotación ilegal de oro campea envenenado a sus trabajadores, a los niños, a los campesinos, a los animales y a los peces del rio Ramis. Amparados por congresistas y por matones a sueldo que deben transportar el oro, sangre y dinero de arriba abajo (Ver: Mafias amenazan Altiplano, valles y fronteras de Puno), los ilegales lo corrompen todo. Sin embargo este llamado de las comunidades parece haber hecho eco en el gobierno regional, que según señala el artículo que comentamos estaría dispuesto a empezar – con el apoyo del estado- una lucha contra este tipo de minería.

“La Rinconada, donde todo sabe a caustica sílice, a degeneración, muerte, a borrachera perpetua que los mierdosos puteríos eructan en sus interminables noches voluptuosas de alcohol, sexo y enfrentamientos con arma blanca, a dinamitazos, o a punta de revólveres. La muerte en todo lugar: en los socavones, en las calles, en los bares, etc…” (Abelardo Checca: “La Rinconada, oro, muerte, alcohol y sexo interminables”. ENTREVISTA: Armando Villanueva Turpo. Diario, Los Andes)

El artículo:

“Cuatro meses después de los violentos sucesos en Puno hay novedades imprevistas: el líder antiminero es bajado de su pedestal, Bear Creek espera en el Palacio de Justicia y el presidente regional pide

Cinco de dieciocho comunidades del distrito de Huacullani, propietarias de los territorios ricos en plata de la mina Santa Ana, han pedido al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo de Puno que protejan sus campos de presuntos intentos de invasión. Ante todo, solicitaron que estas dependencias comprobaran que los predios en cuestión son suyos, que están en posesión efectiva de éstos, y que el hecho de que el gobierno anulara una licencia de operaciones a la compañía canadiense Bear Creek, que tuvo que retirarse de la zona, no implicaba que la mina era tierra de nadie. Claro que saben que el subsuelo es del Estado y que ellos no pueden disponer libremente de los recursos bajo sus pies, que tampoco son gran cosa: Bear Creek los estima en 63 millones de onzas, explotables en once años con 70 millones de dólares. Pero la superficie les pertenece, y no desean ser víctimas de la ocupación de sus vecinos, especialmente de aquellos que hasta ayer rechazaban toda forma de minería en el sur de Puno.

Los comuneros de Huacullani creen, de acuerdo con testimonios recogidos para esta nota, que la obsesión antiminera de sus hermanos aimaras no nació tanto de ideales defensores del medio ambiente sino de la codicia. Piensan que desean apoderarse de sus tierras para después controlar los beneficios de su explotación, incluso a la manera informal.

El origen de este temor fue la postura favorable a la invasión de un sector de los dirigentes del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, que encabezó las violentas protestas antimineras en mayo pasado. Cuando el gobierno de Alan García canceló la autorización a Bear Creek después del incendio de locales públicos en la capital del departamento y del enfrentamiento con muertos en Juliaca, no hubo consenso entre estos dirigentes en tomar las tierras que dejaría la minera. Una acción de este tipo garantizaría ¿era la opinión de algunos? que la compañía no regresara ¿nunca más? Pero la idea, rechazada entonces, volvió en una reunión interna celebrada en Desaguadero, en la frontera con Bolivia, el viernes 9 de setiembre.

Inteligencia de la policía llegó a la conclusión de que habría invasión, a partir de sus informantes. Y el dirigente Rufino Machaca lo admitió en una entrevista con el corresponsal de La República Liubomir Fernández. Parte del diálogo grabado:

– FERNÁNDEZ: ¿Por qué, si tienen una posición antiminera, ahora querrían tomar una mina?
– MACHACA: No hay acuerdo para tomar minas ni hacer ningún tipo de invasión.
– FERNÁNDEZ: Pero entiendo ese fue un tema que ustedes discutieron en la reunión del viernes.
– MACHACA: Yo me opuse y no pasó.

En otra parte del diálogo Machaca dijo que le había ¿llamado la atención? al líder del frente, Walter Aduviri, por haber sido proclive a la invasión. Otro dirigente, Patricio Illacutipa, declaró a Noticias Ser que en realidad fue él quien planteó tema de la reivindicación de las tierras de Santa Ana, debido a una exigencia de la población de Kelluyo, contigua a Huacullani. ¿Inicialmente se ha acordado liberar esas tierras y utilizarlas para fines agrícolas y no para fines mineros, como lo han señalado algunos medios? Todos saben en Puno que esos terrenos, a unos 4,300 metros sobre el nivel del mar, son inservibles para la agricultura.

Hasta aquí tenemos que la intención invasora existió, por lo menos en una parte de los dirigentes.
Pero el frente antiminero del sur del departamento ya no es el mismo de hace cuatro meses.

El líder principal de la protesta, Walter Aduviri, ha debido bajar de su pedestal por una confluencia de motivos. Cuando en junio pasado, después de su recorrido triunfal por los medios de comunicación de Lima, regresó a Puno y fue recibido por unas tres mil personas, una parte de la dirigencia del frente sintió que había personalizado la lucha. Algunos lo declararon públicamente.

Aduviri se comía todas las cámaras y no dejaba lugar al resto, esa era la crítica. Podría ser injusta, pues usualmente el protagonista es buscado por los medios, pero otra detracción, de índole programática, tuvo mayor peso: no a todos les conviene librar una guerra a muerte contra la minería.

Por ejemplo, los pobladores de Desaguadero ya no son la gran base de apoyo que fue hasta las elecciones. La gran mayoría es comerciante y se vio enormemente perjudicada por una prolongada paralización que no reflejaba sus intereses directos. Este sector ya no desea ver a Aduviri por sus lares, y ha formado un frente de defensa propio para defender mejor el comercio, que en buena medida es contrabando.
Por otra parte, los alcaldes del sur sintieron que Aduviri se daba demasiadas ínfulas como representante del frente en esa parte del departamento. Los elegidos por el pueblo eran ellos, y empezaron a declarar públicamente que no lo reconocían. A los alcaldes se unieron los principales gremios de distritos importantes como el de Ilave, de donde es natural Aduviri, y de Yunguyo, que aportó la mayoría de manifestantes que tomaron Puno el 26 de mayo. El motivo era el mismo: la falta de representatividad de la superestrella popular.

Una discrepancia de fondo surgió de parte de los sectores del sur de Puno dedicados a la extracción ilegal de minerales, que apoyaron resueltamente las movilizaciones de Aduviri porque había una minera formal en la picota. Estos aliados iniciales del dirigente recibieron un tiro por la culata. No estaba entre sus planes que quienes resultaran más escuchados fueran los campesinos a cuya agricultura ellos afectaban. Como se sabe, al mismo tiempo que la cancelación de la licencia a Bear Creek el gobierno dispuso la recuperación de la cuenca del río Ramis, contaminada por la industria extractiva pirata, y prohibió el uso de maquinaria pesada en esos lugares. Ahora mismo, ha pasado a un primer plano la denuncia contra los mineros informales con representación política, como el congresista por Puno Francisco Ccama. Aún más, el presidente regional Mauricio Rodríguez acaba de pedirle al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que intervenga en las zonas ilícitas del departamento para decomisar estos equipos, conforme lo prevé la ley. ¿Lo hará el ministerio de Defensa? De momento este es uno de los misterios sobre la mesa.

No es que a Aduviri ya no le queden aliados. Están principalmente en las comunidades de Kelluyo, vecino de Huacullani. Ambos distritos mantienen un antiguo conflicto limítrofe, padecen de extrema pobreza y sus habitantes se dedican principalmente a cultivos de subsistencia. En Huacullani, que cuenta con quince mil habitantes, las cinco comunidades más próximas a los yacimientos tienen buenas relaciones con la mina. Otras diez están en una posición intermedia, y tres en contra. La mayoría de estas dieciocho comunidades estaba de acuerdo con Bear Creek hasta que surgió el movimiento antiminero desde Desaguadero, en febrero del 2011. Los habitantes de Huacullani proclives a la minera comenzaron a ser hostilizados, y una parte temió perder sus tierras a manos de los vecinos, a quienes apoyaban las antiguas masas de Aduviri de Desaguadero, Kelluyo, Pizacoma, Pomata y Zepita. Y así fueron volviéndose ellos también ¿antimineros?, aunque de dientes para afuera. Pero cinco comunidades se mantuvieron firmes: Ancomarca, El Ingenio, Chaclacollo, Condoracocagua y el centro poblado de Huacullani. Ellas han resuelto resistir, ante todo solicitando protección a las autoridades.

Mientras tanto, Bear Creek espera en las puertas del Palacio de Justicia. Luego de que, en junio pasado, el Ministerio de Energía y Minas anulara su autorización para operar en zona de frontera, la compañía tenía dos opciones: o recurría al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un grupo del Banco Mundial que resuelve conflictos entre gobiernos y empresas de otros estados, o presentaba una acción de amparo ante el Poder Judicial peruano. Eligió esto último, aunque en el CIADI tiene las de ganar por los términos acordados en el TLC entre Perú y Canadá. La nulidad no fue motivada por el MEM, pues no se hallaron irregularidades en el expediente, como sin pruebas sostuvo el congresista Yonhy Lescano. Este argüía que la anterior concesionaria, Jenny Villavicencio, era testaferro de los canadienses, cuando en realidad hizo un negocio lícito con ellos: en 2007 les transfirió el título luego de que Santa Ana obtuvo licencia de operaciones en Huacullani. Al final se hizo evidente que la expulsión de Bear Creek fue una salida política sin argumentos administrativos de un gobierno en sus últimos días.

De modo que todos los actores de esta historia están en una encrucijada. Los comuneros de Huacullani porque no tienen cómo beneficiarse con la inversión minera. Bear Creek porque depende de la suerte de sus reclamos. Si pierde la acción de amparo, aún podrá recurrir al CIADI, en busca de indemnización y otras sanciones contra el Estado peruano. Si lo gana, recuperaría la concesión, pero poco podrá hacer en la práctica si las condiciones políticas no cambian. Otro actor aún no entra en el juego: el gobierno, que no da señales de tener una estrategia para el departamento más conflictivo del país. Por último tenemos al propio Aduviri, luchando por permanecer en escena. El pasado 22 de setiembre convocó en Zepita a una asamblea general del frente para entregar el cargo de presidente del frente o ser reelegido, pero solo asistieron 150 personas. Hay una nueva convocatoria en ciernes, aunque ya se lo considera en el retiro. Al presidente regional de Puno los periodistas le preguntaron por él hace unas semanas y respondió:
¿Quién es Walter Aduviri?”

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