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Las dudas de los inversionistas, ranking Fraser sobre inversión petrolera

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El Instituto Fraser de Canadá ha publicado en junio de este año su quinta encuesta anual sobre expectativas de inversión petrolera (Global Petroleum Survey 2011). Los 502 encuestados dan cuenta, a partir de 17 indicadores, de las barreras o facilidades de inversión en 133 zonas del globo que incluyen países y espacios subnacionales. Los resultados se presentan en términos de permanencia o cambios de posición en el ranking de los espacios de inversión. No se incluye México, ni Arabia Saudita, países fuertemente cerrados a la inversión extranjera en exploración y producción.

Los 10 espacios con mayores políticas disuasivas de la inversión

Los 10 espacios con las políticas más propicias para la inversión

  1. Venezuela,
  1. Mississippi
  1. Ecuador
  1. Ohio
  1. Bolivia
  1. Kansas
  1. Irán,
  1. Oklahoma
  1. Kazakstán
  1. Texas
  1. Uzbekistán
  1. Virginia occidental
  1. República democrática del Congo (Kinshasa)
  1. Mar del norte (Países Bajos)
  1. Iraq
  1. Alabama
  1. Libia
  1. Hungría
  1. Rusia
  1. Dakota del Norte

 
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Entre los países (estados) que más cambian de posición está Alberta (Canadá) que posee importantes yacimientos de arenas bituminosas explotables, que debido a las restricciones ambientales. Una cosa parecida sucede con el Golfo de México que pierde su atractivo luego de la catástrofe de la estación Deepwater Horizon de la BP. Y por otras razones Libia pasa de los primeros lugares a los últimos. En contraposición los países de Europa del este, Hungría, Rumanía y Bulgaria, como algunos africanos (Costa de Marfil, Mozambique, Ghana) y noreuropeos mejoran (Dinamarca, Noruega).

 Este año se añadió una pregunta a la encuesta preguntando sobre el grado en que la adopción de “mejores prácticas” podría aumentar la exploración y la inversión para el desarrollo. Los resultados indican que los posibles beneficios serían considerables en Irán, Argelia, Kazajstán, Chubut Argentina, Mendoza, Santa Cruz y Neuquén, Camboya, India, Sudán, Libia, Irak, Nigeria, Rusia, Papua Nueva Guinea, Venezuela, y las dos repúblicas del Congo, así como en muchos otros países, estados y provincias. En general, el potencial para la exploración y el desarrollo se incrementaría con “mejores prácticas” en aquellas áreas en las que los datos geológicos son capaces de favor.

 

Las preguntas del cuestionario son respecto de (traducción libre):

  1. Opinión sobre los términos fiscales por pago de regalías, cuotas de producción y derechos de licencia.
  2. Impuestos por el régimen de la carga fiscal (que no sea para la producción de petróleo), incluyendo sus efectos sobre personal, nómina corporativa, y los impuestos al capital, y la complejidad de los requisitos tributarios.
  3. Incertidumbre sobre la base y / o los cambios previstos en las normas ambientales.
  4. La incertidumbre respecto de la administración, interpretación y cumplimiento efectivo de la normativa vigente y la frecuencia de los cambios en las regulaciones.
  5. El costo de de las exigencias de los organismos reguladores: solicitudes de permisos, participación en audiencias, etc.
  6. La incertidumbre sobre qué áreas pueden ser protegidas como reservas naturales o parques, de conservación de la vida marina o de los sitios arqueológicos.
  7. Participación en el desarrollo socioeconómico de la comunidad -incluye condiciones para las compras locales, requisitos de procesamiento, o suministro de infraestructura local, tales como escuelas y hospitales.
  8. Las barreras arancelarias, el comercio y las barreras no arancelarias al comercio y las restricciones a la repatriación de beneficios.
  9. Las normas laborales, acuerdos con los trabajadores, militancia sindical y las interrupciones laborales, y los requisitos de contratación.
  10. Calidad de la infraestructura, incluye el acceso al sistema vial, la disponibilidad de energía, etc.
  11. Calidad de los datos geológicos de base incluye calidad, el detalle y la facilidad de acceso a la información geológica.
  12. Mano de obra y la disponibilidad de habilidades, el suministro y la calidad del trabajo y la movilidad que los trabajadores tienen que trasladarse.
  13. Afirma-la disputa de tierras incertidumbre de reclamaciones pendientes realizadas por los aborígenes, otros grupos o individuos.
  14. La estabilidad política.
  15. La seguridad la seguridad física del personal y los activos.
  16. Regulación duplicaciones e incongruencias (incluye federal / provincial, federal / estatal, la superposición entre departamentos, etc.)
  17. Sistema jurídico-legal los procesos que sean justas, transparentes y no corruptos, una gestión administrativa eficaz, etc.

Comentarios:

Uno primero es que la inestabilidad, o la volatilidad de las intenciones de los inversionistas es muy alta cuando piensan en invertir. Al parecer no solo grandes cambios afectan sus decisiones sino un conjunto de prejuicios sobre lo que puede pasar. Visto de otra manera es posible que los inversionistas piensen en realidad que son las políticas públicas las inestables, pero ello es independiente de los tipos de gobierno en un espacio cualquiera. Así el derrumbe de expectativas puede ocurrir con respecto de La Florida, o con Uganda.

Si desea acceder a la tabla Excel de ranking genera: bajar aquí

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Minería ilegal depreda selva de Tambopata

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Reproducido de El Comercio

Ya han sido tomados 14 kilómetros de la carretera Interoceánica. Congresista Amado Romero (GP) se reunió con invasores y los respalda

Por: Nelly Luna Amancio / Marisol Grau Enviadas especiales
Domingo 11 de Setiembre del 2011

Madre de Dios. El traqueteo de motores que bombean el agua y remueven la tierra en busca de oro no se detiene de día ni de noche a la altura del kilómetro 103 de la carretera Interoceánica, en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Donde hasta hace cinco meses había chacras o espesa vegetación ahora se levantan frágiles locales con paredes de plástico y esqueletos de madera: restaurantes, boticas, bares, bodegas, hospedajes, grifos, tiendas de repuestos de maquinaria, baños, peluquerías.

Nada falta en este lugar donde solo la venta de cilindros de combustible supera a la de cajas de cerveza. La presencia de estas tiendas nos recuerda que están allí para abastecer la demanda de los campamentos mineros, y que, si la demanda de servicios crece, es porque allá adentro los bosques que protegen a Tambopata se están convirtiendo en una enorme pampa de arena removida. La proliferación de estas tiendas fue desde un inicio el primer síntoma de la devastación en Madre de Dios.

Las autoridades dicen que es imposible conocer la magnitud real de la destrucción, pero se sabe, por ejemplo, que solo en el campamento del km 103, en el sector conocido como La Pampa, habría alrededor de mil mineros y 130 máquinas trabajando.

El presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios, Luis Aguirre, calcula que desde julio más de 15.000 mineros ilegales han instalado sus campamentos entre los kilómetros 103 y 117. “Y todos los días llegan más personas, sobre todo desde La Rinconada, Puno”, dice. Según Aguirre, el alto precio del oro y el respaldo político a los mineros ilegales por parte de un grupo de congresistas liderados por el representante de Gana Perú en esta región, Amado Romero Rodríguez, han acentuado la destrucción en los últimos meses.

EL FACTOR POLÍTICO
La buena relación del parlamentario con los mineros de La Pampa quedó registrada en un video –al que El Comercio tuvo acceso– grabado el 11 junio de este año, cuando Romero ya era congresista electo por Madre de Dios. En el video se ve al congresista reunido con los mineros que invadieron la zona de amortiguamiento de Tambopata. Las imágenes no tienen buena calidad, pero es posible distinguir voces y rostros.

El que habla es Florentino Sucso, secretario de economía de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin). Cuestiona la vigencia del Decreto de Urgencia 012, que suspende los petitorios mineros y prohíbe el uso de dragas en los ríos: “Tenemos un enemigo en común que es el Estado, el otro es la región y los ambientalistas”, grita en la reunión.

Amado Romero está sentado, rodeado por más de 30 dirigentes mineros, en un sector al que los representantes del Ministerio Público solo pudieron ingresar hace unos meses con el apoyo de casi 50 policías. Romero no habla, pero escucha. ¿Qué hacía el parlamentario reunido con unos mineros que han tomado la zona ilegalmente? “Romero intercede por ellos ante el gobierno”, denuncia Aguirre.

El congresista es muy cercano a la Fedemin, gremio que él también presidió durante 2 años hasta el 2010 y que ahora plantea el retorno de las dragas. “Con su presencia en esa reunión quiere legitimar la ilegalidad de los invasores”, dice en voz alta Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la reserva de Tambopata. Eulogio Amado Romero Rodríguez es un reconocido minero en Madre de Dios: tiene 12 concesiones en diferentes partes de la región.

El año pasado, la comunidad nativa de Tres Islas denunció que un grupo de mineros extraía oro ilegalmente de sus tierras. La Dirección Regional de Minería inspeccionó el lugar (concesión minera denominada El Paisano) y constató la presencia de 40 mineros. Ninguno cumplía las normas ambientales. Los trabajadores declararon que eran ‘invitados’ (una especie de inquilinos) de Amado Romero y que, por eso, le entregaban 30 gramos de oro a la semana cada uno. Las autoridades se sorprendieron porque oficialmente esta concesión está a título de Esther Pacamía Limpias.

El informe ha sido alcanzado a la fiscalía ambiental y esta investiga actualmente al parlamentario por delitos ambientales. Lo ha citado ya en varias oportunidades, pero el legislador ha apelado a su inmunidad parlamentaria.

Durante las última semanas, además, Romero se ha reunido con el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke para interceder por los mineros de Madre de Dios. Los vínculos de Romero con los mineros se hicieron aún más evidentes la semana pasada, cuando presentó dos proyectos de ley que pretendían derogar el Decreto de Urgencia 012.

Zambrano alerta que este año han ingresado 700 petitorios mineros a la región. “Cien ya han sido rechazados porque está vigente este decreto, pero si este se derogara los otros 600 podrían ser aceptados. Hay muchos intereses, derogar el decreto de urgencia supondría la pérdida de la zona de amortiguamiento”, señala.

TERRIBLE DEFORESTACIÓN
A primera vista parece un desierto. Hay lugares dentro del área de amortiguamiento de la reserva de Tambopata donde no queda nada. Ni rastro de flora y fauna, solo arena sedimentada. “Una comparación de imágenes satelitales nos revela que solo en el 2010 se habrían perdido en esta zona unas 1.000 hectáreas de bosques primarios”, afirma el jefe del área protegida, John Flores Leiva.

Actualmente, hay 134 derechos mineros en la zona de amortiguamiento: 35 poseen títulos y los 99 restantes son únicamente petitorios; pero ninguno cuenta con certificación ambiental.

Muchos han ingresado como ‘invitados’ y otros tantos han invadido concesiones agrícolas. La destrucción de esta área que protege la intangibilidad de la reserva de Tambopata ha derivado en una investigación fiscal en la que se ha incluido como supuestos agresores a Daniel Cutipa, Miguel Yupanqui, Dionisio Reffner Laulette y Juan Apaza Quispe.

En toda esta zona alrededor de 30 mil personas se encuentran involucradas con la actividad minera. Casi la mitad de este universo está compuesto por los mismos mineros. “En el 2007 solo había 90”, indica el presidente de la región. Las autoridades han identificado entre 2.000 y 3.000 motores trabajando en la zona.

Tiendas, grifos y todo tipo de servicios se encuentran a un lado de la carretera, pero el Estado está ausente. “Resulta imposible saber a ciencia cierta qué es lo que ocurre en La Pampa, pues llegar a los campamentos mineros es muy peligroso”, dice John Flores. Cada campamento tiene tranqueras en los accesos y vigilantes privados armados.

A la gran circulación de armas de fuego se suman el reducido número de policías en la región (solo 400 resguardan todo Madre de Dios) y la poca capacidad de fiscalización y logística para ingresar e intervenir en estos lugares. Incluso, un grifo ha sido construido dentro de la zona de amortiguamiento, en el km 105 pero fue clausurado recién cuando se terminó de levantar.

“Hacen falta medidas inmediatas para proteger la reserva, de lo contrario acabarán con la zona de amortiguamiento y podrán ingresar a la reserva”, coinciden autoridades y ONG. Los representantes de la organización Aider, así como el propio jefe de la reserva y el presidente del gobierno regional coinciden en la necesidad de que se declara la emergencia ambiental en La Pampa cuanto antes.

LA FIEBRE SE DISPARA
La fiebre del oro se extiende aceleradamente en todo Madre de Dios, empujada por el precio del oro y la inexistente fiscalización. Lo que pasa en Huepetuhe, la ciudad del oro, resume la incapacidad del Estado: existen una veintena de grifos sin licencia y tiendas que venden armas, también sin licencia. Cada vez llega más gente a este lugar donde las monedas de 10 y 20 céntimos no se aceptan. La historia se repite en Delta 1, Alto Puquiri, Boca Colorado y Huancamayo.

La ilegalidad en Madre de Dios es generalizada y sistémica: hay hombres especializados en abrir trochas, en darle mantenimiento y en cobrar por el peaje, hay también asociaciones de mototaxis que ofrecen sus servicios en todos los campamentos y gremios de comerciantes que negocian con los cabecillas lugares donde instalar sus tiendas. La carretera Interoceánica –reconoce el jefe de la reserva Tambopata– aceleró esta devastación.

LAS CIFRAS
302.154
HECTÁREAS
Han sido deforestadas en Madre de Dios hasta el 2010 como consecuencia de la tala, quema y minería ilegal. Esta extensión equivale aproximadamente a unas 300 mil canchas de fútbol.

30 mil
PERSONAS
Se encuentran hoy desarrollando trabajos relacionados directa o indirectamente a la minería en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Sigue leyendo

Inversiones en el mundo 2011

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Resumen en Español

Reporte completo (inglés)

El informe de inversiones 2011 de la UNTACD advierte sobre la consolidación de ciertas tendencias en la inversión internacional que pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

Hay una recuperación de la inversión extranjera directa cuyo optimismo se asa en la dinámica de la producción industrial y del comercio internacional cuyo crecimiento a vuelto a los niveles previos a la crisis. Recientes “temblores” financieros, así como la lenta recuperación de la economía estadunidense invitan sin embargo a tomar estas afirmaciones con cuidado.

Las inversiones encuentran más seguridad en los países en desarrollo que en los desarrollados. Por primera vez, las economías en desarrollo y en transición atrajeron en total más de la mitad de las corrientes mundiales de IED. Y a su vez aumentaron las IED procedentes de estos países. Si ello continúa en el futuro las nuevas economías en desarrollo aumentarán su presencia y condiciones en los foros internacionales antes reservados a los países más desarrollados.

La capacidad de las ETN es enorme, ellas producen el 25% del PBI mundial, es decir juntas son la economía más grande del planeta.

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Lo nuevo en la ETN es que un número importante de ellas son estatales (son pocas aún en número, pero son 11% de la inversión mundial). Tanto las empresas transnacionales de origen privado como las públicas son fuente de tensiones en las relaciones internacionales, y su crecimiento está afectando las relaciones entre los estados y los órganos de arbitraje internacional. Muchas veces las ETN estatal es vista por otros países como un elemento que afecta la soberanía nacional, y para los que la observan dentro de sus fronteras la ven como la punta de lanza de un neo proteccionismo. A su vez, el régimen de los acuerdos internacionales de inversión (AII) está en una encrucijada. Si nos atenemos a la evolución del número de tratados internacionales e inversión, y la jurisprudencia en torno a la solución de controversias, también puede observarse que algo está pasando. No solo hay un aumento de los tratados entre los estados, se observa que los casos son generados principalmente por los inversores, aunque los laudos favorecen a los estados de países menos desarrollados.

El gráfico siguiente muestra la importancia de empresas públicas en algunos de los más importantes países.

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Otro tema relacionado con la IED es cómo esta afecta las inversiones y en particular el desarrollo industrial de los países en los que se establece. Para la UNTACD el problema es cómo las IED fomentan la capacidad productiva nacional evitando el proteccionismo (nuevo tipo de transnacional que no hecha sal sobre la tierra). En el mundo actual, las políticas orientadas a mejorar la integración de las economías en desarrollo en las cadenas mundiales de valor deben abarcar más que la IED y el comercio.-señalan- Las autoridades deben tener en cuenta las formas no accionariales (FNA) de la producción internacional, como la fabricación por contrato, la subcontratación de servicios, la agricultura por contrato, las franquicias, las licencias, los contratos de gestión y otros tipos de relaciones contractuales por las que las ETN coordinan las actividades de las empresas de los países receptores sin poseer acciones en ellas.

Para lograr un desarrollo industrial a largo plazo, los países en desarrollo deben reducir el riesgo de seguir atrapados en actividades de escaso valor añadido y de pasar a depender en exceso de las tecnologías de propiedad de las ETN o de las cadenas mundiales de valor dominadas por esas empresas.

Para maximizar los beneficios de las FNA para el desarrollo hay que adoptar medidas en cuatro ámbitos. En primer lugar, las políticas sobre las FNA deben inscribirse en las estrategias generales de desarrollo nacional, coordinarse con las políticas comerciales, tecnológicas y de inversión, y abordar los riesgos de dependencia. En segundo lugar, los gobiernos deben apoyar la labor de fomento de la capacidad productiva nacional, a fin de que haya socios comerciales atractivos capaces de participar en las cadenas mundiales de valor. En tercer término, la promoción y facilitación de las FNA requiere un marco jurídico e institucional sólido y propicio, así como la participación de los organismos de promoción de inversiones para atraer las ETN. Por último, deben abordarse las consecuencias negativas de las FNA y los riesgos que plantean, reforzando el poder de negociación de sus asociados locales, garantizando la competencia leal y protegiendo los derechos laborales y el medio ambiente.

Otro fenómeno importante ocurre en las políticas que los estados aplican a las empresas transnacionales. La UNTAD observa que las políticas de regulación y restricción han mantenido un impulso dese 2003, y en general se dirigen al sector extractivo y financiero. Esto a pesar que según señala el informe más de dos tercios de las medidas adoptadas en 2010 sobre políticas de inversión correspondieron a la liberalización y promoción de la IED.

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Vigilando derrames de petroleo

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Muchas veces se señala que las nuevas tecnologías de la información y comunicación crean un espacio nuevo de participación y vigilancia ciudadana. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la página dedicada al seguimiento de los derrames de petróleo Gulf Oil Spill Tracker creada como “virtud colateral” del gran derrame producido por la plataforma de la British Petroleum “Deep Water Horizon”.

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Para ello ha bastado que Skytruth, Surfrider Foundation y Ocean Conservancy se conviertan en sistematizadores de información brindada por ciudadanos que han detectado un derrame en la zona en la que viven.

Esta es una iniciativa entre otras según informa Scientific American en su número de septiembre 2011 y forma parte de lo que llama Ciencia Ciudadana que concepto que puede resumirse de la siguiente manera: “La investigación implica a menudo equipos de científicos que colaboran a través de varios continentes. Ahora, usando el poder de la Internet, también participan no especialistas. Ciencia Ciudadana (Citizen Science) incluye muchas categorías. Un proyecto pionero fue SETI @ Home, que ha aprovechado el tiempo de cómputo ocioso de millones de participantes en la búsqueda de vida extraterrestre. “Ciudadanos científicos” actúan también como clasificadores voluntarios de objetos celestes en Galaxy Zoo. O hacen observaciones del mundo natural, como en The Great Sunflower Project. E incluso resuelven rompecabezas (puzzles) para diseñar proteínas, como Foldit. Vamos a ir añadiendo proyectos de forma regular, así que por favor avísennos sobre otros que les gusten (traducción libre del texto en inglés). Tomado de Kaleidoscopio

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Colombia Minería, conflictos socioambientales – 2010

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“Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia: Casos de la INVERSIÓN BRITÁNICA”
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Amigos de la Tierra Colombia
Autores: Andrés Idárraga Franco, Diego Andrés Muñoz Casallas, Hildebrando Vélez Galeano
Enero de 2010. En: CENSAT

“El informe se divide en dos grandes partes. En la primera se dan indicaciones generales sobre la investigación, se sintetiza el estado actual de la minería en Colombia, se definen los criterios de selección de las empresas abordadas y se identifican los problemas que suscita la extracción minera en el país con una contextualización geopolítica, económica y normativa. En la segunda parte, se hace la descripción de los conflictos socio-ambientales, a partir de la caracterización de las empresas mineras implicadas en los proyectos, los impactos generados y las acciones de comunidades y organizaciones”

Sus objetivos son:

• Caracterizar las empresas que adelantan proyectos mineros en Colombia y que cuentan con participación británica.
• Identificar los proyectos mineros desarrollados por estas empresas y caracterizar los impactos socio-ambientales y territoriales que han generado.
• Identificar las capacidades organizativas a nivel regional, nacional e internacional y los procesos de articulación entre las diversas comunidades y organizaciones afectadas por la minería o solidarizadas con los perjudicados.

Los autores plantean en la introducción algunas interrogantes que definen la orientación de sus indagaciones. Sostienen que “habría que preguntarse ¿qué tan necesaria es la minería? y ¿para quién? y ¿para qué tipo de desarrollo?” Así tenemos que al mismo tiempo que se usan materiales para la construcción de las ciudades e industrias, éstos mismos se convierten también en desechos de bajo nivel de reciclaje que terminan contaminando las áreas rurales adyacentes.

Los ciclos de uso y extracción-producción de los productos mineros, señalan, suelen menospreciarse en los análisis de impacto. De otro lado no existen métodos que permitan traducir esos impactos en costos y en restauración ambiental.

Un segundo impacto del desarrollo de la minería en Colombia es su contribución a la reprimarización de la economía. Así las modificaciones legales manifiestas en “el desmonte progresivo de los mecanismos de audiencia y consulta pública y la reducción y eliminación de requisitos para autorizar licencias ambientales a las operaciones de las empresas del sector de hidrocarburos, de la gran minería y de las grandes obras de infraestructura, donde está principalmente concentrado el capital transnacional” (Vélez, 2004: 8).

Un tercer impacto es el financiero, la economía de la minería actual se basa en criterios de escasez absoluta y relativa de materiales de bajo reciclaje, que generan dinámicas financieras especulativas que distorsionan el funcionamiento de los mercados alternativos.

Ahora bien, yendo más allá de estas consecuencias, los afectados e interesados optan por diferentes alternativas:

• Paternariado (1) Acuerdos entre organizaciones y empresas para tener un plan común. Caso Greenpeace y UICN con Shell, la cual determinó el retiro de Amigos de la Tierra de UICN.
• Contractual. Las comunidades hacen un tipo de acuerdo contractual de las empresas.
• Diálogo. No hay contrato pero hay acuerdos. Opera mucho el paternalismo y la relación individual con el líder comunitario.
Formas de resistencia que son organizadas y que procuran la defensa de los territorios pero que no son opuestas a la minería.
• Boicot.

El informe trata de establecer las distintas formas de reacción, así como el contexto en el que éstas se definen.

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
LA MINERÍA EN COLOMBIA Y LA INVERSIÓN BRITÁNICA PROBLEMA
MARCO LEGAL MINERO EN COLOMBIA
Plan Nacional para el Desarrollo Minero (PNDM) visión 2019: ¿Colombia un país minero?
Territorio, derechos y transnacionales.
El Derecho, los derechos y su relación con la actividad de transnacionales mineras
PROYECTOS MINEROS CON PARTICIPACIÓN BRITÁNICA EN COLOMBIA Y SUS IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES
• CARBONES DEL CERREJÓN LLC
• BHP BILLITON
• ANGLO AMERICAN PLC
• ANGLOGOLD ASHANTI
• CAMBRIDGE MINERAL RESOURCES PLC
• RIO TINTO
LISTADO DE ACCIONES DE LAS COMUNIDADES Y LAS ORGANIZACIONES AFECTADAS O SOLIDARIZADAS CON LOS CONFLICTOS
BIBLIOGRAFÍA

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(1) Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el partenariado es una manera de entender el desarrollo desde la participación, a través del diálogo y la negociación entre diversos actores que establecen un programa de acciones conjuntas, de manera que los beneficiarios se trasformen en actores de la acción de desarrollo. Siempre desde el respeto a los conocimientos indígenas y la perspectiva local.

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Políticas sobre conflictos sociales (1)

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En el diario El Comercio, Manuel Marticorena publica hoy -Lunes 4 de Julio del 2011- un artículo sobre los “Conflictos en cuestión” que nos parece importante compartir. Nuestro interés es contribuir a la discusión de políticas públicas.

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El tratamiento de los últimos conflictos sociales ha demostrado la falta de una estrategia para enfrentar este tema por parte del Gobierno. La pérdidas productivas también cuentan

Pese a que, según la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales están disminuyendo, los que subsisten son cada vez más notorios y violentos. Gran parte de ellos están relacionados con el actuar de empresas mineras y petroleras. Las comunidades temen que sus fuentes de agua sean contaminadas; que las empresas invadan sus territorios afectando su medio ambiente y cultura; mientras que en otros casos, buscan un pago justo por el uso de sus suelos.

La solución de estos conflictos, en los últimos años, ha tenido una constante: la imposición de las condiciones de las comunidades. En la minería, han logrado suspender proyectos ya en camino de desarrollo (como el de Tía María, en Arequipa); detener concesiones mineras o incluso cancelarlas, como es el caso del proyecto minero Santa Ana, en Puno.

Según una fuente del Ministerio de Energía y Minas, las comunidades han logrado bloquear proyectos por alrededor de US$3.800 millones en los últimos diez años, siendo el caso de Tía María el mayor de ellos. Se trata de un proyecto minero donde Southern Copper espera invertir US$1.000 millones.

TENSA RELACIÓN
Carlos Gálvez, gerente de finanzas de la Compañía de Minas Buenaventura, recuerda que en noviembre del 2004 una marcha pacífica de un grupo de personas contra el campamento del proyecto minero La Zanja (en Cajamarca) concluyó con la toma y destrucción del campamento y resultó incluso una persona muerta.

Tras casi seis años de sucedido este incidente y luego de muchos acuerdos con las comunidades, la minera logró culminar la construcción de la mina y está lista para empezar a operarla.

Carlos Gálvez señala que el hacerlo le llevó mucho esfuerzo a la empresa para convencer a las comunidades de que la minería les traerá beneficios. Gálvez señala que desde el inicio de los desa-cuerdos entre la empresa y la comunidad no intervino el Gobierno y su presencia solo se circunscribió al incidente. Nada más.

“Nos demoró quince años desarrollar el proyecto, todo eso tiene un costo que la empresa tuvo que pagarlo, cuando era labor del Gobierno mantener la tranquilidad social en la zona”, dice.

Gisell Huamaní, especialista en el tema de manejo y gestión de conflictos y consultora del Consorcio de Investigación Económica y Social, indica que el Estado solo atiende estos casos cuando se ha incendiado la pradera, pues no hay una perspectiva de prevención en estos temas.

“Cuando conocen el problema lo hacen muy tarde. Varias de estas demandas tienen años y solo son tratadas cuando hay desestabilización social”, refiere.

Los especialistas señalan una evidente falta de estrategia para enfrentar los conflictos, pues estos son atendidos cuando las comunidades solicitan la formación de una comisión de alto nivel, que atienda sus discrepancias con las empresas, cuando esto pasa las comunidades tienen ya poca disposición a la negociación.

Si bien hay una Oficina de Gestión de Conflictos adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, poco ha podido hacer en materia de prevención, pues cuenta con apenas una veintena de personas para atender los 227 conflictos sociales en todo el país, reportados por la Defensoría del Pueblo.

Huamaní agrega que casi todos los ministerios tienen algún tipo de oficina o equipo que atiende los conflictos relacionados con su sector. Lo extraño es que ninguno de ellos tiene el mismo rango y rol, lo que les impide hacer coordinaciones, trabajar eficientemente y ser dinámicos para atender los conflictos en la medida en que se van suscitando.

“En el Ministerio del Ambiente el agente que está trabajando es un asesor y está al costado del ministro; en la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura, la oficina está en el sótano y tiene poca capacidad de impacto en las políticas del sector, y en el Ministerio de Energía y Minas hay una Oficina de Gestión Social que atiende todos los problemas del sector”, explica.

Ricardo Morel, director del Instituto de Desarrollo Social, manifiesta que la única estrategia conocida e implementada por el Estado es la de formación de comisiones de alto nivel, la cual ha sido un fracaso. Asimismo, concuerda que la prevención casi no ha existido y las oficinas relacionadas con este tema en los distintos ministerios no han realizado un trabajo descentralizado para articular puentes, conocer a los protagonistas y trasladar con mayor velocidad la información y los reclamos.

El presidente Alan García ha defendido la actuación de su gestión frente a los conflictos sociales indicando que en muchos casos han sido impulsados por intereses políticos; sin reconocer que muchas veces la falta de prevención respecto a estos temas ha dado como resultado actos violentos y la paralización de las inversiones. Ronald Ibarra, jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM, por su parte, prefirió no comentar el tema.

Lo cierto es que muchas veces para solucionar el problema el Gobierno se ha saltado la institucionalidad jurídica para tranquilizar los reclamos sociales perjudicando a las empresas, aspecto que podría llevar incluso a arbitrajes internacionales. Bear Creek, la dueña del proyecto Santa Ana en Puno, ha indicado que iniciará un arbitraje contra el Estado por haberle levantado la concesión a su proyecto. Mientras Southern Copper ha deslizado la posibilidad de interponer un recurso de amparo para no perder la concesión de Tía María.

PÉRDIDA MUTUA
La falta de un enfoque preventivo y de un trabajo más articulado está haciendo que no solo pierdan las empresas, sino la población. En el caso de Tía María, se suspenderá la construcción de una represa que permitiría disponer de más agua para los agricultores de la zona.

Morel sostiene que si bien el próximo gobierno deberá desarrollar una estrategia eficaz para la solución de los conflictos, muchas empresas tampoco han hecho bien su trabajo de articularse socialmente, pese a que hay buenos ejemplos a seguir, como en las minas Cerro Verde, Tintaya, Minas Conga y la propia La Zanja, las que han visto que ganan más invirtiendo en la tranquilidad social, antes que ponerse a esperar que el Estado solucione el tema. Sigue leyendo

Conflicto minero en Puno y propuestas

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Propuesta ciudadana ha publicado un interesante documento sobre Minería y conflicto en Puno

Entre sus conclusiones señalan que es necesario regular los petitorios mineros de modo que cuando al aceptarse se conviertan en concesión tengan cuando menos la aprobación de los propietarios de las tierras sobre las que se hace la solicitud. Al respecto por ejemplo el formulario actual no exige que el propietario este informado señalando que los datos del propietario y su domicilio se consignan “en caso fuere conocido”.

De otra parte me parece que las concesiones no pueden mantenerse sin realizarse como operaciones mineras de manera indefinida, y solo sujetas a un pago mínimo ($3 dólares por cada hectárea), en la medida que ello promueve la especulación. Deben entonces establecerse otras condiciones de caducidad, y eventualmente involucrar al propietario en la decisión dado que puede verse perjudicado en su derecho de obtener beneficios de una posible inversión.

Otro problema se relaciona con la pequeña minería, sea esta informal o no. Puno es un pueblo minero desde mucho antes de la conquista, tanto que muchas de sus técnicas fueron incorporadas por los españoles. Esta zona puede volverse espacio de informalidad minera en manos de los campesinos de la zona y desarrollarse en condiciones que afecte su salud y la de los demás. Resolver el problema tiene también que enfrentar esta posibilidad. No debe permitirse ningún tipo de minería socialmente irresponsable.

La mejor de las enseñanzas de este conflicto parece ser sin embargo la necesidad de poner en marcha un plan de ordenamiento territorial que distinga las posibilidades de aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables sin que por ello se perjudique a los pueblos o al ambiente.

Finalmente creo que hay un conjunto de problemas relacionados con la organización, representación, legitimidad y ordenamiento jurídico que deben estudiarse para recomponer un tejido social y una institucionalidad más estable y provechosa.
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Más sobre uranio en Puno (antecedentes).

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EL COMERCIO del 20 abril 2008 publicó una nota de Norka Peralta titulada “La verdad sobre el uranio en Puno” que acá reproducimos , ampliando así los antecedentes de nuestra información anterior en este blog “Comienza la explotación de uranio en Puno

Hay toda una historia en torno a la búsqueda de uranio en el Perú que se mezcla con la guerra fría, el espionaje y secretos de estado. Las primeras misiones son de fines del 40 y están involucrados los estadounidenses y los ingleses, por su puesto hay también un informe sobre esto de la época del gobierno militar de Velasco.

Aquí la nota anunciada:

“Las casas de Corani están hechas de adobe, piedras y uranio. En realidad, el uranio está por todas partes, en el paisaje plagado de rocas gigantescas; en el suelo donde pastan llamas y alpacas, en las piedras con las que los pobladores separan sus propiedades y se mezcla con el musgo que crece entre las colinas. Por eso, las casas tienen esas manchas de color amarillo intenso que distingue al uranio, un material radiactivo que en su forma natural no es contaminante, a decir de los expertos.

Corani, en la provincia de Carabaya, a 256 kilómetros al norte de la ciudad de Puno, posee una de las mayores reservas de uranio en esa región. Sin embargo, allí la minería no podrá desarrollarse porque se trata de un lugar habitado y las leyes lo prohíben.

Por ello, actualmente Contact Energy Perú S.A.C., Minera Frontera Pacífico Perú S.A., y Colibrí Mining North S.A.C., las tres mineras que realizan estudios de exploración del uranio en Carabaya, visitan a los comuneros e intentan una relación cordial, pero los pobladores se resisten. Temen a la contaminación cuando se dé la extracción de este mineral, que se ha convertido en la gran alternativa para la producción de energía cuando las reservas de petróleo se extingan. Eso parece importar poco en Corani, que carece de energía eléctrica en gran parte del distrito y de una buena carretera de acceso.

Hace siete años se desató en la zona una fiebre por este mineral. Minera Peruran S.A., una minera que ahora nadie parece recordar, habría motivado que la población buscase intensamente el uranio. Luego de comprar una cantidad no determinada del mineral, este fue llevado a un depósito en la calle 8 de diciembre 618 del barrio Túpac Amaru, en Macusani, capital de Carabaya. Allí ha permanecido durante siete años, en un cuarto tapiado con un muro de adobe. Nadie se explica el porqué del abandono.

De acuerdo con un informe de inspección de seguridad radiológica de uranio en Corani y Macusani, realizado por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del Instituto de Energía Nuclear (IPEN), la radiación que emite el uranio almacenado no es peligrosa para la población aledaña, aunque se recomienda retirar el material de la zona. El mencionado informe del IPEN data de setiembre del año pasado. El Comercio pudo comprobar que el depósito de Peruran sigue en el lugar. Muy cerca funciona el colegio Julio Gabancho Enríquez.

Hace más de un año, Contact Energy inició sus estudios de exploración en la zona. Entonces, hubo quienes intentaron venderle el uranio depositado. La empresa se negó a adquirir el material porque hacerlo hubiese significado el impulso de la minería informal del uranio.

Hoy, los voceros de Contact Energy creen que la comercialización informal del uranio es casi imposible porque es difícil encontrar el mineral en la superficie, por lo que actualmente las mineras, en su fase de exploración, usan equipos cuyo implemento principal es un largo tubo de metal que penetra varios metros bajo tierra para sacar muestras de piedras que contienen el uranio. El posterior estudio de esas muestras determinará la calidad del uranio.

La otra razón es que el uranio solo sirve para generar energía nuclear que, salvo el IPEN, nadie más está preparado para producir en el Perú. Eso al menos creen Contact Energy y el ingeniero Renán Ramírez, del IPEN. El físico nuclear Rolando Páucar Jáuregui, presidente del Instituto de Investigación para la Energía y Desarrollo (Iedes), es de otra opinión. Según él, los mecanismos de control del material radiactivo son nulos en el país, por lo que la salida clandestina del uranio por carretera o aeropuertos; así como su comercialización, podría tener fines menos lícitos y se atreve a mencionar la aplicación de este material en el uso de las denominadas ‘bombas sucias’. Basta recordar que hace menos de un mes, las noticias dieron cuenta que las FARC estaban adquiriendo uranio para fabricar ‘bombas sucias’, que no es otra cosa que una bomba casera diseñada para dispersar un material radiactivo a través de una explosión. Según Páucar, la fabricación de una ‘bomba sucia’ es mucho más simple de lo que se cree.

Otro aspecto que le preocupa a Paúcar es el hecho de que no exista una ley que norme los aspectos relacionados con la explotación de material radiactivo, como el uranio, sobre todo ahora que dicha actividad parece a punto de despegar en el país. Contact Energy estima que en unos tres años podría ingresar a la etapa de explotación de las 500 hectáreas de su yacimiento. La minería de minerales radiactivos está normada únicamente por la Ley General de Minería.

En tanto, en Carabaya parece ‘cocinarse’ lo que ya ha sucedido en otros puntos del país donde se desarrollan actividades extractivas sin presencia del Estado: un nuevo conflicto social. Tanto la población de Corani, como las mineras y la Municipalidad Provincial de Carabaya demandan la presencia del Estado para regular y promover una convivencia pacífica, algo que, incluso ahora que no se inicia la explotación del uranio, parece ser un hilo delgadísimo.” Sigue leyendo

NUEVA VERSIÓN 2011 – 2012 Diplomatura en Industrias Extractivas, Vigilancia y Desarrollo Sostenible

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Más información: IEVDS@pucp.edu.pe

Una nueva versión de la Diplomatura Latinoamérica sobre este tema se iniciará en setiembre del 2011.

La modalidad es semi presencial, organizándose las actividades en cuatro etapas:

1. Del 12 de setiembre al 9 de diciembre de 2011- Teorías del desarrollo, marcos legales, asuntos sociales y ambientales, políticas, conflictos, distribución, transparencia y debate en torno a la industria extractiva
2. Del 16 de enero al 30 de marzo de 2012 – Tendencias internacionales de la minería, gas y petróleo, procesos productivos, y elaboración de informe país sobre la situación de la industria extractiva a nivel nacional/ sub nacional/ local/
3. Del 9 de abril al 21 de abril de 2012 – Desarrollo presencial de los módulos, casos y simulaciones con la participación de profesores internacionales
4. Del 7 de mayo al 13 de julio de 2012 – Aplicación de teorías, conceptos y herramientas metodológicas desarrolladas en la diplomatura.

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Profesores:

Eco. Dr. Manuel Glave Testino (PUCP – GRADE)
Eco. Lic. Armando Mendoza (PUCP)
Eco. Lic. Edgado Cruzado S. (PUCP)
Eco. Mg. Mauricio Medicanelli (Bolivia)
Ing. Dr. Humberto Campodónico (UNMSM)
Abo. Mg. Manuel Pulgar Vidal (PUCP – SPDA)
Abo. Vanessa Chavarry (PUCP)
Abo. Patrick R. P. Heller (RWI)
Ing. Paul Anthony (Consultor)
Soc. Dr. Guillaume Fontaine (FLACSO)
Pol. Dr. Javier Arellano Y. (Deusto)
Ant. Mg. Gerrado Castillo (PUCP)
Ant. Dr. Gerardo Damonte (PUCP – GRADE)
Ant. Dr. Carlos Monge (RWI)
Ant. Lic. Juan Luis Dammert (PUCP – SPDA)
Abo. Dra. Raquel Yrigoyen (PUCP – IIDS)
Además contaremos con representantes empresariales.

Más información: IEVDS@pucp.edu.pe

Lima, 21 de junio de 2011
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