El martes 27 de setiembre se realizó en el auditorio de CCSS de la PUCP el seminario internacional sobre minería y desarrollo sostenible en el que participaron Pablo Heidrich (Instituto Norte-Sur), Roque Benavides (CEO de Minas Buenaventura), Gerardo Damonte y Manuel Glave (PUCP), y el moderador será Alan Fairlie, coordinador del Nodo Andino de la LATN y Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP.
En síntesis Heidrich trató de las particularidades de la actividad minera y actuación internacional de las compañías canadienses poniendo énfasis en su alta competividad y agresividad empresarial, características que ha permitido que empresas consideradas junior, en comparación con las grandes compañías transnacionales, se ubiquen como inversores directos fuera de su territorio no solo como extractores de minerales, sino también como proveedores de equipos y servicios de excelente calidad. Hizo referencia también al eslabonamiento de la industria extractiva con otras actividades económico productivas, señalando por ejemplo que la explotación de hierro o cobre favorecen mejor el desarrollo de industrias básicas para el desarrollo de otras de mayor valor agregado (eslabonamiento hacia adelante); a diferencia de lo que ocurre con la explotación del oro y los metales preciosos cuyos impactos pueden medirse mejor en la generación de servicios locales y el empleo directo e indirecto que generan (eslabonamiento hacia atrás).
Algunos datos:
• La minería es la mitad de las inversiones extranjeras directas de Canadá (30 mil millones de dólares aproximadamente), y la mayor parte de ella viene a América Latina. Esto genera condiciones especiales de relación entre éstos países.
• La minería canadiense representa el 4% de su PBI, el mismo que puede llegar al 15% si se consideran las actividades conexas.
• Tiene importancia para el sistema privado de pensiones al que aportan el 20% de sus recursos.
Gerardo Damonte reflexionó sobre la sostenibilidad en el largo plazo y desde la perspectiva de lo que ocurre con la institucionalidad local, teniendo como referencia lo que pasa en los andes peruanos. En este sentido la sostenibilidad está dada por la capacidad de las instituciones para adaptarse en función de los ciclos extractivos que a lo largo del tiempo pasan de épocas de auge y buenos precios a otras de restricción por bajos precios, e incluso cierre por extinción del recurso o de pérdida de rentabilidad por cambios tecnológicos. Dicho de otra manera ¿qué pasa con la comunidad cuando a la mina le va mal, o se va?
Lo que sabemos es que de un lado las sociedades rurales se urbanizan, y con ello cambian sus instituciones, o aparecen nuevas, como ocurrió con la aparición de sindicatos obreros y campesinos en las zonas de enclave durante la primera mitad del siglo XX. Estos cambios sin embargo no previenen a las sociedades locales de las consecuencias de una crisis extractiva, los mineros desempleados no vuelven al campo y muchas veces se convierten en mendigos en las ciudades; los que regresan encuentran un campo sin capacidad de reabsorberlos. Y en consecuencia lo que se produce es una enorme acumulación de energía conflictiva.
Hoy hay una minería distinta tanto en sus formas tecnológicas, como en sus efectos y relaciones con el entorno social y ambiental. Su tamaño es mayor y la cantidad de empleo requerido es menos y se trata de mano de obra más calificada; pero por sus características también demanda más tierra y agua. Ya no genera sindicatos, y el trabajo deja de ser el medio de distribución de recursos a los pobladores locales. Ahora es el canon, y las transferencias directas de las empresas a las comunidades el medio de retribución por la cesión de sus derechos de tierra y agua. Esto transforma las instituciones comunales que ahora se convierten en instrumentos de negociación para la redistribución de los nuevos beneficios.
En el caso peruano esta relación y cambio institucional no está mediado por el estado, sino que depende de las condiciones de los actores, de un lado las comunidades (rondas campesinas, asociaciones, etc.), y del otro la empresa de que se trate. De esta manera en lugar de preverse y reducirse los conflictos, aumentan y se manifiestan de formas muy diversas y muchas veces violentamente. Y qué pasará en una crisis extractiva, es muy probable que esta nueva institucionalidad no tenga de nuevo capacidad para absorber el impacto de una caída en los recursos externos disponibles.
Entre las salidas para enfrentar esta situación Damonte mencionó la de ser proactivos en la creación de una institucionalidad que vaya más allá de las comunidades, quese asiente sobre diferentes sectores de la economía local para generar capacidades nuevas y sostenibles. De otra parte es necesaria una mayor intervención del Estado no solo estableciendo reglas de negociación sino actuando directamente.
Manuel Glave hizo varios comentarios sobre diversos tópicos de la relación entre minería y sociedad en el Perú. Comenzó diciendo que la importancia de la minería es innegable en la organización del espacio andino desde la época prehispánica, y también en términos económicos, de manera que casi podría afirmarse que los ciclos económicos nacionales (bonanza-crisis) han estado ligados a los de la industria extractiva incorporando en ellas no solo laminería, sino el petróleo o las relacionadas con recursos renovables como el guano la pesca.
De otra parte comentó que esta relación no debía concebirse necesariamente como una maldición de los recursos naturales, ya que había experiencias como las de Canadá que parecían señalar que pueden jugar un rol positivo en el desarrollo de un país. En gran medida el éxito de las políticas parece resumirse en las diversas estrategias para reponer el capital extraído de los recursos naturales renovables y no renovables. En el primer caso la discusión se centra en el balance entre seguridad de la tenencia y los modelos de derechos de propiedad, concesiones, cuotas individuales transferibles. En el segundo, además de lo anterior el tema más importante es “la puja distributiva” entre el capital y el estado, o dicho de otra manera, las reglas de asignación del gasto público de la renta extractivista.
En términos del impacto de la minería indicó que había varias dimensiones que había que tener en cuenta, por ejemplo desde el punto de vista marcoeconómico éste se mide en la balanza comercial o en la tributación, mientras que desde el punto de vista mesoeconómico lo importante es la capacidad de gestión regional y las formas de representación, es decir de los gobiernos regionales y locales. Finalmente desde el punto de vista microeconómico tiene que ver con el impacto en la agricultura y ganadería; aunque a este nivel debe agregarse la demanda de la empresa por el desarrollo científico y tecnológico que le permita un encadenamiento hacia adelante.
Los desafíos políticos según Glave son (continúan siendo) los de: a) Participación, es decir la definición de la propiedad sobre la asignación de los derechos exploración y las condiciones de los Estudios de Impacto Ambiental; b) la zonificación que asegure un marco y una guía para el desarrollo de las inversión y aumente credibilidad entre los actores; y c) la distribución del canon y de los impuestos de manera que se conviertan en instrumentos ara el desarrollo.
Roque Benavides, resaltó las ventajas de la gran minería como fuente de recursos para el estado, las regiones y las comunidades locales, señalando que los problemas no se ubican en la falta de recursos, sino más bien en las dificultades para usarlos de manera adecuada. El problema es de gestión insistió. La minería –señaló- tiene un fuerte componente nacional a diferencia de Chile u otros países latinoamericanos, aquí las empresas cotizan en bolsa, y son importantes como fuente de inversión de los capitales de las asociaciones privadas de pensiones, por ejemplo 5% de las inversiones de las AFP están en Buenaventura.
En términos macroeconómicos su importancia es relevante, contribuye con el 9% del PBI, 60% de las exportaciones y 20% de los ingresos tributarios, y en términos locales las empresas son la primera fuente de inversión y desarrollo, especialmente en aquellas que están por sobre los 3,500 metros de altura.
Cuestionó que su impacto sea bajo en términos de empleo, diciendo que aunque directamente se emplean 126 mil trabajadores, se generan 500 mil indirectos, llegando a impactar en el bienestar de 3 millones de personas. Asimismo, respecto de los eslabonamientos señaló que además de los mencionados por otros expositores hay que considera que hoy las inversiones en manejo de los recursos naturales, especialmente el agua, está generando nuevas condiciones de producción no solo para el sector, son también para el desarrollo agrario.
En términos de perspectivas a futuro señaló que la situación no era del todo auspiciosa, ya que la producción venía disminuyendo y las dificultades para la exploración, y por tanto el tiempo para la maduración de nuevos proyectos, aumentaban. Ello también se veía en el cambio de posición de la minería peruana en los rankings de competividad internacional. Hemos pasado del puesto 28 en atractivo de inversión del puesto 11 al 48.
Finalmente, señaló que las empresas son socialmente responsables no solo porque cumplen con sus compromisos con el estado, las comunidades, y el ambiente, sino porque además invierten en ellas recursos adicionales con una eficacia cuatro veces mayor que la del estado; y llamó la atención sobre la necesidad de que las organizaciones campesinas y el Estado también lo sean, dado que la competitividad y el desarrollo depende de todos.
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