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VALORES Y CULTURA DE PAZ EN EL BICENTENARIO

VALORES Y CULTURA DE PAZ EN EL BICENTENARIO

 Roberto D. Claros     –       Socio de A&R Consultores  

 

 

 

 

 

Después del último proceso electoral, y estando ya en el BICENTENARIO de nuestra independencia nacional, resulta preocupante que continúen campañas de desinformación en medios y redes, y marchas a casas de funcionarios del sistema electoral, del ministro de Justicia y del Cardenal Primado de la Iglesia Católica.  Esto, con el propósito de prolongar la incertidumbre post electoral, como si no hubiera que atender la crisis sanitaria o la reactivación económica como prioridad.

De un lado, está claro, que el actual gobierno, no ha ganado por tener un plan de gobierno coherente, ni buenos candidatos, sino porque la otra opción representaba claramente la corrupción, y tenía el apoyo abusivo de los medios -empresarios ligados al club de la construcción- y los diferentes grupos económicos vinculados con otros partidos, los mismos que también alentaban EL MIEDO Y EL TERRUQUEO, como estrategia para apoyar una opción que mantenga el statu quo.

En consecuencia, la prolongación de la crisis política y social, tiene relación con intereses de muchos actores ligados a la corrupción y debilitamiento de la institucionalidad, interesados en mantener una limitada formación y práctica en valores que facilite la construcción de una cultura de paz.

Los niveles de corrupción y su relación con la limitada practica de valores éticos, funcionales y cívicos los inventariamos, sin mucho esfuerzo, porque son hechos recurrentes tales como:

  • Ex presidentes de la República, ex congresistas y congresistas en funciones, afrontan problemas con la justicia.
  • Autoridades Regionales y Locales acusados no solo de hechos irregulares y delictivos en casos particulares, sino como miembros o lideres de organizaciones criminales.
  • Partidos políticos que actúan como vientres de alquiler y en muchos casos con lideres acusados por lavado de activos y operaciones delictivas.
  • Jueces y fiscales acusados no solo de inconducta funcional o delictiva, sino también como parte de organizaciones criminales. El caso cuellos blancos es solo uno entre varios.
  • Altos mandos militares involucrados en el robo y venta de combustible y apropiación del rancho de la tropa.
  • Miembros de iglesias en problemas con la justica.
  • Dueños y directivos de varias universidades no licenciadas afrontan problemas con la justicia.
  • Empresarios del denominado club de la construcción y de medios, también metidos en problemas judiciales.

 

Los casos anteriores y otros que ya no es el caso mencionar, forman parte de la factura, por la tarea mal hecha o lo que se dejó de hacer en las últimas tres décadas. El manejo abusivo de los recursos públicos, y del Servicio de Inteligencia, para desacreditar liderazgos locales y regionales. De manera directa también se atentó contra la calidad educativa, y se dejaron de impartir materias como educación cívica, religión, instrucción pre militar y hasta educación física entre otros.

 

Años después, ante los frecuentes casos de corrupción ligado a los actores políticos y empresariales, los procesos electorales se tornan más violentos y se agrava con la toma de posición del monopolio de medios, revelación de audios sobre corrupción en el Poder Judicial y Fiscalía de la Nación. Posteriormente, ante el descredito de la clase política y una posición obstruccionista, se da el cierre del congreso, en medio de presiones y otros intereses de vinculados al caso Odebrecht, descomposición de los partidos políticos y hasta los actuales representantes, están involucrados en casos de corrupción. De igual forma, hay varias investigaciones en contra de directivos del actual partido de gobierno. Una de las cuales tiene relación con el caso “los dinámicos del centro” acusados de recaudar fondos mal habidos para apoyar la campaña electoral.

Es tan fuerte el tema de la corrupción, que ha ocupado gran parte del espacio permitido para este tipo de articulo. Por tal razón, se pasa a abordar, con esperanza, la parte positiva; hablar de LOS VALORES y CULTURA DE PAZ. En esa línea, entre los principales valores que orientan a construir una Cultura de Paz tenemos: LA RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, COMPROMISO, INTEGRIDAD, RESPETO, IGUALDAD, EQUIDAD, TOLERANCIA, LIBERTAD Y JUSTICIA.

La PAZ no es solo ausencia de conflictos, requiere un proceso positivo, dinámico, participativo, donde se promueva el dialogo. Para tales efectos, hay que considerar los objetivos de la Cultura de PAZ:

  • Fomentar los valores para que estos rijan las soluciones de los conflictos inherentes a las relaciones humanas.
  • Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, principios democráticos de igualdad, solidaridad, protección del medio ambiente y del fomento de la Cultura de Paz.

A nivel mundial debemos tener como referencia, el ODS-Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que esta referido a la PAZ, JUSTICIA e INSTITUCIONES SOLIDAS; y a nivel nacional la Ley Nº 30810, promulgada el 05.07.2018, que tiene por objeto incorporar en la Ley 28044, Ley General de Educación, el principio de la cultura de paz y no violencia, como mecanismo para promover valores y actitudes que rechacen todo tipo de violencia, así como promover la incorporación en el sistema educativo peruano la enseñanza de la cultura de paz.

Finalmente, cabe preguntarnos ¿Cómo podemos aspirar, EN EL BICENTENARIO, a una CULTURA DE PAZ, si no logramos cerrar brechas sociales, si persistimos con el terruqueo, discriminación, racismo y actuamos como una sociedad que no le interesa aceptar la igualdad de género, o luchar contra el maltrato, sobre explotación, ¿daño a menores entre otras taras sociales?

Para cerrar el presente artículo, comparto una experiencia muy grata. Siendo el FOMENTO DE LA PAZ Y RESOLUCIÒN DE CONFLICTOS, la primera AREA DE INTERES ESTRATEGICO DE ROTARY INTERNACIONAL, durante los años 2009 y 2019, Rotary Sanmartiniano del Distrito 4455 de Rotary Internacional, implemento en la Institución Educativa Andrés Bello de Pueblo Libre, el Proyecto: “SEMBRANDO VALORES PARA UNA CULTURA DE PAZ” El referido proyecto, se encuentra en proceso de sistematización, a cargo de la Facultad de Psicología de la UNMSM. Dicho estudio comprende la identificación de las lecciones aprendidas que servirán de insumo para la elaboración de guías o manuales para facilitar su réplica a nivel nacional. Mayor información sobe dicho proyecto en: http://rc-sanmartiniano.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACIA UNA ECONOMÍA SOLIDARIA: PROMOCIÒN Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO

Roberto Claros Cohaila

Socio de A&R Consultores

 

Después del surgimiento del cooperativismo, en Rochdale – Inglaterra – 1844, nace en Londres       la Alianza Cooperativa Internacional, que cuenta con más de 300 organizaciones, en 107 países y 1,000 millones de cooperativistas en todo el mundo.

 

En nuestro país, las cooperativas, dejaron de estar reconocidas en la Constitución de 1993, como si lo estaban en la Constitución de 1979. En su artículo      116 señalaba: “El Estado promueve y protege el libre desarrollo del cooperativismo y la autonomía      de las empresas cooperativas; asimismo, estimula y ampara el desenvolvimiento       de las empresas autogestionarias, comunales y demás      formas asociativas     . En consecuencia, con la Constitución de 1993, se ha pretendido poner fin a un modelo, reconocido ampliamente a nivel mundial, enmarcado dentro de la economía solidaria; el mismo, que en nuestro país, tiene sus raíces      desde las culturas pre-incas, que desarrollaron  actividades agrarias y un manejo colectivo de las tierras a través      del AYLLU, así como desconocer los logros del movimiento obrero, mutualista, de las sociedades de auxilio mutuo y del cooperativismo de mediados del siglo XX, dejando      de lado el marco normativo establecidos en 1964 y 1981, primer y segundo gobierno del Arq. Fernando Belaunde.

 

A pesar de la Constitución      de 1993, y sin apoyo, ni promoción ni      fomento; las cooperativas siguen funcionando, principalmente las agrarias, servicios y las de ahorro y crédito     . Recién      el 2008, mediante Ley Nº 29271, se establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente en materia de Promoción y Desarrollo de Cooperativas.

 

PRODUCE, a través de la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad, promovió con éxito la conformación       de  un Grupo Técnico Multisectorial para el Desarrollo Cooperativo (GMT DC     ), con quienes impulsaron el Primer Censo de Cooperativa, aplicado por el INEI el 2016 y publicado el 2017.

 

Durante el año 2018, desde la Dirección      de Cooperativismo e Institucionalidad      del Ministerio de la Producción, se intentó      la formulación      de una política pública sectorial de promoción y desarrollo de las cooperativas. Para tales efectos el Equipo de PRODUCE y del Grupo Técnico Multisectorial para el Desarrollo Cooperativo (GTMDC) con el apoyo financiero de la OIT, apoyaron el trabajo de revisión de la normatividad vinculada al sector cooperativo, los alcances de la RECOMENDACIÓN      Nº 193-OIT, las políticas públicas nacionales relacionadas al sector, y las políticas internacionales para el desarrollo cooperativo. Sin embargo, el ruido político     ,   una vez más      frenó      el entusiasmo      de los representantes sectoriales y de los actores claves del movimiento cooperativo en nuestro país.

 

Todo el esfuerzo técnico desarrollado por PRODUCE, y la demanda del movimiento cooperativo no estuvo en la agenda o prioridad del Congreso de la República     ; esto al ser un tema o sector invisible en la Constitución      de 1993.  En materia legislativa, lo que hemos tenido, es una política      de parches, se legisla por demanda y de acuerdo      a la coyuntura, quedando pendiente en este caso el trabajo integral de una ley general para la promoción      y desarrollo      de cooperativas. A continuación, las dos últimas      leyes relacionadas con cooperativas:

 

  1. Ley 308822, que dispone que partir de enero del 2019, las cooperativas de ahorro y crédito, y las centrales pasan a ser reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
  2. LEY Nº 31335, LEY DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN COOPERATIVAS AGRARIAS, APROBADA el 09 de agosto del presente año.

 

Sobre esta última Ley, presentamos algunos      comentarios preliminares y los beneficios más      relevantes:

  • Como estrategia de fomento y promoción , la ley plantea extender los beneficios de las MYPE a favor de las cooperativas.
  • Otorgar a las cooperativas un 10% de puntaje adicional, como premio  a la asociatividad, en los procesos de selección      de compras estatales.
  • Condiciones promocionales para que las cooperativas agrarias accedan a la titularidad de las tierras en los proyectos especiales de irrigación .
  • La celebración  de convenios priorizados en temas de innovación y asistencia técnica con entidades especializadas del sector agrario.
  • La modernización  tecnológica      de las cooperativas agrarias; así      como, las exportaciones con valor agregado.
  • En cuanto a la transformación            de asociación      a cooperativa, se dispone incentivar la transformación      de asociaciones de productores en cooperativas agrarias. Para lo cual, el 50% pasará al capital social; acreditando a cada socio.
  • Las cooperativas agrarias, NO pagarán impuesto a la renta ni IGV, por las operaciones económicas que realicen con sus productores socios, al entenderse estas operaciones como Actos Cooperativos.
  • En cuanto al régimen  tributario, para las cooperativas agrarias, ganaderas, forestales     , industriales y CENTRALES de cooperativas, dispone que los beneficios que generen las operaciones con terceros, pagarán      una tasa preferencial y escalonada por impuesto a la renta.
  • Los socios de las cooperativas NO pagarán impuesto a la renta cuando  sus ingresos netos no sean mayores a 132 mil soles. Cuando superen este monto, pagarán      una tasa de 1.5% de sus ingresos.

 

La gran expectativa que genera, la entrada en vigencia de  la       LEY Nº 31335, pasa por su difusión y su reglamentación, pero principalmente por el impulso y muestras de voluntad política      del nuevo gobierno, por atender al sector agrícola     , disminuir la informalidad     , y aprovechar las potencialidades que el movimiento      cooperativo genera     ; a través      de sus principios y valores universales; esto por cuanto la razón de ser del movimiento cooperativo tiene inmerso un componente social que en las actuales circunstancias resulta propicio como alternativa de desarrollo territorial. Además     , porque el cooperativismo está comprendido o asociado a la economía      solidaria, economía humana, asociatividad y comercio justo. Finalmente, es hora de proteger al trabajador, al que produce y evitar los intermediarios que encarecen los productos o se quedan con las utilidades de quienes producen. Cabe señalar que el MIDAGRI informó      la designación como jefe del Gabinete de Asesores a Eduardo Zegarra Méndez, Investigador principal en Grade, especialista en políticas agrarias, mercados de tierras y gestión del agua e innovación tecnológica en agricultura.

 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN EN LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA

Roberto Claros Cohaila

Independientemente de la fuerza política que tenga que asumir la responsabilidad del Gobierno Nacional, será necesario  que el núcleo duro de sus equipos técnicos, tengan que atender en paralelos varios procesos sobre distintos escenarios. Los procesos políticos, técnicos, logísticos y comunicacionales, entre otros, demandan priorizar las señales de apertura y convocatoria, pero de otro lado, trabajar el proceso de identificar y decidir quienes conformarán el Gabinete Ministerial y así como quienes asumirán los principales cargos de confianza en los diversos sectores, empresas del Estado, instituciones reguladoras etc.

 

En el presente articulo, solo nos vamos a referir a los procesos técnicos y en particular a dos: EL PROCESO DE RENDICIÒN DE CUENTAS Y AL PROCESO DE TRANSFERENCIA, con énfasis a este ultimo.

 

Recientemente, con fecha 20.05.2021, por Resolución de Contraloría 122-2021-CG, se ha aprobado la Directiva 006-2021-CG/INTEG “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional”, la misma que establece las disposiciones para ambos procesos, a fin de que se realicen de manera efectiva, eficiente y oportuna, transparentando los resultados en el cumplimiento de los objetivos de la gestión en el uso de los recursos públicos o bienes del Estado y de los servicios públicos brindados, con el propósito de fomentar la continuidad en su prestación en beneficio de la ciudadanía.

 

Entre los objetivos de la directiva, están regular ambos procesos, en cuanto a formalidades, plazos, responsabilidades y obligaciones, así como el contenido de los informes que deben ser registrados y emitidos por el titular de la entidad.

 

Cabe destacar que los alcances de la directiva, comprende, entre otras instituciones, al Poder Ejecutivo, pero también al Congreso y las empresas del Estado, cualquiera sea su forma societaria y que se encuentren bajo el ámbito de FONAFE.

 

La Comisión de Transferencia, está conformada por el titular saliente de la entidad, el titular entrante de la entidad, y los responsables e integrantes del Equipo de Trabajo y del Equipo Revisor, y tienen a su cargo verificar el contenido de la información que sustenta el informe de Gestión de la entidad.

 

La instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión se hará a los (3) tres días de hábiles siguientes a la designación del equipo revisor, debiendo generarse el Acta de Instalación, formato b del Anexo 4 de la directiva.  El cronograma de actividades para verificar y revisar el Informe de Transferencia de Gestión, debe ser suscrito como máximo a los (5) cinco días hábiles siguientes al termino de periodo de gestión del titular saliente de la entidad.

 

Por cuestión de espacio, en próximo número, se estará completando información sobre las obligaciones de los responsables del proceso de transferencia, del equipo de trabajo y del equipo revisor, así como sobre la participación de la Contraloría General de la República y de los OCI – Órganos de Control Institucional.

 

EL TRANSPORTE URBANO EN LOS PLANES DE GOBIERNO 2021 – 2026

      

 

 

 

 

EL TRANSPORTE URBANO EN LOS PLANES DE GOBIERNO 2021 – 2026

 

     Roberto Claros Cohaila

Socio de A&R Instituto de Investigación Aplicada e Innovación

 

Si bien el transporte urbano y transito son competencia de los gobiernos sub nacionales, corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como órgano rector, el desarrollo, monitoreo y evaluación de la Política Nacional de Transporte Urbano -aprobada por Decreto Supremo N.º 012.04.2019 – y conforme a las competencias señaladas el artículo 16 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

Luego de revisar los dieciocho Planes de Gobierno, doce agrupaciones políticas no revelan propuestas específicas sobre transporte urbano.  Cabe señalar que, esto puede tener su origen, en el Anexo 5 de la Resolución N.º 0330-2020 del JNE, formato para alcanzar el resumen del Plan de Gobierno, donde se pide la priorización de LOS PROBLEMAS, OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS CON VALOR CUANTITATIVO (2021 – 2026), esto para cada una de las DIMENSIONES: SOCIAL, INSTITUCIONAL, ECONÒMICA Y TERRITORIAL-AMBIENTAL

Se observa con preocupación que SOLO SEIS agrupaciones VISIBILIZAN SUS PROPUESTAS EN TRANSPORTE URBANO como sigue:

Partido o Movimiento Político

                                                                                Propuesta

Alianza Para el Progreso

·         Reordenamiento del transporte urbano e interprovincial, el fortalecimiento del transporte público, la renovación del parque automotor, el incentivo al respeto a las leyes de tránsito.

 

Fuerza Popular

·         Fortalecer más líneas del sistema de transporte integrado a nivel de todas las regiones del país, de acuerdo con un plan maestro.

 

Juntos por el Perú

·         Fondo de apoyo para los proyectos de Inversión. La prioridad de corto plazo la tendrán el Tranvía de Arequipa, el BRT en Trujillo y un BRS en Piura.

·         Fondo para chatarreo Vehicular orientado al chatarreo de 10,000 vehículos de más de 20 años

·         Fondo para cofinanciamiento de flota.

·         Cofinanciamiento con gobiernos provinciales 80-10. 70% del costo de la flota. Se implementa para la adquisición de flota nueva a gas. Solo aplica a concesiones.

·         Se apoyará con asistencia técnica y acompañamiento desde Promovilidad MTC a las ciudades con asistencia técnica para establecer el máximo número de taxis y todos los elementos de racionalización.

·         Se promoverán la creación de Autoridades de Transporte en todas las provincias con un Modelo con suficiente autonomía administrativa y capacidad de fiscalización

 

Partido Morado

·         Promoveremos un enfoque multimodal del transporte.

·         Promoveremos un rediseño de la estructura y funcionamiento del sector transporte, en base a un enfoque multimodal de la gestión sectorial, que permitirá, a través de la integración de los servicios de transporte en sus distintos modos, facilitarle la vida a los ciudadanos y empresas en la atención de sus necesidades diarias de movilidad, generando así una mayor eficiencia y satisfacción ciudadana.

·         Con fines de seguridad vial: aseguraremos infraestructuras y servicios seguros y de calidad para el sector, a través de un adecuado marco normativo y regulatorio y de un efectivo control del cumplimiento del mismo.

·         Promoveremos el transporte saludable en bicicleta a través de la inversión en “ciclovías expresas” que conecten e integren las redes de ciclovías vecinales y regionales.

·         Reduciremos los niveles de contaminación ambiental por transporte, y su efecto sobre la salud pública, a través de la promoción de: un “transporte verde”

·         Aseguraremos la movilidad de las poblaciones vulnerables mediante subsidios a la demanda que serán canalizados a través de una tarjeta única de pago por servicios de transporte.

·         Articularemos los planes sectoriales (de infraestructura, de integración multimodal, de seguridad vial, etc.), horizontalmente, con el sector empresarial y la ciudadanía; y verticalmente, con los gobiernos regionales y locales.

 

Renacimiento Unido Nacional

·         Reordenamiento y formalización del transporte de pasajeros y vehículos menores

·         Un cambio progresivo en la flota vehicular con tecnología limpia

·         Fortalecimiento de las organizaciones de transporte de pasajeros de vehículos menores

·         Crear los servicios de transporte masivo de pasajeros de alta velocidad y tecnología en alianza público y privado

Somos Perú

·         Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao

·         Renovación del Parque Automotor con el Bono del Chatarreo

·         Tren de cercanías Lima-Cañete y Lima-Huacho

 

Observando el cuadro anterior, podemos concluir que, sobre transporte urbano, las propuestas del Partido Morado y de Juntos Por el Perú, son las que han sido desarrolladas con mayor detalle.

Pasando el análisis, a otro enfoque, observamos el punto c) de las Consideraciones Generales de la Resolución N.º 0330-2020 del JNE, pide considerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030[1]. Para observar el cumplimiento de esta exigencia, tenemos por suerte un reciente estudio de la Universidad del Pacífico[2], del mismo que extraeremos preferentemente, lo relacionado con Transporte Urbano y Transito. En dicho estudio señala sobre el ODS – OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE N.º 03: SALUD Y BIENESTAR – ACCIEDENTES DE TRANSITO: “También preocupa la ausencia de políticas de seguridad vial en la mayoría de los planes de gobierno. Solo un partido menciona este tema y hace propuestas[3]. Debemos recordar que antes de la pandemia nuestra tasa de siniestralidad era muy alta, siendo la principal causa de muerte de nuestros niños y jóvenes. Esto hace que esta meta obtenga un nivel de desarrollo de 5.6%.”  Aún así, ocupa la última prioridad – Nº 56  en el Cuadro de porcentaje de metas. En cuanto al ODS N.º 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES sobre ACCESO A SISTEMAS DE TRASPORTE SEGURO señala: “Si bien la gestión del transporte público es una tarea que corresponde administrar a los gobiernos locales provinciales, es el gobierno nacional el que debe diseñar las políticas más adecuadas para promover el funcionamiento óptimo del sistema dentro de las ciudades. Nueve planes indican su intención de trabajar en esta temática y ocho aterrizan esta intencionalidad en propuestas concretas que van desde renovar la flota e iniciar un sistema de chatarreo hasta crear sistemas de rápid transito sistemas masivos de transporte. A pesar de que este es el tema en donde los planes de gobierno más convierten sus deseos en propuestas, esta meta obtiene un nivel de desarrollo del 47.2%.”  Sólo obtiene Prioridad 26 en el Cuadro de porcentaje de metas.

 

Finalmente, el referido estudio, muestra un cuadro con todos los partidos políticos y su nivel de propuestas generales vinculadas a la agenda 2030. Por cuestión de espacio solo ponemos los dos partidos que alcanzan un buen porcentaje, y los partidos con limitado nivel de propuesta, esto en función de los ODS – OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES:

 

Ubicación

Partido Político

Porcentaje

Ubicación

Partido Político

Porcentaje

1

Partido Morado

73 %

          17

Avanza País

19 %

2

Victoria Nacional

69%

18

Acción Popular

  16.1%

 

[1] A nivel internacional, compromisos suscritos por el Perú en el marco del Sistema de Naciones Unidas. En la Asamblea de Naciones Unidas de Setiembre de 2015, donde se aprobó la Agenda 2030 con 17 Objetivo para el Desarrollo Sostenible.

[2]  Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (2021). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los Planes de Gobierno.

[3] El estudio muestra que la propuesta corresponde al PARTIDO MORADO. Página 33 Matriz de presencia de propuestas ODS en los Planes de Gobierno.

Entrevista en Radio Miraflores sobre Institucionalidad en el Transporte Urbano y la ATU

 

Video de la entrevista -30 minutos- donde se aborda en parte, los alcances del artículo del mes de febrero 2021:

Autor: Roberto Claros Cohaila (Edición 78 de la Revista ENVÍA DIGITAL)

Director: Luis Alberto Martell Agusti.

https://www.facebook.com/MirafloresLaAutentica/videos/434962887616865

¿Por qué tenemos una débil institucionalidad en el transporte urbano?  Retos de la ATU

¿Por qué tenemos una débil institucionalidad en el transporte urbano?  Retos de la ATU

                Roberto Claros Cohaila

                           Especialista en Fortalecimiento    Institucional – Miembro de A&R Instituto de Investigación Aplicada e Innovación

 

 

Para un breve análisis, sobre la débil institucionalidad en el transporte urbano, presentamos algunas reflexiones desde la práctica; con el propósito de contribuir a superar, lo que consideramos son sus causas. La informalidad y la débil trasparencia, participación y compromiso de los actores, son los principales elementos que debilitan la institucionalidad. Esto tiene relación con las prácticas y costumbres de los diversos actores, pertenezcan estos al sector público, privado o de los propios ciudadanos o usuarios del servicio público.

En el sector público:

El caos gubernamental y pugnas entre poder ejecutivo y legislativo nos aleja de la confianza ciudadana y la predictibilidad en el manejo de la cosa pública.

El marco normativo, diseño y desarrollo organizacional, así como el cumplimiento sostenido de los diversos procesos de mejora, pueden revelar el nivel de institucionalidad en el transporte urbano. Así tenemos, por ejemplo, la creación de la ATU, dentro de un contexto de recentralización de la gestión gubernamental, ha traído como consecuencia el recorte de la autonomía municipal que reconoce la Constitución y la propia LOM – Ley Orgánica de Municipalidades, esto al modificarse el artículo 73 de la LOM, agregando un párrafo sobre la situación de la conurbación integral entre provincias. Es asì como la ATU asume la competencia del transporte urbano en el territorio de Lima y Callao, quedando esta la Municipalidad de Lima Metropolitana, solo a cargo de estudios, regulación y seguridad vial, fiscalización del tránsito, transporte de carga y vehículos menores.

La débil institucionalidad en la gestión gubernamental, se acentúa cuando la ciudadanía observa, pugnas entre Poderes del Estado, así como, a las Municipalidades, el MTC, la ATU (Metropolitano – AATE), OSITRAM, la PNP, la SAT, metidas en el trasporte urbano y tránsito.

Finalmente tenemos a la ATU gestionando la suscripción de convenios con municipalidades distritales, para hacer el trabajo menudo de fiscalización y sanción. Todo lo anterior explicaría la perdida de autoridad frente a los operadores del transporte urbano, con chalecos, rojos, amarillos, azules, verdes etc.

De otro lado, el Congreso ha emitido, el 24.12.20, la Ley N.º 31096, que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en auto colectivo. Al respecto, la Procuraduría en Asuntos Constitucionales del Ministerio de Justicia, ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto dicha Ley.

En el sector privado:

Hay muchos casos que se apartan de la ética corporativa, que se alejan de las buenas prácticas, tanto de empresarios formales e informales. Empresas o cooperativas que mantienen unidades que superan los limites de infracciones, y otros que mantienen deudas con instituciones financieras y que gestionan fácilmente arbitrajes, conociendo precisamente, la débil institucionalidad gubernamental.

La informalidad en el sector transporte tiene relación con malas practicas para afrontar multas e internamiento de vehículos y en algunos casos observamos que se organizan piratas o conductores informales para enfrentarse a operativos que realizan inspectores de ATU y personal de municipalidades, aun con el apoyo de efectivos de la PNP.

En los propios ciudadanos o usuarios del servicio público

Se observa limitada participación y compromiso del usuario en el apoyo de planes de mejoras, a través de encuestas, focus group, talleres participativos en instancias gubernamentales. De otro lado, muchos se resignan a ser parte del problema y no de la solución, mantenido malos hábitos y costumbres de levantar la mano, a un taxi o bus de transporte público, a mitad de cuadra. En resumen, existe una débil cultura cívica y, es así que fácil nos resulta pensar, que todos los problemas tienen su origen en el desempeño de los gestores públicos y de nuestras autoridades, sin reparar que somos los propios ciudadanos, quienes los elegimos.

Finalmente, estando ad portas de un proceso electoral, conducente a la elección de la plancha presidencial y de los 130 congresistas, ofrecemos presentar, en la próxima edición de la revista, un resumen de las principales propuestas, con relación al transporte urbano, planteadas por los partidos políticos, en sus Planes de Gobierno 2021 – 2026.

Entre los retos de la ATU tenemos:

  1. Debe asumir las principales competencias, como planificar, normar, supervisar, fiscalizar y gestionar las materias que son de su competencia:
  • Sistema Integrado de Transporte.
  • Servicio Público de Transporte Terrestre de Personas.
  • Servicios Complementarios al SIT.
  • Infraestructura de Transporte en el marco del SIT.
  • Infraestructura Complementaria al SIT.
  • Sistema de Recaudo Único.
  1. Entre los retos de la función de planificación -una de seis funciones generales- tenemos:
  • Plan de Movilidad Urbana para las provincias de Lima y Callao. (en octubre 2020, vencía el plazo para presentar la “Expresión de Interés consultoría Plan de Movilidad Urbana para el Área Metropolitana de Lima y Callao al 2040”. Consultoría por un monto de 5.25 millones (sin incluir impuesto) y con un plazo para su ejecución de 14 meses.
  • Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan Maestro de Transporte
  • Plan Regulador de Rutas.
  • Plan de Desarrollo Logístico para el Transporte de Carga en el territorio.
  • Planes de operación
  1. Desarrollar estrategias para enganchar con la ciudadanía, y los operadores del transporte público. La recuperación del principio de autoridad, no se gana solo con dispersas e improvisadas acciones de fiscalización y sanción. Decimos esto porque vemos, como agreden a los fiscalizadores y se siguen firmando convenios, de los 33 que se reportan, 27 son con municipalidades distritales de Lima y 02 del Callao, cuyo principal objetivo está orientado a la fiscalización y sanción. De otro lado, observamos que el Cuadro para Asignación de Personal – CAP – comprende 3032 plazas, de las cuales 2,216 están consideradas para la Dirección de Fiscalización y Sanción (83%)
  2. Desarrollar un plan de sensibilización y estrategias para mejorar la comunicación, participación y compromiso del sector empresarial, gremios, operadores, colegios profesionales, universidades y de la propia ciudadanía y usuarios del servicio público.
  3. En lo administrativo, la ATU tiene pendiente la elaboración de un PEI – Plan Estratégico Institucional, el mismo que es la bisagra entre un PESEM – Plan Sectorial Multianual y un POI – Plan Operativo Institucional.

 

 

PAUTAS PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO Y GESTIÓN MUNICIPAL

Vídeo sobre el Informe de Rendición de Cuentas y de Transferencia de la Gestión

https://www.facebook.com/contraloriadelperu/videos/606408353123221/UzpfSTI1ODA4MzA5NzU2Nzk1ODoyMTUxMjY1Mzg4MjQ5NzEw/

Nuevo libro INNOVACIÓN EN LA GERENCIA PÚBLICA: Gerencia y gestión pública para resultados en desarrollo de A&R IIAI Instituto de Investigación Aplicada e Innovación

Versión digital:  https://webiiai.wixsite.com/iiai/intranet

Autores:
Roberto Claros Cohaila 

Braulio Vargas Becerra

Elizabeth Izquierdo Quea

Hugo San Martín

Roberto Claros Abarca

Editores:
Carlos Del Castillo & José Ventura Egoavil

 

PRÓLOGO

 

Al leer el título de esta obra: Gerencia y Gestión Pública para resultados en desarrollo, uno encuentra dificultad en entenderla. Pero una vez que el lector se introduce en su contenido uno encuentra sentido al porqué del mismo.

Normalmente los académicos utilizan el término de gerencia en un sentido estrecho, para referirse a la administración de la empresa (pública o privada) enfocada principalmente al manejo de los aspectos internos y operacionales de la organización. En un sentido más amplio, la gerencia de la empresa (pública o privada) incluye también el manejo de los aspectos del entorno que afectan la organización y la búsqueda de coherencia en el manejo de los aspectos internos y externos.

Existen diferencias en la gerencia de la empresa pública y privada, pero estas diferencias se acrecientan cuando la gestión o el manejo está referido a organizaciones públicas no empresariales, encargadas de proveer servicios asistenciales, velar por el cumplimiento de normas o administrar fondos asignados por el Estado para realizar determinadas funciones y/o actividades. Generalmente, cuando uno tiene como eje de estudio la gestión de organizaciones públicas no empresariales, aparecen nuevas dimensiones de manejo que escapan el nivel de la empresa y que se refieren al carácter no empresarial de la organización, los distintos territorios en que las funciones y actividades se ejercen, las interrelaciones con las diversas organizaciones que forman parte del sector público (y tienen responsabilidad parcial en las tareas), las vinculaciones con el sector privado y la sociedad civil, y la coherencia, alineamiento e integración que debe existir con las metas, estrategias y políticas que tiene el gobierno en la conducción estratégica de la nación.

Además, como los objetivos de la gestión pública buscan servir en última instancia al bien común y el desarrollo de la nación (en vez del bien particular o individual) la gestión pública requiere de un manejo que atienda los intereses comunes y las principales necesidades de la ciudadanía. Por ello, hay ingredientes adicionales que importan en la gestión pública: una es la participación de la ciudadanía, otra la transparencia y ética de las decisiones, y la otra los cambios en el entorno que moldean y transforman permanentemente la sociedad. Todos estos factores condicionan y hacen de la gestión pública una tarea mucho más compleja en general.

Una de las virtudes del presente libro, justamente se encuentra, cuando los autores introducen la integralidad de estos temas en lo que ellos denominan la “gestión pública para (obtener) resultados de desarrollo”.  No solamente introducen conceptos de administración que se han trasladado de la empresa privada para administrar más eficientemente a nivel micro las instituciones públicas, como por ejemplo: la identificación de prioridades y de los procesos más importantes detrás de la ejecución de funciones, o la ejecución de actividades basadas en resultados; sino también, relievan que el marco general de la gestión pública pasa por entender y alinear el planeamiento y la conducción estratégica del más alto nivel, a aquel de los otros niveles de gobierno, al desarrollo de capacidades organizacionales, a las tecnologías de información y comunicación, y a las aptitudes y competencias de los funcionarios para obtener resultados en los diversos procesos; teniendo en consideración una gestión orientada al desarrollo y búsqueda del bien de la mayoría de la población. Por eso creo que han denominado este libro: “Gerencia y Gestión Pública para (obtener) resultados en Desarrollo”.

La elaboración de este libro ha sido un esfuerzo de amplio aliento, que ha significado decenas de horas de dedicación, en donde cada uno de los autores ha volcado no solo su experiencia en la gestión de organizaciones públicas, sino también sus trabajos de consultoría e interés por la enseñanza e investigación académica. En este sentido, este libro constituye un aporte a la elaboración de un material de texto acerca de la gestión pública que integra conocimientos y experiencia que se encuentra diseminadas en múltiples y diversas contribuciones parciales de muchos autores, y que han sido integradas en un todo consistente y coherente.

Desde el punto de vista del lector, este libro le brinda una versión panorámica integral de la gestión pública y de la complejidad que la circunscribe, lo que facilita el entendimiento de una materia vital e importante para el desarrollo del país y la eficiencia y efectividad del manejo de las organizaciones públicas. El libro, en realidad constituye una especie de libro de texto a nivel de un programa de postgrado para un curso que busca enseñar a los futuros gestores de entidades públicas, cómo mejorar la calidad y el impacto de la toma de decisiones para el desarrollo. Aparece en un momento donde el nuevo gobierno está comprometido en seguir haciendo esfuerzos para modernizar la administración pública. Por ello se constituye también en una lectura obligatoria para todos aquellos que trabajan a nivel profesional y deseen mejorar sus capacidades para administrar o gestionar el tema público.

Hay que anotar que la obra nace como aporte de un equipo humano con excelentes pergaminos profesionales y académicos, que busca hacerse campo en la enseñanza e investigación vinculada a la gestión y políticas públicas, y cuyo reconocimiento a través de este texto le va a permitir posicionar el Instituto de Investigación que han creado, en la enseñanza, investigación y consultoría en la materia.

A todos ellos mis sinceras felicitaciones por esta contribución que estoy seguro ayudará a la mejora de la gestión pública para el desarrollo.

Lima, Julio de 2017.

Santiago Roca, Ph.D. Universidad de Cornell, Profesor Principal de la Escuela de Postgrado. Director del Centro de Propiedad Intelectual, Competencia, Consumidor y Comercio (CEPIC) de la Universidad ESAN.

 

Firma de convenio A&R – IIAI Instituto de Investigación Aplicada e Innovación y PROMCAD – INICAM

El pasado 18 de agosto, se firmó un convenio de colaboración interinstitucional entre la Asociación Promoción y Capacitación para el Desarrollo PROMCAD-INICAM y la Asociación Civil A&R Instituto de Investigación Aplicada e Innovación – Arq. Álvaro Ugarte Ubilla, Director Ejecutivo de INICAM; Eco.Carlos Del Castillo Guardamino, Presidente de A&R IIAI.