EL TRANSPORTE URBANO EN LOS PLANES DE GOBIERNO 2021 – 2026

      

 

 

 

 

EL TRANSPORTE URBANO EN LOS PLANES DE GOBIERNO 2021 – 2026

 

     Roberto Claros Cohaila

Socio de A&R Instituto de Investigación Aplicada e Innovación

 

Si bien el transporte urbano y transito son competencia de los gobiernos sub nacionales, corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como órgano rector, el desarrollo, monitoreo y evaluación de la Política Nacional de Transporte Urbano -aprobada por Decreto Supremo N.º 012.04.2019 – y conforme a las competencias señaladas el artículo 16 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

Luego de revisar los dieciocho Planes de Gobierno, doce agrupaciones políticas no revelan propuestas específicas sobre transporte urbano.  Cabe señalar que, esto puede tener su origen, en el Anexo 5 de la Resolución N.º 0330-2020 del JNE, formato para alcanzar el resumen del Plan de Gobierno, donde se pide la priorización de LOS PROBLEMAS, OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS CON VALOR CUANTITATIVO (2021 – 2026), esto para cada una de las DIMENSIONES: SOCIAL, INSTITUCIONAL, ECONÒMICA Y TERRITORIAL-AMBIENTAL

Se observa con preocupación que SOLO SEIS agrupaciones VISIBILIZAN SUS PROPUESTAS EN TRANSPORTE URBANO como sigue:

Partido o Movimiento Político

                                                                                Propuesta

Alianza Para el Progreso

·         Reordenamiento del transporte urbano e interprovincial, el fortalecimiento del transporte público, la renovación del parque automotor, el incentivo al respeto a las leyes de tránsito.

 

Fuerza Popular

·         Fortalecer más líneas del sistema de transporte integrado a nivel de todas las regiones del país, de acuerdo con un plan maestro.

 

Juntos por el Perú

·         Fondo de apoyo para los proyectos de Inversión. La prioridad de corto plazo la tendrán el Tranvía de Arequipa, el BRT en Trujillo y un BRS en Piura.

·         Fondo para chatarreo Vehicular orientado al chatarreo de 10,000 vehículos de más de 20 años

·         Fondo para cofinanciamiento de flota.

·         Cofinanciamiento con gobiernos provinciales 80-10. 70% del costo de la flota. Se implementa para la adquisición de flota nueva a gas. Solo aplica a concesiones.

·         Se apoyará con asistencia técnica y acompañamiento desde Promovilidad MTC a las ciudades con asistencia técnica para establecer el máximo número de taxis y todos los elementos de racionalización.

·         Se promoverán la creación de Autoridades de Transporte en todas las provincias con un Modelo con suficiente autonomía administrativa y capacidad de fiscalización

 

Partido Morado

·         Promoveremos un enfoque multimodal del transporte.

·         Promoveremos un rediseño de la estructura y funcionamiento del sector transporte, en base a un enfoque multimodal de la gestión sectorial, que permitirá, a través de la integración de los servicios de transporte en sus distintos modos, facilitarle la vida a los ciudadanos y empresas en la atención de sus necesidades diarias de movilidad, generando así una mayor eficiencia y satisfacción ciudadana.

·         Con fines de seguridad vial: aseguraremos infraestructuras y servicios seguros y de calidad para el sector, a través de un adecuado marco normativo y regulatorio y de un efectivo control del cumplimiento del mismo.

·         Promoveremos el transporte saludable en bicicleta a través de la inversión en “ciclovías expresas” que conecten e integren las redes de ciclovías vecinales y regionales.

·         Reduciremos los niveles de contaminación ambiental por transporte, y su efecto sobre la salud pública, a través de la promoción de: un “transporte verde”

·         Aseguraremos la movilidad de las poblaciones vulnerables mediante subsidios a la demanda que serán canalizados a través de una tarjeta única de pago por servicios de transporte.

·         Articularemos los planes sectoriales (de infraestructura, de integración multimodal, de seguridad vial, etc.), horizontalmente, con el sector empresarial y la ciudadanía; y verticalmente, con los gobiernos regionales y locales.

 

Renacimiento Unido Nacional

·         Reordenamiento y formalización del transporte de pasajeros y vehículos menores

·         Un cambio progresivo en la flota vehicular con tecnología limpia

·         Fortalecimiento de las organizaciones de transporte de pasajeros de vehículos menores

·         Crear los servicios de transporte masivo de pasajeros de alta velocidad y tecnología en alianza público y privado

Somos Perú

·         Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao

·         Renovación del Parque Automotor con el Bono del Chatarreo

·         Tren de cercanías Lima-Cañete y Lima-Huacho

 

Observando el cuadro anterior, podemos concluir que, sobre transporte urbano, las propuestas del Partido Morado y de Juntos Por el Perú, son las que han sido desarrolladas con mayor detalle.

Pasando el análisis, a otro enfoque, observamos el punto c) de las Consideraciones Generales de la Resolución N.º 0330-2020 del JNE, pide considerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030[1]. Para observar el cumplimiento de esta exigencia, tenemos por suerte un reciente estudio de la Universidad del Pacífico[2], del mismo que extraeremos preferentemente, lo relacionado con Transporte Urbano y Transito. En dicho estudio señala sobre el ODS – OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE N.º 03: SALUD Y BIENESTAR – ACCIEDENTES DE TRANSITO: “También preocupa la ausencia de políticas de seguridad vial en la mayoría de los planes de gobierno. Solo un partido menciona este tema y hace propuestas[3]. Debemos recordar que antes de la pandemia nuestra tasa de siniestralidad era muy alta, siendo la principal causa de muerte de nuestros niños y jóvenes. Esto hace que esta meta obtenga un nivel de desarrollo de 5.6%.”  Aún así, ocupa la última prioridad – Nº 56  en el Cuadro de porcentaje de metas. En cuanto al ODS N.º 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES sobre ACCESO A SISTEMAS DE TRASPORTE SEGURO señala: “Si bien la gestión del transporte público es una tarea que corresponde administrar a los gobiernos locales provinciales, es el gobierno nacional el que debe diseñar las políticas más adecuadas para promover el funcionamiento óptimo del sistema dentro de las ciudades. Nueve planes indican su intención de trabajar en esta temática y ocho aterrizan esta intencionalidad en propuestas concretas que van desde renovar la flota e iniciar un sistema de chatarreo hasta crear sistemas de rápid transito sistemas masivos de transporte. A pesar de que este es el tema en donde los planes de gobierno más convierten sus deseos en propuestas, esta meta obtiene un nivel de desarrollo del 47.2%.”  Sólo obtiene Prioridad 26 en el Cuadro de porcentaje de metas.

 

Finalmente, el referido estudio, muestra un cuadro con todos los partidos políticos y su nivel de propuestas generales vinculadas a la agenda 2030. Por cuestión de espacio solo ponemos los dos partidos que alcanzan un buen porcentaje, y los partidos con limitado nivel de propuesta, esto en función de los ODS – OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES:

 

Ubicación

Partido Político

Porcentaje

Ubicación

Partido Político

Porcentaje

1

Partido Morado

73 %

          17

Avanza País

19 %

2

Victoria Nacional

69%

18

Acción Popular

  16.1%

 

[1] A nivel internacional, compromisos suscritos por el Perú en el marco del Sistema de Naciones Unidas. En la Asamblea de Naciones Unidas de Setiembre de 2015, donde se aprobó la Agenda 2030 con 17 Objetivo para el Desarrollo Sostenible.

[2]  Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (2021). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los Planes de Gobierno.

[3] El estudio muestra que la propuesta corresponde al PARTIDO MORADO. Página 33 Matriz de presencia de propuestas ODS en los Planes de Gobierno.

¿Por qué tenemos una débil institucionalidad en el transporte urbano?  Retos de la ATU

¿Por qué tenemos una débil institucionalidad en el transporte urbano?  Retos de la ATU

                Roberto Claros Cohaila

                           Especialista en Fortalecimiento    Institucional – Miembro de A&R Instituto de Investigación Aplicada e Innovación

 

 

Para un breve análisis, sobre la débil institucionalidad en el transporte urbano, presentamos algunas reflexiones desde la práctica; con el propósito de contribuir a superar, lo que consideramos son sus causas. La informalidad y la débil trasparencia, participación y compromiso de los actores, son los principales elementos que debilitan la institucionalidad. Esto tiene relación con las prácticas y costumbres de los diversos actores, pertenezcan estos al sector público, privado o de los propios ciudadanos o usuarios del servicio público.

En el sector público:

El caos gubernamental y pugnas entre poder ejecutivo y legislativo nos aleja de la confianza ciudadana y la predictibilidad en el manejo de la cosa pública.

El marco normativo, diseño y desarrollo organizacional, así como el cumplimiento sostenido de los diversos procesos de mejora, pueden revelar el nivel de institucionalidad en el transporte urbano. Así tenemos, por ejemplo, la creación de la ATU, dentro de un contexto de recentralización de la gestión gubernamental, ha traído como consecuencia el recorte de la autonomía municipal que reconoce la Constitución y la propia LOM – Ley Orgánica de Municipalidades, esto al modificarse el artículo 73 de la LOM, agregando un párrafo sobre la situación de la conurbación integral entre provincias. Es asì como la ATU asume la competencia del transporte urbano en el territorio de Lima y Callao, quedando esta la Municipalidad de Lima Metropolitana, solo a cargo de estudios, regulación y seguridad vial, fiscalización del tránsito, transporte de carga y vehículos menores.

La débil institucionalidad en la gestión gubernamental, se acentúa cuando la ciudadanía observa, pugnas entre Poderes del Estado, así como, a las Municipalidades, el MTC, la ATU (Metropolitano – AATE), OSITRAM, la PNP, la SAT, metidas en el trasporte urbano y tránsito.

Finalmente tenemos a la ATU gestionando la suscripción de convenios con municipalidades distritales, para hacer el trabajo menudo de fiscalización y sanción. Todo lo anterior explicaría la perdida de autoridad frente a los operadores del transporte urbano, con chalecos, rojos, amarillos, azules, verdes etc.

De otro lado, el Congreso ha emitido, el 24.12.20, la Ley N.º 31096, que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en auto colectivo. Al respecto, la Procuraduría en Asuntos Constitucionales del Ministerio de Justicia, ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto dicha Ley.

En el sector privado:

Hay muchos casos que se apartan de la ética corporativa, que se alejan de las buenas prácticas, tanto de empresarios formales e informales. Empresas o cooperativas que mantienen unidades que superan los limites de infracciones, y otros que mantienen deudas con instituciones financieras y que gestionan fácilmente arbitrajes, conociendo precisamente, la débil institucionalidad gubernamental.

La informalidad en el sector transporte tiene relación con malas practicas para afrontar multas e internamiento de vehículos y en algunos casos observamos que se organizan piratas o conductores informales para enfrentarse a operativos que realizan inspectores de ATU y personal de municipalidades, aun con el apoyo de efectivos de la PNP.

En los propios ciudadanos o usuarios del servicio público

Se observa limitada participación y compromiso del usuario en el apoyo de planes de mejoras, a través de encuestas, focus group, talleres participativos en instancias gubernamentales. De otro lado, muchos se resignan a ser parte del problema y no de la solución, mantenido malos hábitos y costumbres de levantar la mano, a un taxi o bus de transporte público, a mitad de cuadra. En resumen, existe una débil cultura cívica y, es así que fácil nos resulta pensar, que todos los problemas tienen su origen en el desempeño de los gestores públicos y de nuestras autoridades, sin reparar que somos los propios ciudadanos, quienes los elegimos.

Finalmente, estando ad portas de un proceso electoral, conducente a la elección de la plancha presidencial y de los 130 congresistas, ofrecemos presentar, en la próxima edición de la revista, un resumen de las principales propuestas, con relación al transporte urbano, planteadas por los partidos políticos, en sus Planes de Gobierno 2021 – 2026.

Entre los retos de la ATU tenemos:

  1. Debe asumir las principales competencias, como planificar, normar, supervisar, fiscalizar y gestionar las materias que son de su competencia:
  • Sistema Integrado de Transporte.
  • Servicio Público de Transporte Terrestre de Personas.
  • Servicios Complementarios al SIT.
  • Infraestructura de Transporte en el marco del SIT.
  • Infraestructura Complementaria al SIT.
  • Sistema de Recaudo Único.
  1. Entre los retos de la función de planificación -una de seis funciones generales- tenemos:
  • Plan de Movilidad Urbana para las provincias de Lima y Callao. (en octubre 2020, vencía el plazo para presentar la “Expresión de Interés consultoría Plan de Movilidad Urbana para el Área Metropolitana de Lima y Callao al 2040”. Consultoría por un monto de 5.25 millones (sin incluir impuesto) y con un plazo para su ejecución de 14 meses.
  • Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan Maestro de Transporte
  • Plan Regulador de Rutas.
  • Plan de Desarrollo Logístico para el Transporte de Carga en el territorio.
  • Planes de operación
  1. Desarrollar estrategias para enganchar con la ciudadanía, y los operadores del transporte público. La recuperación del principio de autoridad, no se gana solo con dispersas e improvisadas acciones de fiscalización y sanción. Decimos esto porque vemos, como agreden a los fiscalizadores y se siguen firmando convenios, de los 33 que se reportan, 27 son con municipalidades distritales de Lima y 02 del Callao, cuyo principal objetivo está orientado a la fiscalización y sanción. De otro lado, observamos que el Cuadro para Asignación de Personal – CAP – comprende 3032 plazas, de las cuales 2,216 están consideradas para la Dirección de Fiscalización y Sanción (83%)
  2. Desarrollar un plan de sensibilización y estrategias para mejorar la comunicación, participación y compromiso del sector empresarial, gremios, operadores, colegios profesionales, universidades y de la propia ciudadanía y usuarios del servicio público.
  3. En lo administrativo, la ATU tiene pendiente la elaboración de un PEI – Plan Estratégico Institucional, el mismo que es la bisagra entre un PESEM – Plan Sectorial Multianual y un POI – Plan Operativo Institucional.